Etiqueta: elecciones

  • Los contratos de litio con China y Rusia vuelven a ser protagonistas de las elecciones bolivianas

    Los contratos de litio con China y Rusia vuelven a ser protagonistas de las elecciones bolivianas

    El litio boliviano vuelve a ser protagonista en las campañas electorales para los comicios generales de este domingo 17 de agosto, en medio de polémicos contratos por más de 2.000 millones de dólares con empresas de China y Rusia, una industria que aún no despega y que, según expertos, no garantiza beneficios reales para el país.

    Al igual que en 2020, el salar de Uyuni y las promesas de industrialización del litio se han convertido en tema central de los discursos políticos, entre acusaciones de pactos con compañías extranjeras y propuestas consideradas superficiales por analistas.

    El Gobierno de Luis Arce asegura que Bolivia cuenta con 23 millones de toneladas de reservas de litio, la mayoría en Uyuni (Potosí), donde en 2023 se inauguró una planta industrial estatal con capacidad para producir 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Sin embargo, la producción actual apenas alcanza 3.000 toneladas, menos del 20 % de su capacidad.

    El investigador José Carlos Solón, de la Fundación Solón, advierte que las condiciones geológicas y climáticas de Uyunidificultan la extracción, debido a la alta presencia de magnesio y problemas de diseño en las piscinas de evaporación.

    Contratos con China y Rusia generan controversia

    El presidente Arce ha apostado por la extracción directa de litio (EDL) para acelerar la industrialización, firmando contratos con la china CBC y la rusa Uranium One Group.
    Estos acuerdos han generado rechazo en el Legislativo y entre comunidades indígenas de Potosí, que denuncian la falta de consulta previa.

    Según Solón, los convenios implican que Bolivia asuma costos de inversión, intereses y operación, además de una distribución desigual de utilidades y ausencia de estudios de impacto ambiental.

    Propuestas electorales sobre el litio

    Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga proponen auditar el estado real de los proyectos antes de atraer inversión extranjera.
    Manfred Reyes Villa plantea la venta anticipada de la producción para obtener 10.000 millones de dólares.

    Rodrigo Paz Pereira quiere reestructurar Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Andrónico Rodríguez busca alianzas con Argentina y Chile.

    Solón critica que todos los candidatos mantienen una visión simplista, ignorando la complejidad tecnológica, de inversión y tiempo que requiere la industria del litio.

    A nivel global, las proyecciones para 2030 sitúan el precio del litio entre 15.000 y 17.000 dólares por tonelada. Incluso sumando la capacidad de la planta estatal y lo comprometido por las empresas extranjeras, los ingresos estarían lejos de igualar los que generó el gas natural en su época de auge.

    “El litio no es el gas, no nos va a salvar. Puede ayudar a diversificar la economía, pero no debe repetirse el modelo extractivista sin planificación”, concluye Solón.

     

  • Elecciones en Honduras avanzan entre denuncias de fraude y crisis en el CNE

    Elecciones en Honduras avanzan entre denuncias de fraude y crisis en el CNE

    Las elecciones generales en Honduras, previstas para el 30 de noviembre de 2025, avanzan en medio de acusaciones de fraude entre candidatos de los tres partidos mayoritarios y una creciente desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sectores sociales y analistas advierten sobre un posible clima de violencia, cualquiera que sea el resultado de los comicios.

    La contienda enfrenta al oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), coordinado por el expresidente Manuel Zelaya, esposo y asesor de la presidenta Xiomara Castro, con los opositores Partido Nacional y Partido Liberal.

    Según encuestas, los candidatos con mayor intención de voto son Salvador Nasralla (Liberal), Nasry Asfura (Nacional) y Rixi Moncada (Libre), aunque esta última asegura liderar otros sondeos y se declara próxima presidenta.

    El proceso ha enfrentado retrasos desde las primarias del 9 de marzo por desacuerdos entre los tres consejeros del CNE, particularmente sobre el sistema de Transmisión Electoral de Resultados Parciales (TREP). El 5 de agosto se logró un acuerdo que redujo la tensión política, tras semanas de parálisis por la ausencia del representante oficialista en las sesiones convocadas por la presidenta del organismo.

    La consejera Ana Paola Hall, del Partido Liberal, llegó a presentar su renuncia ante el Parlamento por diferencias con sus colegas Cossete López (Nacional) y Marlon Ochoa (Libre), además de denunciar amenazas de muerte contra ella y su familia. Analistas como Manuel Torres señalan que el CNE es un ente “profundamente politizado”, en el que cada consejero responde a los intereses de su partido y no a los principios democráticos.

    La presidenta Xiomara Castro aseguró que el país avanza “hacia un sistema que reduce la intervención humana” y garantizó que en noviembre habrá elecciones “libres, democráticas y transparentes”.

    Sin embargo, organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI) advierten que la polarización política y la crisis de gobernanza en el CNE amenazan la credibilidad del proceso electoral en Honduras.

     

  • Candidatos en Honduras se comprometen a impulsar reformas contra la corrupción y reactivar extradición con EEUU

    Candidatos en Honduras se comprometen a impulsar reformas contra la corrupción y reactivar extradición con EEUU

    En un paso clave hacia las elecciones generales de noviembre de 2025, cuatro candidatos presidenciales de Honduras firmaron este martes un compromiso para impulsar una agenda nacional anticorrupción, que incluye la creación de una comisión internacional, el restablecimiento del tratado de extradición con Estados Unidos, y la implementación de un sistema integral de prevención de la corrupción.

    La única candidata que no suscribió la declaración fue Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre). En contraste, firmaron el pacto Nasry Asfura (Partido Nacional), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (PINU-SD). La iniciativa fue promovida por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) bajo el lema “Honduras primero: una promesa que se exige, un deber que se cumple”.

    Durante el acto, el liberal Salvador Nasralla prometió establecer en su primer año de gobierno la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), dotada de autonomía e independencia. “Honduras pierde 100,000 millones de lempiras —$3,813.6 millones— anuales por robo. Un gobierno se roba hasta $15,254 millones. Eso lo voy a detener”, aseguró Nasralla.

    Mario Rivera, de Democracia Cristiana, calificó la declaración como un “pacto moral” y una “declaratoria de guerra contra los corruptos y sinvergüenzas que han saqueado el país”. Por su parte, Nelson Ávila, del PINU-SD, instó a construir un gobierno de integración nacional y advirtió contra el riesgo de imponer “actitudes dictatoriales o excluyentes”.

    El acuerdo también plantea reactivar el tratado de extradición con EE.UU., suspendido temporalmente, como una herramienta clave contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Asimismo, propone implementar una estrategia nacional anticorrupción, desde la raíz del diseño estatal, con acciones concretas orientadas a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

    La directora del CNA, Gabriela Castellanos, calificó este compromiso como un “punto de inflexión” y advirtió que el próximo gobierno “no tendrá margen para el error ni la indiferencia”. Castellanos afirmó que liderar Honduras requerirá “valentía moral para desmantelar redes de poder que perpetúan el saqueo y la impunidad”, más allá de la capacidad técnica.

    “El discurso anticorrupción no puede ser una excusa para justificar la ineficiencia en gobernar”, subrayó, y aseguró que el CNA continuará señalando y fiscalizando con nombre, rostro y cifras “el saqueo de los recursos públicos”.

    En las elecciones generales de noviembre, los hondureños elegirán a un presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados, veinte representantes al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes municipales.

     

  • EEUU acusa a empresa Smartmatic de sobornar a exjefa del CNE de Venezuela

    EEUU acusa a empresa Smartmatic de sobornar a exjefa del CNE de Venezuela

    El fundador de la empresa tecnológica electoral Smartmatic, el venezolano-estadounidense Roger Piñate, fue acusado este martes por fiscales de Estados Unidos de sobornar a la expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena Ramírez, en 2019, a cambio de obtener beneficios contractuales con el gobierno de Nicolás Maduro.

    De acuerdo con documentos judiciales presentados en la Corte del Distrito Sur de Florida, Piñate transfirió a Lucena una residencia ubicada en Caracas entre abril y julio de 2019, como parte de un presunto esquema de sobornos y lavado de dinero. La vivienda —descrita como una casa de clase media alta con piscina— habría sido entregada mediante una corporación extranjera controlada por el empresario.

    Según la acusación, “Piñate sobornó a Lucena Ramírez con las escrituras y el uso de la residencia para que ayudara a resolver un conflicto con el Gobierno venezolano tras las elecciones de 2017”, cuando Smartmatic denunció una diferencia de un millón de votos entre los resultados reales y los anunciados por el chavismo en la Asamblea Nacional Constituyente.

    A raíz de esa denuncia, la administración de Maduro suspendió los contratos y pagos a Smartmatic, que había operado en el país desde 2004 hasta marzo de 2018, brindando servicios de tecnología electoral. La ayuda de Lucena, quien presidió el CNE de 2006 a 2020, habría sido clave para intentar revertir esa situación.

    El documento judicial afirma que Lucena finalmente tomó control de la propiedad, y el Gobierno de EE.UU. planea demostrar que esto constituyó un pago ilegal para asegurar la continuidad de Smartmatic como proveedor de servicios electorales en Venezuela.

    Este caso forma parte de una investigación más amplia contra Piñate, quien también enfrenta cargos junto a otros tres individuos: Jorge Miguel Vásquez (EE.UU.), Elie Moreno (EE.UU.-Israel) y Juan Andrés Donato (Filipinas), por presuntos sobornos relacionados con las elecciones en Filipinas en 2016.

    Smartmatic, empresa con sede en Londres, ha prestado servicios electorales en países como México, Estados Unidos y Venezuela. En EE.UU., la firma también es conocida por su demanda por $2,700 millones contra Fox News, tras alegar difamación por acusaciones infundadas que la vincularon con un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020, impulsado por el presidente Donald Trump.

     

  • Vicepresidente y varios ministros de Costa Rica renuncian para participar en elecciones 2026

    Vicepresidente y varios ministros de Costa Rica renuncian para participar en elecciones 2026

    El vicepresidente de Costa Rica, Stephan Brunner, junto con cuatro ministros y dos presidentes de instituciones públicas, presentaron su renuncia este miércoles, en el marco del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales y legislativas del 1 de febrero de 2026.

    “He recibido la renuncia de siete miembros del equipo de trabajo del Gobierno, gente muy importante que ha decidido separarse para buscar otros horizontes”, expresó el presidente Rodrigo Chaves durante su conferencia de prensa semanal. Las dimisiones se producen un día antes del vencimiento del plazo legal que obliga a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo a renunciar si desean postularse a cargos de elección popular en los próximos comicios.

    Con la salida de Brunner, el Ejecutivo quedará con una sola vicepresidencia, la cual seguirá bajo la responsabilidad de Mary Munive, quien también ocupa el cargo de ministra de Salud.

    Renuncias clave en el gabinete costarricense

    Los ministros que dejaron sus funciones son: Nogui Acosta (Hacienda), Marta Esquivel (Planificación y Política Económica), Ángela Mata (Vivienda) y Cindy Quesada (Condición de la Mujer). Además, renunciaron Esmeralda Britton, presidenta de la Junta de Protección Social de San José, y Juan Manuel Quesada, titular del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA).

    El presidente Chaves agradeció a todos los funcionarios salientes por su entrega, compromiso y servicio al país. “Les entendí perfectamente, respeto sus decisiones y admiro su deseo de seguir sirviéndole a Costa Rica desde otros espacios”, manifestó.

    Chaves aseguró que, pese a ser “salidas sensibles”, confía en que el Gobierno mantendrá la calidad del servicio público y la continuidad de las políticas estatales. “Estos funcionarios demostraron que en Costa Rica se puede gobernar con el pueblo en el corazón”, agregó el mandatario.

    En Costa Rica, la reelección presidencial inmediata está prohibida, por lo que los aspirantes deben cumplir plazos estrictos para dejar sus cargos si desean participar en las elecciones. El presidente Chaves comentó que en algún momento consideró renunciar para aspirar a una diputación, pero finalmente concluyó que su aporte es más valioso desde la presidencia.

     

  • Condena a Álvaro Uribe agita política colombiana a meses de elecciones

    Condena a Álvaro Uribe agita política colombiana a meses de elecciones

    La condena en primera instancia al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, remeció el escenario político colombiano justo en vísperas de un año electoral clave, en el que se renovará el Congreso y se elegirá al nuevo presidente del país.

    La sentencia, leída por la jueza Sandra Heredia, convierte a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, y podría representar un golpe significativo para su partido, el Centro Democrático, aunque también podría reavivar su base de apoyo más fiel. Figuras como la senadora Paloma Valencia aseguraron que esta es “una batalla que ganaremos en 2026 con la ayuda de los colombianos y de Dios”.

    Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y las presidenciales el 31 de mayo. En caso de ser necesaria, la segunda vuelta se desarrollará el 21 de junio.

    Según el analista político Yann Basset, el impacto electoral de la condena será limitado. A pesar de su relevancia histórica y simbólica, Uribe ya no ocupa el centro del debate público como lo hacía en décadas anteriores, y la derecha colombiana ha diversificado sus liderazgos más allá del Centro Democrático.

    Uribe enfrenta una posible sentencia de entre cuatro y ocho años de prisión, probablemente en modalidad de detención domiciliaria, aunque la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, ha solicitado que la pena sea mayor: nueve años. La defensa apelará el fallo el próximo 11 de agosto y el Tribunal Superior de Bogotá tiene hasta el 16 de octubre para pronunciarse en segunda instancia.

    Por otro lado, la condena ha puesto en el foco al senador de izquierda Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso y señalado como posible aspirante presidencial por sectores que celebran la decisión judicial. Cepeda, sin embargo, afirmó que una eventual candidatura suya sería independiente del fallo: “El juicio fue una decisión en derecho y debe analizarse como tal”, indicó en entrevista.

    El proceso judicial contra Uribe se remonta a 2012, cuando él mismo denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, el caso se volvió en su contra, en un efecto búmeran que terminó por involucrarlo en delitos relacionados con el intento de manipulación de testigos y el uso indebido del sistema judicial.

  • Hondureños marchan en Tegucigalpa en defensa de la democracia y elecciones del 30 de noviembre

    Hondureños marchan en Tegucigalpa en defensa de la democracia y elecciones del 30 de noviembre

    Miles de ciudadanos y líderes del Partido Nacional de Honduras participaron este domingo en la “Gran Marcha Nacional por la Defensa de la Democracia” en Tegucigalpa, para exigir garantías en el proceso electoral previsto para el próximo 30 de noviembre y denunciar intentos de manipulación por parte del oficialismo.

    La movilización inició en la plaza Tigo, sobre el bulevar Morazán, y concluyó en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE). Durante la protesta, destacaron las banderas azul y blanco de Honduras y pancartas con mensajes como “Firmes por Honduras” y “Es hoy o nunca”, mientras los manifestantes, vestidos en su mayoría con camisas blancas, pedían elecciones transparentes y creíbles.

    El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, encabezó la marcha e hizo un llamado al pueblo a participar en los comicios de noviembre. “Primero es Honduras, ante todo, porque acá nacimos, vivimos y acá nos vamos a morir. Hay que defenderla con todo nuestro amor y fuerza”, expresó.

    Asfura, quien fue alcalde de Tegucigalpa entre 2014 y 2022, instó a los hondureños a ejercer su derecho al voto como una forma de salvaguardar la libertad y la democracia.

    Crisis en el CNE y denuncias contra el oficialismo

    Durante el acto, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, advirtió que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) está en riesgo por la falta de consenso entre los tres consejeros del CNE, lo que compromete el cumplimiento del cronograma electoral.

    Zambrano fue enfático: “Honduras está en peligro, la democracia está en peligro”, y acusó al gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) de boicotear el proceso electoral. “Libre no quiere elecciones porque sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar. No cuenta con el respaldo del pueblo”, afirmó.

    La renuncia de Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal en el CNE, aumentó la tensión. Hall presentó su dimisión el viernes, condicionándola a que su reemplazo sea elegido en el mismo acto. Sin embargo, su salida requiere 86 votos en el Congreso, una mayoría calificada que el partido Libre no está dispuesto a apoyar.

    Actualmente, el CNE está integrado también por Cossette López, del Partido Nacional y actual presidenta, y Marlon Ochoa, del Partido Libre.

    Partido Nacional busca regresar al poder en medio de polarización

    El Partido Nacional, que gobernó Honduras durante más de una década hasta 2022, espera consolidarse como alternativa de gobierno en estas elecciones. Los comicios elegirán un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano.

    Más de 6.3 millones de hondureños están convocados a votar, en un proceso que ya refleja altos niveles de polarización y discursos confrontativos entre oficialismo y oposición.

  • La presidenta del TSE dice ciclo electoral 2025-2029 marcará “un antes y un después”

    La presidenta del TSE dice ciclo electoral 2025-2029 marcará “un antes y un después”

    La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, anunció ayer la presentación del “Ciclo Electoral Salvadoreño 2025-2029”, que definió como un instrumento que estructura “todo el trabajo” que realiza la institución para organizar, convocar y dirigir las elecciones.

    Según el comunicado el llamado Ciclo Electoral Salvadoreño 2025-2029 es una propuesta electoral de largo plazo.

    “La implementación del Ciclo Electoral Salvadoreño nos permite marcar un antes y un después a nivel regional en la optimización de los recursos, organización institucional y en la planificación de elecciones”, expresó Soriano en un video institucional divulgado por el TSE en redes sociales.

    Las imágenes presentadas en el video muestran que dicho documento es una recopilación de las diferentes fases y componentes de las elecciones: Plan Estratégico Institucional (PEI), el calendario electoral, el Plan General de Elecciones (Plagel) y el presupuesto especial extraordinario para el evento electoral.

    La propuesta incluye apartados sobre:
    1. Adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios.
    2. Suspensión de proceso de modificación de residencia.
    3. Elecciones internas de partidos políticos.
    4. Suspensión de admisión de solicitudes de inscripción de nuevos partidos políticos.
    5. Proceso de inscripción de pactos de coalición.
    6. Actualización de cartografía electoral.
    7. Convocatoria de elecciones.
    8. Actualización del Registro Electoral.
    9. Convenios.
    10. Pruebas y simulacros.

    El TSE indicó que el “Ciclo Electoral Salvadoreño” está conformada por tres etapas “preelectoral, electoral y poselectoral” integradas por 12 fases.

    Según fuentes electorales, el TSE solicitará al Ministerio de Hacienda más de $100 millones para el voto nacional y cerca de $40 millones para el voto en el exterior para las elecciones municipales y legislativas del 28 de febrero de 2027.

    Si bien el proyecto de presupuesto ya fue aprobado por el pleno del TSE, no ha sido publicado por el órgano electoral.

    En las elecciones generales de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó $70 millones para el voto nacional y $59 millones para voto en el extranjero, un total de $129.3 millones para voto nacional y electrónico en el exterior.