La Corte Constitucional de Ecuador anuló este viernes el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa en cinco de las siete provincias donde lo había impuesto para contener las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel.
El máximo tribunal declaró inconstitucional la medida en Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de Tsáchilas, al considerar que no existían hechos suficientes que justificaran la declaratoria. Sin embargo, ratificó su vigencia en Carchi, frontera con Colombia, e Imbabura, epicentro de las manifestaciones, al constatar una “grave conmoción interna”.
La Corte también avaló el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en esas dos provincias y la restricción al derecho de reunión, aunque subrayó que la actuación de las fuerzas de seguridad debe darse con “estricto respeto al legítimo derecho a la protesta y a la resistencia pacífica”. En contraste, declaró inconstitucional el toque de queda nocturno que regía desde las 22:00 hasta las 5:00 horas.
Noboa había decretado el estado de excepción días después de anunciar el fin del subsidio al diésel, medida rechazada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que convocó un paro nacional indefinido, aunque hasta ahora solo ha tenido seguimiento en seis de las veinticuatro provincias del país.
Tras el anuncio de la Conaie de mantener la protesta, el presidente declaró feriado nacional el jueves y viernes de la próxima semana, con el argumento de incentivar el turismo interno. Mientras tanto, las manifestaciones han dejado hasta el momento un fallecido, más de 80 heridos y más de un centenar de detenidos, doce de ellos procesados por terrorismo, según la Fiscalía.
El movimiento indígena ya encabezó en 2019 y 2022 protestas masivas que obligaron a los entonces presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a revertir intentos similares de eliminar subsidios a los combustibles en el marco de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El actual Gobierno insiste en que no negociará la medida, pues considera que el subsidio no beneficia a los sectores más vulnerables, sino a contrabandistas y a la minería ilegal.
