El Salvador figura entre los países que podrían enfrentar un nuevo arancel adicional del 10 % para exportar productos hacia Estados Unidos, según una propuesta presentada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
La medida forma parte de una serie de investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, mediante las cuales Washington evalúa si sus socios comerciales cuentan con mecanismos efectivos para prohibir e impedir la importación de productos elaborados total o parcialmente con trabajo forzoso.
De acuerdo con la propuesta, El Salvador integra un grupo de 14 economías a las que se les aplicaría un recargo arancelario del 10 %, debido a que cuentan con algún tipo de regulación o compromisos relacionados con la prohibición de productos vinculados al trabajo forzoso. En ese mismo grupo aparecen Guatemala, México, Canadá, Ecuador, Reino Unido, la Unión Europea y Taiwán.
La iniciativa todavía no ha sido aprobada de manera definitiva y permanece en fase de consulta pública. Sin embargo, expertos en comercio internacional advierten que las empresas exportadoras deben comenzar a evaluar el posible impacto económico de la medida.
Para El Salvador, el anuncio genera especial atención debido a la estrecha relación comercial con Estados Unidos, principal destino de las exportaciones salvadoreñas. Sectores como textiles, confección, manufactura y otros bienes industriales podrían verse afectados si la propuesta entra en vigor.
No obstante, la USTR incluyó varias excepciones que podrían reducir el impacto sobre determinados productos salvadoreños. Entre ellas destacan ciertos artículos textiles y prendas de vestir que ingresan al mercado estadounidense libres de aranceles bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).
Además, el organismo estadounidense analiza la creación de un mecanismo especial para la industria textil que permitiría aplicar tasas reducidas a determinados volúmenes de importación, dependiendo de las compras de algodón, textiles y productos relacionados provenientes de Estados Unidos.
La propuesta forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Washington para fortalecer los controles sobre las cadenas globales de suministro y combatir la utilización de trabajo forzoso en la producción de bienes que ingresan al mercado estadounidense.
Las empresas salvadoreñas que exportan hacia Estados Unidos tienen hasta el 6 de julio de 2026 para presentar comentarios formales ante la USTR y exponer posibles efectos económicos, interrupciones en las cadenas de suministro o argumentos relacionados con la aplicación de excepciones.
La audiencia pública sobre la propuesta comenzará el 7 de julio y posteriormente la autoridad comercial estadounidense decidirá si mantiene, modifica o retira los aranceles planteados.
