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  • El Salvador acumula 7,643 bitcoines con inversión de $622.3 millones

    El Salvador acumula 7,643 bitcoines con inversión de $622.3 millones

    El Gobierno de El Salvador posee actualmente 7,643 bitcoines como parte de su reserva estratégica, con una inversión que supera los $622.3 millones, según datos oficiales actualizados hasta mayo de 2026.

    Las cifras indican que entre enero de 2025 y abril de 2026 se adquirieron aproximadamente 1,633 unidades del criptoactivo, manteniendo una política constante de compras impulsada por el Ejecutivo.

    De acuerdo con registros oficiales, la adquisición de bitcóin ha continuado en los primeros días de mayo, con la compra de una moneda diaria, pese a que encuestas reflejan un rechazo del 90 % de la población a su uso cotidiano.

    El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal junto al dólar, como parte de la estrategia económica del presidente Nayib Bukele. No obstante, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional han condicionado acuerdos financieros al limitar el uso y compra de esta criptomoneda por parte del Estado.

    Además, la Asamblea Legislativa eliminó recientemente la obligatoriedad de aceptar el bitcóin y redujo la participación estatal en su implementación dentro de la economía nacional.

    Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado si la reserva acumulada será utilizada para financiar proyectos específicos en el corto o mediano plazo.

    En paralelo, el uso de billeteras digitales para el envío de remesas ha mostrado un crecimiento significativo en 2026, reflejando un cambio en los canales de transferencia de dinero.

    Según el Banco Central de Reserva, las remesas recibidas mediante criptomonedas crecieron un 49.7 % en el primer trimestre de 2026, alcanzando $17.38 millones.

    Este monto representa un aumento de $5.77 millones en comparación con el mismo período de 2025, cuando se registraron $11.61 millones. Sin embargo, en el acumulado anual de 2025, las remesas digitales cayeron un 32.5 %, totalizando $57.67 millones, lo que refleja la volatilidad en el uso de estos mecanismos.

     

     

  • Remesas en criptomonedas crecen 49.7 % en El Salvador en 2026

    Remesas en criptomonedas crecen 49.7 % en El Salvador en 2026

    Las remesas familiares enviadas a El Salvador mediante carteras de criptomonedas registraron un crecimiento de 49.7 % durante el primer trimestre de 2026, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

    Entre enero y marzo, estos envíos sumaron $17.38 millones, lo que representa un incremento de $5.77 millones respecto al mismo período de 2025, cuando alcanzaron $11.61 millones.

    A pesar del crecimiento, las remesas en criptomonedas continúan representando una porción reducida del total. En el primer trimestre de 2026 equivalieron al 0.71 % de los $2,435.59 millones recibidos en remesas generales.

    En comparación, durante el mismo lapso de 2025, este tipo de transferencias representó el 0.51 % de los $2,269.69 millones que ingresaron al país.

    Las cifras reflejan que, aunque el uso de activos digitales para el envío de dinero ha mostrado un repunte reciente, su participación dentro del flujo total de remesas sigue siendo marginal.

    En términos anuales, el comportamiento ha sido irregular. En 2025, el acumulado de remesas en criptomonedas cayó un 32.5 %, al cerrar en $57.67 millones, es decir, $27.83 millones menos que los $85.5 millones registrados en 2024.

    El Salvador adoptó el bitcóin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, junto al dólar estadounidense, en una de las principales apuestas económicas del Gobierno.

    Sin embargo, diversos estudios han señalado que más del 90 % de la población no utiliza de forma cotidiana esta criptomoneda, pese a los incentivos promovidos por las autoridades.

    Recientemente, tras un acuerdo por $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país modificó su marco legal y retiró al bitcóin su estatus de moneda de curso legal, además de limitar el rol del Estado en su uso y circulación.

     

  • El pago de intereses por la deuda rompió récord en 2025 tras superar los $1,755 millones

    El pago de intereses por la deuda rompió récord en 2025 tras superar los $1,755 millones

    El presupuesto que destinó el Ministerio de Hacienda para pagar los intereses por el servicio de la deuda marcó una cifra récord en 2025, luego de superar los $1,755.9 millones, según estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).

    El monto devengado aumentó en $135.2 millones respecto a los $1,620.7 millones reportados en 2024, equivalente a un crecimiento del 8.3 %.

    De acuerdo con el BCR, que retoma estadísticas del Ministerio de Hacienda, cada año aumenta el presupuesto asignado para el pago de intereses. Estas obligaciones rompieron por primera vez la barrera de los mil millones en 2020, cuando alcanzaron los $1,081.4 millones, en medio de una crisis fiscal derivada de la contracción económica de ese año por la pandemia de covid-19.

    El pago de los intereses es uno de los mayores compromisos del gobierno, derivado de la contratación de más deuda en condiciones menos favorables. En repetidas ocasiones, economistas han advertido que esto significa un sacrificio fiscal, ya que el Ejecutivo debe destinar más recursos a esta obligación en detrimento de proyectos de inversión pública.


    En ese sentido, el Banco Central registra que el pago de intereses representó un 18.07 % de los ingresos y donaciones que obtuvo el gobierno al término de 2025, cuando alcanzaron los $9,716 millones. Si solo se consideran los ingresos tributarios netos —un reflejo de la dinámica económica—, significaron un 21.8 %.

    El pago de intereses también superó a la inversión bruta ejecutada por el gobierno, que alcanzó los $1,569.7 millones, la mayor cifra registrada hasta la fecha en el registro del BCR que data de 1990.

    Advertencia de Moody’s Ratings

    En la última revisión a la calificación de Moody’s Ratings a El Salvador, la agencia modificó de estable a positiva la perspectiva de riesgo, pero mantuvo la nota en B3, bajo el argumento de que el gobierno aún enfrenta una alta carga de deuda y baja asequibilidad, lo que limita su fortaleza fiscal, aun con las mejoras experimentadas gracias al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    En su análisis, publicado el 6 de febrero, Moody’s señala que la relación entre intereses e ingresos fue del 18.4 % en 2025, mientras que la deuda pública representó un 88.3 % del producto interno bruto (PIB). “Están muy por encima de los pares calificados de manera similar”, indicó.

    “Incluso bajo nuestra línea de base, que incorpora la consolidación fiscal continua, estas métricas mejorarán solo gradualmente. Esperamos que la relación de deuda disminuya en el horizonte del programa hasta el 84.2 % para 2028 y que la asequibilidad de la deuda se deteriore un poco hasta el 19.5 %, a pesar de un acceso a los mercados más predecible”, advirtió.

    De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, un 24 % de la deuda pública está contratada a tasas mayores al 9 %, mientras que un 19 % tiene cupones entre 8 % y 9 %. Por un 34 % de los títulos se paga entre 6 % y 8 %, y el restante 23 % tiene intereses menores al 6 %.

  • Moody’s prevé mayor crecimiento económico, pero advierte alto peso de deuda e intereses en El Salvador

    Moody’s prevé mayor crecimiento económico, pero advierte alto peso de deuda e intereses en El Salvador

    Moody’s Ratings prevé un mayor desempeño de la economía salvadoreña, anclado a las mejoras fiscales, pero advirtió sobre la alta carga de la deuda pública y de los intereses.

    En su última revisión a la nota de la deuda salvadoreña, la agencia mejoró de estable a positiva la perspectiva de El Salvador, mientras mantuvo la calificación en B3.

    Esta decisión se sustenta principalmente en las señales de consolidación fiscal de El Salvador a través del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,400 millones, que establece un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB).

    Para la agencia, la consolidación fiscal ha permitido al Gobierno salvadoreño impulsar la inversión pública, al tiempo que se mantuvo estable el déficit del sector público no financiero (SPNF), sin que se sacrifique la actividad económica.

    Moody’s estima que el crecimiento del PIB real se aceleró de 2.6 % en 2024 a 4 % en 2025, y que continuará en 2026 en 3.1 %.

    Usualmente, cuando un país implementa un ajuste fiscal con un programa del FMI entra en un ciclo de bajo crecimiento por las duras medidas para reducir el gasto público y aumentar los ingresos, que derivan en menores recursos para la inversión pública, un detonante de la inversión privada.

    En el caso de El Salvador, “las mejoras relacionadas con la seguridad parecen estructurales más que cíclicas y han catalizado una mayor inversión privada, apoyando la dinámica de crecimiento a medio plazo y los esfuerzos de consolidación fiscal”, sostuvo la agencia.

    Alto peso de deuda

    Sin embargo, Moody’s advirtió que la alta carga de la deuda pública y el elevado costo de los compromisos limitan la fortaleza fiscal de El Salvador.

    La deuda pública cerró en 88.3 % como proporción del PIB en 2025, mientras que la relación entre intereses e ingresos fue de 18.4 %, muy por “encima de los pares calificados de manera similar”.

    “Incluso bajo nuestra línea de base que incorpora la consolidación fiscal continua, estas métricas mejorarán solo gradualmente. Esperamos que la relación de deuda disminuya en el horizonte del programa hasta el 84.2 % para 2028 y que la asequibilidad de la deuda se deteriore un poco hasta el 19.5 %, a pesar del acceso a los mercados más predecible”, añadió en el análisis.

    Moody’s estima que el déficit fiscal se redujo al 3 % del PIB en 2025, al menos 1.5 puntos porcentuales menos que el año anterior. Para 2026, prevé que continúe en descenso hasta 2.3 %, y que en 2027 se ubique en 2.7 %.

    Además, estima que las necesidades de financiamiento se reducirán de 18.3 % del PIB en 2024 a 9.8 % en 2025, y a 9.1 % en 2026. “Los continuos avances en este frente reducirán los riesgos de liquidez del gobierno”, indicó.

  • Moody’s mejora la perspectiva de riesgo de El Salvador a positiva por mejoras fiscales y crecimiento económico

    Moody’s mejora la perspectiva de riesgo de El Salvador a positiva por mejoras fiscales y crecimiento económico

    Moody’s Ratings mejoró este viernes la perspectiva de riesgo de El Salvador de estable a positiva, debido al reflejo de una consolidación fiscal y menores necesidades de financiamiento.

    En tanto, mantuvo en B3 la calificación de riesgo de la deuda salvadoreña, debido a que la carga de la deuda pública aún es elevada y persiste la vulnerabilidad ante eventos adversos, pese a las mejoras fiscales recientes.

    En un comunicado, Moody’s sostuvo que el “cambio de perspectiva a positivo refleja nuestra expectativa de que la consolidación fiscal sostenida, los amortiguadores de liquidez más fuertes y las menores necesidades brutas de financiamiento mejorarán gradualmente las métricas fiscales y crediticias de El Salvador”.

    La agencia de riesgo indicó que las políticas fiscales implementadas mediante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,400 millones, así como los avances en seguridad ciudadana, sustentan las proyecciones de un crecimiento del producto interno bruto (PIB) mayor al esperado y mejoras duraderas en el perfil crediticio.

    Para la agencia, los ingresos moderadamente más altos y el impulso a la inversión respaldan la fortaleza económica de El Salvador; sin embargo, advirtió que el tamaño de la economía y la limitada diversificación pesan sobre la capacidad del país para enfrentar eventos extremos. A ello se deben sumar, según el informe, los débiles controles y equilibrios institucionales.

    Mejoras fiscales

    Tras cerrar 2025 con un desempeño fiscal fortalecido, Moody’s indicó que “esperamos nuevas mejoras”.

    Recordó que el ajuste fiscal —parte del acuerdo con el FMI por 3.5 puntos del PIB— se ejecutó mediante recortes salariales y estrictos controles del gasto, lo que se contrastó con mayores ingresos fiscales derivados de controles aduaneros, el uso extendido de la factura electrónica y la ampliación de la base impositiva.

    Moody’s estima que el déficit fiscal se redujo al 3 % del PIB en 2025, al menos 1.5 puntos porcentuales menos que el año anterior. Para 2026, prevé que continúe en descenso hasta 2.3 %, y que en 2027 se ubique en 2.7 %.

    “Las medidas de consolidación permitieron a las autoridades impulsar la inversión pública manteniendo estable el déficit del sector público no financiero en términos nominales, sin un lastre fiscal para la actividad económica. El aumento de la inversión pública ha estimulado el sector de la construcción, lo que ha sido positivo para el crecimiento económico”, indicó la agencia.

    El crecimiento de la economía salvadoreña se ubicó en 4 % en 2025, y Moody’s pronostica que será de 3.1 % en 2026.

    Además, estima que las necesidades de financiamiento se reducirán de un 18.3 % del PIB en 2024 a un 9.8 % en 2025, y a un 9.1 % en 2026.

  • El Salvador compra 9,298 onzas de oro por $50 millones

    El Salvador compra 9,298 onzas de oro por $50 millones

    El Banco Central de Reserva (BCR) informó este viernes que adquirió 9,298 onzas troy de oro, valoradas en $50 millones, con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales del país.

    Esta es la segunda compra de oro realizada en menos de un año. El metal es considerado un activo de refugio para los inversionistas en ciclos de crisis económicas a nivel mundial. Tras mantener sin cambios sus tenencias, en septiembre de 2025 el BCR adquirió 13,999 onzas, valoradas en ese momento en $207.4 millones.

    Con esta segunda operación, El Salvador ha sumado 23,297 onzas de oro. Las reservas pasaron de 44,106 a 67,403 onzas, que, a la cotización del 29 de enero, de $5,411 por onza, están valoradas en $364.7 millones.

    “Esta operación, la segunda que realiza el Banco Central desde el año 1990, refleja el compromiso de fortalecer el patrimonio de El Salvador y de contar con reservas diversificadas, seguras y de largo plazo”, indicó el BCR en un comunicado.

    La institución recordó que el oro es un activo de valor estratégico universal que respalda la solidez financiera del país a largo plazo y protege la economía frente a cambios estructurales en los mercados internacionales.

    El fortalecimiento de las reservas internacionales es uno de los compromisos asumidos por el gobierno salvadoreño ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte del programa de financiamiento por $1,400 millones.

    De ese paquete, el BCR recibirá $570 millones, equivalentes al 40 %, destinados a incrementar las reservas.

    Las reservas internacionales son activos de los que disponen los países para atender necesidades temporales de liquidez y están constituidas por garantías de préstamos, oro, depósitos en bancos y derechos especiales de giro (DEG).

    Estas reservas funcionan como un colchón financiero cuando un país enfrenta problemas de liquidez. Los estándares internacionales establecen como referencia que cubran, al menos, tres meses de importaciones.

  • Remesas por criptomonedas cayeron 32.5 % en 2025 en El Salvador

    Remesas por criptomonedas cayeron 32.5 % en 2025 en El Salvador

    El Banco Central de Reserva (BCR) informó este miércoles que el ingreso de remesas familiares a través de billeteras de criptomonedas en El Salvador cayó un 32.5 % durante 2025, en comparación con el año anterior.

    De acuerdo con los datos de la entidad financiera, entre enero y diciembre del año pasado se recibieron $57.67 millones por esta vía, lo que representó una baja de $27.83 millones respecto a los $85.5 millones contabilizados en 2024.

    Este monto apenas representó el 0.57 % del total de $9,987.91 millones en remesas registradas en 2025, porcentaje inferior al 1 % alcanzado en 2024, cuando ingresaron $8,479.7 millones en total y se recibieron $85.5 millones en criptoactivos. La participación cayó así 0.43 puntos porcentuales en un año.

    En 2024, las remesas enviadas mediante criptomonedas habían mostrado un leve aumento de 3.1 % frente a los $82.93 millones reportados en 2023. Sin embargo, la tendencia se revirtió bruscamente el año pasado, reflejando el desinterés de los salvadoreños en el uso de criptoactivos para transferencias familiares.

    El Salvador adoptó el bitcóin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, en una apuesta impulsada por el presidente Nayib Bukele. No obstante, diversos estudios han confirmado que más del 90 % de la población ha rechazado su uso como medio de pago habitual.

    Aunque el Gobierno impulsó beneficios fiscales para atraer inversionistas en activos digitales, el respaldo ciudadano al uso del bitcóin se ha mantenido bajo. En el marco del acuerdo por $1,400 millones firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa retiró oficialmente al bitcóin su estatus de moneda de curso legal y limitó el papel del Estado en su circulación.

    Pese a ello, el Gobierno salvadoreño continuó adquiriendo bitcoines, una práctica que el FMI instó a suspender como condición del acuerdo. A finales de 2025, las reservas oficiales del criptoactivo alcanzaron las 7,517 unidades, lo que representó un incremento del 25 % respecto al año anterior, según cifras gubernamentales.

     

  • Ministro de Hacienda destaca en Panamá que acuerdo con el FMI impulsa el crecimiento y no sacrifica el gasto de capital

    Ministro de Hacienda destaca en Panamá que acuerdo con el FMI impulsa el crecimiento y no sacrifica el gasto de capital

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada, destacó este miércoles en un foro económico en Panamá que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impulsa el crecimiento de El Salvador sin sacrificar el gasto de capital.

    Posada participó en un panel, junto a sus homólogos de Jamaica, Panamá y Ecuador, como parte del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el CAF en Panamá, una reunión que recibió a presidentes de la región, ministros de Hacienda y financistas.

    La intervención de Posada comenzó con un recuento de las operaciones de pasivos realizadas desde 2022, cuando El Salvador atravesó una crisis de credibilidad en el mercado internacional después de no alcanzar un acuerdo con el FMI y aproximarse el pago de bonos en enero de 2023.

    Dichas operaciones concluyeron con la firma, en febrero de 2025, de un acuerdo de $1,400 millones con el Fondo Monetario, que contempla un ajuste fiscal de 3.5 puntos del producto interno bruto (PIB).

    Posada defendió que “muchas veces los acuerdos del FMI tienden a ser recesivos”, pero en el caso de El Salvador han impulsado el crecimiento económico, estimado en cerca del 4 % al cierre de 2025.

    “Estamos implementando un acuerdo con el FMI priorizando el gasto público, pero sin sacrificar el gasto de capital, que impulsa el crecimiento económico en el mediano y largo plazo”, dijo el funcionario.

    Bajo esta gestión, el superávit primario —diferencia entre ingresos y gastos sin incluir intereses— pasó de un 5 % del PIB en 2020 a un 1.9 % en 2025.

    Posada expuso que la política fiscal del gobierno de Nayib Bukele se centra en una “gestión activa y efectiva” de la deuda pública, la priorización del gasto público y el incremento sostenido de los ingresos tributarios.

  • Hacienda prevé bajar el déficit fiscal a 2.6 % del PIB en 2029

    Hacienda prevé bajar el déficit fiscal a 2.6 % del PIB en 2029

    El Ministerio de Hacienda prevé que el déficit fiscal se reduzca a un 2.6 % del producto interno bruto (PIB) en 2029, como parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Esta meta está contenida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2029, publicado en el portal de Transparencia Fiscal a finales del año pasado, donde se detallan los ajustes previstos en las finanzas públicas para contener el elevado nivel de deuda, en el contexto de un ajuste fiscal equivalente a 3.5 puntos porcentuales del PIB, acompañado por el FMI.

    Hacienda identifica como uno de los principales indicadores fiscales del sector público no financiero (SPNF) la reducción del déficit fiscal, con pensiones, el cual pasaría de un 3 % del PIB al cierre de 2025 a un 2.6 % en 2029.

    El déficit fiscal, en términos sencillos, ocurre cuando el gobierno gasta más de lo que recauda, principalmente por impuestos. Esta brecha suele financiarse con deuda, que en muchos casos se contrata en condiciones poco favorables y con tasas de interés elevadas.

    Este fenómeno genera un efecto acumulativo, ya que el aumento de la deuda y de los intereses obliga al Estado a destinar una mayor proporción del presupuesto al servicio de estas obligaciones, en detrimento, en algunos casos, de la inversión pública. Frente a ello, el programa con el FMI contempla medidas orientadas a dos frentes: el aumento de ingresos y la contención del gasto.

    En el informe, Hacienda señala que las metas previstas permitirán incrementar los “ingresos fiscales mediante los esfuerzos de la administración tributaria y aduanera, mejorando la gestión administrativa; así como una serie de acciones para contener el gasto, que contribuirán a reducir el déficit fiscal”, con lo cual se busca colocar la trayectoria de la deuda pública en relación con el PIB en una senda descendente y asegurar su sostenibilidad.

     

    Trayectoria del déficit

    El déficit fiscal se disparó en 2020 hasta un 10 % del PIB, desde un 3.1 % en 2019, como resultado del aumento del gasto público durante la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19. En 2021 se redujo a un 5.5 %, y en 2022 descendió a un 2.7 %.

    En 2023 volvió a incrementarse a un 4.7 % y se mantuvo en un 4.5 % en 2024. Hacienda proyecta que el déficit se reduzca a un 3 % en 2025 y continúe a la baja hasta un 2.3 % en 2026 y un 2.4 % en 2027.


    Para 2028 se anticipa un repunte a un 3 %, mientras que en 2029 se ubicaría nuevamente en un 2.6 %, siempre que en los próximos años no ocurra un evento que distorsione esta trayectoria.

    Aunque el déficit disminuya como proporción del PIB, su valor monetario puede aumentar. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR), entre enero y noviembre se acumuló una brecha de $1,058.5 millones, $20.1 millones más que en igual período de 2024.

    Si esta tendencia se mantuvo en diciembre, el déficit fiscal cerraría en una cifra inferior a los $1,608.9 millones registrados al cierre de 2024. A noviembre, el saldo del déficit representó un 2.8 % del PIB estimado para 2025, que, según Hacienda, rondaría los $36,602 millones.

  • BID aprobó más de $1,264 millones en financiamiento para El Salvador en 2025

    BID aprobó más de $1,264 millones en financiamiento para El Salvador en 2025

    El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó más de $1,264.7 millones en financiamiento para 30 proyectos en El Salvador durante 2025, según datos divulgados por la institución.

    Las estadísticas indican que las aprobaciones se realizaron como producto de financiación de subvenciones, subvenciones a la inversión, operaciones de préstamo y cooperación técnica.

    La cifra de financiamiento avalado para 2025 superó en 95.6 % los resultados de 2024, cuando se contabilizaron $646.6 millones.

    El BID aprobó la primera operación para El Salvador en los primeros seis días de 2025, de $572,542 para el Plan de Acción C&D. Según el BID, se trató de cooperación técnica que, al menos hasta la semana pasada, tenía un 7.39 % del monto desembolsado.

    La multilateral reveló que el monto más alto en financiamiento que se avaló para el país rondó los $500 millones otorgados como parte de una operación de préstamos para el programa de apoyo a la sostenibilidad macroeconómica y fiscal en El Salvador.

    La operación de préstamo, otorgado como garantía soberana, equivale a un 39.5 % de todo lo que aprobó el BID para el país en 2025; además, tuvo como entidad prestataria a la República de El Salvador y se enfocó en el sector de reformas o modernización del Estado.

    No obstante, hasta el 26 de junio la operación fue dada como cerrada tras el desembolso de todo lo acordado.

     

    Acuerdo con el FMI

    Este último programa es parte de un acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 31 de marzo de 2025.

    El acuerdo con el FMI concretó resultados favorables para El Salvador en febrero de 2025 pues, tras cuatro años de negociación, se pactó un financiamiento de Servicios Ampliados del Fondo (SAF) por $1,357.3 millones.

    Este paso también abrió la puerta para que el país accediera a más de $3,500 millones en préstamos otorgados por multilaterales, como el BID.

     

    ¿Qué se financió?

    La segunda operación más alta recayó sobre el programa de modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez con $195 millones, avalada el 11 de diciembre de 2025.

    A esta le siguió otra operación de préstamo por $170 millones, aprobada el 17 de septiembre de 2025, para un programa integral de regeneración urbana y revitalización de los mercados municipales de Santa Tecla y La Libertad.

    Sobre ambos préstamos, el BID confirmó que no había desembolsado ni $1 hasta el 26 enero de 2026, pero permanecían activos.

    Entre los sectores beneficiados con financiamiento, educación, energía, medio ambiente y transporte encabezaron la lista con tres operaciones individuales.

    También se aprobaron operaciones para mercados financieros, salud, desarrollo de empresas privadas y pequeñas y medianas empresas (pymes), reformas, ciencia y tecnología, así como e inversión social, desarrollo urbano y vivienda, agua y saneamiento recibieron dos operaciones cada uno.

    Hasta enero de 2026, un 40.4 % del total del dinero en programas aprobados para El Salvador fueron desembolsados por el BID, equivalente a $510.6 millones.

    La relación entre el BID y El Salvador data del siglo pasado, cuando se avaló el primer proyecto para el país en 1961.

    De esta forma, la primera operación de crédito se aprobó el 29 de junio de 1961, luego de que se otorgaron $200,000 para la ampliación de una fábrica de pan y galletas de la empresa Pan Lido.