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  • La Fiscalía recuperó al Estado cerca de $22 millones entre junio 2024 y mayo 2025

    La Fiscalía recuperó al Estado cerca de $22 millones entre junio 2024 y mayo 2025

    La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Adjunta de la Defensa de los Intereses del Estado, recuperó cerca de $22 millones entre junio de 2024 y mayo de 2025, según detalla la Memoria de Labores de la institución.

    De acuerdo con los datos expuestos en el informe del Ministerio Público, dicha unidad especializada recuperó un total de $21,923,904.62 en beneficio del Estado salvadoreño.

    Los ingresos provienen de diversas acciones legales y administrativas dirigidas para resarcir daños al patrimonio estatal, en los que se incluyen la recuperación de impuestos, sanciones, cobros por responsabilidades civiles, reintegros, multas y cumplimiento de sentencias.

    La Fiscalía detalla que entre los principales rubros de recuperación están $6,006,873.95 de impuesto sobre la renta, $4,193,415 correspondientes a casos de evasión penal de renta e Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como $2,735,656.29 en concepto de multas, $1,729,422.25 por IVA, y $3,484,256.64 en garantías.

    El informe también describe otras fuentes de recuperación, entre ellas peculado, donde se registró $75,891.85; mientras que por cumplimiento de contrato fueron $2,256,927.73 y por contrabando de mercancías se recuperó un total de $35,976.80, según las cifras de la FGR.

    En el caso de multas tributarias relacionadas con evasión de impuestos se registraron $145,945.09 recuperados, mientras que en casos de aranceles por evasión fiscal se obtuvieron $222,260.99.

    A estos se suman otros rubros de recuperación como cohecho propio, daños materiales, canon de arrendamiento, responsabilidad civil, hurtos, multas laborales y daño ambiental.

    Otros fondos recuperados

    Por otra parte, la Fiscalía General de la República indicó que a través de la Unidad Penal del Estado, se iniciaron 1,823 casos en distintas zonas del país. De estos, 1,107 corresponden al departamento de San Salvador, donde se logró recuperar un monto de $4,863,887.60.

    En Santa Ana se reportaron 529 casos y una recuperación de $1,359,635.89, mientras que en San Miguel se atendieron 187 casos, con un monto recuperado de $140,821.24. El total recuperado por esta unidad asciende a $6,364,344.73.

    En la Unidad de Impuestos, el Ministerio Público reportó la apertura de 1,824 expedientes relacionados con estados de cuenta y presentó 33 demandas judiciales. Esta unidad recuperó un total de $7,106,419.96, superando el monto inicialmente demandado, que fue de $4,592,143.67 dólares.

    En cuanto al área civil, la Unidad Civil reportó la presentación de 47 demandas y obtuvo 15 sentencias favorables. Se realizaron 1,830 intervenciones judiciales y se iniciaron 1,124 casos. Entre las intervenciones se encuentran audiencias conciliatorias, inspecciones, demandas civiles y mercantiles, así como obtención de títulos a favor del Estado. El monto recuperado mediante cobro administrativo fue de $87,960.

    La Unidad de Juicios de Cuentas y Multas registró un total de 3,473 casos relacionados con multas, 329 juicios de cuentas y 14 procesos vinculados a otras obligaciones. El monto total recuperado por esta unidad fue de $7,445,003.06. Además, se realizaron más de 432 audiencias, 37 inspecciones, 23 sentencias condenatorias en apelación y 216 sentencias condenatorias directas.

    Además, las unidades de Administración de Justicia y Fe Pública informaron sobre 2,176 casos ingresados, 229 audiencias iniciales, 183 órdenes administrativas y 251 requerimientos presentados, entre otros procesos judiciales. Y en las Unidades de Medio Ambiente reportaron 605 casos ingresados, con 208 audiencias iniciales, 159 suspensiones condicionales y dos demandas civiles por daño ambiental, así como 81 sentencias condenatorias.

  • Condenan a 16 años de prisión y pagar $1,000 a hombre que agredió sexualmente a una menor

    Condenan a 16 años de prisión y pagar $1,000 a hombre que agredió sexualmente a una menor

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de prisión a Luis Armando Ramos Figueroa por el delito de agresión sexual en menor o incapaz, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

    Las autoridades también indicaron que Ramos Figueroa deberá pagar $1,000 en concepto de responsabilidad civil; sin embargo, el hombre fue sentenciado en ausencia.

    Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el 2019, en el distrito de Mejicanos, municipio de San Salvador Centro.

     

    El caso

    Las indagaciones apuntan a que la madre de la menor trabajaba como enfermera, en turnos rotativos, por lo que frecuentemente dejaba a la niña con su abuela.

    Pero un día no pudo y optó por pedirle a Ramos Figueroa que cuidara a la menor mientras la madre trabajaba.

    “Esa ocasión fue aprovechada por el imputado para agredir sexualmente a la menor”, indicó la FGR en un comunicado de prensa.

    La Fiscalía dijo que la mejor contó todo a su madre cuando esta regresó y decidió interponer una denuncia en una sede fiscal.

  • Destruyen más de 2,000 kilos de cocaína valorada en más de $53 millones

    Destruyen más de 2,000 kilos de cocaína valorada en más de $53 millones

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la destrucción de más de 2,000 kilos de cocaína valorada en más de $53 millones.

    El fiscal asignado al caso aseguró que la droga eliminada corresponde a tres casos de incautación efectuados por autoridades salvadoreñas entre julio y agosto de 2025.

    El 18 de junio de 2025, la Policía Nacional Civil (PNC) incautó 114 kilos de cocaína a los salvadoreños José Guillermo Arce Marín y Julio Alonso Revelo Martínez, a una milla náutica de la playa Toluca, en La Libertad.

    La FGR dijo que la segunda incautación se realizó el 11 de julio a 600 millas náuticas, al sur de la bocana de El Cordoncillo, en donde se decomisó mercadería con un peso de 1,326 kilos.

    En relación con este caso fueron capturados los ecuatorianos Rubén Darío Acevedo Cedeño y Polito Perlaza Moreno, así como Norberto Valencia Arrollo de origen colombiano.

    El tercer caso tiene relación con la captura de los guatemaltecos José Antonio Boteo Cruz y Nery Ubaldo Amaya Martínez, los cuales fueron detenidos por la PNC el 14 de agosto de 2025 en la playa Amatecampo, en San Luis Talpa.

    A ambos se les decomisaron 100 kilos de cocaína y, ese mismo día, se ejecutó una segunda incautación relacionada con este procedimiento.

    “En ese mismo día y procedimientos se realizó la incautación en playa Los Blancos, de San Luis, La Herradura, de 588 kilos de cocaína que estaba vinculada a los dos guatemaltecos”, puntualizó el fiscal del caso.

     

    Casos

    Arce Marí y Revelo Martínez ya fueron acusados por la FGR ante el Juzgado de Paz de La Libertad. La institución pidió que ambos hombres sigan detenidos mientras el proceso avanza.

    En el caso de Acevedo Cedeño, Perlaza Moreno y Valencia Arrollo, la FGR presentó a fines de junio una solicitud de imposición de medidas contra los tres hombres, todos acusados de tráfico ilícito de drogas.

    La Fiscalía también pidió prisión provisional por el delito de tráfico ilícito de drogas en contra de Boteo Cruz y Amaya Martínez.

  • Fiscalía pide reserva total del caso Argoz y mantener a 18 imputados detenidos

    Fiscalía pide reserva total del caso Argoz y mantener a 18 imputados detenidos

    La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó reserva total del proceso y que se mantengan bajo detención provisional mientras son investigados 18 personas imputadas de la supuesta defraudación en la lotificadora Argoz por un total de $46.2 millones.

    En una audiencia de imposición de medidas instalada el sábado, la Fiscalía informó que los 18 procesados son acusados de los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos.

    En el comunicado de prensa, señaló que los 18 impuestos están vinculados a un fraude en donde se ofrecían «lotificaciones que nunca se entregaron», por un valor de $46,271,000.49.

    La investigación fiscal, según la información, indicó que «operaban creando contratos de arrendamiento con promesa de venta a nombre de distintas sociedades» y «una vez terminaban de pagar, les entregaban cartas de cancelación pero no estaban inscritas en el Registro de la Propiedad porque no contaban con los permisos» de ley.

    Según la información de la FGR, para mantenerse en la impunidad, «crearon múltiples sociedades fachada conocida como Argoz», que esta «captó los fondos del público» y que se utilizaron las sociedades «para mover dinero aportado por los lotehabientes», «se apropiaron del efectivo», lo introdujeron al sistema financiero y posteriormente «hicieron préstamos al público, inversiones» y llevaban «una vida de lujos».

    La Fiscalía sostuvo que durante la administración judicial de la Corporación Argoz, S.A. y otros negocios ligados al caso ha logrado «legalizar 65,901 lotes a nivel nacional y entregar las escrituras a las víctimas que ya habían pagado totalmente los terrenos» y «no habían recibido los documentos que les acreditara como dueños».

    Imputados del caso Argoz en audiencia de imposición de medidas. / FGR.
    Una tercera imagen compartida por la FGR de la audiencia del caso Argoz. / FGR.