Etiqueta: Fiscalía

  • Expolicía que extorsionaba transportistas pasará 15 años en prisión

    Expolicía que extorsionaba transportistas pasará 15 años en prisión

    Óscar Antonio Viscarra Pérez fue condenado a 15 años y un mes de prisión por extorsionar a dos transportistas mientras este fungía como agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

    La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que la condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de La Unión por el delito de extorsión agravada.

    Según las investigaciones fiscales, valiéndose de su cargo como policía, Viscarra intimidó y extorsionó a estas personas en el distrito de Anamorós, en La Unión Norte.

    Viscarra también fue obligado a pagar una responsabilidad civil de $300 y fue inhabilitado como agente de forma absoluta.

     

    El caso

    El delito se remonta a marzo de 2024, cuando el procesado exigió a las víctimas un pago mensual a cambio de dejarlos trabajar.

    “De lo contrario les ‘decomisaría’ los vehículos y los amenazó de muerte si lo denunciaban”, arrojó la investigación fiscal.

    Los transportistas entregaron el dinero exigido por Viscarra en marzo de 2024, en el puesto de la PNC de Anamorós. Este pago se volvió a repetir dos veces más en abril de ese año.

    Aparte del dinero en efectivo, el expolicía exigió a una de las víctimas pagar por repuestos para un vehículo que había adquirido en Santa Rosa de Lima, en el mismo municipio.

    Finalmente, los transportistas denunciaron el crimen en mayo de 2024. El hombre fue capturado cuatro meses después, en septiembre del mismo año, por orden de la FGR.

  • Hombre que violó a niña de 10 años en Sonsonate fue condenado a 22 años de prisión

    Hombre que violó a niña de 10 años en Sonsonate fue condenado a 22 años de prisión

    El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate condenó a 22 años de prisión a Saúl Ernesto Solórzano por violar a una niña de 10 años en Sonsonate.

    La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que el hombre fue condenado por el delito de violación en menor e incapaz agravada en perjuicio de una menor de edad.

    Según la Fiscalía, la preadolescente fue abusada tres años por el hombre, desde los 10 hasta los 13 años.

    Las investigaciones fiscales revelaron además que el imputado tenía una pareja a la que ejercía violencia doméstica.

    Pero el 21 de mayo de 2023, Solórzano huyó de su hogar y se llevó consigo a la menor de edad. El hombre desapareció a la niña y amenazó a la madre de la víctima para que no la siguiera buscando.

    Tras la privación, Solórzano abusaba de la niña cuando regresaba de trabajar a su casa. La Fiscalía no reveló qué ocurrió con la menor.

    Pago a familiares

    Por su parte, Pedro Antonio Carranza Trejo fue condenado a 20 años de prisión por el delito de violación en menor e incapaz agravada en modalidad continuada en perjuicio de una preadolescente, por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.

    El delito se perpetró en el distrito de Santiago Texacuangos, municipio de San Salvador Sur, entre el 2021 y el 2023.

    La FGR dijo que Carranza Trejo frecuentaba a la menor porque era conocido de su familia.

    El hombre acordó darle dinero a los responsables de la niña para abusar sexualmente de ella.

    La menor fue violentada durante tres años y, tras las constantes agresiones, quedó embarazada. Según la FGR, la víctima no denunció porque Carranza Trejo la manipuló para no proceder.

    La Fiscalía dijo que la joven también padece un tipo de discapacidad mental, según reportes médicos, y que las violaciones hacia la víctima se confirmaron a través de investigaciones y exámenes.

    Carranza Trejo fue parte de los detenidos en la operación “Valquiria”, ejecutada por la Policía Nacional Civil (PNC) en julio de 2023, la cual estuvo dirigida en desarticular y arrestar agresores sexuales.

    Junto a este hombre otras 12 personas fueron detenidas en ese momento.

  • Condenan a 28 años a hombre al que se le decomisaron más de $94,000 en drogas

    Condenan a 28 años a hombre al que se le decomisaron más de $94,000 en drogas

    El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a 28 años de cárcel a William César Leiva Hernández, por los delitos de tráfico ilícito en modalidad de concurso real y casos especiales de lavado de dinero y activos.

    La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que el hombre fue capturado en octubre de 2023 con cocaína valorada en $25,426.99, cuando se movilizaba en su vehículo sobre el bulevar Orden de Malta, en el distrito de Antiguo Cuscaltán, municipio de La Libertad Este.

    En ese momento, la FGR aseguró que se procedió al allanamiento de la vivienda de Leiva Hérnandez en la colonia Escalón en San Salvador.

    El hombre fue enviado a juicio en agosto de 2024, tras acusarle de movilizar dos paquetes de droga equivalente a 900 gramos de cocaína.

    En su momento, las autoridades fiscales indicaron que en la vivienda se encontraron 80 cajas Rivotril y 5.5 kilogramos de cocaína escondidos en una caja fuerte, así como $10,000.

    Cierre del caso

    Este martes, la FGR dijo que el total de cocaína decomisada en la vivienda del hombre rondó los $3751 gramos.

    Según la FGR, el decomiso de droga resguardada por Leiva Hernández ascendió a $94,315.22.

    A esto se suma que, durante el allanamiento, se encontraron $14,780 en efectivo, de los cuales no pudo justificar su procedencia legal.

  • Una mujer fue detenida por explotación sexual de menores en Sonsonate

    Una mujer fue detenida por explotación sexual de menores en Sonsonate

    Las autoridades detuvieron este lunes a Sandy Camila Méndez Rodríguez por los delitos de trata de personas agravada en modalidad de explotación sexual, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

    La mujer fue detenida por orden de la Fiscalía y, según las investigaciones, Méndez Rodríguez era la encargada de ubicar y contactar a las víctimas.

    Luego de ubicarlas, las llevaba a un hostal conocido como La Montaña, en el cantón Salinas de Ayacachapa, Sonsonate, municipio de Sonsonate Centro.

    La FGR indicó que en este lugar la mujer promovía a las víctimas sexualmente y cobraba dinero.

    Según las autoridades, se trataba de menores de edad que eran explotadas sexualmente por Méndez Rodríguez.

    Relacionado con este caso, el dueño de La Montaña fue previamente detenido el 23 de agosto de 2025.

    Posibles condenas

    El Código Penal plantea en su artículo 367 literal B, que la trata de personas se refiere a aquellas personas u organizaciones nacionales o internacionales que por obtener un beneficio económico reclute, transporte, traslade, acoja o recepte personas para diferentes actividades, incluida la explotación sexual y prácticas de esclavitud.

    Por este delito la pena que puede ser dictada podrá variar de cuatro a ocho años de prisión.

    Sin embargo, la ley incluye en el apartado de “agravante” del delito de trata de personas cuando la víctiam fuese menor de 18 años o incapaz.

    En estos últimos casos la sanción será de la pena máxima correspondiente aumentada hasta una tercera parte del máximo, así como inhabilitación de su profesión durante el tiempo de duración de la condena.

     

     

  • Detienen a un profesor en redada por usar fotos de alumna en caso de pornografía

    Detienen a un profesor en redada por usar fotos de alumna en caso de pornografía

    La Fiscalía General de la República (FGR) giró 14 órdenes de captura contra supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) y del Barrio 18 relacionadas con diversos delitos cometidos en el occidente del país, entre los que figura, el de un profesor acusado de uso de una alumna en un caso de pornografía.

    El presunto maestro fue identificado como Miguel Ángel Villeda Mejía, quien será acusado del delito de pornografía a través del uso de la tecnología de la información y la comunicación agravada, así como de utilización de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de tecnologías de la información agravada.

    La FGR dijo que el hombre era profesor de educación física en un centro educativo en donde estudiaba la víctima.

    Los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024 y, según la investigación fiscal, el hombre persuadió a la víctima y le solicitó bajo engaños fotografías.

    Villeda Mejía amenazó a la víctima de no contar a nadie lo sucedido, hasta que la mamá descubrió los abusos e interpuso la denuncia.

    Estafa

    Entre las órdenes de captura también está la de Rodolfo Quijada Sanabria, acusado del delito de estafa agravada.

    La FGR aseguró que el hombre fue denunciado luego de proponerle a la víctima que invirtiera en la compra de ganado a cambio de una ganancia mensual relacionada con el trato.

    “La víctima le entregó $70,000 y como garantía Sanabria le dio un cheque por la misma cantidad, el cual podía cambiar cuando quisiera y así recuperar su capital”, indicó la Fiscalía.

    Trascurrido un tiempo, la persona solicitó a Quijada Sanabria las ganancias o la devolución del dinero, pero no tuvo respuesta. También intentó cambiar el cheque pero en la agencia bancaria se le informó que la cuenta estaba bloqueada.

    Junto con la captura se realizaron allanamientos, incautación de teléfonos y otros objetos.

  • SC sanciona dos empresas de seguridad privada por acordar precios en licitaciones públicas

    SC sanciona dos empresas de seguridad privada por acordar precios en licitaciones públicas

    La Superintendencia de Competencia (SC) emitió una sanción contra dos empresas de seguridad privada por acordar precios en licitaciones públicas.

    En un comunicado, la Superintendencia detalló que una investigación de oficio reveló que las empresas SIEDES y MUINSA habrían incurrido en una práctica anticompetitiva, prohibida en la Ley de Competencia, al sostener un acuerdo de fijación de precios.

    Competencia señaló que cada empresa fue multada con $146,000, es decir, que ambas suman $292,000, que equivalen a 400 salarios mínimos mensuales y un 10 % de las ganancias del último período fiscal.

    “La medida equilibra el funcionamiento de sus operaciones dentro del mercado, pero mantiene un carácter inhibidor a la práctica no competitiva”, sostuvo la SC.

    La resolución de la Superintendencia ordena también el cese de la práctica entre las empresas, según lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Competencia.

    La SC agregó que los servicios de seguridad son requeridos principalmente en el Ministerio de Economía y la Fiscalía General de la República. La investigación encontró que entre 2020 y 2023, el valor de la contratación a las empresas superó los $2.94 millones.

    “Con sanciones como esta, la SC disuade a las empresas que abusan de los procesos de licitaciones para que el dinero de los salvadoreños, recolectado a través de los impuestos, se traduzca en obras y servicios de calidad, y no sea desviado por la manipulación de compras públicas con intereses particulares”, añadió.

    La institución indicó que el mercado de seguridad en América Latina crecerá un 4.1 % entre 2025 y 2034, por lo cual la vigilancia activa es crucial para prevenir cualquier práctica anticompetitiva.

  • La Fiscalía recuperó al Estado cerca de $22 millones entre junio 2024 y mayo 2025

    La Fiscalía recuperó al Estado cerca de $22 millones entre junio 2024 y mayo 2025

    La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Adjunta de la Defensa de los Intereses del Estado, recuperó cerca de $22 millones entre junio de 2024 y mayo de 2025, según detalla la Memoria de Labores de la institución.

    De acuerdo con los datos expuestos en el informe del Ministerio Público, dicha unidad especializada recuperó un total de $21,923,904.62 en beneficio del Estado salvadoreño.

    Los ingresos provienen de diversas acciones legales y administrativas dirigidas para resarcir daños al patrimonio estatal, en los que se incluyen la recuperación de impuestos, sanciones, cobros por responsabilidades civiles, reintegros, multas y cumplimiento de sentencias.

    La Fiscalía detalla que entre los principales rubros de recuperación están $6,006,873.95 de impuesto sobre la renta, $4,193,415 correspondientes a casos de evasión penal de renta e Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como $2,735,656.29 en concepto de multas, $1,729,422.25 por IVA, y $3,484,256.64 en garantías.

    El informe también describe otras fuentes de recuperación, entre ellas peculado, donde se registró $75,891.85; mientras que por cumplimiento de contrato fueron $2,256,927.73 y por contrabando de mercancías se recuperó un total de $35,976.80, según las cifras de la FGR.

    En el caso de multas tributarias relacionadas con evasión de impuestos se registraron $145,945.09 recuperados, mientras que en casos de aranceles por evasión fiscal se obtuvieron $222,260.99.

    A estos se suman otros rubros de recuperación como cohecho propio, daños materiales, canon de arrendamiento, responsabilidad civil, hurtos, multas laborales y daño ambiental.

    Otros fondos recuperados

    Por otra parte, la Fiscalía General de la República indicó que a través de la Unidad Penal del Estado, se iniciaron 1,823 casos en distintas zonas del país. De estos, 1,107 corresponden al departamento de San Salvador, donde se logró recuperar un monto de $4,863,887.60.

    En Santa Ana se reportaron 529 casos y una recuperación de $1,359,635.89, mientras que en San Miguel se atendieron 187 casos, con un monto recuperado de $140,821.24. El total recuperado por esta unidad asciende a $6,364,344.73.

    En la Unidad de Impuestos, el Ministerio Público reportó la apertura de 1,824 expedientes relacionados con estados de cuenta y presentó 33 demandas judiciales. Esta unidad recuperó un total de $7,106,419.96, superando el monto inicialmente demandado, que fue de $4,592,143.67 dólares.

    En cuanto al área civil, la Unidad Civil reportó la presentación de 47 demandas y obtuvo 15 sentencias favorables. Se realizaron 1,830 intervenciones judiciales y se iniciaron 1,124 casos. Entre las intervenciones se encuentran audiencias conciliatorias, inspecciones, demandas civiles y mercantiles, así como obtención de títulos a favor del Estado. El monto recuperado mediante cobro administrativo fue de $87,960.

    La Unidad de Juicios de Cuentas y Multas registró un total de 3,473 casos relacionados con multas, 329 juicios de cuentas y 14 procesos vinculados a otras obligaciones. El monto total recuperado por esta unidad fue de $7,445,003.06. Además, se realizaron más de 432 audiencias, 37 inspecciones, 23 sentencias condenatorias en apelación y 216 sentencias condenatorias directas.

    Además, las unidades de Administración de Justicia y Fe Pública informaron sobre 2,176 casos ingresados, 229 audiencias iniciales, 183 órdenes administrativas y 251 requerimientos presentados, entre otros procesos judiciales. Y en las Unidades de Medio Ambiente reportaron 605 casos ingresados, con 208 audiencias iniciales, 159 suspensiones condicionales y dos demandas civiles por daño ambiental, así como 81 sentencias condenatorias.

  • Condenan a 16 años de prisión y pagar $1,000 a hombre que agredió sexualmente a una menor

    Condenan a 16 años de prisión y pagar $1,000 a hombre que agredió sexualmente a una menor

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de prisión a Luis Armando Ramos Figueroa por el delito de agresión sexual en menor o incapaz, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

    Las autoridades también indicaron que Ramos Figueroa deberá pagar $1,000 en concepto de responsabilidad civil; sin embargo, el hombre fue sentenciado en ausencia.

    Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el 2019, en el distrito de Mejicanos, municipio de San Salvador Centro.

     

    El caso

    Las indagaciones apuntan a que la madre de la menor trabajaba como enfermera, en turnos rotativos, por lo que frecuentemente dejaba a la niña con su abuela.

    Pero un día no pudo y optó por pedirle a Ramos Figueroa que cuidara a la menor mientras la madre trabajaba.

    “Esa ocasión fue aprovechada por el imputado para agredir sexualmente a la menor”, indicó la FGR en un comunicado de prensa.

    La Fiscalía dijo que la mejor contó todo a su madre cuando esta regresó y decidió interponer una denuncia en una sede fiscal.

  • Destruyen más de 2,000 kilos de cocaína valorada en más de $53 millones

    Destruyen más de 2,000 kilos de cocaína valorada en más de $53 millones

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la destrucción de más de 2,000 kilos de cocaína valorada en más de $53 millones.

    El fiscal asignado al caso aseguró que la droga eliminada corresponde a tres casos de incautación efectuados por autoridades salvadoreñas entre julio y agosto de 2025.

    El 18 de junio de 2025, la Policía Nacional Civil (PNC) incautó 114 kilos de cocaína a los salvadoreños José Guillermo Arce Marín y Julio Alonso Revelo Martínez, a una milla náutica de la playa Toluca, en La Libertad.

    La FGR dijo que la segunda incautación se realizó el 11 de julio a 600 millas náuticas, al sur de la bocana de El Cordoncillo, en donde se decomisó mercadería con un peso de 1,326 kilos.

    En relación con este caso fueron capturados los ecuatorianos Rubén Darío Acevedo Cedeño y Polito Perlaza Moreno, así como Norberto Valencia Arrollo de origen colombiano.

    El tercer caso tiene relación con la captura de los guatemaltecos José Antonio Boteo Cruz y Nery Ubaldo Amaya Martínez, los cuales fueron detenidos por la PNC el 14 de agosto de 2025 en la playa Amatecampo, en San Luis Talpa.

    A ambos se les decomisaron 100 kilos de cocaína y, ese mismo día, se ejecutó una segunda incautación relacionada con este procedimiento.

    “En ese mismo día y procedimientos se realizó la incautación en playa Los Blancos, de San Luis, La Herradura, de 588 kilos de cocaína que estaba vinculada a los dos guatemaltecos”, puntualizó el fiscal del caso.

     

    Casos

    Arce Marí y Revelo Martínez ya fueron acusados por la FGR ante el Juzgado de Paz de La Libertad. La institución pidió que ambos hombres sigan detenidos mientras el proceso avanza.

    En el caso de Acevedo Cedeño, Perlaza Moreno y Valencia Arrollo, la FGR presentó a fines de junio una solicitud de imposición de medidas contra los tres hombres, todos acusados de tráfico ilícito de drogas.

    La Fiscalía también pidió prisión provisional por el delito de tráfico ilícito de drogas en contra de Boteo Cruz y Amaya Martínez.

  • Fiscalía pide reserva total del caso Argoz y mantener a 18 imputados detenidos

    Fiscalía pide reserva total del caso Argoz y mantener a 18 imputados detenidos

    La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó reserva total del proceso y que se mantengan bajo detención provisional mientras son investigados 18 personas imputadas de la supuesta defraudación en la lotificadora Argoz por un total de $46.2 millones.

    En una audiencia de imposición de medidas instalada el sábado, la Fiscalía informó que los 18 procesados son acusados de los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos.

    En el comunicado de prensa, señaló que los 18 impuestos están vinculados a un fraude en donde se ofrecían «lotificaciones que nunca se entregaron», por un valor de $46,271,000.49.

    La investigación fiscal, según la información, indicó que «operaban creando contratos de arrendamiento con promesa de venta a nombre de distintas sociedades» y «una vez terminaban de pagar, les entregaban cartas de cancelación pero no estaban inscritas en el Registro de la Propiedad porque no contaban con los permisos» de ley.

    Según la información de la FGR, para mantenerse en la impunidad, «crearon múltiples sociedades fachada conocida como Argoz», que esta «captó los fondos del público» y que se utilizaron las sociedades «para mover dinero aportado por los lotehabientes», «se apropiaron del efectivo», lo introdujeron al sistema financiero y posteriormente «hicieron préstamos al público, inversiones» y llevaban «una vida de lujos».

    La Fiscalía sostuvo que durante la administración judicial de la Corporación Argoz, S.A. y otros negocios ligados al caso ha logrado «legalizar 65,901 lotes a nivel nacional y entregar las escrituras a las víctimas que ya habían pagado totalmente los terrenos» y «no habían recibido los documentos que les acreditara como dueños».

    Imputados del caso Argoz en audiencia de imposición de medidas. / FGR.
    Una tercera imagen compartida por la FGR de la audiencia del caso Argoz. / FGR.