Más de 150,000 empleados del Gobierno de Estados Unidos están recibiendo salario sin regresar a sus puestos de trabajo, como parte de un programa de renuncia en diferido impulsado por el presidente Donald Trump, con el objetivo de reducir el gasto público y eliminar lo que considera una “burocracia inflada” en la administración federal.
De acuerdo con cifras divulgadas por la Oficina de Administración de Personal al New York Times, hasta 154,000 funcionarios aceptaron la propuesta del Ejecutivo de mantener sus contratos activos hasta el 30 de septiembre de 2025 o el 31 de diciembre de 2025, sin ejercer sus funciones.
Esta cifra representa poco más del 6 % de los 2.3 millones de trabajadores federales que integran actualmente la Administración estadounidense. Aunque aparentemente limitada, la medida ha generado un fuerte debate político y sindical.
En enero pasado, la Casa Blanca había anunciado su intención de ofrecer indemnizaciones a funcionarios federales que aceptaran renunciar, en el marco de una estrategia para reducir el tamaño del Estado. La decisión generó críticas de sindicatos laborales, que calificaron la medida como “caótica” y contraria a la eficiencia gubernamental.
El presidente Trump, sin embargo, ha defendido el plan como un esfuerzo necesario para optimizar recursos y eliminar estructuras innecesarias dentro del aparato estatal. En ese contexto, el pasado 11 de julio, el Departamento de Estado informó sobre el despido de más de 1,300 empleados tanto en el país como en embajadas y consulados en el extranjero.
Al mismo tiempo, un grupo de senadores demócratas presentó este jueves un informe que denuncia que el Gobierno ha gastado miles de millones de dólares en mantener en nómina a empleados que están fuera de funciones, ya sea por la renuncia en diferido o por litigios derivados de despidos.
En su informe, los legisladores criticaron el desempeño del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), liderado por el magnate Elon Musk, al que responsabilizan de haber malgastado $21,700 millonesbajo el argumento de una supuesta reducción del gasto gubernamental.
El caso ha encendido las alarmas sobre el uso ineficiente de fondos públicos y ha generado dudas sobre el impacto de los despidos masivos en áreas clave del Gobierno federal. Analistas advierten que la administración Trump, en su afán de recortar personal, podría estar afectando negativamente la capacidad operativa de servicios esenciales para la ciudadanía.
