Etiqueta: Fiscalía General de la República

  • 17 pandilleros del Barrio 18 enfrentan audiencia única por agrupaciones ilícitas

    17 pandilleros del Barrio 18 enfrentan audiencia única por agrupaciones ilícitas

    El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador inició este lunes una audiencia única por el delito de agrupaciones ilícitas para 17 presuntos pandilleros pertenecientes al Barrio 18 facción Revolucionarios de la tribu y cancha Amatepec, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

    La representación fiscal presentó la prueba testimonial, pericial y documental con la cual se demostrará la pertenencia de los 17 imputados a la estructura pandilleril, recordó la FGR a través de un comunicado de prensa.

    De acuerdo a las investigaciones, los imputados son homeboys (miembros) dentro del Barrio 18 y ya están recluidos en distintos centros penales del país, además mencionaron que tienen tatuajes alusivos a la estructura criminal.

    “Se establece que estos sujetos tienen tatuajes que describen el simbolismo de estos tatuajes que tienen plasmados en su cuerpo”, indicó la fiscal del caso.

    Los procesados fueron identificados como: Mauricio Ernesto Anaya Cárcamo, Marvin Antonio Merino, José Moisés Reyes Lovo, David Ricardo Mercado Romero, Rafael Arístides Marín Gómez, Manuel Antonio Barahona Aguilar y Boris Alexander Cárcamo.

    Además de: José Edwin Campos Viscarra, Gustavo Suasso Ortiz, José Efraín Pacheco Sánchez, José Isaías Cruz y José Alexander Sánchez Cabrera, Saúl Antonio González Díaz, Raúl Ernesto Mendoza, Luis Javier Flores Espinosa, Roberto Chistopher Solano Mejía y Luis Maximiliano Romero.

    La investigación de la Fiscalía señala que los actos delictivos cometidos por los sujetos se efectuaron en el distrito de Soyapango en el municipio de San Salvador Este, específicamente en la colonia Amatepec, la comunidad La Labor 1 y 2, y la comunidad Plan Piloto.

     

     

  • ONU Mujeres fortalece investigación de violencia sexual en El Salvador

    ONU Mujeres fortalece investigación de violencia sexual en El Salvador

    La asistencia técnica de ONU Mujeres anunció un plan de apoyo a la capacidad de respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador frente a los delitos de violencia sexual, mediante la creación de herramientas especializadas orientadas a mejorar la investigación y la persecución penal. El avance se enmarca en la conmemoración del 8 de marzo y el llamado global “Derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas”.

    El acompañamiento técnico incluyó la elaboración de un protocolo para la investigación y persecución penal de delitos de violencia sexual, así como un manual sobre la fundamentación jurídica y doctrinal de estos ilícitos. Ambos instrumentos buscan estandarizar prácticas, elevar la calidad técnica de los procedimientos y consolidar criterios claros para fortalecer la construcción de casos dentro del Ministerio Público.

    Durante el acto de presentación participaron el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; la fiscal adjunta para la Mujer, Niñez, Adolescencia y Grupos Vulnerables, Marina de Ortega; y la representante de ONU Mujeres en El Salvador, Lourdes González-Prieto. Las autoridades destacaron que estas herramientas contribuirán a garantizar investigaciones más rigurosas, una mejor coordinación entre fiscales y la reducción de riesgos de revictimización en los procesos penales.

    El proceso de elaboración incluyó revisión documental, análisis jurídico y jurisprudencial, así como la incorporación de buenas prácticas y consultas con personal fiscal y otros actores del sistema de justicia. Según se explicó, el contenido fue adaptado a la realidad operativa de los territorios y a los desafíos cotidianos en la investigación y litigio de casos de violencia sexual.

    El nuevo protocolo establece un marco común de actuación para orientar la labor investigativa, mientras que el manual refuerza la argumentación jurídica en tribunales, consolidando un enfoque de derechos humanos y debida diligencia. Con esta iniciativa, ONU Mujeres y las instituciones estatales buscan fortalecer el acceso a la justicia para mujeres y niñas, en un contexto donde la violencia de género continúa siendo un desafío estructural en el país.

     

  • Capturan a sujeto por tráfico de drogas en San Salvador

    Capturan a sujeto por tráfico de drogas en San Salvador

    Las autoridades detuvieron este jueves a Jonathan Arístides Rivas Menjívar, de 28 años, acusado del delito de tráfico ilícito de drogas, tras una serie de allanamientos ejecutados en el departamento de San Salvador.

    Según la Fiscalía, la captura se produjo en la colonia Flor Blanca, distrito de San Salvador, en San Salvador Centro, luego de intervenir tres inmuebles donde, presuntamente, el imputado almacenaba droga para su posterior comercialización en distintos sectores de San Salvador y Chalatenango.

    Durante los registros, los investigadores decomisaron varias porciones de marihuana y metanfetaminas, un teléfono celular, dos balanzas digitales, dinero en efectivo y un vehículo que habría sido utilizado para movilizar los ilícitos.

    La Fiscalía indicó que Rivas Menjívar también operaba en la zona de Chalatenango, donde continúan las investigaciones para determinar posibles conexiones con otras personas vinculadas al tráfico de drogas.

    Las autoridades aseguraron que el detenido será presentado ante los tribunales correspondientes en los próximos días, mientras avanzan las diligencias para fortalecer el caso en su contra.

     

  • Tribunal impone hasta 60 años a estructura acusada de varios homicidios

    Tribunal impone hasta 60 años a estructura acusada de varios homicidios

    El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado C de San Miguel declaró culpables a 16 miembros de una estructura criminal dedicada a cometer homicidios entre 2018 y 2021 en los departamentos de San Miguel, Usulután y La Unión. La organización estaba conformada por exmilitares, expolicías y civiles que operaban en la zona oriental del país.

    Según la resolución judicial, Alejandro Monterrosa, Juan Zapata Ramos y Salvador de Jesús Villalobos López recibieron condenas de 60 años de prisión por tres homicidios agravados. Asimismo, Andrés Alberto Murillo Roque, Agustín de Jesús Rivas López, Yobani Alexander Crespo Romero, Víctor Manuel Romero Herrera y Gerardo Polillo Rivera fueron sentenciados a 40 años de cárcel por dos homicidios agravados.

    El resto de los implicados fue condenado a 20 años de prisión por su participación en los hechos. La investigación de la Fiscalía determinó que el grupo ejecutaba asesinatos de forma coordinada, aprovechando la experiencia de algunos de sus integrantes en cuerpos de seguridad pública.

    El fallo representa un golpe a estructuras criminales que operaban en el oriente del país y reafirma la respuesta judicial frente a delitos graves como el homicidio agravado, en el marco del combate contra el crimen organizado.

     

  • Capturan a cuatro italianos por falsificar marcas, Fiscalía los vincula a red criminal internacional

    Capturan a cuatro italianos por falsificar marcas, Fiscalía los vincula a red criminal internacional

     Las autoridades de seguridad de El Salvador detuvieron a cuatro ciudadanos italianos acusados de pertenecer a una organización criminal italiana que se dedica a falsificar marcas registradas de maquinaria industrial, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

    Los capturados fueron identificados como Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga, quienes fueron arrestados en San Miguel por el delito de violación de distintivos comerciales. Según la FGR, los extranjeros operaban mediante redes sociales para comercializar maquinaria profesional industrial con marcas falsificadas.

    «A los imputados se les ha perfilado como miembros de organizaciones criminales italianas que operaban en otros países del norte de América (donde tienen restricción de ingreso) y están asociados con la falsificación de marcas registradas, lavado de dinero y fraude», indicó la fuente fiscal.

    De acuerdo con las investigaciones, la red comenzó a operar en agosto del año pasado. La Fiscalía señaló que Luigi Barbato fungía como principal promotor de los productos y se presentaba como representante en El Salvador y Centroamérica de CATLINE, promocionando el negocio como filial de una reconocida empresa fabricante de maquinaria pesada para construcción, minería y motores industriales.

    La institución detalló que los equipos eran ofrecidos como productos de alta calidad, pero en realidad se trataba de maquinaria de bajo estándar vendida a precios elevados. El caso salió a la luz tras la denuncia de una víctima a través de redes sociales, lo que permitió iniciar las indagaciones que culminaron con las capturas.

    Las autoridades indicaron que continuarán las investigaciones para determinar el alcance de la estructura y posibles vínculos internacionales.

     

  • Tribunal ordena prisión a implicados en red que robaba motocicletas

    Tribunal ordena prisión a implicados en red que robaba motocicletas

    El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez dos, ordenó la detención provisional contra seis imputados —entre ellos tres menores de edad— señalados de integrar una estructura dedicada al hurto de motocicletas en distintos puntos del país y que fueron presentados el pasado 3 de febrero por las autoridades.

    De acuerdo con la solicitud de imposición de medidas presentada por la Fiscalía General de la República, los acusados ubicaban previamente las motocicletas, luego las empujaban y utilizaban un desarmador para manipular la ignición, encenderlas y huir del lugar. Posteriormente, trasladaban los vehículos a un terreno en Huizúcar, donde los desmantelaban para vender las piezas como repuestos.

    Entre los procesados figuran los adultos Cristian Alexis Jiménez Oviedo, Brandon Alexis Santos Viera y Wendy Lisseth Alvarado Martínez, además de tres menores de edad cuya identidad se mantiene bajo reserva. Hasta el momento, las autoridades contabilizan al menos cinco víctimas afectadas por esta estructura.

    El juzgador valoró la prueba presentada por el Ministerio Público y ratificó la medida de detención provisional para todos los imputados, quienes enfrentan cargos por receptación, resistencia, hurto agravado, hurto agravado imperfecto o tentado y agrupaciones ilícitas.

    Asimismo, el tribunal ordenó un plazo de instrucción de dos años para continuar con las investigaciones y el desarrollo del proceso penal contra la presunta red dedicada al robo y desmantelamiento de motocicletas.

     

  • Tribunales imponen hasta 44 años de cárcel en cinco casos de delitos sexuales contra menores

    Tribunales imponen hasta 44 años de cárcel en cinco casos de delitos sexuales contra menores

    Al menos cinco hombres fueron condenados recientemente por delitos sexuales cometidos contra menores de edad en distintos puntos del país, con penas que van desde los 14 hasta los 44 años de prisión, según resoluciones judiciales divulgadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

    El caso con la condena más alta corresponde a Edwin Alberto Rodríguez Lovo, sentenciado a 44 años y ocho meses de cárcel por los delitos de utilización de niños, niñas y adolescentes en pornografía a través del uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) agravada, violación en menor e incapaz agravada continuada y adquisición o posesión de material pornográfico infantil.

    Los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024 en los distritos de Santiago Nonualco y La Paz Centro, departamento de La Paz. La investigación se originó tras una alerta emitida por instituciones que cooperan a nivel internacional, luego de detectar en una plataforma digital un video en el que el imputado abusaba sexualmente de una menor de edad.

    Durante un registro con prevención de allanamiento realizado en 2024, la FGR y la Policía Nacional Civil (PNC) incautaron dispositivos electrónicos que contenían material pornográfico infantil generado por el mismo condenado. La sentencia fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, que ordenó el cumplimiento inmediato de la pena en prisión.

    En Chalatenango, José Edilso Carranza Ramos fue condenado a 14 años de prisión por el delito de violación en menor e incapaz, cometido contra una adolescente en el distrito de San Fernando, Chalatenango Centro, durante enero de 2024.

    De acuerdo con las investigaciones fiscales, el imputado llegó a trabajar a la zona donde residía la víctima y, tras acosarla sexualmente, la persuadió y abusó de ella. La denuncia fue interpuesta por la madre de la víctima. Además de la pena de cárcel, el Tribunal de Sentencia de Chalatenango le impuso el pago de $1,000 en concepto de responsabilidad civil.

    Otro de los casos ocurrió en el distrito de San Marcos, municipio de San Salvador Sur, donde Elmer Ernesto Linares Rodas fue condenado a 16 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor o incapaz agravada, en modalidad de delito continuado.

    Las indagaciones establecieron que el condenado se aprovechó de la confianza que la familia de la víctima le había otorgado, ya que quedaba al cuidado de la menor, situación que facilitó las agresiones en repetidas ocasiones. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador validó las pruebas presentadas por la Fiscalía y ordenó, además, el pago de $1,500 como responsabilidad civil.

    En el departamento de La Unión, se registraron dos condenas de 20 años de prisión por delitos de violación en menor de edad. En uno de los casos, José Osmín Argueta Pérez fue condenado en rebeldía por el Tribunal de Sentencia de La Unión, tras comprobarse que abusó sexualmente de una menor de 11 años durante aproximadamente cinco meses en el cantón El Tamarindo, distrito de Conchagua.

    La investigación inició en 2019, luego de que el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) alertara a las autoridades sobre la atención médica de una niña con embarazo a temprana edad.

    En otro proceso, Brayan Alexander Garay Jiménez fue sentenciado también a 20 años de prisión por violar a una menor de edad en La Unión, aprovechándose de la cercanía familiar. Las agresiones se repitieron en diversas ocasiones hasta que un familiar de la víctima denunció los hechos ante las autoridades.

    En todos los casos, las víctimas eran menores de edad y los agresores pertenecían a su entorno cercano o tenían acceso directo a ellas. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia sexual y recordaron que los procesos judiciales continúan conforme al debido proceso y a la legislación vigente.

  • Condenan a tres años de prisión a dos exgerentes por administración fraudulenta de $2.7 millones

    Condenan a tres años de prisión a dos exgerentes por administración fraudulenta de $2.7 millones

    El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó este lunes a tres años de prisión a dos exgerentes de la empresa Livisto S.A de C.V., antes llamada Laboratorios Panamericanos, tras hallarlos culpables del delito de administración fraudulenta, informó la Fiscalía General de la República.

    Los condenados fueron identificados como Daniel Arnavat Carballido, de nacionalidad española y la salvadoreña Patricia Elizabeth Cruz Andrade, quienes además de recibir esta condena deberán devolver a dicha empresa $2.7 millones, como perjuicio causado.

    Según explicó el fiscal del caso, el juez emitió la condena en abstracto para tres personas; Claudia Rebeca Suárez Girón murió en el año 2020, a los 46 años en el proceso de vista pública, por lo que el dictamen arrojó un sobreseimiento. 

    De acuerdo con las investigaciones de la FGR, los tres sujetos tenían cargos gerenciales en dicha empresa, que elaboraba suplementos alimenticios para animales; sin embargo, estos crearon por lo menos tres sociedades que abastecían a dicha empresa con la finalidad de vender los productos a sobreprecio, con el objetivo de desfalcar a la empresa.

    Estos hechos ocurrieron entre los años 2016 y 2018, donde también se autorizaron el pago de dietas, viajes, viáticos y la compra de objetos de lujo sin la autorización de los dueños de la empresa cuyo domicilio es el distrito de Zaragoza en La Libertad Este.

    La fiscalía estimó en $2.7 millones los daños causados por la administración fraudulenta realizada por estos sujetos, pero la empresa deberá confirmar el costo real del perjuicio económico en la ejecución de la sentencia.

    “El señor juez los condenó a los tres en abstracto será la sociedad víctima la que tendrá que ejecutar en su momento oportuno a cuánto asciende el perjuicio ocasionado aunque la acusación de Fiscalía era por $2.7 millones”, explicó el fiscal del caso.

    l fiscal del caso explicó que los condenados Arnavat Carballido y Cruz Andrade se encuentran prófugos de la justicia por lo que el juez del caso ordenará la detención de ellos para ingresar a prisión cuando sean capturados.

  • Declaran culpable a exdirector de Fosofamilia y su esposa por enriquecimiento ilícito

    Declaran culpable a exdirector de Fosofamilia y su esposa por enriquecimiento ilícito

    El exdirector del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia), Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, y su esposa, Violeta Yanira Flores de Jenkins, fueron encontrados culpables este lunes del delito de enriquecimiento ilícito, según resolución emitida por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

    El fallo obliga a ambos a reintegrar $289,567.89 al Estado salvadoreño. Además, las magistradas ordenaron la inhabilitación de Jenkins por 10 años para ejercer cualquier cargo público, tras comprobarse un incremento patrimonial no justificado entre 2006 y 2010, período en que se desempeñó como titular de la institución.

    La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó 14 movimientos financieros irregulares, como depósitos bancarios, pagos de préstamos, cancelaciones de tarjetas de crédito y otros abonos sin respaldo legal. De ese total, $282,149.94 corresponden únicamente al exfuncionario.

    La Fiscalía General de la República respaldó el fallo y reiteró que los señalados no pudieron justificar el origen de los fondos, presuntamente obtenidos con dinero público durante su gestión al frente de Fosofamilia.

    El proceso civil contra ambos se inició en mayo de 2025, y con esta resolución, se confirma la tesis fiscal y se sienta un precedente en el combate a la corrupción en la administración pública.

     

  • Enjuician a hombre acusado de estafa por venta falsa de vivienda en San Salvador

    Enjuician a hombre acusado de estafa por venta falsa de vivienda en San Salvador

    El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ordenó este lunes la apertura a juicio contra Carlos Humberto Cáceres Pérez, de 52 años, acusado del delito de estafa tras supuestamente defraudar a dos personas mediante la venta fraudulenta de una vivienda.

    Según la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron entre julio y septiembre de 2024, cuando el imputado ofreció a las víctimas la supuesta venta de un inmueble. Alegando que la propietaria se encontraba fuera del país, solicitó pagos como reserva para garantizar la transacción.

    Una de las víctimas entregó $2,000 y la otra $2,700, ambas recibieron un recibo y una promesa de venta. El imputado les aseguró que firmarían la compraventa una vez la supuesta dueña regresara al país. Sin embargo, pospuso reiteradamente las reuniones con distintas excusas.

    Posteriormente, las víctimas descubrieron que el inmueble no estaba en venta y que el acusado lo había ofrecido a otras personas bajo condiciones similares. Esto motivó la presentación de las denuncias ante las autoridades.

    Tras revisar los indicios, el juzgado resolvió admitir la acusación fiscal, ratificó la detención provisional contra Cáceres Pérez y ordenó remitir el caso a vista pública.