La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó la captura y expulsión de un ciudadano salvadoreño vinculado a la Mara Salvatrucha (MS-13), quien era requerido por la justicia de El Salvador.
El detenido fue identificado como Óscar Ernesto Martínez Mendoza, alias “Neto”, con rango de “homeboy” o palabrero de calle dentro de la estructura criminal.
La captura se realizó en la zona 1 de Santa Cruz Barillas, en el departamento de Huehuetenango, tras labores de inteligencia desarrolladas por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA).
Según las autoridades guatemaltecas, el sujeto habría sido enviado desde El Salvador con la misión de reclutar nuevos integrantes y fortalecer el control de la organización en la frontera entre Guatemala y México.
Tras confirmar que permanecía de manera irregular en territorio guatemalteco, fue expulsado del país y trasladado hacia la frontera, donde fue entregado a Migración.
En el punto fronterizo, agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador ya lo esperaban para ejecutar su captura conforme a los procesos legales correspondientes.
El pandillero cuenta con una orden de captura vigente emitida el 31 de enero de 2024 por un juzgado de La Unión, por los delitos de tráfico ilícito de carácter internacional y asesinato.
El Gobierno de El Salvador informó este sábado que el incremento en el flujo de personas en las fronteras terrestres de la región ha generado demoras en los procesos de ingreso, principalmente en los controles migratorios de países vecinos.
Según el comunicado oficial, las autoridades señalaron que los retrasos se registran en los puntos fronterizos de Guatemala y Honduras, mientras que del lado salvadoreño la atención se mantiene ágil.
Las instituciones destacaron que los tiempos de ingreso en El Salvador se mantienen por debajo de los tres minutos por familia, sin reportes de filas significativas.
El aumento en el flujo de visitantes responde, de acuerdo con el Gobierno, al creciente interés por ingresar al país, impulsado por las condiciones de seguridad, orden y desarrollo.
Las autoridades indicaron que este comportamiento refleja una mayor movilidad regional y una preferencia de ingreso hacia territorio salvadoreño.
Ante esta situación, El Salvador ha ofrecido cooperación técnica a los países vecinos para contribuir a la agilización de los procesos en los pasos fronterizos.
El Gobierno reiteró su disposición de colaborar en la implementación de medidas que faciliten el tránsito y reduzcan los tiempos de espera en la región. Asimismo, se mantiene abierto a brindar apoyo cuando las autoridades correspondientes lo consideren oportuno.
La Comisión de Postulación de Guatemala aprobó el viernes una nueva nómina de seis candidatos para fiscal general, tras acatar una orden de la Corte de Constitucionalidad que obligó a repetir la evaluación del proceso.
El listado será enviado al presidente Bernardo Arévalo de León, quien deberá elegir al nuevo jefe del Ministerio Público para el periodo 2026-2030 antes del 16 de mayo.
La nueva selección presenta un cambio relevante con la exclusión de la abogada Zoila Morales Valdizón, considerada por analistas como una de las favoritas para el cargo.
En su lugar, fue incorporado Carlos Alberto García Alvarado, actual fiscal del Ministerio Público, quien logró ingresar a la nómina final tras la reevaluación.
La revisión de los 48 aspirantes se realizó luego de que el máximo tribunal determinara irregularidades en la forma en que se acreditó la experiencia profesional de algunos candidatos.
Los seis seleccionados son Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.
Por segunda ocasión, la actual fiscal general, Consuelo Porras, quedó fuera de la lista al no alcanzar los votos necesarios dentro de la comisión.
Durante la sesión, los comisionados señalaron que el nuevo proceso responde al cumplimiento estricto de la resolución judicial, pese a cuestionamientos sobre el criterio aplicado.
La decisión de la Corte estableció que la experiencia como juez no puede ser considerada automáticamente como práctica profesional válida para optar al cargo.
El proceso ocurre en medio de tensiones entre el presidente Arévalo y Porras, en un contexto marcado por disputas políticas tras las elecciones de 2023.
Con esta nueva nómina, se abre la etapa final para la designación del próximo fiscal general, en medio de expectativas sobre posibles cambios en la conducción del Ministerio Público.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló este jueves la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público, al ordenar repetir la fase de evaluación de los aspirantes.
La decisión responde a un amparo presentado por Raúl Amílcar Falla Ovalle, quien cuestionó la forma en que se acreditó la experiencia profesional de algunos postulantes, especialmente aquellos con trayectoria como jueces.
Con esta resolución, el proceso de selección queda suspendido y la Comisión de Postulación deberá retroceder hasta la etapa de calificación de los 48 aspirantes originales.
El fallo establece que la comisión deberá aplicar nuevamente la tabla de gradación, sin considerar automáticamente los años en la judicatura como equivalentes a la experiencia profesional requerida.
“Se ordena a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que proceda a calificar nuevamente a los aspirantes a dicho cargo, aplicando rigurosamente la tabla de gradación aprobada”, señala la resolución.
La Corte también enfatizó que el proceso debe garantizar criterios de mérito, capacidad e idoneidad, así como mayor transparencia en la asignación de puntajes.
“Este tribunal advierte la necesidad de que el proceso de postulación se ajuste a los principios de mérito, capacidad e idoneidad, debiendo la Comisión fundamentar la puntuación otorgada en cada uno de los rubros evaluados para garantizar la transparencia de la nómina”, agrega el fallo.
La medida obliga al presidente Bernardo Arévalo de León a devolver la nómina que había recibido el miércoles y retrasa la elección del nuevo fiscal general, prevista antes del 17 de mayo.
Analistas consideran que esta decisión podría modificar la correlación de fuerzas dentro de la comisión y abrir la posibilidad de cambios en la lista final de candidatos.
Entre los escenarios que surgen tras el fallo está la eventual inclusión de la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien no obtuvo los votos necesarios en la nómina anterior pese a contar con la calificación más alta.
Unidades de búsqueda y rescate de los ejércitos centroamericanos iniciaron este jueves un simulacro de terremoto en el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada (CIFA), como parte del ejercicio regional CENTAM Guardian 2026.
La práctica, que se extenderá por 36 horas, se desarrolla en el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada (CIFA) en la carretera a Santa Ana, y contempla labores de rescate de víctimas atrapadas y remoción de escombros, con el objetivo de medir la capacidad de respuesta ante emergencias de gran magnitud.
“La importancia del ejercicio CENTAM Guardian es ayudar a países vecinos y amigos para prepararse ante riesgos de toda clase. Practicar la interoperabilidad, que es una palabra muy larga, pero que significa aprender a trabajar juntos para proteger nuestras comunidades ante los riesgos…es aprender como proteger a nuestras comunidades, nuestros vecinos, nuestros amigos, lo que vemos ahora es un ejemplo de nuestra fuerza armada”, dijo el mayor Yury Verush, Jefe del Equipo de Asuntos Civiles de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo.
El ejercicio CENTAM Guardian 2026 fue inaugurado el pasado 16 de abril por el Ministerio de la Defensa Nacional junto al Comando Sur de Estados Unidos, marcando el inicio de una serie de entrenamientos conjuntos en la región.
De acuerdo con las autoridades, esta edición se desarrollará durante 10 días, hasta el 27 de abril, y ha sido catalogada como la más ambiciosa desde su creación, según el subcomandante del Comando Sur, general Evan Pettus.
Simulacro de rescate como parte de los ejercicios CENTAM Guardian 2026./ Foto Embajada de Estados Unidos en El Salvador.
La actividad reúne a fuerzas militares de El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice y Estados Unidos, además de personal de Protección Civil de Costa Rica y Panamá.
Los ejercicios se ejecutan en distintas sedes del país, entre ellas la Cuarta Brigada de Infantería, el Comando de Fuerzas Especiales, la Base Naval de La Unión y el propio CIFA.
De forma paralela, la Dirección de Protección Civil desarrolla otro simulacro enfocado en evaluar la coordinación interinstitucional y el trabajo conjunto entre las entidades encargadas de atender desastres.
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra 23 personas y entidades acusadas de colaborar con el Cártel de Sinaloa en el suministro de químicos para la producción de drogas sintéticas.
Las medidas fueron impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, que identificó a los sancionados como parte de una red internacional dedicada a la adquisición de precursores para opioides sintéticos.
Según el comunicado oficial, esta estructura permite al cártel producir sustancias como fentanilo y metanfetamina mediante el uso de químicos importados principalmente desde Asia.
«Estas redes fabrican opioides sintéticos altamente potentes y peligrosos con mayor eficiencia que nunca. Estas drogas ilícitas (…) llegan a las calles de las ciudades estadounidenses y causan la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año», indicó la entidad.
Entre los sancionados figuran ciudadanos y empresas de India, Guatemala y México, países desde donde se comercializan los insumos químicos que luego son trasladados hacia laboratorios clandestinos vinculados a organizaciones criminales.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las compañías en territorio asiático juegan un papel clave al vender los precursores a intermediarios que facilitan su envío hacia América Latina.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la administración del presidente Donald Trump mantendrá su estrategia de atacar cada eslabón de la cadena de suministro de opioides.
El funcionario enfatizó que el objetivo es frenar el impacto del fentanilo, una droga vinculada a miles de muertes anuales en Estados Unidos, y evitar que los cárteles continúen operando con impunidad.
Las sanciones forman parte de los esfuerzos de Washington por debilitar las redes financieras y logísticas del narcotráfico, en un contexto de creciente preocupación por la crisis de opioides en el país.
Guatemala entra en la recta final para elegir a un nuevo fiscal general entre seis candidatos, una decisión que corresponde al presidente Bernardo Arévalo de León, y que permanece bajo un fuerte escrutinio para no repetir la cuestionada etapa de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia en el país centroamericano.
Ayer miércoles se publicó de manera oficial en el Diario de Centro América la lista de los seis aspirantes: Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón, lo que activa un plazo de 72 horas para presentar objeciones documentadas.
Transcurrido ese tiempo, el mandatario guatemalteco deberá elegir al nuevo jefe del ente investigador antes del 17 de mayo, en una decisión estratégica que definirá el rumbo de la justicia en un sistema altamente polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.
Entre los especialistas consultados por EFE no hay unanimidad sobre alguno de los perfiles, aunque sí se destacan varios con supuestas acusaciones por corrupción, mientras que otros están, en un principio, libres de sospecha.
De acuerdo con diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los seis candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.
La sospecha de la corrupción
Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción.
Por su parte, sobre Rivera Clavería, «se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga», según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.
También sobre Ávila Aparicio existen dudas sobre cómo obtuvo tres maestrías en solo seis meses, como han denunciado algunos medios locales.
«Va mucha gente (candidatos) antidemocrática, gente comprometida con la alianza multisectorial por el control de las instituciones y la impunidad, que comúnmente se conoce como ‘pacto de corruptos’», aseguró a EFE Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Projusticia, que sigue de cerca el proceso.
La analista señaló que la lista incluye perfiles vinculados a sectores militares y grupos conservadores que podrían profundizar la criminalización en el país y advirtió que el proceso dejó fuera a candidatos que podrían haber contado con la confianza del Ejecutivo.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en una fotografía de archivo. EFE
Según la experta, la configuración de la nómina refleja el control de fuerzas tradicionales en las comisiones de postulación, lo que limita el margen de maniobra de Arévalo de León para designar a un fiscal afín a su agenda de transparencia.
Ibarra subrayó además que el proceso de elección de candidatos a fiscal general se encuentra judicializado, con más de 20 acciones de amparo pendientes de resolución en juzgados civiles y la Corte de Constitucionalidad.
«Lo único que podría botar (dejar sin efecto) la nómina después de las impugnaciones ante la Comisión de Postulación es un amparo», explicó Ibarra, quien advirtió que estas medidas legales, sumadas a posibles acciones preventivas, buscan que el presidente reconsidere las anomalías denunciadas en la conformación de la lista de candidatos.
«Históricamente, las comisiones de postulación cumplen con esta fase de impugnaciones, pero no suelen dar la razón. Ya se les reconoció honorabilidad a los seis candidatos y ya se llenaron todos los requisitos, por lo que todo apunta a que la comisión buscará dejar la nómina en firme», explicó Ibarra.
Perfiles técnicos
Pese a los cuestionamientos sobre los candidatos, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización civil Acción Ciudadana, dijo a EFE que considera que el presidente aún dispone de perfiles con trayectoria técnica.
Marroquín destaca a Morales Valdizón, a quien describe como una profesional de «carrera fiscal sólida» y experiencia en la persecución del crimen organizado de alto nivel.
Asimismo, el analista apunta al juez Gabriel García Luna como otra opción viable, al contar con una trayectoria en el Organismo Judicial que genera valoraciones positivas.
Para el director de Acción Ciudadana, el mandatario tiene ahora el desafío de realizar un «trabajo serio» para seleccionar a quien demuestre mayor profesionalismo de entre los aspirantes disponibles, y advirtió que el mayor riesgo para el país sería retrasar el proceso.
En su opinión, repetir la elección con los mismos comisionados no garantizaría un resultado distinto y solo prolongaría la incertidumbre institucional.
Consuelo Porras Argueta, la fiscal general de Guatemala señalada de monopolizar la justicia durante ocho años al frente del Ministerio Público, dejará el cargo en medio de acusaciones de corrupción y constantes fricciones con el actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.
Porras, jurista de 72 años, saldrá del Ministerio Público (Fiscalía) el próximo 17 de mayo, cuando vence su período, después de que el lunes quedara fuera de un listado de seis candidatos finales para el cargo al que aspirada por tercera vez (2026-2030) pese a las múltiples críticas nacionales e internacionales en su contra.
«Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que Consuelo Porras para el cargo», aseguró el presidente Arévalo el pasado 13 de abril.
Será Arévalo quien, por mandato de la ley, elija a quien suceda a Porras, su mayor enemiga política desde que ganó las elecciones en 2023, cuando la fiscal intentó anular su triunfo en las urnas por un supuesto fraude nunca comprobado.
Pese a que la salida de Porras de la Fiscalía está programada para el próximo 17 de mayo, los antecedentes señalan que es muy pronto para que sus opositores canten victoria: en 2022, todo apuntaba a que no sería reelecta, pero una orden del máximo tribunal del país obligó su ingreso al listado final de aspirantes.
Sancionada por múltiples países
Sobre Porras recaen serias acusaciones por corrupción así como de intentar socavar la democracia durante sus ocho años al frente del Ministerio Público.
Estados Unidos la sancionó en 2021, le retiró la visa e incluyó en la Lista Engel como “actora antidemocrática y corrupta”, señalándola de obstruir y debilitar investigaciones de alto nivel.
La Unión Europea también le impuso restricciones por intentar revertir los resultados electorales de 2023.
Diversas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, la han acusado de perseguir a figuras claves de la sociedad civil así como de socavar el Estado de derecho, acumulando más de 40 sanciones internacionales.
Y la opinión pública en Guatemala la ha señalado. Por ejemplo, el diario La Hora le ha recordado constantemente que lleva más de 800 días con una «protección oficiosa» al expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), también sancionado por corrupción por EE.UU. y con docenas de casos documentados por los medios de corrupción durante su Gobierno.
Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala desde 2018, sancionada por corrupción por EE.UU. y la Unión Europea.
Ocho años turbulentos
Porras asumió el puesto en mayo de 2018 y desde entonces se convirtió en la funcionaria con más poder dentro del país, inmune a cualquier fiscalización y con la capacidad de encarcelar a periodistas, fiscales y líderes indígenas con acusaciones que nunca se probaron en tribunales.
Fue elegida en 2018 para un primer mandato por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y en 2022 para un segundo período por Giammattei, su supuesto protector. Justamente, muchos le critican mantener lejos de tribunales a ambos mandatarios.
A Porras se le atribuye la persecución judicial en contra de más de 50 periodistas, jueces, activistas y exfiscales que tuvieron que salir exiliados, así como el encarcelamiento de «presos políticos» en palabras de organizaciones sociales.
Resaltan los casos de José Rubén Zamora Marroquín (periodista), Eduardo Masaya (abogado), Virginia Laparra, Stuardo Campo (exfiscales anticorrupción), Héctor Chaclán y Luis Pacheco (líderes indígenas), además de otro amplio grupo de activistas y estudiantes universitarios.
En cada uno de esos casos, los procesos judiciales se derrumbaron sin pruebas de sustento. Pero Campo, Chaclán y Pacheco, viceministro de Energía y Minas del Gobierno de Arévalo de León, siguen en prisión preventiva, al igual que Zamora Marroquín quien cumple casa por cárcel.
Otra de las polémicas aristas del periodo de Porras ha sido las tensiones con Arévalo de León desde que llegó al Ejecutivo, pues la fiscal general encabezó una batería de acciones para intentar desbancar al presidente anulando los resultados electorales, lo que fue considerado como intentos de golpe de Estado.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó el lunes que espera designar a un fiscal general que no proteja a actores corruptos, luego que una comisión de postulación seleccionó a los seis candidatos finales para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.
El mandatario subrayó la necesidad de contar con una institución sólida y comprometida con la justicia. “No apadrine a los corruptos”, enfatizó al referirse al perfil que debe tener el próximo titular del Ministerio Público.
Arévalo sostuvo que el país requiere una Fiscalía que “persiga a los delincuentes”, sea “una institución seria” y “defienda los intereses de Guatemala”.
El presidente deberá elegir al nuevo fiscal entre los seis aspirantes, quien asumirá el cargo por un periodo de cuatro años a partir del 16 de mayo.
La actual titular, Consuelo Porras Argueta, quedó fuera del listado definitivo al no obtener los votos necesarios, lo que impide su reelección para un tercer mandato al frente de la Fiscalía. Porras Argueta enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción, además de múltiples críticas por presuntamente socavar la democracia durante sus ocho años en el cargo.
El proceso de selección también ha sido cuestionado, especialmente por otorgarle el máximo puntaje a la actual fiscal, pese a los señalamientos en su contra tanto a nivel nacional como internacional.
Los aspirantes elegidos por la comisión son Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón.
Sin embargo, al menos tres de los candidatos han sido señalados en el pasado por presuntos vínculos con corrupción o irregularidades, según organizaciones civiles y reportes de medios locales.
Entre ellos, Estrada Barrientos fue vinculada a decisiones judiciales favorables a acusados por corrupción, mientras que Rivera Clavería ha sido mencionado por supuestos nexos con estructuras ilícitas, y Ávila Aparicio enfrenta cuestionamientos sobre su formación académica.
La comisión de postulación estuvo integrada por decanos de facultades de Derecho, representantes del Colegio de Abogados, así como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes Castañeda.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinó $4.5 millones para prevenir conflictos por el acceso al agua en la región del Trifinio, zona fronteriza compartida entre El Salvador, Guatemala y Honduras, según un proyecto presentado en Tegucigalpa.
La iniciativa busca fortalecer la gobernanza del recurso hídrico en 13 municipios de la región, con el objetivo de consolidar la paz mediante el programa denominado “Paz sin Fronteras: Promoviendo la Gobernanza Inclusiva en el Acceso y Uso del Recurso Hídrico para la consolidación de la paz en el Trifinio”.
El proyecto es financiado por el Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas y promueve la coordinación entre los tres países para enfrentar problemáticas comunes relacionadas con el uso del agua.
“Este proyecto refleja el valor de la coordinación trinacional para transformar desafíos que trascienden fronteras en oportunidades para impulsar la paz y el desarrollo”, dijo el coordinador residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez.
La región del Trifinio enfrenta tensiones crecientes debido a la escasez de agua, el deterioro ambiental y los efectos del cambio climático, factores que complican la gestión compartida y generan conflictos entre comunidades, especialmente en zonas vulnerables a sequías.
Ante este escenario, el programa pretende establecer mecanismos de prevención y resolución de conflictos mediante el fortalecimiento institucional, el diálogo entre actores locales y la participación de las comunidades.
La intervención tendrá una duración de dos años y se desarrollará bajo un enfoque de género y derechos humanos, contemplando acciones a nivel trinacional, municipal y comunitario.
Entre las acciones previstas destaca la creación de un Observatorio Trinacional del Agua, que permitirá monitorear el estado de los recursos hídricos, generar alertas tempranas y apoyar la toma de decisiones para evitar disputas.
Además, el proyecto contempla la capacitación y equipamiento de organizaciones comunitarias para gestionar conflictos de baja intensidad, así como la ejecución de iniciativas piloto en la región.
La implementación contará con la coordinación de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio y la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, junto con instituciones gubernamentales y autoridades locales de los tres países involucrados.
