Las elecciones generales en Honduras, previstas para el 30 de noviembre, se desarrollan en un ambiente marcado por la incertidumbre y los enfrentamientos entre los principales órganos electorales. Las disputas entre miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) han retrasado el cronograma de actividades e incluso impedido la impresión de papeletas en dos de los 18 departamentos del país.
El CNE arrastra una crisis desde las elecciones primarias celebradas el 9 de marzo, previas a los comicios generales que definirán la elección de un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldes municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano.
Las Fuerzas Armadas, encargadas de custodiar y transportar el material electoral, también han quedado en entredicho tras los errores logísticos ocurridos en los comicios de marzo, lo que ha generado mayor desconfianza entre la población.
Analistas y observadores, tanto nacionales como internacionales, advierten que el problema de fondo radica en que los organismos electorales están compuestos por representantes de partidos políticos que anteponen sus intereses partidarios al funcionamiento institucional.
El CNE está integrado por Ana Paola Hall, del Partido Liberal; Cossette López, del Partido Nacional, y Marlon Ochoa, del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la actual presidenta Xiomara Castro.
Acusaciones cruzadas y lenguaje hostil
Los conflictos más fuertes dentro del CNE se han dado entre representantes del Partido Nacional y Libre. El jueves, López denunció que Ochoa ocultó un equipo biométrico ingresado irregularmente al Consejo.
“Queremos elecciones, pero con transparencia, no con equipos escondidos, ni bajo llave de un solo partido”, le reclamó López.
Ochoa, por su parte, acusó a López de intentar “boicotear el proceso electoral” y anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía, una institución que también ha perdido credibilidad en el país. “Fanfarrón” y “sonrisa cínica” fueron algunos de los calificativos que López dirigió a su colega.
El costo de todo el proceso electoral supera los $152 millones, incluyendo las elecciones primarias de marzo. Sin embargo, los principales candidatos tampoco han dado el ejemplo de civilidad esperado en un proceso democrático.
El jueves, un militante del Partido Liberal quemó una bandera del partido Libre frente a su sede en Tegucigalpa, en presencia del candidato presidencial Salvador Nasralla, quien fue captado sonriendo durante la acción. Aunque más tarde se disculpó en redes sociales diciendo que “no me percaté completamente de la escena por no estar al frente”, las imágenes lo mostraban a escasos metros del acto.
La candidata de Libre, Rixi Moncada, respondió acusando a Nasralla de “representar a las mafias” en el país. En un incidente anterior, activistas de Libre desfilaron con un ataúd con un pollo de plástico encima, en alusión a Roberto “Pollo” Contreras, alcalde de San Pedro Sula, quien también apareció recientemente con dos ataúdes, simbolizando la “muerte política” de sus rivales Moncada y Nasry Asfura, del Partido Nacional.
En medio de la violencia social, criminal y política que enfrenta Honduras, los ciudadanos son testigos de una creciente hostilidad entre los líderes de los partidos que aspiran al poder.
