EEUU impone un arancel adicional del 10 % a El Salvador y otros 60 países

El Salvador se encuentra entre los países que enfrentarán un arancel adicional del 10 % para exportar productos hacia Estados Unidos, como parte de las nuevas medidas comerciales anunciadas este jueves por la administración del presidente Donald Trump.

La decisión fue oficializada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), dirigida por Jamieson Greer, tras concluir una investigación iniciada en marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual evaluó las políticas de 60 economías relacionadas con la prohibición de importar bienes elaborados mediante trabajo forzoso.

Los nuevos gravámenes sustituirán el arancel global temporal del 10 %, vigente desde febrero, que expira este viernes. La medida representa una nueva etapa de la estrategia comercial impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

En Centroamérica, además de El Salvador, Guatemala, Honduras y México también estarán sujetos a un arancel adicional del 10 %, mientras que Costa Rica, Panamá y República Dominicana enfrentarán un gravamen del 12.5 %. La Administración estadounidense sostiene que las diferencias responden al nivel de implementación y cumplimiento de las medidas para impedir el ingreso de productos fabricados con trabajo forzoso.

El USTR concluyó que las prácticas identificadas en los países investigados justifican la aplicación de medidas comerciales, al considerar que representan una carga para los trabajadores y las empresas estadounidenses. La investigación incluyó consultas con los gobiernos involucrados antes de adoptar la decisión final.

Las nuevas tarifas también alcanzan a economías como Canadá, Reino Unido, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza y los 27 países de la Unión Europea, aunque en algunos casos los aranceles varían según el tipo de producto importado. China quedó fuera de esta nueva lista debido a que ya está sujeta a un régimen de aranceles específicos y de mayor magnitud.

La política arancelaria se ha convertido en uno de los principales ejes económicos de la administración Trump. Después de que el Tribunal Supremo invalidara gran parte de los aranceles globales impuestos previamente, la Casa Blanca recurrió a la Sección 301 como fundamento legal para mantener su estrategia de presión comercial sobre sus principales socios.

Con la entrada en vigor de las nuevas medidas, las exportaciones salvadoreñas hacia el mercado estadounidense continuarán sujetas a un arancel adicional del 10 %, en un contexto en el que Estados Unidos endurece sus exigencias comerciales y busca que sus socios fortalezcan los mecanismos para prevenir el comercio de productos vinculados al trabajo forzoso.

 

 

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