La actriz estadounidense Angelina Jolie declaró este domingo que “no reconoce” a su país en la actualidad, durante la presentación de la película Couture en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde su presencia despertó gran expectación.
“Amo mi país, pero no le reconozco en este momento”, afirmó Jolie, productora e intérprete del filme dirigido por la realizadora francesa Alice Winocour.
“Siempre he vivido a nivel internacional. Cualquier cosa en cualquier parte que divide o limita las expresiones personales y las libertades de cualquier persona es algo muy peligroso y son tiempos tan serios que hay que tener cuidado con lo que se dice. Estamos todos juntos viviendo momentos muy difíciles”, agregó.
La película Couture se ambienta en la Semana de la Moda de París y narra la historia de tres mujeres: Maxime (Jolie), una cineasta estadounidense diagnosticada con cáncer; Ada (Anyer Anei), modelo de Sudán del Sur; y Angèle (Ella Rumpf), maquilladora francesa que sueña con ser escritora.
Preguntada por las similitudes entre su personaje y su propia experiencia, Jolie recordó que perdió a su madre y a su abuela a causa del cáncer, y que hace una década decidió someterse a una doble mastectomía y a la extirpación de ovarios.
“Los cánceres de mujeres afectan a cómo nos sentimos como mujeres, por tanto es un mensaje muy importante entender cómo muestra el viaje esta película”, subrayó Jolie.
La rueda de prensa contó con la participación de las tres protagonistas, además del actor Louis Garrel, la actriz Garance Marillier y la directora Winocour, reconocida por filmes como Próxima (2019), premiada en San Sebastián, y Mustang(2015), nominada al Óscar.
La presencia de Jolie provocó un ambiente inusual en el certamen: cientos de personas la esperaron bajo la lluvia en las inmediaciones de la alfombra roja, mientras que periodistas y blogueros hicieron fila durante horas para ingresar a la sala de prensa, en una de las comparecencias más concurridas del festival.
La guerra contra las drogas se ha convertido en el último epicentro de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que acusa al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, de albergar y liderar una «organización terrorista» vinculada al narcotráfico: el Cártel de los Soles.
La supuesta banda criminal, que el Departamento de Estado introdujo a finales de julio en su lista de sanciones, ha sido acusada de apoyar a otros grupos de este tipo, como Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa, y sirve ahora de pretexto a Washington para introducir restricciones y perpetrar ataques contra embarcaciones en el Caribe.
La Administración de Donald Trump acusa a esta red venezolana de «proporcionar apoyo a otras organizaciones terroristas extranjeras que amenazan «gravemente» la paz y la seguridad de Estados Unidos». Para el mandatario republicano, se trata de un «peligro» que está «corrompiendo las instituciones venezolanas».
Así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defiende su introducción en la lista de sanciones; considera que esta designación permite poner de manifiesto la «vinculación del cártel con el narcotráfico» y destaca que la medida responde a las «promesas de Trump» de dar prioridad a cuestiones de vital importancia para Estados Unidos.
El magnate neoyorquino, que afirma que son tres las «narcolanchas» destruidas en el mar Caribe por las fuerzas estadounidenses como parte de las operaciones puestas en marcha para frenar el flujo de drogas, insiste en que estos narcotraficantes «serán cazados» en su empeño por introducir estupefacientes en el país norteamericano.
Personas observan una valla con la imagen del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Colombia. EFE
Red de corrupción
A pesar de que algunos expertos defienden que se trata de una red de corrupción conformada por altos cargos de las Fuerzas Armadas y no una banda dedicada al tráfico de drogas, la Administración Trump ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares sobre Maduro, al que responsabiliza directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.
El ‘think tank’ Insight Crime apunta precisamente a que esta organización, que carece a priori de organización jerárquica –como sí señala Estados Unidos–, se asemeja más a «una red de corrupción en la que altos cargos militares y políticos se benefician de los acuerdos establecidos con narcotraficantes».
«El paquete de sanciones de Estados Unidos refuerza una visión equivocada de esta red, (…) cuando en realidad se trata de un sistema de corrupción estatal», indica el grupo de expertos.
Es decir, estos funcionarios harían la «vista gorda» ante el tráfico de drogas por parte de terceros, en vez de formar parte o estar al frente de una organización criminal ilícita y mafiosa estructurada en torno a un líder.
Las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses recaen además sobre individuos que ya hacían frente en su mayoría a restricciones impuestas anteriormente.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela. / EFE
¿Pretexto estadounidense?
Sin embargo, esto ha permitido a la Administración Trump contar con una mayor aprobación a la hora de realizar operaciones en el Caribe, las cuales han sido duramente criticadas por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que advierten de un «precedente peligroso» en la zona.
Entre estas ONG se encuentra Amnistía Internacional, que ve una «dudosa legalidad» y se muestra «profundamente alarmada» por este suceso, en el que ve una «clara violación del derecho a la vida». «El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación», incide.
Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre, cuando aseguró que el barco era utilizado para transportar drogas por parte del Tren de Aragua y a pesar de que previamente había llegado a un acuerdo con Caracas para el intercambio de cientos de presos y la reanudación de operaciones por parte de la petrolera estadounidense Chevron.
Aunque Trump sostiene que el propio Maduro lidera también algunas actividades de esta banda, la Inteligencia estadounidense no cuenta con pruebas al respecto y niega, a todas luces, esta supuesta vinculación.
Desde Insight Crime insisten en que la organización, cuyo nombre hace referencia a las insignias colocadas en los uniformes de los militares venezolanos, no cuenta con motivos ideológicos sino puramente económicos y no respalda realmente al Tren de Aragua, al que es vinculado de forma errónea.
La situación, que se ha repetido en otras dos ocasiones, ha llevado a diferentes países de la región, como Colombia, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y Argentina, entre otros, a declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista a pesar de que el Gobierno venezolano sostiene que se trata de un «invento».
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó recientemente que «cada vez que alguien molesta, es colocado como jefe del Cártel de los Soles», algo que algunos países, como Estados Unidos, «llevan años inventando».
Además, el Parlamento Europeo ha solicitado una resolución parecida por el conjunto del bloque comunitario contra la supuesta red criminal, a la que señalan por «dar cobertura a grupos armados», una iniciativa que ha sido puesta también sobre la mesa a nivel nacional a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que aprobó el lunes una iniciativa impulsada con Vox y pactada con el PP para instar al Gobierno a promover la inclusión del supuesto cártel en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
Desde Caracas siguen mostrándose cautelosos: esta semana, Maduro dijo ejercer el «legítimo derecho a la defensa» ante las «agresiones» de Estados Unidos y amenazó con la «lucha armada» si Venezuela es «agredida».
Todo apunta a que Estados Unidos, que no parece contar de momento con preceptos legales suficientes para perpetrar este tipo de ataques en el Caribe, busca poner a Caracas contra las cuerdas a medida que amplía su presencia militar en la región, tal y como aseguran los expertos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una contundente advertencia al gobierno de Afganistán al exigir la devolución de la base aérea de Bagram, una instalación militar clave que Washington controló hasta 2021.
“Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, Estados Unidos, ¡van a suceder cosas malas!”, publicó el mandatario en su cuenta de Truth Social, plataforma donde suele hacer declaraciones oficiales y mensajes políticos.
La advertencia de Trump llega apenas días después de revelar que su administración está intentando recuperar el control de la base, considerada un símbolo de la presencia militar estadounidense durante la guerra en Afganistán, que concluyó con la retirada de tropas en agosto de 2021 y el retorno al poder del grupo Talibán.
Durante una rueda de prensa realizada en el Reino Unido, el presidente estadounidense criticó que la base haya sido “cedida a cambio de nada” y expresó que su gobierno explora distintas vías para retomar el control. Incluso, insinuó la posibilidad de un intercambio con los talibanes: “Ellos necesitan cosas de nosotros”, declaró.
Ubicada a unos 50 kilómetros al norte de Kabul, la base aérea de Bagram fue originalmente construida por la Unión Soviética en los años 50, pero fue controlada y reconstruida por Estados Unidos a partir de 2001, tras la caída del régimen talibán.
Durante dos décadas, Bagram fue el epicentro de las operaciones militares de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. La instalación llegó a extenderse por más de 77 kilómetros cuadrados, con capacidad para albergar a miles de tropas, aeronaves y equipo militar.
El abandono de la base en 2021, previo a la retirada final de las fuerzas estadounidenses, fue ampliamente criticado por sectores conservadores en EE.UU., incluido Trump, quien ha insistido en que la entrega fue una “decisión catastrófica”.
Ahora, con su regreso al poder, el presidente estadounidense insiste en recuperar el control de Bagram como parte de su estrategia de presión hacia los talibanes y en defensa de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en la región.
La Casa Blanca rechazó este sábado haber ejercido presión para que se cancelara el programa del comediante Jimmy Kimmel, suspendido tras comentarios sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.
«La decisión de despedir a Jimmy Kimmel y cancelar su programa fue tomada por los ejecutivos de ABC, como se ha informado, y puedo asegurarles que no fue una decisión de la Casa Blanca. El presidente de los EE.UU. (Donald Trump) no ejerció ninguna presión», declaró la portavoz Karoline Leavitt en una entrevista con Fox News.
Leavitt relató que estaba junto al presidente durante su visita de Estado al Reino Unido cuando se conoció la noticia y que fue ella misma quien lo informó, asegurando que Trump desconocía lo que estaba ocurriendo.
El conflicto surgió a raíz de los comentarios emitidos por Kimmel el lunes por la noche, cuando criticó la narrativa conservadora sobre el caso.
«La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político», expresó el presentador.
El programa, uno de los más vistos de la televisión nocturna estadounidense, fue suspendido de manera indefinida el miércoles por ABC tras la reacción de numerosos sectores conservadores.
Horas antes, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, sugirió que el Gobierno podría tomar medidas contra las filiales de la cadena que transmitían el espacio.
«Fue una decisión de ABC, porque Jimmy Kimmel mintió deliberadamente a su audiencia en su programa sobre la muerte de un hombre muy respetado, en un momento en que nuestro país estaba de luto», agregó Leavitt.
«Si bien el Presidente está de acuerdo con esta decisión, nosotros no tuvimos nada que ver. Fue una decisión de ABC, y sin duda, fue la correcta», concluyó.
No obstante, algunos republicanos manifestaron preocupación por lo que consideran un riesgo de censura. El senador por Texas, Ted Cruz, calificó las acciones de Carr como «peligrosas como el infierno» y advirtió que podrían sentar un precedente que afecte a los conservadores bajo una futura administración demócrata.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López defendió este sábado una intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela, al considerarla “absolutamente legítima”.
A juicio del líder de Voluntad Popular, dicha acción sería válida tras lo que calificó como un “golpe de Estado” cometido por el presidente Nicolás Maduro en las elecciones celebradas en julio de 2024.
En entrevista con Europa Press, López manifestó que la salida de Maduro “representa el mayor punto de encuentro entre los venezolanos” y que todo escenario que conduzca hacia una transición democrática debe ser respaldado. También aplaudió el endurecimiento de la presión de Washington desde el retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.
López dio su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y no dudó al afirmar que también apoyaría una intervención directa.
“Tendría una respuesta masiva de los venezolanos”, sostuvo, recordando que “así se conquistó la independencia en América Latina”.
Rechazó que la muerte de ciudadanos venezolanos durante operativos contra narcotraficantes recaiga en las fuerzas estadounidenses, responsabilizando en cambio al Gobierno de Maduro.
El opositor también vinculó directamente al Ejecutivo con el Cártel de los Soles, afirmando que esta estructura “no es paralela, es el Estado mismo”.
Celebró que el Parlamento Europeo haya instado a clasificar esta red como organización terrorista, una postura que ya ha adoptado Estados Unidos. Asimismo, pidió al Gobierno de España y a sus empresas, incluidas las petroleras, romper relaciones políticas y económicas con Caracas.
Finalmente, López reiteró su respaldo al excandidato Edmundo González, a quien calificó como “el presidente constitucional de Venezuela”, y a María Corina Machado como principal referente de la oposición. Criticó a otros líderes opositores como Henrique Capriles por, según él, aceptar las condiciones del régimen. “Conformarse con las migajas del Gobierno no tiene ningún impacto en la aspiración colectiva de la mayoría de venezolanos”, afirmó.
Sin embargo, el documento también advierte sobre persistentes desafíos en rendición de cuentas, especialmente en el manejo de fondos fuera del presupuesto, como los relacionados con Bitcoin.
“El gobierno mantuvo cuentas extrapresupuestarias que no fueron auditadas, incluidas las tenencias gubernamentales en Bitcoin”, advierte el informe estadounidense.
Durante el periodo de evaluación del Departamento de Estado, el informe dice que el gobierno salvadoreño publicó su propuesta presupuestaria del Ejecutivo, el presupuesto aprobado y el informe de cierre fiscal dentro de plazos razonables, y facilitó el acceso público a la información sobre obligaciones de deuda, incluyendo las de empresas estatales, tanto en medios impresos como en línea.
El proceso de revisión de transparencia fiscal del Departamento de Estado determina si los gobiernos extranjeros cumplen con los requisitos mínimos de transparencia fiscal.
Informes detallados y mejoras en accesibilidad
El informe destaca que el presupuesto salvadoreño desglosó los gastos por ministerio o entidad gubernamental, y los documentos públicos ofrecieron una visión sustancialmente completa de los ingresos y egresos del gobierno, incluyendo asignaciones a empresas estatales y los ingresos que estas generan.
También se detallaron los gastos asociados a oficinas ejecutivas y se publicaron revisiones presupuestarias cuando los ingresos y egresos reales no coincidían razonablemente con las proyecciones del presupuesto aprobado.
Persisten cuentas no auditadas
A pesar de los avances, el informe señala que el gobierno de El Salvador mantiene cuentas fuera del presupuesto sin supervisión adecuada ni auditoría, entre ellas las vinculadas a las reservas gubernamentales en Bitcoin.
Asimismo, se cuestiona que la entidad suprema de auditoría -la Corte de Cuentas de la República- no cumple con los estándares internacionales de independencia, ni publica de forma oportuna auditorías que abarquen la totalidad del presupuesto ejecutado.
Otro punto crítico es la falta de información pública sobre algunos contratos de compras gubernamentales, lo cual limita la transparencia en la gestión de recursos estatales.
Recomendaciones
El documento del Departamento de Estado sugiere tres pasos clave para que El Salvadormejore su transparencia fiscal: eliminar cuentas fuera del presupuesto o someterlas a auditorías adecuadas y además asegurar que la institución de auditoría cumpla con estándares internacionales de independencia y cobertura total. También sugiere publicar más información sobre los contratos de adquisiciones públicas.
Según el Departamento de Estado, estas recomendaciones buscan fortalecer el control ciudadano y el escrutinio sobre el uso de fondos públicos, especialmente ante iniciativas que involucran activos digitales como el Bitcoin.
El consulado virtual del Ministerio de Relaciones Exteriores brindó 434,609 atenciones a salvadoreños en el exterior en las modalidades telefónica y mensaje de texto, desde el 1 de junio hasta el 19 de marzo de 2025.
La memoria de labores de la Cancillería salvadoreña indica que, de las atenciones brindadas, al menos 394,452 fueron por teléfono y 40,157 por mensaje de texto. Las atenciones corresponden a trámites consulares, asesoría legal y migratoria, inversiones y otras.
El consulado virtual tiene cobertura en Estados Unidos, México, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y Suecia. El número telefónico es 1-888-301-1130 y por mensaje de texto el 503 7070-1071.
El servicio más solicitado por llamada es gestión de citas e información general con 163,273 atenciones y la asesoría para actas notariales y de escrituras públicas con 78,994 atenciones.
Las atenciones brindadas vía telefónica son:
Gestión de citas e información general: 163,273.
Asesoría para actas notariales y escrituras públicas: 78,994.
Asesoría sobre llenado del formulario del TPS: 49,357.
Asesoría migratoria: 24,221.
Asesorías sobre registro del estado familiar: 32,975.
Asesorías sobre requisitos de obtención del DUI: 16,222.
Atención de solicitudes de gestión humanitaria: 9,604.
Atención de solicitudes de asesorías para inversiones: 5,606.
Asesorías consulares en inglés: 14,200.
Por otro lado, el consulado virtual realizó 40,157 asesorías vía mensaje de texto, en el que se atendieron 18,552 asesorías sobre el programa de movilidad laboral y 5,276 sobre el trámite del pasaporte salvadoreño.
También, se aclararon dudas sobre trámites en alcaldías y de las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP), visas, menaje de casas e inversiones. Los datos son recolectados por la oficina de consulado virtual en sede y Europa.
En el período 2023-2024, la Cancillería reportó que 290,622 fueron brindadas consultas, es decir, que este último año se brindaron 143,987 atenciones más en comparación con el período anterior, un 49.5 % más.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que establece la creación de la llamada “tarjeta dorada”, un programa que permitirá a ciudadanos extranjeros acelerar el proceso de obtención de visados mediante un aporte económico de $1 millón.
“Por la presente anuncio la Tarjeta Dorada, un programa de visados supervisado por el secretario de Comercio que facilitará el ingreso de extranjeros que hayan demostrado su capacidad y deseo de promover los intereses de Estados Unidos proporcionando voluntariamente un importante regalo financiero a la Nación”, señaló Trump en un comunicado de la Casa Blanca.
Según la orden, los solicitantes individuales deberán entregar $1 millón, mientras que las corporaciones o entidades que gestionen visados a nombre de terceros deberán aportar $2 millones. El programa se mantendrá bajo supervisión de los departamentos de Comercio, Estado y Seguridad Nacional, y los fondos se destinarán al Departamento del Tesoro para “promover el comercio y la industria estadounidense”.
Trump justificó la medida como un giro estratégico frente a las políticas de la administración anterior:
“Mi Administración ha trabajado incansablemente para deshacer las desastrosas políticas migratorias de la Administración anterior, que generaron una avalancha de inmigrantes (…). Es una prioridad realinear la política federal de inmigración con los intereses de la Nación, priorizando la admisión de empresarios, inversionistas y hombres y mujeres de negocios exitosos”, afirmó Trump.
La iniciativa busca fortalecer la economía estadounidense atrayendo capital extranjero a través de un sistema de visados preferenciales. No obstante, especialistas advierten que el plan podría abrir debates sobre la mercantilización de la inmigración y su impacto en la igualdad de acceso a los procesos migratorios.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el viernes que la economía de México sufrirá una desaceleración en 2025 debido a la combinación de la consolidación fiscal, una política monetaria restrictiva y las tensiones comerciales con Estados Unidos, generadas por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.
En su informe preliminar tras una visita a Ciudad de México, el organismo proyectó un crecimiento del PIB del 1 % en 2025, aunque prevé un repunte moderado en 2026, condicionado a la evolución de la relación comercial con EE. UU.
“Se prevé que el crecimiento se ralentice en 2025 (…) mientras que las exportaciones han mostrado resistencia”, señaló el FMI, subrayando que la incertidumbre en torno a los aranceles de Trump seguirá pesando sobre el consumo y la inversión.
El FMI también alertó sobre la necesidad de reducir el déficit fiscal y adoptar políticas que eviten un aumento de la deuda pública.
“Se proyecta que el déficit de 2025 alcance el 4,3 % del PIB, en comparación con la meta programada de 3,9 %, lo que refleja la reversión del incremento del gasto de 2024”, detalló el informe.
El organismo consideró positivo continuar con la flexibilización monetaria, al tiempo que destacó que los riesgos de estabilidad financiera en México son bajos y respaldó los planes para fomentar la competencia y la profundización del sistema financiero.
Aranceles de Trump y revisión del T-MEC
México se encuentra actualmente bajo una tregua arancelaria de 90 días, concedida por Trump en agosto, mientras se negocia un nuevo acuerdo. Los productos fuera del T-MEC están siendo gravados con un 25 % de aranceles.
El FMI destacó que una demanda más fuerte de EE. UU. y una revisión favorable del T-MEC en 2026 serían factores clave para impulsar el crecimiento económico.
Por su parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, reconoció esta semana que el proceso de revisión será “difícil, nada sencillo”, aunque aseguró que el tratado continuará vigente tras 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este viernes la Corte Suprema que permita su propuesta de mantener el género asignado al nacer en los pasaportes y eliminar la opción «X» para personas trans y no binarias, después de que un tribunal federal bloqueara su iniciativa.
El Departamento de Justicia presentó el recurso tras la decisión de una jueza federal que anuló la política impulsada por Trump y ratificó el derecho de los ciudadanos a elegir el marcador de género en sus documentos oficiales.
En 2022, el entonces presidente Joe Biden anunció que los pasaportes incluirían la opción «X» como marcador para personas trans y no binarias. Sin embargo, en enero de este año, tras asumir el cargo, Trump firmó una orden ejecutivaque obliga a reconocer únicamente dos sexos —masculino y femenino— y establece que los documentos oficiales deben reflejar el sexo asignado al nacer.
La medida provocó una fuerte reacción del movimiento LGTBI, que interpuso demandas para frenar su aplicación.
La Administración Trump defiende que el sexo biológico es un criterio más confiable para la identificación en documentos oficiales.
“La orden ejecutiva explicaba que ese rasgo inmutable (el asignado al nacer) es una mejor base para la identificación que la identidad de género, que representa una sensación interna y subjetiva, existe en un continuo infinito y puede cambiar con el tiempo”, argumenta el recurso presentado por el Departamento de Justicia.
Si el Supremo respalda la posición de Trump, los pasaportes de personas trans y no binarias mostrarán únicamente el género asignado al nacer, sin posibilidad de reflejar su identidad de género.
Esta iniciativa se suma a otras medidas de la Administración Trump contra la población trans, incluida la prohibición de que participen en competiciones deportivas femeninas. El presidente republicano ha convertido estas políticas en uno de los ejes de su agenda desde la campaña electoral.
