El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, empezó esta semana una campaña en contra de la Corte Constitucional, luego de que el máximo tribunal suspendiera provisionalmente algunos artículos de tres leyes promovidas por él y convocó a una marcha para presionar al único poder que, durante estos casi dos años de mandato, es un contrapeso para algunas de sus decisiones.
«Con ese poder ciudadano y en paz, de manera pacífica, vamos a protestar este martes 12 porque no podemos permitir que nueve personas entronadas vengan y nos tiren abajo las leyes que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes». Daniel Noboa, presidente de Ecuador.
Sus principales ministros, como el de Interior, John Reimberg; de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y la de Gobierno, Zaida Rovira, también han cargado contra los jueces del tribunal constitucional, denominándolos incluso como «enemigos de la ciudadanía».
«No puedes pretender que cuando, por la vía de la elección política electoral, controlas dos de las tres principales funciones del Estado, la tercera se subordine a ello. La Corte Constitucional tiene que permanecer independiente como un contrapeso, eso es fundamental», dice a EFE el abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Tras las últimas elecciones celebradas este año, Noboa arrebató al correísmo la mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento) para sacar adelante su programa de reformas, un conjunto de polémicas leyes rechazadas por organizaciones sociales y colectivos sociales que solo se han visto frenadas en la Corte Constitucional.
El máximo tribunal de garantías también ha limitado el alcance de los sucesivos estados de excepción decretados por Noboa para combatir al crimen organizado desde que a inicios de 2024 declaró el «conflicto armado interno», pues le ha instado a no perpetuar esta medida que en diversas zonas se extiende por más de año y medio.
Asimismo, en su primer referéndum de reformas celebrado en 2024, la Corte Constitucional también desechó una serie de preguntas propuestas por el gobernante que buscaban concentrar más poder sobre su figura.
Todo ello ha llevado a Noboa a poner a los jueces de la Corte Constitucional en el punto de mira, incluso proponiendo entre las preguntas de su próximo referéndum que estos magistrados puedan ser objeto de juicio político de la Asamblea, lo que para Mauricio Alarcón y otros abogados «no persigue fines democráticos ni compatibles con la independencia judicial».
Alarcón afirma que en el país se libra una «guerra comunicacional» con la que el Gobierno busca «por un lado tapar su inoperancia para resolver los problemas de la gente y, por otro, tratar de concentrar poder incluso utilizando a los ciudadanos para ello».
Otro órgano estatal que se le resistía a Noboa era el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), compuesto por siete miembros encargados de designar a diversas autoridades del Estado, como el fiscal general. Este consejo contaba con una mayoría afín al correísmo, hasta que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó a sus integrantes por haber adoptado símbolos y elementos característicos del partido del expresidente Rafael Correa.
El TCE también suspendió los derechos políticos de la vicepresidenta de su primer mandato, Verónica Abad, con quien tuvo una manifiesta enemistad, para evitar que ella lo reemplazase durante la campaña electoral de las recientes elecciones, mientras que las denuncias de Abad contra él fueron desechadas.
Tampoco el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronunció cuando el mandatario se rehusó a pedir licencia a la Asamblea para hacer campaña electoral, como plantea la normativa ecuatoriana.
A cambio, Noboa nombró a su secretaria de Administración Pública como «vicepresidenta encargada» para no delegarle la Presidencia a Abad mientras participaba en actos electorales, lo que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.
En el ámbito de la justicia ordinaria tampoco ha encontrado trabas. La anterior fiscal general, Diana Salazar, que investigó importantes casos de corrupción, entre ellos los que involucraron a grandes figuras de la política como Correa, fue nombrada como embajadora en Argentina tras dimitir en mayo pasado, un año después de que Buenos Aires diese su beneplácito a su nombramiento.
La Corte Nacional de Justicia, por su parte, aprobó de manera exprés la extradición del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el líder criminal más buscado del país, quien fue enviado a Estados Unidos tan solo veinticinco días después de su recaptura. Consultado por EFE, el presidente de la Corte Nacional, José Suing, dijo que no había recibido presiones del Gobierno.
Ahora la Corte Constitucional no solo debe decidir el futuro de leyes que Noboa considera clave para su proyecto político, sino también la legalidad de las preguntas para el nuevo referéndum que el mandatario ha previsto para diciembre.
