Etiqueta: Fiscalía

  • La Fiscalía de Washington sostiene que Cole Allen actuó con premeditación para intentar asesinar a Trump

    La Fiscalía de Washington sostiene que Cole Allen actuó con premeditación para intentar asesinar a Trump

    La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia afirmó que Cole Allen actuó con premeditación en el presunto intento de asesinato del presidente Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

    La fiscal Jeanine Ferris sostuvo que las investigaciones apuntan a una planificación detallada por parte del acusado, quien habría ejecutado acciones deliberadas con el objetivo de atentar contra el mandatario.

    «Lo que hemos aprendido de la investigación: Cole Allen hizo todo lo necesario, en su mente, para matar al Presidente».

    Ferris subrayó que el caso cuenta con suficientes elementos probatorios y expresó la confianza de la Fiscalía en lograr una condena.

    «Estamos extremadamente seguros respecto al caso que mi oficina está presentando en su contra».

    Uno de los ejes principales de la investigación es el análisis del rastro digital del sospechoso, considerado clave para reconstruir la planificación del supuesto ataque.

    «Estamos tratando de reconstruir el rastro digital real de esta persona».

    Según las autoridades, Allen mostró un comportamiento metódico y calculado, lo que refuerza la hipótesis de una acción planificada con antelación.

    La Fiscalía también hizo referencia a un manifiesto atribuido al acusado, en el que habría expresado sus intenciones de cometer el atentado.

    «No se equivoquen, a pesar de su manifiesto, a pesar de que, como saben, excluyó a esta agencia, al Servicio Secreto y a la Policía del Capitolio (…) y a algunas otras personas, dijo: ‘Aún así haré lo que tenga que hacer para llegar al presidente y a los altos cargos’».

    El sospechoso, un profesor de 31 años originario de California, enfrenta cargos por intento de asesinato del presidente, transporte de armas entre estados y uso de arma de fuego durante un delito violento.

    De ser encontrado culpable, Allen podría enfrentar cadena perpetua, según lo establecido por la legislación estadounidense.

    Las autoridades continúan recabando testimonios y evidencias para fortalecer el caso en uno de los procesos más delicados en materia de seguridad presidencial.

     

  • Fiscalía allana inmuebles por medicamentos ilegales

    Fiscalía allana inmuebles por medicamentos ilegales

    La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Policía Nacional Civil, ejecutó el martes allanamientos en dos inmuebles donde incautaron medicamentos sin registro sanitario y con viñetas falsas.

    El procedimiento se desarrolló luego de la captura en flagrancia de Allan Balmore Méndez, quien fue interceptado mientras transportaba varias cajas de fármacos de origen dudoso.

    Según las investigaciones preliminares, los productos decomisados no contaban con autorización sanitaria para su comercialización en el país.

    Además, las autoridades detectaron que los medicamentos tenían etiquetas falsificadas que imitaban marcas y laboratorios reconocidos, sin el consentimiento de estas empresas.

    La Fiscalía indicó que estos fármacos eran distribuidos en tiendas y farmacias a nivel nacional, lo que representa un riesgo para la salud de la población. Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar el alcance de la red de distribución y si hay más personas involucradas en la comercialización de estos productos ilegales.

     

  • Fiscalía colombiana pide arresto contra hijo de Petro por desacato judicial

    Fiscalía colombiana pide arresto contra hijo de Petro por desacato judicial

    La Fiscalía de Colombia solicitó este lunes imponer una medida de arresto contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntamente incumplir órdenes judiciales en el proceso que enfrenta por corrupción.

    La petición fue presentada por la fiscal Lucy Marcela Laborde ante el juez del caso, luego de que el acusado no asistiera de forma presencial a varias audiencias.

    “Su señoría, esta delegada solicita sancionar con arresto hasta por cinco días al señor Nicolás Fernando Petro Burgos por haber desobedecido órdenes impartidas por su despacho en ejercicio de sus atribuciones legales”, expresó la fiscal durante la diligencia.

    Petro Burgos enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionados con presuntas irregularidades cometidas cuando se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico.

    Según la investigación, los hechos incluyen el supuesto direccionamiento de contratos y la apropiación de 111 millones de pesos, equivalentes a unos $29,000.

    La Fiscalía señaló que el acusado no se presentó a audiencias realizadas los días 4 y 5 de noviembre de 2025, ni a otras diligencias posteriores, argumentando problemas para movilizarse.

    No obstante, la fiscal indicó que existen elementos que contradicen esa versión, ya que el imputado habría estado de vacaciones en ciudades como Santa Marta y Cartagena durante ese periodo.

    A juicio del ente acusador, esta situación evidenciaría un incumplimiento deliberado de las órdenes judiciales.

    El juez deberá decidir si impone la medida de arresto solicitada, mientras el proceso continúa en curso.

    Además, se prevé que los días 7 y 8 de mayo se realicen nuevas audiencias, que inicialmente serían virtuales, aunque la Fiscalía insiste en que se desarrollen de manera presencial.

    El caso mantiene atención pública en Colombia por tratarse del hijo del mandatario y por la gravedad de los señalamientos en su contra.

     

  • Fiscalía asegura tener abundantes pruebas contra los 486 pandilleros de la MS-13

    Fiscalía asegura tener abundantes pruebas contra los 486 pandilleros de la MS-13

    La Fiscalía General de la República aseguró este lunes que cuenta con abundante evidencia contra 486 pandilleros de la MS-13, entre ranfleros y cabecillas, en el marco de una audiencia judicial que continúa este lunes.

    El proceso judicial aborda delitos ordenados y ejecutados a nivel nacional entre 2012 y 2022, según el informe presentado por el ente acusador.

    Durante la jornada, expertos de la División Élite contra el Crimen Organizado expusieron análisis que vinculan directamente a los acusados con la ejecución de múltiples crímenes.

    Las autoridades detallaron que la estructura criminal mantenía un sistema organizado para planificar asesinatos, con procedimientos definidos para autorizar cada acción.

    Como parte de las pruebas, la Fiscalía presentó información extraída de un teléfono celular incautado a uno de los implicados, el cual revela detalles sobre la operación interna de la pandilla.

    Estos datos permitieron identificar los territorios bajo control de la estructura y los mecanismos utilizados para coordinar delitos.

    Uno de los testigos explicó que los pandilleros utilizaban el término “válvula” para referirse a la autorización de asesinatos, principalmente contra miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada.

    Además, señaló que las víctimas eran previamente identificadas y fotografiadas, y luego las imágenes eran compartidas en grupos internos de la organización.

    Posteriormente, los cabecillas emitían la orden final para ejecutar los homicidios, lo que evidencia una coordinación estructurada dentro de la pandilla.

    La Fiscalía sostiene que este conjunto de pruebas permite demostrar la responsabilidad directa de los acusados en una serie de crímenes cometidos durante una década.

    El juicio inició este lunes su segunda semana, mientras las autoridades buscan sentencias condenatorias contra los implicados en esta causa de alto impacto.

     

  • Acusan a sospechoso de intentar asesinar a Trump en Washington

    Acusan a sospechoso de intentar asesinar a Trump en Washington

    La Fiscalía de Estados Unidos acusó formalmente al sospechoso del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales en Washington, donde participaba el presidente Donald Trump, imputándole tres delitos, entre ellos intento de asesinato.

    El acusado, Cole Allen, un profesor de 31 años originario de California, enfrentará cargos federales por intento de magnicidio, transporte de armas entre estados y uso de arma de fuego durante un delito violento.

    Allen compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal, en una audiencia que se extendió por menos de media hora y fue presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh.

    Durante la diligencia, el acusado se presentó vestido con un uniforme azul y, según reportes, mantuvo una actitud calmada, respondiendo brevemente a las preguntas del tribunal.

    La defensa destacó que Allen no posee antecedentes penales, mientras que la Fiscalía solicitó su detención preventiva ante la gravedad de los cargos.

    Según las investigaciones, el sospechoso viajó desde Los Ángeles hasta Washington en tren y fue interceptado en el hotel Hilton, donde se desarrollaba el evento con la presencia de Trump, la primera dama Melania Trump y otros funcionarios.

    El ataque obligó a evacuar a los asistentes tras escucharse varios disparos en las inmediaciones del salón principal.

    De acuerdo con las autoridades, Allen portaba una escopeta calibre 12, una pistola calibre 38 y varios cuchillos al momento de su detención.

    Un agente del Servicio Secreto resultó herido durante el incidente, aunque su chaleco antibalas evitó consecuencias fatales.

    El director del FBI, Kash Patel, indicó que la investigación incluye análisis de correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y testimonios para determinar los motivos del ataque.

    “Hemos recopilado hasta el momento, incluyendo correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, entrevistas con testigos y conversaciones con personas de su entorno, familiares, amigos y vecinos, con el fin de ofrecer una imagen completa de la mentalidad y las intenciones de este individuo al momento de presentar los cargos ante el tribunal”, afirmó Patel.

    Además, el acusado habría enviado un manifiesto a su familia antes del ataque, en el que expresó motivaciones contra el mandatario.

    Allen permanecerá bajo custodia y deberá comparecer nuevamente el 30 de abril, cuando se decidirá si puede optar a libertad provisional, mientras que la audiencia preliminar fue programada para el 11 de mayo.

     

  • La Fiscalía de EEUU cree que todo el gabinete era objetivo del sospechoso del ataque en la Cena de Corresponsales

    La Fiscalía de EEUU cree que todo el gabinete era objetivo del sospechoso del ataque en la Cena de Corresponsales

    La Fiscalía de Estados Unidos considera que el sospechoso del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales en Washington tenía como objetivo atacar a miembros del gabinete del presidente Donald Trump que asistían al evento.

    El fiscal general en funciones, Todd Blanche, explicó que la hipótesis surge a partir de los avances en la investigación, luego de que el detenido confesara su intención de atacar a funcionarios presentes en el salón del hotel Washington Hilton.

    “Creemos que sus objetivos eran responsables de la administración”, indicó Blanche en una entrevista televisiva, donde también evitó confirmar si Trump era un blanco específico del atacante.

    El sospechoso, identificado como Cole Allen, un profesor originario de California, habría manifestado que pretendía matar a cualquier integrante de la Administración que participaba en la cena.

    El incidente ocurrió poco después de iniciar el evento, cuando el hombre llegó a uno de los últimos controles de seguridad y, al ser abordado por agentes, abrió fuego antes de intentar avanzar hacia el salón principal.

    Sin embargo, fue reducido a pocos metros por elementos del Servicio Secreto, luego de disparar contra uno de los agentes, cuyo chaleco antibalas evitó heridas graves.

    Tras el ataque, las autoridades confirmaron el hallazgo de dos armas de fuego y múltiples cuchillos en poder del sospechoso, lo que refuerza la hipótesis de un atentado planificado.

    Blanche señaló que aún no se han determinado los motivos exactos del ataque ni existe evidencia de que esté vinculado a alguna política específica del gobierno de Trump.

    El presidente estadounidense compareció tras el incidente para agradecer el “fantástico trabajo” del Servicio Secreto, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.

    Este sería el tercer intento de atentado contra Trump desde 2024, en una serie de incidentes que mantienen en alerta a las autoridades de seguridad.

     

  • Cuarta jornada de mega audiencia de pandilleros se abrió a los medios

    Cuarta jornada de mega audiencia de pandilleros se abrió a los medios

    La cuarta jornada del juicio masivo contra 486 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) se desarrolló el jueves en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en un proceso que por primera vez fue abierto a medios de comunicación.

    Los imputados, considerados cabecillas de la estructura criminal, fueron trasladados uno a uno desde sus celdas hacia áreas equipadas con videotransmisión para participar en la audiencia judicial que se sigue desde San Salvador.

    “El tipo de internos que están siendo procesados acá (en la cárcel) son miembros de la estructura criminal MS13, una organización criminal terrorista”, afirmó el director del Cecot, Belarmino García.

    El funcionario detalló que se trata de “ranfleros (cabecillas) históricos, corredores (encargados) de programa, corredores de clica, palabreros (líderes) de clica, sujetos que por muchos años le ocasionaron luto y dolor a nuestra sociedad”.

    Delitos por cabecillas

    Entre los principales acusados figura Dionisio Arístides Umanzor Osorio, alias “El Sirra de Teclas”, señalado por 126 delitos, incluidos 106 homicidios agravados, además de secuestro y privación de libertad.

    También destaca Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “Diablito de Hollywood”, quien acumula 598 delitos, entre ellos 497 homicidios agravados y otros crímenes como desapariciones y feminicidios, además de ser requerido por la justicia de Estados Unidos.

    Otro de los procesados es Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias “Snayder de Pasadena”, acusado de más de 600 delitos, incluyendo más de 500 homicidios agravados.

    Asimismo, Rubén Antonio Rosa Lobo, alias “Chivo de Centrales”, enfrenta cargos por más de 200 delitos relacionados con homicidios, extorsión agravada y delitos con armas.

    “Se está utilizando la teoría de la autoría mediata de los aparatos organizados de poder, para poder atribuir todos los delitos, absolutamente todos los delitos del la estructura a estos ranfleros , que siempre estuvieron dando las órdenes y siempre tuvieron la capacidad de poder autorizar o denegar que una persona viviera durante ese tiempo”, explicó el fiscal contra el crimen organizado, Max Muñoz.

    La Fiscalía sostiene que los cabecillas son responsables de al menos 86 asesinatos que derivaron en la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022.

    Además, a 22 de estos líderes se les atribuye la muerte de 80 policías y más de 47,000 crímenes cometidos entre 2012 y 2022.

    “Según los testimonios y las 13 declaraciones anticipadas con las que cuenta la Fiscalía, los cabecillas daban la autorización de matar a contrincantes, miembros de la corporación policial, elementos de la Fuerza Armada y personas que se opusieran a las exigencias, además de atentar contra puestos policiales o en contra de algunas instituciones públicas”, indicó la institución fiscal.

    El proceso se desarrolla bajo un modelo de audiencia única que permite juzgar de forma masiva a los acusados e incorporar nuevos imputados en el futuro, tras reformas al Código Penal salvadoreño.

     

  • Testigos de audiencia contra 486 pandilleros de la MS-13 revelan que cabecillas dieron órdenes de homicidios

    Testigos de audiencia contra 486 pandilleros de la MS-13 revelan que cabecillas dieron órdenes de homicidios

    La Fiscalía General de la República presentó este jueves a tres testigos protegidos que detallan cómo los cabecillas de la MS-13 ordenaban homicidios a nivel nacional entre 2012 y 2022, incluyendo asesinatos de policías y militares.

    El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que las órdenes criminales provenían tanto desde centros penitenciarios como desde estructuras en libertad, lo que sustenta la acusación contra 486 líderes de la pandilla.

    “Tenemos tres testigos protegidos que van a continuar declarando sobre los diferentes homicidios que ordenaba la ranfla”, dijo Muñoz, quien señaló que el proceso de investigación tomó un año de preparación.

    Uno de los testigos relató al menos cinco homicidios cometidos en Nuevo Cuscatlán por órdenes de la ranfla nacional, entre ellos el asesinato de los hermanos Toledo en septiembre de 2021.

    Según su declaración, las víctimas fueron enterradas en el sector conocido como La Bomba, en la Finca Suiza, lugar que habría sido utilizado como zona de operaciones de la estructura criminal.

    El mismo testimonio vincula a la pandilla con el asesinato de la jugadora de fútbol Jimena Granados, quien fue llevada a esa finca, asesinada y posteriormente enterrada.

    Además, señaló que en junio de 2019 la estructura ejecutó a un pandillero rival en la misma zona, utilizando armas de fuego.

    Otro testigo detalló 17 homicidios cometidos entre 2017 y 2021 en distintas zonas de La Libertad, incluyendo seis casos contra miembros de pandillas contrarias.

    En estos hechos, las víctimas fueron privadas de libertad, asesinadas y enterradas por órdenes directas de la ranfla, mientras que otras personas fueron ejecutadas por colaborar con las autoridades.

    El testigo también afirmó que la estructura habría asesinado y enterrado a más de 200 personas entre 2013 y 2021 en la Finca Suiza, donde operaban en actividades como extorsión, privación de libertad y adquisición de armas.

    Asimismo, mencionó un intento de homicidio contra un sargento de la Policía Nacional Civil en agosto de 2018 en Nuevo Cuscatlán, quien logró sobrevivir al ataque.

    Las autoridades indicaron que las declaraciones de los testigos coinciden en la forma de operar de la pandilla y en la descripción de crímenes específicos, reforzando las acusaciones presentadas en el proceso judicial.

     

  • Fiscalía de Perú pide detención de exjefe del órgano electoral por irregularidades

    Fiscalía de Perú pide detención de exjefe del órgano electoral por irregularidades

    La Fiscalía de Perú solicitó la noche del miércoles la detención preliminar del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por las irregularidades registradas en los comicios generales del pasado 12 de abril.

    El fiscal general, Tomás Gálvez, confirmó que el requerimiento fue presentado contra Corvetto y otros funcionarios, y ahora será un juez quien determine la fecha para evaluar la solicitud.

    Según el Ministerio Público, el exfuncionario es investigado por el presunto delito de colusión, en medio de cuestionamientos por la organización del proceso electoral.

    Gálvez aseguró que la institución actúa con firmeza y que corresponde al sistema judicial resolver el caso. También indicó que Corvetto entregó sus dos pasaportes, peruano e italiano, a las autoridades.

    El exjefe de la ONPE renunció recientemente al cargo tras las críticas por demoras en la distribución del material electoral, lo que obligó a extender la votación en Lima por un día adicional.

    Asimismo, se señalaron fallas en el traslado y custodia de votos, lo que incrementó la controversia en torno al proceso electoral.

    Pese a que su renuncia no estaba permitida durante el desarrollo del proceso, la Junta Nacional de Justicia la aceptó y designó como jefe interino a Bernardo Pachas.

    El funcionario informó que el conteo de votos continúa y que esperan cerrar el procesamiento de actas en los próximos días, previo a la definición de los candidatos que pasarán a segunda vuelta.

    Con el 94.4 % del escrutinio, Keiko Fujimori lidera los resultados, seguida por Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, quienes disputan el segundo lugar por un estrecho margen.

     

     

  • Bukele defiende juicio masivo contra 486 pandilleros y cuestiona a críticos

    Bukele defiende juicio masivo contra 486 pandilleros y cuestiona a críticos

    El presidente Nayib Bukele defendió este miércoles el juicio colectivo contra 486 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha, acusados de miles de delitos, y cuestionó las críticas emitidas por el exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth.

    El mandatario respondió a señalamientos del académico, quien calificó el proceso como “lamentablemente injusto”, en referencia al modelo de juicio masivo aplicado en el país bajo el régimen de excepción.

    “¿“Terriblemente injusto”?”, cuestionó Bukele, al tiempo que aseguró que los procesados no son delincuentes comunes, sino cabecillas de estructuras criminales con antecedentes por delitos graves.

    El presidente afirmó que los imputados han sido responsables de ordenar al menos 47,000 crímenes, incluyendo más de 29,000 asesinatos, según datos presentados por las autoridades.

    “Estos 486 terroristas no son delincuentes comunes. Son líderes de bandas criminales bien conocidos, la mayoría ya condenados por delitos que cometieron personalmente, incluyendo asesinato, violación (a menudo seguida de asesinato), extorsión y secuestro”, expresó el mandatario.

    Bukele también defendió la figura legal utilizada en el proceso, al compararla con precedentes históricos.

    “El único aspecto “novedoso” es responsabilizar a los cabecillas por los crímenes cometidos por sus organizaciones. No inventamos ese principio. Se llama “responsabilidad de mando” y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg”, sostuvo.

    En esa línea, el gobernante cuestionó directamente la postura de Roth. “¿También estás en contra de esos juicios?” (de Núremberg) ¿O simplemente aplicas la lógica de “es bueno para mí, pero no para ti”?”, agregó.

    Por su parte, la Fiscalía General de la República confirmó que este grupo enfrenta por primera vez un proceso bajo la modalidad de macroaudiencia única, tras reformas legales aprobadas en 2023.

    Entre los acusados se encuentran 21 de los 22 principales líderes de la Mara Salvatrucha, quienes serán procesados en conjunto por su presunta participación en estructuras criminales.

    La implementación de estos juicios colectivos forma parte de las medidas adoptadas durante el régimen de excepción, vigente desde 2022, en el marco de la estrategia de seguridad del Gobierno.