Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) mantienen una fuerte confrontación con el Gobierno de Guatemala desde el pasado 31 de julio, cuando sus principales líderes fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en Escuintla, a 50 kilómetros al sur de la capital. La medida, impulsada para cortar la planificación de crímenes desde los penales, ha provocado una ola de motines y disturbios en varias prisiones del país.
“Para hacer un movimiento como el traslado de los líderes de las pandillas, (el Gobierno) tuvo que haber previsto toda esta reacción, pero o no lo hicieron o no se está reaccionando como se debe, porque los motines están brotando casi todos los días y agarran con facilidad a los guardias como rehenes”, advirtió Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia y de la organización Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).
Según Ibarra, existe “un mal manejo del Sistema Penitenciario” y falta de inteligencia estratégica. Sin embargo, reconoció que a diferencia de gobiernos anteriores, la administración de Bernardo Arévalo de León sí ha emprendido acciones concretas contra los delitos que se planifican desde las cárceles.
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Los traslados se ejecutaron dos días después del asesinato de siete personas en una funeraria de Ciudad de Guatemala, hecho atribuido a miembros de la Mara Salvatrucha durante el velorio de un integrante de la pandilla rival Barrio 18. Con el aislamiento en Renovación I, los cabecillas han perdido privilegios como visitas sin control o televisores gigantes, lo que ha reducido su capacidad para dirigir extorsiones y crímenes organizados desde prisión.
El presidente Arévalo y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, han reiterado que no darán marcha atrás en la decisión, pese a la escalada de violencia. Solo en 2024, las autoridades y organizaciones civiles estiman unas 25,000 denuncias por extorsión contra comerciantes, transportistas y empresas, crímenes valorados en miles de millones de quetzales y que en su mayoría se coordinaban desde los penales.
A juicio de Ibarra, aún está por verse la efectividad de las medidas, pues “este fenómeno criminal responde a estructuras y con quitar la cabeza no se desmorona la organización”.
