La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló este jueves la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público, al ordenar repetir la fase de evaluación de los aspirantes.
La decisión responde a un amparo presentado por Raúl Amílcar Falla Ovalle, quien cuestionó la forma en que se acreditó la experiencia profesional de algunos postulantes, especialmente aquellos con trayectoria como jueces.
Con esta resolución, el proceso de selección queda suspendido y la Comisión de Postulación deberá retroceder hasta la etapa de calificación de los 48 aspirantes originales.
El fallo establece que la comisión deberá aplicar nuevamente la tabla de gradación, sin considerar automáticamente los años en la judicatura como equivalentes a la experiencia profesional requerida.
“Se ordena a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que proceda a calificar nuevamente a los aspirantes a dicho cargo, aplicando rigurosamente la tabla de gradación aprobada”, señala la resolución.
La Corte también enfatizó que el proceso debe garantizar criterios de mérito, capacidad e idoneidad, así como mayor transparencia en la asignación de puntajes.
“Este tribunal advierte la necesidad de que el proceso de postulación se ajuste a los principios de mérito, capacidad e idoneidad, debiendo la Comisión fundamentar la puntuación otorgada en cada uno de los rubros evaluados para garantizar la transparencia de la nómina”, agrega el fallo.
La medida obliga al presidente Bernardo Arévalo de León a devolver la nómina que había recibido el miércoles y retrasa la elección del nuevo fiscal general, prevista antes del 17 de mayo.
Analistas consideran que esta decisión podría modificar la correlación de fuerzas dentro de la comisión y abrir la posibilidad de cambios en la lista final de candidatos.
Entre los escenarios que surgen tras el fallo está la eventual inclusión de la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien no obtuvo los votos necesarios en la nómina anterior pese a contar con la calificación más alta.
Unidades de búsqueda y rescate de los ejércitos centroamericanos iniciaron este jueves un simulacro de terremoto en el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada (CIFA), como parte del ejercicio regional CENTAM Guardian 2026.
La práctica, que se extenderá por 36 horas, se desarrolla en el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada (CIFA) en la carretera a Santa Ana, y contempla labores de rescate de víctimas atrapadas y remoción de escombros, con el objetivo de medir la capacidad de respuesta ante emergencias de gran magnitud.
“La importancia del ejercicio CENTAM Guardian es ayudar a países vecinos y amigos para prepararse ante riesgos de toda clase. Practicar la interoperabilidad, que es una palabra muy larga, pero que significa aprender a trabajar juntos para proteger nuestras comunidades ante los riesgos…es aprender como proteger a nuestras comunidades, nuestros vecinos, nuestros amigos, lo que vemos ahora es un ejemplo de nuestra fuerza armada”, dijo el mayor Yury Verush, Jefe del Equipo de Asuntos Civiles de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo.
El ejercicio CENTAM Guardian 2026 fue inaugurado el pasado 16 de abril por el Ministerio de la Defensa Nacional junto al Comando Sur de Estados Unidos, marcando el inicio de una serie de entrenamientos conjuntos en la región.
De acuerdo con las autoridades, esta edición se desarrollará durante 10 días, hasta el 27 de abril, y ha sido catalogada como la más ambiciosa desde su creación, según el subcomandante del Comando Sur, general Evan Pettus.
Simulacro de rescate como parte de los ejercicios CENTAM Guardian 2026./ Foto Embajada de Estados Unidos en El Salvador.
La actividad reúne a fuerzas militares de El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice y Estados Unidos, además de personal de Protección Civil de Costa Rica y Panamá.
Los ejercicios se ejecutan en distintas sedes del país, entre ellas la Cuarta Brigada de Infantería, el Comando de Fuerzas Especiales, la Base Naval de La Unión y el propio CIFA.
De forma paralela, la Dirección de Protección Civil desarrolla otro simulacro enfocado en evaluar la coordinación interinstitucional y el trabajo conjunto entre las entidades encargadas de atender desastres.
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra 23 personas y entidades acusadas de colaborar con el Cártel de Sinaloa en el suministro de químicos para la producción de drogas sintéticas.
Las medidas fueron impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, que identificó a los sancionados como parte de una red internacional dedicada a la adquisición de precursores para opioides sintéticos.
Según el comunicado oficial, esta estructura permite al cártel producir sustancias como fentanilo y metanfetamina mediante el uso de químicos importados principalmente desde Asia.
«Estas redes fabrican opioides sintéticos altamente potentes y peligrosos con mayor eficiencia que nunca. Estas drogas ilícitas (…) llegan a las calles de las ciudades estadounidenses y causan la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año», indicó la entidad.
Entre los sancionados figuran ciudadanos y empresas de India, Guatemala y México, países desde donde se comercializan los insumos químicos que luego son trasladados hacia laboratorios clandestinos vinculados a organizaciones criminales.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las compañías en territorio asiático juegan un papel clave al vender los precursores a intermediarios que facilitan su envío hacia América Latina.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la administración del presidente Donald Trump mantendrá su estrategia de atacar cada eslabón de la cadena de suministro de opioides.
El funcionario enfatizó que el objetivo es frenar el impacto del fentanilo, una droga vinculada a miles de muertes anuales en Estados Unidos, y evitar que los cárteles continúen operando con impunidad.
Las sanciones forman parte de los esfuerzos de Washington por debilitar las redes financieras y logísticas del narcotráfico, en un contexto de creciente preocupación por la crisis de opioides en el país.
Guatemala entra en la recta final para elegir a un nuevo fiscal general entre seis candidatos, una decisión que corresponde al presidente Bernardo Arévalo de León, y que permanece bajo un fuerte escrutinio para no repetir la cuestionada etapa de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia en el país centroamericano.
Ayer miércoles se publicó de manera oficial en el Diario de Centro América la lista de los seis aspirantes: Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón, lo que activa un plazo de 72 horas para presentar objeciones documentadas.
Transcurrido ese tiempo, el mandatario guatemalteco deberá elegir al nuevo jefe del ente investigador antes del 17 de mayo, en una decisión estratégica que definirá el rumbo de la justicia en un sistema altamente polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.
Entre los especialistas consultados por EFE no hay unanimidad sobre alguno de los perfiles, aunque sí se destacan varios con supuestas acusaciones por corrupción, mientras que otros están, en un principio, libres de sospecha.
De acuerdo con diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los seis candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.
La sospecha de la corrupción
Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción.
Por su parte, sobre Rivera Clavería, «se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga», según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.
También sobre Ávila Aparicio existen dudas sobre cómo obtuvo tres maestrías en solo seis meses, como han denunciado algunos medios locales.
«Va mucha gente (candidatos) antidemocrática, gente comprometida con la alianza multisectorial por el control de las instituciones y la impunidad, que comúnmente se conoce como ‘pacto de corruptos’», aseguró a EFE Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Projusticia, que sigue de cerca el proceso.
La analista señaló que la lista incluye perfiles vinculados a sectores militares y grupos conservadores que podrían profundizar la criminalización en el país y advirtió que el proceso dejó fuera a candidatos que podrían haber contado con la confianza del Ejecutivo.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en una fotografía de archivo. EFE
Según la experta, la configuración de la nómina refleja el control de fuerzas tradicionales en las comisiones de postulación, lo que limita el margen de maniobra de Arévalo de León para designar a un fiscal afín a su agenda de transparencia.
Ibarra subrayó además que el proceso de elección de candidatos a fiscal general se encuentra judicializado, con más de 20 acciones de amparo pendientes de resolución en juzgados civiles y la Corte de Constitucionalidad.
«Lo único que podría botar (dejar sin efecto) la nómina después de las impugnaciones ante la Comisión de Postulación es un amparo», explicó Ibarra, quien advirtió que estas medidas legales, sumadas a posibles acciones preventivas, buscan que el presidente reconsidere las anomalías denunciadas en la conformación de la lista de candidatos.
«Históricamente, las comisiones de postulación cumplen con esta fase de impugnaciones, pero no suelen dar la razón. Ya se les reconoció honorabilidad a los seis candidatos y ya se llenaron todos los requisitos, por lo que todo apunta a que la comisión buscará dejar la nómina en firme», explicó Ibarra.
Perfiles técnicos
Pese a los cuestionamientos sobre los candidatos, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización civil Acción Ciudadana, dijo a EFE que considera que el presidente aún dispone de perfiles con trayectoria técnica.
Marroquín destaca a Morales Valdizón, a quien describe como una profesional de «carrera fiscal sólida» y experiencia en la persecución del crimen organizado de alto nivel.
Asimismo, el analista apunta al juez Gabriel García Luna como otra opción viable, al contar con una trayectoria en el Organismo Judicial que genera valoraciones positivas.
Para el director de Acción Ciudadana, el mandatario tiene ahora el desafío de realizar un «trabajo serio» para seleccionar a quien demuestre mayor profesionalismo de entre los aspirantes disponibles, y advirtió que el mayor riesgo para el país sería retrasar el proceso.
En su opinión, repetir la elección con los mismos comisionados no garantizaría un resultado distinto y solo prolongaría la incertidumbre institucional.
Consuelo Porras Argueta, la fiscal general de Guatemala señalada de monopolizar la justicia durante ocho años al frente del Ministerio Público, dejará el cargo en medio de acusaciones de corrupción y constantes fricciones con el actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.
Porras, jurista de 72 años, saldrá del Ministerio Público (Fiscalía) el próximo 17 de mayo, cuando vence su período, después de que el lunes quedara fuera de un listado de seis candidatos finales para el cargo al que aspirada por tercera vez (2026-2030) pese a las múltiples críticas nacionales e internacionales en su contra.
«Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que Consuelo Porras para el cargo», aseguró el presidente Arévalo el pasado 13 de abril.
Será Arévalo quien, por mandato de la ley, elija a quien suceda a Porras, su mayor enemiga política desde que ganó las elecciones en 2023, cuando la fiscal intentó anular su triunfo en las urnas por un supuesto fraude nunca comprobado.
Pese a que la salida de Porras de la Fiscalía está programada para el próximo 17 de mayo, los antecedentes señalan que es muy pronto para que sus opositores canten victoria: en 2022, todo apuntaba a que no sería reelecta, pero una orden del máximo tribunal del país obligó su ingreso al listado final de aspirantes.
Sancionada por múltiples países
Sobre Porras recaen serias acusaciones por corrupción así como de intentar socavar la democracia durante sus ocho años al frente del Ministerio Público.
Estados Unidos la sancionó en 2021, le retiró la visa e incluyó en la Lista Engel como “actora antidemocrática y corrupta”, señalándola de obstruir y debilitar investigaciones de alto nivel.
La Unión Europea también le impuso restricciones por intentar revertir los resultados electorales de 2023.
Diversas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, la han acusado de perseguir a figuras claves de la sociedad civil así como de socavar el Estado de derecho, acumulando más de 40 sanciones internacionales.
Y la opinión pública en Guatemala la ha señalado. Por ejemplo, el diario La Hora le ha recordado constantemente que lleva más de 800 días con una «protección oficiosa» al expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), también sancionado por corrupción por EE.UU. y con docenas de casos documentados por los medios de corrupción durante su Gobierno.
Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala desde 2018, sancionada por corrupción por EE.UU. y la Unión Europea.
Ocho años turbulentos
Porras asumió el puesto en mayo de 2018 y desde entonces se convirtió en la funcionaria con más poder dentro del país, inmune a cualquier fiscalización y con la capacidad de encarcelar a periodistas, fiscales y líderes indígenas con acusaciones que nunca se probaron en tribunales.
Fue elegida en 2018 para un primer mandato por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y en 2022 para un segundo período por Giammattei, su supuesto protector. Justamente, muchos le critican mantener lejos de tribunales a ambos mandatarios.
A Porras se le atribuye la persecución judicial en contra de más de 50 periodistas, jueces, activistas y exfiscales que tuvieron que salir exiliados, así como el encarcelamiento de «presos políticos» en palabras de organizaciones sociales.
Resaltan los casos de José Rubén Zamora Marroquín (periodista), Eduardo Masaya (abogado), Virginia Laparra, Stuardo Campo (exfiscales anticorrupción), Héctor Chaclán y Luis Pacheco (líderes indígenas), además de otro amplio grupo de activistas y estudiantes universitarios.
En cada uno de esos casos, los procesos judiciales se derrumbaron sin pruebas de sustento. Pero Campo, Chaclán y Pacheco, viceministro de Energía y Minas del Gobierno de Arévalo de León, siguen en prisión preventiva, al igual que Zamora Marroquín quien cumple casa por cárcel.
Otra de las polémicas aristas del periodo de Porras ha sido las tensiones con Arévalo de León desde que llegó al Ejecutivo, pues la fiscal general encabezó una batería de acciones para intentar desbancar al presidente anulando los resultados electorales, lo que fue considerado como intentos de golpe de Estado.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó el lunes que espera designar a un fiscal general que no proteja a actores corruptos, luego que una comisión de postulación seleccionó a los seis candidatos finales para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.
El mandatario subrayó la necesidad de contar con una institución sólida y comprometida con la justicia. “No apadrine a los corruptos”, enfatizó al referirse al perfil que debe tener el próximo titular del Ministerio Público.
Arévalo sostuvo que el país requiere una Fiscalía que “persiga a los delincuentes”, sea “una institución seria” y “defienda los intereses de Guatemala”.
El presidente deberá elegir al nuevo fiscal entre los seis aspirantes, quien asumirá el cargo por un periodo de cuatro años a partir del 16 de mayo.
La actual titular, Consuelo Porras Argueta, quedó fuera del listado definitivo al no obtener los votos necesarios, lo que impide su reelección para un tercer mandato al frente de la Fiscalía. Porras Argueta enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción, además de múltiples críticas por presuntamente socavar la democracia durante sus ocho años en el cargo.
El proceso de selección también ha sido cuestionado, especialmente por otorgarle el máximo puntaje a la actual fiscal, pese a los señalamientos en su contra tanto a nivel nacional como internacional.
Los aspirantes elegidos por la comisión son Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón.
Sin embargo, al menos tres de los candidatos han sido señalados en el pasado por presuntos vínculos con corrupción o irregularidades, según organizaciones civiles y reportes de medios locales.
Entre ellos, Estrada Barrientos fue vinculada a decisiones judiciales favorables a acusados por corrupción, mientras que Rivera Clavería ha sido mencionado por supuestos nexos con estructuras ilícitas, y Ávila Aparicio enfrenta cuestionamientos sobre su formación académica.
La comisión de postulación estuvo integrada por decanos de facultades de Derecho, representantes del Colegio de Abogados, así como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes Castañeda.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinó $4.5 millones para prevenir conflictos por el acceso al agua en la región del Trifinio, zona fronteriza compartida entre El Salvador, Guatemala y Honduras, según un proyecto presentado en Tegucigalpa.
La iniciativa busca fortalecer la gobernanza del recurso hídrico en 13 municipios de la región, con el objetivo de consolidar la paz mediante el programa denominado “Paz sin Fronteras: Promoviendo la Gobernanza Inclusiva en el Acceso y Uso del Recurso Hídrico para la consolidación de la paz en el Trifinio”.
El proyecto es financiado por el Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas y promueve la coordinación entre los tres países para enfrentar problemáticas comunes relacionadas con el uso del agua.
“Este proyecto refleja el valor de la coordinación trinacional para transformar desafíos que trascienden fronteras en oportunidades para impulsar la paz y el desarrollo”, dijo el coordinador residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez.
La región del Trifinio enfrenta tensiones crecientes debido a la escasez de agua, el deterioro ambiental y los efectos del cambio climático, factores que complican la gestión compartida y generan conflictos entre comunidades, especialmente en zonas vulnerables a sequías.
Ante este escenario, el programa pretende establecer mecanismos de prevención y resolución de conflictos mediante el fortalecimiento institucional, el diálogo entre actores locales y la participación de las comunidades.
La intervención tendrá una duración de dos años y se desarrollará bajo un enfoque de género y derechos humanos, contemplando acciones a nivel trinacional, municipal y comunitario.
Entre las acciones previstas destaca la creación de un Observatorio Trinacional del Agua, que permitirá monitorear el estado de los recursos hídricos, generar alertas tempranas y apoyar la toma de decisiones para evitar disputas.
Además, el proyecto contempla la capacitación y equipamiento de organizaciones comunitarias para gestionar conflictos de baja intensidad, así como la ejecución de iniciativas piloto en la región.
La implementación contará con la coordinación de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio y la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, junto con instituciones gubernamentales y autoridades locales de los tres países involucrados.
El Gobierno de Guatemala destinará más de $261.7 millones del presupuesto de 2026 para subsidiar los combustibles, en respuesta al aumento de precios provocado por el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán.
La medida fue aprobada por el Congreso como iniciativa de “urgencia nacional” y entrará en vigor tras la sanción del presidente Bernardo Arévalo y su publicación en el diario oficial, junto con el reglamento correspondiente.
El subsidio tendrá una vigencia de tres meses o hasta que se agoten los fondos, los cuales provendrán de una readecuación del presupuesto estatal para el próximo año.
Como parte del ajuste, el Ministerio de Comunicaciones sufrirá el mayor recorte, con $144 millones, seguido por el Ministerio de Defensa con una reducción de $65.44 millones, entre otras instituciones.
El apoyo económico será entregado directamente a los distribuidores de combustible, con un subsidio de $0.65 por galón de gasolina superior y regular, y de $1.04 por galón de diésel.
El presidente Arévalo defendió la medida como una respuesta urgente ante el impacto del alza en el costo de vida.
“Acaba de ser aprobado el subsidio: Q8 para diésel, Q5 para gasolina súper y regular. Esta es una medida urgente que ayudará a aliviar el costo de vida y el alza de los combustibles. Proteger la economía de las familias es una urgencia, y estamos dando resultados”.
El incremento en los precios de los combustibles responde a la dependencia total de Guatemala de las importaciones, en un contexto de tensiones internacionales que han elevado el valor del petróleo.
En la capital, el precio del galón de gasolina superior ronda los $5.45, lo que representa un aumento de $1.66 en apenas cinco semanas, mientras que la gasolina regular se sitúa en $5.23 y el diésel en $5.79.
Las autoridades consideran que el subsidio permitirá amortiguar el impacto económico en los hogares y sectores productivos, en medio de un escenario internacional incierto.
El cambio climático está impactando directamente la migración en El Salvador y varios países centroamericanos, al afectar la producción agrícola, elevar los precios de alimentos y deteriorar las condiciones de vida en zonas rurales, así lo revela un estudio del Centro Kleinman de Política Energética de la Universidad de Pensilvania publicado el lunes, que analiza datos obtenidos mediante inteligencia artificial a partir de 25 millones de artículos de noticias en Centroamérica.
La investigación destaca que El Salvador forma parte del Corredor Seco Centroamericano, una de las regiones más vulnerables a fenómenos climáticos como sequías prolongadas y lluvias irregulares.
Entre los hallazgos, se señala que las sequías —consideradas desastres de evolución lenta— tienden a reducir la migración en el corto plazo, debido a que las familias pierden ingresos y no pueden costear el viaje.
En contraste, eventos repentinos como tormentas o inundaciones están asociados a un aumento de la migración internacional meses después de ocurridos.
El estudio también indica que el alza en los precios de productos básicos como el maíz y los frijoles influye en la migración, ya que mayores ingresos agrícolas permiten financiar los costos del traslado hacia Estados Unidos.
En el caso de El Salvador, los datos muestran que la productividad agrícola se ve afectada por fenómenos como El Niño, que provoca sequías y reduce la producción, elevando los precios de los alimentos.
Estas condiciones impactan principalmente a familias rurales que dependen de la agricultura de subsistencia, quienes enfrentan limitaciones para adaptarse debido a la falta de recursos y acceso a tecnología.
Además, el informe advierte que los desastres climáticos pueden generar conflictos por recursos, incrementando la violencia en zonas agrícolas, lo que también influye en la decisión de migrar.
El análisis concluye que comprender la relación entre cambio climático, agricultura y movilidad es clave para diseñar soluciones sostenibles ante el aumento de desplazamientos en El Salvador.
Afectación en toda Centroamérica
El estudio internacional advirtió que el cambio climático está transformando la migración en todos los países del Corredor Seco Centroamericano, que incluye además de El Salvador, a Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Según los datos, en 2019 al menos un 8 % de las familias del Corredor Seco reportaron planes de migrar debido a la sequía prolongada.
Los autores subrayan la necesidad de fortalecer sistemas de alerta temprana, mejorar el acceso a información climática y promover políticas de adaptación para reducir la migración forzada.
El estudio concluye que comprender la relación entre cambio climático y movilidad humana es clave para diseñar estrategias que mitiguen el impacto social y económico en la región.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, aseguró este martes que los 11 casos de sarampión detectados en el país no son exclusivamente de salvadoreños, sino que también incluyen a extranjeros bajo cuidado médico que se encuentran en el territorio nacional.
“El 100 % de los casos de sarampión no se trata de salvadoreños, existe un porcentaje de extranjeros que residen en el país, o trabajan en el territorio, y han sido importados de los países cercanos que han tenido casos, como Guatemala. Nuestros niveles de cobertura son buenos. Se han logrado niveles idóneos desde el 2019”, aseguró Alabi en el programa de entrevistas matutino ‘Frente a Frente’.
El funcionario afirmó que, al menos hasta este lunes, El Salvador continúa sin reportar transmisión local de sarampión. Los casos detectados y anunciados la semana pasada fueron clasificados como importados.
“Seguimos siendo un país que no tiene transmisión local de sarampión. Esto significa que dentro del territorio no ha habido ese crecimiento o esa felicidad de transmisión entre persona y persona localizada dentro del territorio”, explicó el titular de Salud.
El ministro Alabi señaló un resurgimiento de diversas enfermedades a nivel internacional, incluyendo el sarampión. Informó que se han notificado 14,400 casos de sarampión en la América y que, específicamente en Guatemala, se reportan más de 4,000 casos, así como letalidades asociadas, esto según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Por otro lado, Alabi mencionó que, según estimaciones hasta el año 2025, El Salvador reportó una cobertura superior al 98% en la dosis triple viral y de más del 96% en la segunda dosis. A su juicio, esta cobertura preventiva constituye la más alta en la historia del país.
«En el país tenemos una cobertura de triple viral, de primera vez, del 98.4 %, y de SRP (triple viral), segunda dosis, a los 18 meses con 96.6 %; en las dos estamos arriba del 95 %, que es el estándar. Estas coberturas fueron del año 2025, nos coloca en el nivel más alto en la historia del país”, aseguró el titular de la entidad de salud.
El funcionario enfatizó que el sarampión es la enfermedad más fácilmente transmisible, con una alta capacidad de contagio que puede afectar a cualquier persona. Por ello, subrayó la importancia de la prevención y la vacunación.
Asimismo, hizo hincapié en que, ante el resurgimiento de estas enfermedades, la contención de su propagación en los países del istmo dependerá fundamentalmente de la vacunación.
“¿Podemos frenar que la enfermedad siga creciendo? Esto depende de que el conjunto de países tengan la cobertura de vacunación arriba del 95 %”, aseguró Alabi.
Guatemala informó a finales del año pasado sobre un caso de sarampión que involucraba a un ciudadano salvadoreño. Sin embargo, las autoridades salvadoreñas no aclararon si el individuo residía en El Salvador o en Guatemala.
A pesar de esto, la OPS sí reportó un caso de sarampión en El Salvador en diciembre de 2025.
