El grupo de jóvenes vinculados al caso de la «raza estudiantil» fue recientemente trasladado a diferentes centros penitenciarios del país, informó el vocero del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), Samuel Ramírez.
De acuerdo con el vocero de la organización, los procesados fueron enviados a los penales de Izalco, en Sonsonate; Ilobasco, Cabañas y Apanteos, en Santa Ana tras haber permanecido en bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC), según le notificaron los padres de familia a Movir.
«Los menores (de edad) fueron trasladados al centro penal de Ilobasco, donde estan los menores de edad y los que pasan los 18 años los han llevado al (penal) de Izalco, al sector 1, y una joven brillante con buenas notas está ahorita en Apanteos, pero no sabemos en qué condiciones están»
Samuel Ramírez, vocero de Movir
Ramírez señaló que muchas madres cuentan con pruebas que, según afirman, demuestran la inocencia de sus hijos. «Nosotros hemos hablado con algunas madres de familia donde ellos tienen como comprobar su inocencia, tienen la constancia de estudios, las madres tienen como comprobar que son inocentes», dijo el vocero de Movir.
Los procesados corresponden a 34 mayores de edad y 14 menores, quienes fueron señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de tener cargos dentro la estructura delincuencial.
El 24 de junio de 2025, la Fiscalía giró órdenes de captura y se ejecutaron en cuatro centros educativos el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Instituto Nacional Albert Camus, Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), y el Instituto Nacional Acción Cívica Militar, según la FGR.
El 12 de julio del presente año, los imputados fueron enviados a detención provisional por el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador, en una audiencia de imposición de medidas.
Los jóvenes fueron acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas, falsificación, tenencia o alteración de monedas y lavado de dinero y activos; así también amenazas agravadas, violencia contra funcionario público, autoridad pública y personal de seguridad de centros penales.
El Gabinete de Seguridad sostuvo que los jóvenes detenidos buscaban retomar actividades pandilleriles, como se habían formado en años pasados al interior de los centros educativos.
