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El conflicto internacional por el control de Continental Towers, empresa con presencia en El Salvador, Guatemala y otros países latinoamericanos, llegó a su fin tras más de cuatro años de arbitraje sin que ninguna de las partes resultara vencedora. La disputa, ventilada en Nueva York, deja abierta la posibilidad para que Terra Towers, socio mayoritario, interponga contrademandas por daños y perjuicios contra los accionistas minoritarios TPG Peppertree y AMLQ.

Aunque el fallo no otorgó razón definitiva a ninguna de las partes, su contenido ha provocado polémica en Centroamérica. El tribunal arbitral emitió valoraciones severas sobre los sistemas judiciales de El Salvador y Guatemala, lo que generó rechazo por parte de autoridades judiciales en ambos países y abrió un nuevo capítulo de debate sobre la soberanía jurídica regional.

En El Salvador, la disputa también derivó en un proceso penal activo. Un tribunal contra el Crimen Organizado emitió órdenes de captura contra tres ejecutivos estadounidenses de TPG Peppertree —Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri—, acusados de estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. También figuran como imputados los guatemaltecos Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro, exejecutivos de la firma.

Gaitán Paredes fue extraditado a El Salvador en septiembre pasado y Gaitán Castro guarda prisión en Guatemala, donde se ha denunciado que goza de privilegios y un inusual sistema de protección.

Por su parte, Guatemala mantiene procesos penales en curso, algunos con personas detenidas y otras en investigación. Las causas se centran en presuntos delitos financieros y estructuración fraudulenta en el manejo de la empresa de telecomunicaciones. Las investigaciones incluyen auditorías forenses, órdenes judiciales y alertas a INTERPOL.

Sin embargo, los árbitros del tribunal internacional descalificaron reiteradamente la labor de los sistemas de justicia centroamericanos. Uno de los integrantes del panel, el abogado Marc Goldstein, declaró durante una audiencia que “no tengo conocimiento de las leyes de Perú o Guatemala, pero son una broma”, lo que ha sido calificado como una muestra de prejuicio e ignorancia jurídica.

Los laudos arbitrales cuestionaron la legitimidad de las acusaciones fiscales y judiciales en ambos países, calificando como “falsos” los cargos penales, “manipulados” los fiscales y “fabricadas” las decisiones judiciales. Las expresiones generaron reacciones inmediatas de figuras del ámbito jurídico centroamericano, al considerar que se trató de una intromisión inaceptable en asuntos soberanos.

En contraste, el juez federal Lewis Kaplan, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ha sostenido que la justicia estadounidense no tiene autoridad para invalidar procesos penales activos en países soberanos, postura que contrasta con el enfoque adoptado por el panel arbitral.

La reacción más contundente vino de Guatemala, donde un juez calificó el fallo como un acto de “colonialismo judicial”, denunciando que un grupo privado de árbitros estadounidenses intentó influir sobre decisiones de cortes nacionales legítimas. “Aceptar este precedente comprometería la independencia judicial en América Latina”, opinan analistas legales.

El tribunal incluso describió como “pretextuales” las denuncias penales que motivaron las investigaciones en El Salvador y Guatemala, aunque estas ya han generado diligencias oficiales, cooperación internacional y solicitudes de extradición. En territorio salvadoreño, el proceso judicial continúa en desarrollo, con expectativas sobre una posible difusión roja de INTERPOL para capturar a los ejecutivos estadounidenses.