La Fiscalía Departamental de Tarija, en el sur de Bolivia, presentó este martes una acusación formal contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata agravada de personas, lo que marca un paso decisivo hacia el inicio de un juicio oral en su contra.
Sandra Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija, explicó que se llegó a esta etapa tras realizar un “minucioso análisis” de los informes y pruebas recolectadas desde que se abrió la investigación penal a finales de septiembre del año pasado.
“Vamos a estar a la espera de lo que establece el procedimiento penal. Una vez que el juez analice todo esto, tendrá que pasarlo al tribunal correspondiente para que señale día y hora para que se lleve adelante el juicio oral”, declaró en conferencia de prensa.
La acusación está relacionada con una denuncia que involucra a Morales en una supuesta relación con una menor de edad con la que habría tenido un hijo en 2016, mientras ocupaba la presidencia del país. En octubre de 2024, la fiscal Gutiérrez emitió una orden de captura contra el exmandatario, la cual fue ratificada por un juzgado local.
El proceso judicial se intensificó este año cuando Morales fue declarado en rebeldía por un tribunal, luego de que no se presentara a dos audiencias alegando problemas de salud. La incomparecencia provocó que se activaran medidas judiciales para avanzar con el caso.
La situación ha generado fuertes tensiones políticas. Durante 2024, seguidores del exgobernante bloquearon carreteras para evitar su detención. Desde octubre del año pasado, Morales no ha salido del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, donde permanece resguardado por cientos de militantes y dirigentes aliados.
Este proceso penal representa uno de los mayores desafíos legales que ha enfrentado el exmandatario desde su salida del poder, y podría tener implicaciones significativas para el futuro político del líder cocalero.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Josué Alexander Romero López, de 19 años, conocido como alias «Zuri», señalado de pertenecer a la pandilla MS13 y de participar en actividades de narcomenudeo en la colonia Guayacán, del municipio de Soyapango, en San Salvador Este.
Según un reporte policial, Romero López fue ubicado gracias a denuncias ciudadanas publicadas en redes sociales, en las que lo señalaban por amedrentar a los habitantes de la zona. Su detención se llevó a cabo tras labores de inteligencia desplegadas en ese sector.
Las investigaciones indican que el detenido era responsable del narcomenudeo local y vigilaba los movimientos de las autoridades en los accesos a las colonias. “No volverá a intimidar a las familias”, publicó la corporación policial en su cuenta oficial de X.
Este arresto se suma a los operativos que continúan desarrollándose bajo el régimen de excepción, que fue instaurado el 27 de marzo de 2022. El pasado viernes 17 de octubre, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, reportó que un total de 89,875 personas han sido capturadas desde el inicio del régimen, de las cuales 82,078 están siendo procesadas por vínculos con estructuras criminales.
El fiscal también indicó que, entre los detenidos, 81,818 son adultos y 260 menores de edad. La mayoría aún se encuentra en la fase de instrucción y sin una sentencia definitiva.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 10 años de cárcel a José Isaías Retana Castellón por el delito de hurto de semovientes (vacas, reses) con agravación especial en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que Retana Castellón cometió los delitos entre 2022 y 2023, cuando trabajaba para el propietario de los animales, residente en Estados Unidos.
El hombre era corralero en el cantón de Tierra Blanca, en Chirilagua, municipio de San Miguel Centro.
La víctima fue alertada por habitantes de la zona, sobre la venta de sus animales por parte de Retana Castellón.
La FGR dijo que el propietario de los animales de granja no pudo identificar cuántos animales fueron hurtados por Retana Castellón.
Como parte de la condena, el hombre fue obligado a pagar $14,400 en concepto de responsabilidad civil a la víctima.
Condena
Las penas relacionadas con el hurto de ganado fueron reformadas en 2022, por parte de la Asamblea Legislativa.
Las reformas al Código Penal incluyeron los artículos 208, 212, 2014 y 222, con el fin de volver más duras las condenas relacionadas a estos delitos.
De esta manera, las penas interpuestas rondarán de los 5 a 10 años de prisión por el delito de hurto agravado de ganado, mientras que el robo agravado de semovientes se castigará con 6 a 12 años de cárcel.
El Juzgado para una Vida Libre de la Violencia para las Mujeres de Santa Ana condenó a 40 años de cárcel a José Óscar Canales Hernández por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su pareja, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades fiscales indican que los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2020, sobre la calle de El Matazano, en Soyapango, San Salvador Este.
Según la FGR, el hombre fue condenado en ausencia y se giró una difusión roja para que la policía internacional pueda apoyar con la ubicación y captura del homicida.
La Fiscalía dijo que la víctima caminaba sobre la arteria cuando José Benjamín Escobar Escobar se bajó de un auto blanco y le disparó por la espalda.
Escobar Escobar se dirigió a una gasolinera en el distrito de Ciudad Delgado, municipio de San Salvador Centro, donde se reunió con Canales Hernández y cambiaron de vehículo. Las autoridades fiscales confirmaron que ambos sujetos mantuvieron una comunicación antes, durante y después del feminicidio.
La FGR solicitó una autopsia psicológica en la víctima con la que se comprobó que sufría violencia psicológica, física y económica por parte de Canales Hernández.
Por este caso, la FGR confirmó la condena de 25 años de prisión para Escobar Escobar, decretada el 27 de febrero de 2023, mientras que Josué Vladimir Leiva Portillo fue sentenciado a 20 años de cárcel por comprobarse su vinculación al manejar el vehículo en el que se conducía el sicario.
Ambos hombres ya guardan prisión y purgan sus penas.
Captura por intento de asesinato en Chalatenango
En otro hecho, la FGR ordenó la captura de Kevin Alexis Calles Pérez por haber intentado asesinar a un hombre en Chalatenango, municipio de Chalatenango Sur.
La Fiscalía dijo que el crimen se cometió el 18 de septiembre de 2025, cuando la víctima se dirigía a su casa y Calles Pérez salió a su encontró, lo tomó del cuello e intentó asfixiarlo.
Posteriormente, lo tiró al suelo, lo golpeó varias veces en la cabeza y lo dejó inconsciente.
Calles Pérez se dio a la fuga pero, posteriormente, fue capturado y en los próximos días será presentado a los tribunales por el delito de homicidio tentado.
FGR ordenó capturar a sujeto que intentó asesinar a un hombre en Chalatenango. /FGR
En prisión
La FGR también logró que William Armando Cañas Pacheco, Carlos Adonay Martínez Alas y Wilmer Alexander Portillo se mantengan en detención por estar relacionados a un homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
La fiscal del caso dijo que ya se cuenta con el señalamiento de audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz en San Salvador, luego de presentarse el requerimiento con instrucción formal pidiendo la medida de detención provisional.
Cañas Pacheco también es acusado de posesión, tenencia con fines de tráfico y resistencia.
Según la fiscal, los hechos que se atribuyen ocurrieron el 24 de septiembre de 2025, en una casa abandonada sobre la alameda Juan Pablo II en donde, a través de engaños, llevaron a la víctima identificada como Edwin Alexander, y Cañas Pacheco le quitó la vida con una piedra con la ayuda de los otros dos hombres.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre este caso al detallar que la víctima, de 24 años, fue asesinada por la expareja de su novia.
William Armando Cañas Pacheco, Carlos Adonay Martínez Alas y Wilmer Alexander Portillo acusados de asesinar a un joven el 24 de septiembre de 2025. /FGR
Detención por homicidio en Comasagua
La FGR también informó sobre la petición de detención provisional en contra de José Rigoberto Belis Trigueros, acusado de feminicidio agravado y fraude procesal.
El fiscal del caso dijo que los hechos ocurrieron el 18 de septiembre en Comasagua, La Libertad Sur. Durante la mañana la víctima discutió con su compañero de vida, Belis Trigueros, el cual terminó sacando un arma de fuego y disparando en contra de su pareja.
“Los vecinos determinaron que era una relación violenta en el cual el día a día era de discusión y ese fue el motivo por el cual en el calor de la discusión es el señor José Rigoberto Belis Trigueros el que ejecuta el disparo a la víctima y le causa la muerte”, puntualizó el fiscal.
El hombre trató de “simular” que la víctima se había suicidado, pero las investigaciones evidenciaron que se trataba de un feminicidio.
Belis Trigueros fue capturado por la PNC el mismo día del homicidio y se indicó en su momento que tenía antecedentes por lesiones.
El caso fue catalogado con reserva total y pasará a fase de instrucción.
José Rigoberto Belis Trigueros acusado de asesinar a su pareja en Comasagua. /FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) junto con la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron una vivienda y localizaron 44 cajas de cigarrillos contrabandeados en el cantón El Brujo, distrito de Metapán, municipio de Santa Ana Norte.
A través de redes sociales, la FGR dijo que la mercadería ingresó a El Salvador a través de un orificio de un muro perimetral de la propiedad, que conecta con Guatemala.
“Con estas operaciones de Estado, ejecutadas en conjunto con el Gabinete de Seguridad, se reafirma el compromiso de combatir a las estructuras dedicadas al contrabando de mercadería”, indicó la Fiscalía en su comunicado.
Las autoridades no confirmaron si en relación al caso hubo personas capturadas o en proceso de investigación.
Sin embargo, en las fotografías compartidas por la FGR se evidencia que los cigarrillos pertenecen a la marca “Modern”, que no tiene permisos para ser comercializadas en El Salvador.
Un nuevo caso
Este último reporte se suma al cargamento de contrabando de cigarrillos que fue detectado en la misma comunidad de Metapán en agosto de 2025.
La Fuerza Armada de El Salvador (Faes) informó en ese momento sobre la localización de dos camionetas abandonadas en el distrito de Metapán con cigarrillos de contrabando.
En ese momento fueron 62 cajas valoradas en $86,800, correspondientes a la marca Modern.
La Fiscalía francesa pidió este jueves 12 años de cárcel para el violador de Gisèle Pelicot, Husamettin D., tres más de los 9 años a los que fue condenado hace un año en el juicio celebrado en primera instancia en Aviñón, al sur de Francia.
El fiscal Dominique Sié manifestó su convencimiento de que el tribunal lo declarará culpable este mismo jueves, cuando se dicte sentencia. “Es un hombre completamente responsable de sus actos, que ha cometido un acto monstruoso”, dijo ante la corte, mientras el acusado no mostraba ninguna reacción.
La petición del Ministerio Público es la misma que en el primer juicio, en el que fueron condenados 51 hombres por agresión sexual y violación, con el exmarido, Dominique Pelicot, como principal responsable, y que asumió el máximo castigo de 20 años de prisión.
El alegato del fiscal recordó la nula evolución de Husamettin D., que sigue negando la violación a pesar de los 14 vídeos de alrededor de media hora de duración en total que prueban el delito, tal y como aseguró el martes el director de la policía judicial de Aviñón, Bosse Platière, quien lideró la investigación del caso Pelicot.
“Los vídeos son claros, en ningún momento puede haber dudas”, afirmó.
Además de negar los hechos, Husamettin D. aseguró ser una víctima. “¡Este hombre es un psicópata, caí en su trampa!”, exclamó este miércoles ante el tribunal.
A pesar de que ahora se juzga una noche de violaciones, este caso es tan sólo una parte de lo que sufrió la víctima durante casi una década.
Dominique Pelicot administraba altas dosis de somníferos y ansiolíticos a su esposa diluidos en la comida, poco después ella entraba en un sueño profundo -al borde del coma, según los expertos- y era entonces cuando él y los otros hombres aprovechaban para cometer los delitos.
Todas las violaciones quedaban registradas en centenares de fotos y vídeos que Dominique Pelicot hacía, con el conocimiento de los otros violadores, que en ocasiones alzaban un pulgar en alto frente a la cámara, mientras ella yacía completamente inerte.
Estaba manipulado, dice la defensa
La defensa de Husamettin D. aseguró que su cliente estaba completamente manipulado por el exmarido y por eso no fue responsable de sus actos.
“El señor D. no podía luchar contra Dominique Pelicot, no más que Gisèle Pelicot”, argumentó su abogada, Sylvie Menvielle. “Les pido que tengan dudas”, pidió al tribunal su otro abogado, Jean-Marc Darrigade. Esta tarde se espera la sentencia.
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó el jueves a 30 años de prisión a María Antonia Preza Hernández por el homicidio de su recién nacida en Monte San Juan, Cuscatlán Sur.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo en un comunicado que Preza Hernández fue encontrada culpable del delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión.
La FGR recordó que el delito se cometió el 30 de marzo de 2024.
Según las indagaciones de las autoridades, la mujer estaba embarazada y cuando sintió las contracciones se dirigió a la fosa séptica en donde comenzó labor de parto sin solicitar ayuda a sus familiares.
El caso
La mujer tuvo una bebé y, según la FGR, no intentó impedir que su recién nacida falleciera.
“Limpió la evidencia en la escena y luego se fue a acostar”, puntualizó la Fiscalía en su comunicado.
El caso fue reportado a la Policía Nacional Civil (PNC) tres días después por familiares de Preza Hernández, cuando se encontró el cuerpo de la menor en la fosa.
La prueba pericial, por medio de la autopsia, estableció que la menor nació con vida y respiró al nacer, pero que se asfixió por obstrucción de sus vías respiratorias.
Este caso pertenece a una racha de seis asesinatos en menores de edad que se reportaron entre marzo y abril de 2024.
La bebé asesinada en Monte San Juan fue la segunda de la lista. El primer reporte se divulgó el 31 de marzo de 2024, cuando la PNC detuvo a Ada Estefani Mata por haber asesinado a su hijo luego de que este naciera.
El 7 de marzo de 2025, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla decretó una condena de 35 años de prisión para Mata por asfixiar y mutilar al recién nacido.
El caso de Monte San Juan fue reportado hasta el 3 de abril y cinco días después, el 8 de abril, se confirmó que un menor de ocho meses fue trasladado desde Usulután al hospital de niños Benjamín Bloom, en San Salvador, donde murió.
El 14 de abril de 2024 otro recién nacido fue lanzado en una cuneta en Quezaltepeque, en el municipio de La Libertad Norte.
El 15 de abril se reportó el hallazgo del cadáver de un bebé en los baños de un centro comercial de Soyapango, San Salvador Este. Según la delegación de Izalco, el hecho ocurrió el 16 de abril a las 4:30 p.m.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 20 años de cárcel a José Rigoberto Ramírez por violar a una niña en San Jacinto, San Salvador, municipio de San Salvador Centro.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que el hombre fue condenado bajo el delito de violación en menor incapaz.
Las investigaciones fiscales apuntan a que el hombre aprovechaba a abusar sexualmente de la menor cuando ella se quedaba sola en su casa.
Los hechos fueron descubiertos por un familiar de la víctima que impuso la denuncia de forma inmediata luego de enterarse.
Otro caso
Este 1 de octubre, la FGR también informó sobre una condena de 52 años de prisión en contra de David Antonio Pérez Barrera, por los delitos de violación en menor o incapaz agravada continuada, violación agravada, agresión sexual en menor o incapaz continauda.
La pena fue impuesta por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador.
Las autoridades fiscales indicaron que Pérez Barrera era cercano a la familia de la menor, y que amenazó a la víctima con asesinar a sus padres si revelaba lo sucedido.
La víctima quedó embarazada producto de las violaciones que, según la FGR, ocurrieron entre el 2020 y el 2024 en el distrito de Guazapa, San Salvador Norte.
La Fiscalía General de la República (FGR) giró 32 órdenes de captura en contra de diversos delincuentes acusados de homicidio, extorsión, agresión sexual, estafa y pornografía.
Entre los implicados en estos delitos está Ángel Odilio Umanzor Arias y Damaris Paola Hernández Rodríguez acusados de homicidio agravado, aunque la Fiscalía no aclaró si pertenecen a casos diferentes.
También está Luis Fernando Velásquez Martínez, acusado de delito de extorsión agravada, mientras que Glenda Saraí Silva Mejía será procesada por homicidio.
La FGR aseguró que Rafael Alberto Osorio Ramírez y Toribio Santos Andrés cometieron administración fraudulenta.
Por su parte, la FGR giró orden de aprehensión en contra de Henry Humberto Serrano Vicente, por los delitos de violación y otras agresiones sexuales.
Los casos
A través de una publicación, la FGR dijo que uno de los casos está relacionado con un hombre que pagó a miembros del Barrio 18 para que asesinara a una persona que le había denunciado por estafa.
Las autoridades fiscales también señalaron que entre los capturados hay una persona acusada de estafar a una víctima con una fuerte cantidad de dinero para enviarla a pandilleros recluidos en los centros penales.
La FGR dijo que todos los detenidos serán implicados ante los tribunales en los próximos días, sin dar una fecha exacta del inicio del proceso.
La Fiscalía General de la República informó que han desmantelado una red criminal que se encargaba de robar, hurtar y lavar dinero por medios informáticos, redes sociales y que usaba las cuentas bancarias de salvadoreños como «mulas financieras», en un caso denominado «Escudo Virtual».
La investigación inició desde mayo de 2025 contra esta red transnacional integrada por colombianos, ecuatorianos, venezolanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, informó el fiscal general, Rodolfo Delgado.
«Hemos desmantelado una estructura criminal que operaba por medios informáticos y redes sociales, cometiendo delitos de estafas, hurtos y en el peor de los casos el delito de lavado de dinero y activos. Esto lo realizaban mediante el uso de mensajes y reclutaban a salvadoreños para que prestaran sus cuentas bancarias para realizar transacciones bancarias y posteriormente el dinero era transferido al extranjero, hacia los verdaderos cerebros detrás de esta operación criminal», indicó el fiscal.
Los estafadores engañaban a las personas ofreciendo empleos, créditos inexistentes, alquileres ficticios, falsas maletas en aduana y supuestas inversiones.
La investigación arrojó que la red ha movido un aproximado de $6 millones, canalizado por cuentas bancarias, remesas y plataformas digitales, «y muchas de estas cuentas bancarias han sido prestadas por ciudadanos salvadoreños, qu estaban totalmente conscientes que era una actividad ilícita, la que estaban realizando», dijo Delgado.
Los salvadoreños facilitaban sus cuentas bancarias para recibir fondos de las personas estafadas, y los estafadores pedían que luego transfirieran los fondos, quedándose con un porcentaje a cambio. A quienes facilitaban sus cuentas para cometer los ilícitos les denominan «mulas financieras».
El fiscal dijo que en este caso se han girado 130 órdenes de captura, cuatro personas de nacionalidad colombiana, un venezolano, dos guatemaltecos y 123 salvadoreños.
«En esta primera fase, 114 personas ya han sido capturadas, 30 fueron detenidos en el acto de cometer el delito y 84 que han sido detenidas mediante operativos simultáneos de la Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Fuerza Armada que han realizado en distintos puntos del país». Rodolfo Delgado, fiscal general.
También dijo se han incautado 80 teléfonos celulares, más de $33,000 en efectivo y tarjetas bancarias utilizadas para cometer los ilícitos.
El fiscal aseguró que esta es una primera fase, pero que las investigaciones continúan.
