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  • Noboa decreta nuevo estado de excepción y oficializa toque de queda nocturno en Ecuador

    Noboa decreta nuevo estado de excepción y oficializa toque de queda nocturno en Ecuador

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción durante sesenta días en ocho provincias y tres municipios del país y oficializó un toque de queda nocturno que regirá desde el 17 hasta el 30 de septiembre en cuatro provincias costeras.

    El estado de excepción, que entró en vigor este martes tras la firma de un decreto ejecutivo, abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

    También comprende los municipios Camilo Ponce Enríquez, en la provincia andina de Azuay; Las Naves, en Bolívar y La Maná, en Cotopaxi.

    Noboa fundamentó la medida en la existencia de una «grave conmoción interna» ocasionada por la actividad de las estructuras de crimen organizado, de manera que se suspende la inviolabilidad de domicilio y se permitirá a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de delito.

    En el decreto se recoge que la decisión también se sustenta en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que han concluido que los grupos criminales ubicados en esas zonas «diversifican sus fuentes de financiamiento» con distintas economías ilícitas, lo que les permite «mantener una alta capacidad de adaptación» a las acciones policiales ordinarias contra ellos.

    Además, el escrito oficializa el toque de queda nocturno que ya adelantó el ministro del Interior, John Reimberg, la pasada semana, cuando explicó que se aplicaría en las provincias de El Oro, Manabí, Guayas y Los Ríos.

    La medida regirá entre las 00:00 (05:00 GMT) y las 05:00 (10:00 GMT) entre el 17 y el 30 de septiembre y se corresponde con el tercer toque de queda en lo que va de año.

    El último se produjo en el mes de mayo en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, fronteriza con Perú; y Sucumbíos y Esmeraldas, fronterizas con Colombia, claves en las rutas del narcotráfico. Más de 3.400 personas fueron detenidas entre los días 3 y 18 de ese mes.

    Por su parte, el primero se extendió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

    Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

    Pese a esto, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.

  • Ecuador aplicará toque de queda en cuatro provincias hasta el 30 de septiembre

    Ecuador aplicará toque de queda en cuatro provincias hasta el 30 de septiembre

    El Gobierno del presidente Daniel Noboa anunció un nuevo toque de queda en las provincias ecuatorianas de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, que se aplicará entre el 17 y el 30 de septiembre como parte de su estrategia para reforzar las operaciones contra las organizaciones criminales.

    La restricción a la circulación estará vigente diariamente entre las 12:00 de la medianoche y las 5:00 de la mañana. La medida comenzará durante las primeras horas del 17 de septiembre y finalizará a las 11:59 de la noche del día 30, según lo anunciado por las autoridades.

    El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la intervención tendrá una duración limitada y se concentrará en las cuatro provincias, donde también aumentará la presencia de las fuerzas de seguridad. «El toque de queda será temporal, focalizado y acompañado de un amplio despliegue de seguridad», afirmó.

    Las autoridades adelantaron que no entregarán salvoconductos para circular durante las cinco horas de restricción. Las excepciones estarán limitadas a trabajadores de servicios esenciales, personal sanitario y de emergencias, además de fiscales y abogados debidamente acreditados que deban participar en audiencias de flagrancia.

    Los periodistas también podrán movilizarse para realizar coberturas, siempre que estén identificados y acompañen a las fuerzas de seguridad. «Únicamente podrá circular durante esas horas personal de primera respuesta: personal sanitario, personal para atención a emergencias, fiscales y abogados debidamente acreditados para audiencias de flagrancia. En cuanto a medios de comunicación, únicamente podrán realizar coberturas debidamente identificados y siempre acompañando a las fuerzas del orden», precisó Reimberg.

    El resto de la población deberá permanecer en sus viviendas durante el horario establecido. El Ejecutivo pidió la colaboración de los habitantes y señaló que la medida busca facilitar las operaciones contra las estructuras criminales, además de fortalecer la seguridad en las zonas intervenidas.

    Este será el tercer toque de queda decretado en Ecuador durante 2026. El primero comenzó el 13 de marzo y afectó a Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras una segunda restricción fue aprobada el 28 de abril y abarcó un número mayor de provincias y cantones.

    Las medidas anteriores se adoptaron en el contexto de estados de excepción decretados por Noboa. El mandatario renovó el 14 de agosto, por otros 30 días, el estado de excepción por grave conmoción interna en varias provincias y cantones del país. El nuevo toque de queda queda pendiente de ser formalizado mediante el correspondiente decreto ejecutivo.

     

     

  • Expresidente ecuatoriano condenado a nueve años de prisión por venta irregular de pruebas covid-19

    Expresidente ecuatoriano condenado a nueve años de prisión por venta irregular de pruebas covid-19

    Un tribunal de Ecuador condenó al expresidente Abdalá Bucaram, quien gobernó entre 1996 y 1997, y a su hijo Jacobo a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada, relacionada con la comercialización irregular de pruebas para detectar la covid-19 y otros insumos médicos durante 2020.

    La sentencia también alcanzó al exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito Leandro Berrones, condenado a 13 años y cuatro meses de prisión, y al ciudadano israelí Sheinman Oren, quien recibió dos años y ocho meses después de colaborar con la justicia. Los jueces también ordenaron que Bucaram y su hijo paguen una multa de aproximadamente $9,640.

    El proceso enfrentó dificultades para celebrar la audiencia contra el exmandatario. Las tres convocatorias anteriores fueron declaradas fallidas debido a que Bucaram fue sometido a una operación de emergencia por problemas cardíacos y posteriormente ingresó a unidades de cuidados intensivos en otros hospitales durante las fechas establecidas para las diligencias. Sus abogados argumentaron que todavía no se había recuperado de la intervención.

    Bucaram rechazó la sentencia y anunció que solicitará la nulidad del juicio por una supuesta falta de imparcialidad de uno de los jueces.

    «Aquí no hay delito. Nunca lo hubo. Una compra entre privados de una bicicleta, una moto, un carro, unas pruebas covid… Díganme, ¿cuál es el delito?», afirmó durante una rueda de prensa realizada en su vivienda en Guayaquil.

    «Sancionar con nueve años a un expresidente por una compra de 60.000 dólares en un acuerdo entre privados… Irregular es todo lo que roban en los gobiernos anteriores y no hay sentencia», agregó.

    El expresidente también argumentó que durante la pandemia existía una elevada demanda de pruebas para detectar la enfermedad.

    «El único negocio bueno era el de las pruebas covid», dijo, aunque negó que esa actividad constituyera un delito. Otros dos agentes de tránsito que trabajaron como escoltas de seguridad presidencial ya habían recibido penas reducidas por este proceso tras aceptar los hechos imputados.

    Bucaram permanecía internado desde la semana pasada en un hospital del norte de Guayaquil y los jueces habían dispuesto su detención una vez recibiera el alta médica. Cuando el centro hospitalario autorizó su salida el miércoles, el tribunal fue notificado y el exmandatario fue conectado mediante videollamada, bajo vigilancia policial, para comunicarle la decisión judicial.

    La Fiscalía sostuvo que los procesados colaboraron entre marzo y agosto de 2020 con una estructura que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización de unas 21,000 pruebas para detectar la covid-19 y otros productos médicos durante la emergencia sanitaria. Los jueces aceptaron la teoría presentada por la fiscal del caso.

    De acuerdo con la investigación, dos ciudadanos israelíes se encargaron de trasladar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito desde Quito hasta la vivienda de Bucaram, donde también se almacenaron mascarillas y lancetas. Uno de esos ciudadanos fue asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral. La Fiscalía señaló además que las pruebas eran comercializadas «sin facturas y sin pagar impuestos al Estado».

     

  • Rubio anuncia que EE.UU. declarará terroristas a Los Tiguerones

    Rubio anuncia que EE.UU. declarará terroristas a Los Tiguerones

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles en Quito que la Administración del presidente Donald Trump declarará como organización terrorista a Los Tiguerones, una de las bandas criminales vinculadas a la escalada de violencia que atraviesa Ecuador.

    El anuncio ocurrió después de una reunión entre Rubio y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet. Con la designación, Los Tiguerones se sumarán a Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, otras tres organizaciones criminales ecuatorianas que Estados Unidos considera terroristas. “No hablamos de una mafia típica, hablamos de terroristas que en muchos casos tiene armas y equipos que se parecen a un ejército nacional. No son grupos comunes. Participan en delitos comunes, pero tienen una capacidad terrorista, y hay que derrotarlos», manifestó Rubio.

    Los Tiguerones son señalados de protagonizar distintos hechos violentos, entre ellos la irrupción de hombres armados en las instalaciones del canal TC Televisión durante una transmisión en directo en enero de 2024. La organización tiene como máximo líder a William Alcívar, alias Willy, quien permanece en libertad después de ser detenido en España sin que se concretara su extradición a Ecuador.

    Rubio sostuvo que enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales requiere una coalición internacional y destacó la iniciativa Escudo de las Américas, promovida por Trump con la participación de gobiernos latinoamericanos aliados de Washington. “Esta alianza entre nuestros países es importantísima, y en la región no tenemos un mejor aliado para ello que Ecuador», aseveró Rubio. “Nuestras fuerzas de élite están trabajando conjuntamente a diario de una manera que no tiene precedente para desmantelar estos grupos que están haciendo tantos daño a la región», añadió.

    La visita del jefe de la diplomacia estadounidense ocurre mientras Estados Unidos desarrolla una campaña de bombardeos contra embarcaciones ecuatorianas de pesca en el Pacífico, bajo el argumento de que información de inteligencia las vincula con el apoyo a lanchas que presuntamente transportan grandes cantidades de cocaína desde las costas ecuatorianas hacia Norteamérica. Durante las últimas dos semanas, seis embarcaciones señaladas por Washington de colaborar con Los Choneros fueron hundidas.

    La presencia militar estadounidense en Ecuador también se hizo visible esta semana con la llegada de dos aeronaves MV-B22 Osprey, que participaron en un operativo desarrollado en Alto Punino, enclave de minería ilegal ubicado en la Amazonía ecuatoriana. La zona estaría bajo control de los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

    Como parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral, Rubio anticipó que la Administración Trump solicitará al Congreso estadounidense autorización para destinar otros $45 millones a la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Además, confirmó una partida específica de $10 millones para combatir la minería ilegal, “que se está robando la riqueza del país».

    Estados Unidos también entregará a Ecuador una nueva embarcación de la Guardia Costera estadounidense de 61 pies de eslora y cinco interceptores adicionales. Con estos equipos, el número de embarcaciones proporcionadas este año ascenderá a doce, con el objetivo de fortalecer la capacidad marítima ecuatoriana frente a las organizaciones criminales.

     

  • Ecuador presenta plataforma digital para fortalecer la preparación ante fenómeno El Niño

    Ecuador presenta plataforma digital para fortalecer la preparación ante fenómeno El Niño

    La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) presentó la plataforma digital ‘Alístate Ecuador’, con información actualizada sobre las capacidades disponibles para fortalecer los procesos de preparación y respuesta frente a una eventual emergencia, así como las zonas con mayor nivel de exposición ante los potenciales efectos del fenómeno de El Niño.

    La plataforma – a la que el Gobierno denomina ‘visualizador’- está disponible dentro del portal ‘Alertas Ecuador’, y contempla las capacidades de preparación y respuesta de la Secretaría en territorio, informó este sábado la SNGR.

    Entre ellas, alojamientos temporales, voluntarios de Protección Civil, comités comunitarios, bodegas y el preposicionamiento de paquetes (kits) de asistencia humanitaria.

    También, permite visualizar la data histórica de los eventos adversos asociados con el fenómeno de El Niño presentados entre 2010 y 2026.

    Además, ofrece los sectores identificados con mayor exposición en los planes de acción presentados por los gobiernos locales.

    De esta manera, autoridades, instituciones, comunidades y ciudadanía cuentan con una herramienta que contribuye a anticipar acciones, fortalecer la preparación y reducir los impactos negativos de las emergencias y desastres, señaló la SNGR.

    El pasado sábado, el Gobierno declaró la alerta roja en todo el territorio para fortalecer las acciones de preparación ante el fenómeno El Niño.

    La resolución estableció la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y municipales para coordinar acciones de preparación y respuesta.

    También dispuso la aplicación de procedimientos, planes y protocolos para evacuaciones preventivas, mecanismos de respuesta, movilización de recursos y protección de la población en sectores con potencial afectación.

    La declaratoria de alerta roja permite fortalecer las acciones, anticipar escenarios de riesgo y activar los mecanismos necesarios para proteger a la población.

    Carolina Lozano, titular de la SNGR calcula que alrededor de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas a los efectos de El Niño en 17 provincias, que ya estaban en alerta naranja.

    Según la funcionaria, el Gobierno ha destinado 650 millones de dólares, distribuidos en diferentes carteras de Estado, de los cuales el 70 % son para prevención y el 30 % restante para la línea de respuesta por el fenómeno de El Niño.

  • Correa ve en las urnas su ruta de regreso a Ecuador entre presiones políticas y judiciales

    Correa ve en las urnas su ruta de regreso a Ecuador entre presiones políticas y judiciales

    El expresidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó este miércoles que la ruta para “recuperar la patria” pasa por volver a ganar elecciones, aunque aseguró que su prioridad no es regresar personalmente a la Presidencia, en medio de lo que denuncia como una operación política para vincularlo con el narcotráfico y cerrarle el camino de retorno a Ecuador.

    “La prioridad no es que yo regrese al poder, la prioridad es recuperar la patria”, dijo Correa en una entrevista con EFE en Ciudad de México, al afirmar que el primer paso para lograr este cometido es “ganar las elecciones”.

    El exmandatario, que gobernó entre 2007 y 2017, sostuvo que existe una estrategia para presionar a delincuentes o personas vinculadas a su movimiento a fin de que lo acusen de recibir recursos del narcotráfico.

    Según Correa, ese mecanismo forma parte de una ofensiva de la derecha latinoamericana y “está coordinado desde el norte”, una acusación que extendió a las persecuciones judiciales que, a su juicio, han sufrido dirigentes como el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y los expresidentes de Bolivia, Evo Morales (2006-2019); de Argentina, Cristina Fernández (2007-2015), y Colombia, Gustavo Petro (2022-2026).

    Correa, de 63 años, vinculó esa estrategia con el reciente encarcelamiento de José Serrano, su exministro del Interior, a quien calificó como un antiguo colaborador que después lo “traicionó”, pero rechazó la acusación que lo relaciona con el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y la calificó de “ridícula” y «cantinflesca».

    También, interpretó como una amenaza política el mensaje del presidente, Daniel Noboa, tras la llegada de Serrano a Ecuador, en el que escribió dirigido a Correa: “Ya mismo te toca a ti”.

    El expresidente afirmó que tiene asilo político en Bélgica y sostuvo que cinco países le concedieron protección, además de asegurar que Interpol ha rechazado numerosas solicitudes de alerta roja relacionadas con su caso, con lo que, aseguró, ha demostrado que existe una persecución política en su contra.

    Sobre su condena en el caso Sobornos, Correa volvió a denunciar persecución judicial y aseguró que fue sentenciado sin pruebas.

    También, criticón a Lenín Moreno (2017-2021), quien llegó a la Presidencia ecuatoriana respaldado por su movimiento y después rompió con él.

    Correa lo acusó de traicionar el programa con el que fue elegido, perseguir a antiguos compañeros y promover acusaciones de corrupción contra su Gobierno.

    Tras la reciente condena de Moreno, Correa sostuvo que se demostró que su antiguo vicepresidente era corrupto y sugirió que Estados Unidos pudo conocer esa situación y utilizarla para favorecer su ruptura política.

    Pese al panorama, Correa insistió en que su proyecto no renunciará a recuperar el poder político y afirmó que Ecuador atraviesa una “dictadura” que, según él, obstaculiza la participación electoral de su movimiento en próximas elecciones locales de Ecuador, donde su partido, la Revolución Ciudadana (RC) ha sido suspendido a solicitud de la Fiscalía por una investigación por presunta financiación irregular de sus últimas campañas electorales.

  • Expresidente ecuatoriano Lenín Moreno es declarado culpable por recibir sobornos de empresa china

    Expresidente ecuatoriano Lenín Moreno es declarado culpable por recibir sobornos de empresa china

    El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno fue declarado este viernes culpable de cohecho por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que determinó que recibió sobornos para favorecer a la estatal china Sinohydro en la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, cuando ejercía como vicepresidente de Rafael Correa.

    Los jueces sostuvieron que la compañía china entregó recursos millonarios a un círculo empresarial que posteriormente los distribuyó entre diferentes sociedades y personas, incluidos miembros de la familia del exmandatario. El tribunal todavía no anunció la condena que deberá cumplir Moreno, quien gobernó Ecuador entre 2017 y 2021.

    Según los magistrados, Moreno aprovechó su cargo como vicepresidente para intervenir en un «ámbito ajeno a su rectoría» con el propósito de beneficiar a Sinohydro y, como resultado de esas actuaciones, obtuvo beneficios mediante terceras personas.

    «El beneficio indirecto recibido a través de terceras personas no deja de lado la valoración de la actuación funcional del procesado, sino que aportan al correlato financiero que, en su conjunto, establece el carácter de obtención de recursos indebidos», dijo el juez ponente.

    La Fiscalía sostiene que Moreno y su familia habrían recibido más de $1 millón de los aproximadamente $76 millones en sobornos que presuntamente pagó Sinohydro por la construcción de Coca Codo Sinclair. La central hidroeléctrica tiene una capacidad instalada de hasta 1,500 megavatios.

    El Ministerio Público solicitó en julio una condena de seis años y seis meses de prisión para Moreno, así como para su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno; y otras 17 personas procesadas, entre ellas el exembajador de China en Ecuador Cai Runguo.

    Además de las penas de prisión, la Fiscalía pidió inhabilitar a los procesados para ejercer cargos públicos o mantener relaciones contractuales con el Estado, suspender sus derechos de participación e imponerles una multa y el pago de una reparación integral. También solicitó disculpas públicas y la instalación de una «cita anticorrupción» en el complejo hidroeléctrico.

    El tribunal dedicó más de seis horas a explicar cómo, de acuerdo con su resolución, se configuró el delito de cohecho y a individualizar las responsabilidades de cada uno de los 20 procesados incluidos en el caso. Moreno y su esposa estuvieron presentes en la sala de la Corte Nacional de Justicia durante la audiencia.

    Antes de comenzar la diligencia, el exmandatario explicó que decidió acudir personalmente porque quería «dar la cara». Moreno también reiteró que considera el proceso judicial una supuesta «venganza» impulsada por el expresidente Rafael Correa, mientras permanece pendiente que el tribunal determine la pena correspondiente tras declararlo culpable.

     

  • Cómo Ecuador se convirtió gradualmente en plataforma del narcotráfico

    Cómo Ecuador se convirtió gradualmente en plataforma del narcotráfico

    Ecuador pasó de ocupar una posición marginal a convertirse progresivamente en un protagonista del narcotráfico internacional, producto de un proceso de varias décadas favorecido por el debilitamiento institucional y la expansión de diferentes economías ilícitas, según una investigación publicada recientemente.

    «Hay grupos criminales que han estado vinculados al narco desde finales del siglo XX. Esta vinculación hizo que Ecuador sea un actor marginal dentro del escenario internacional, y poco a poco se convirtió en protagonista», explicó Carla Álvarez, una de las editoras del libro El narcotráfico en Ecuador: orígenes, instituciones y convergencias criminales, publicado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

    La obra reúne investigaciones de 12 especialistas que reconstruyen la transformación del país, que durante años se consideró una «isla de paz», hasta convertirse en una de las naciones con mayores incautaciones de cocaína del mundo y entre las más violentas de América Latina.

    «Era necesario reconstruir el rompecabezas de la historia del narcotráfico en Ecuador. Queríamos hacer una cronología, pero no es una historia lineal que sigue año a año una serie de acontecimientos, sino son convergencias que era necesario narrar», afirmó Álvarez.

    La investigadora sostiene que no existe un único punto de inflexión que explique la actual crisis de violencia. Entre las transformaciones ocurridas durante décadas mencionó el cambio en la concepción de las drogas, que a comienzos de los años 90 pasaron de considerarse un asunto de salud pública a uno de seguridad, además de la dolarización y la posterior reducción de instituciones y capacidades estatales.

    Ese deterioro institucional comenzó a «abrir espacios en los que el narcotráfico se infiltró», mientras las condiciones del mercado internacional favorecieron simultáneamente otras economías ilegales, entre ellas la trata de personas, la minería ilegal y el tráfico de armas.

    Álvarez explicó que durante años Ecuador consideró que la problemática del narcotráfico que enfrentaba Colombia no terminaría afectándolo con la misma intensidad.

    El libro también examina la cooperación de Estados Unidos en el combate contra las drogas, caracterizada por operaciones militares y estrategias de corto plazo vinculadas a la agenda estadounidense de seguridad.

    «Ha sido un error asumir una agenda internacional de lucha contra el narcotráfico sin establecer prioridades nacionales. Eso nos ha hecho desatender otros problemas locales como el consumo de drogas», explicó Álvarez.

    Según la académica, esa estrategia también provocó que los esfuerzos se concentren en perseguir a narcotraficantes que pueden ser reemplazados dentro de las organizaciones, en lugar de alcanzar a quienes controlan los recursos económicos, mientras persisten debilidades en el sistema de Inteligencia. Aunque considera necesaria la «mano dura», sostiene que aplicarla de manera aislada no permite enfrentar las causas estructurales de la crisis que atraviesa Ecuador.

    Álvarez planteó que las estrategias regionales contra el crimen también deben incorporar políticas para la construcción de paz y prevención del reclutamiento de menores.

    «Necesitamos darles alternativas a niños y adolescentes para que no sean reclutados por el crimen. Hay que reconstruir el tejido social, fortalecer las prácticas de convivencia», sostuvo.

     

  • Migrantes latinoamericanos denuncian que ICE los deportó a la fuerza hacia la República Centroafricana

    Migrantes latinoamericanos denuncian que ICE los deportó a la fuerza hacia la República Centroafricana

    Un grupo de seis migrantes, integrado por un hondureño, cuatro cubanos y un ecuatoriano, denunció que fue deportado por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) hacia la República Centroafricana sin haber recibido información previa sobre su destino, por lo que ahora solicita ayuda para regresar y sostiene que se violaron sus derechos.

    El hondureño Brayan Sánchez relató a EFE, mediante una videollamada desde Bangui, capital de la República Centroafricana, que las autoridades migratorias estadounidenses lo trasladaron junto a los demás migrantes a ese país africano sin su consentimiento.

    «ICE solamente me dijo: ya todo lo tuyo está cerrado, pero a la fuerza, no fue nada de voluntario. África nunca me lo mencionaron. Si a mí me lo hubieran mencionado, yo me voy para El Salvador, me voy a México al final, pero menos África. Nunca de voluntad mía. Nunca», aseguró Sánchez.

    El migrante explicó que fue detenido el 13 de mayo en Florida y posteriormente trasladado a distintos centros de detención en Colorado, Arizona, California y Texas. Según su testimonio, el 30 de julio él y sus compañeros conocieron que serían enviados a África, después de que agentes de ICE les advirtieran que debían abordar el avión.

    «Mañana ustedes van a salir en el vuelo y si ustedes no se suben al avión, les vamos a caer a golpes», recordó Sánchez que les dijeron los agentes. Agregó que el viaje duró aproximadamente 21 horas e incluyó escalas en Senegal y Nigeria antes de llegar a Bangui. «Violaron nuestros derechos», afirmó.

    Desde el lugar donde permanecen, Sánchez indicó que las autoridades locales les comunicaron que podrán permanecer temporalmente con un visado, aunque aseguró que tienen restricciones para salir del hotel donde se encuentran alojados. Además, junto al ecuatoriano Mauricio Alvarado y cuatro ciudadanos cubanos, grabó un video para pedir apoyo de congresistas y organizaciones de derechos humanos.

    El caso ocurre en medio del aumento de las deportaciones de migrantes hacia terceros países africanos impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump, luego de que la Corte Suprema autorizara en junio de 2025 este tipo de expulsiones. Organizaciones como el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP) han cuestionado estos procedimientos al considerar que se realizan con escaso tiempo de notificación y sin el debido proceso.

    Sánchez, quien residía en Estados Unidos desde 2016, afirmó que contaba con una orden judicial que impedía su deportación y aseguró que no puede regresar a Honduras por amenazas contra su vida tras el asesinato de familiares. Mientras tanto, el Gobierno hondureño informó que da seguimiento al caso y que respaldaría un eventual retorno voluntario del migrante. Hasta el momento, ICE no ha respondido a las consultas de EFE sobre estas denuncias.

     

  • Tribunal condena a tres sudamericanos por traficar cocaína valorada en $33 millones

    Tribunal condena a tres sudamericanos por traficar cocaína valorada en $33 millones

    El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 15 años de prisión a los ecuatorianos Rubén Darío Acevedi e Hipólito Perlaza Moreno, así como al colombiano Nolberto Valencia Arroyo, tras declararlos culpables del delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública.

    La sentencia fue emitida luego de que el tribunal valorara las pruebas presentadas durante el proceso judicial, las cuales establecieron la participación de los tres extranjeros en el transporte de un cargamento de cocaína valorado en $33 millones.

    Los ahora condenados fueron detenidos el 11 de julio de 2025 durante un patrullaje preventivo realizado por la Marina Nacional, a unas 600 millas náuticas de la costa salvadoreña.

    Las autoridades interceptaron la embarcación en la que viajaban los imputados y localizaron 1,326 kilogramos de una sustancia que, tras los análisis periciales, dio resultado positivo a cocaína.

    La droga incautada fue valorada en aproximadamente $33 millones, según las estimaciones de las autoridades, evitando que el cargamento continuara su ruta hacia mercados internacionales.

    Durante el procedimiento también fueron decomisados una embarcación de bajo perfil (LPV), una antena para servicio de internet satelital, dos teléfonos satelitales, dos dispositivos GPS y un rastreador satelital, equipos que presuntamente eran utilizados para facilitar el transporte de la droga y mantener comunicación durante la travesía.