Etiqueta: homicidios

  • Cárteles mexicanos reducen violencia visible ante mayor presión

    Cárteles mexicanos reducen violencia visible ante mayor presión

    El mapa criminal de México atraviesa una transformación dos años después de que la fractura del Cártel de Sinaloa desencadenara una disputa entre Los Chapitos y La Mayiza. Los operativos de las autoridades, el fortalecimiento de organizaciones rivales y la presión de Estados Unidos empujaron a los grupos criminales a ejercer una violencia menos visible, aunque varios estados continúan registrando altos niveles de homicidios.

    La reconfiguración presenta un contraste: mientras la disputa interna convirtió a Sinaloa en uno de los principales focos de violencia desde septiembre de 2024, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en todo México disminuyó un 53 %, al pasar de 86.9 a 40.8 entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, según cifras del Gabinete de Seguridad.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la reducción como uno de los principales resultados de sus dos años de Gobierno.

    «Si medimos de septiembre de 2024, llegamos al primero de octubre de 2024, agosto de 2026 la reducción es del 53%. (Son) 46 homicidios menos cada día», remarcó la mandataria.

    La oposición, sin embargo, cuestionó las estadísticas y el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, acusó al Gobierno de que «cambia a los muertos de casilla».

    Andrés Sumano, investigador del Colegio de la Frontera Norte y especialista en seguridad, explicó que la disminución responde a diferentes factores, entre ellos las acciones gubernamentales, cambios en el registro de las muertes violentas y la reorganización de las estructuras criminales.

    “Cuando se va consolidando un monopolio criminal ya no tenemos ese factor de competencia que hace que por naturaleza se reduzcan los homicidios”, explica a EFE.

    La presión de Estados Unidos también aumentó ante las exigencias de mayores resultados contra el narcotráfico y, especialmente, el tráfico de fentanilo.

    «Antes los carteles creían que cruzando fronteras se protegían y lavando recursos se protegían. Pero hoy les decimos que no, no más”, declaró el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien destacó la cooperación entre los gobiernos de Sheinbaum y del presidente estadounidense Donald Trump.

    Las capturas, decomisos y operaciones contra organizaciones criminales también modificaron su comportamiento. Sumano señaló que estos grupos buscan “tratar de mantener un perfil bajo, de no ofrecer una violencia tan visible para precisamente no llamar la atención”.

    Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, las autoridades reportaron 67,253 detenciones por delitos de alto impacto, el decomiso de 34,353 armas de fuego y 534 toneladas de drogas en operaciones terrestres, además de la inhabilitación de 2,771 laboratorios clandestinos para producir metanfetaminas.

    Pese a la reducción nacional, la violencia permanece concentrada en determinados territorios. Entre enero y agosto de 2026, siete estados acumularon el 49.3 % de los homicidios dolosos: Guanajuato representó el 8.5 %; Baja California, el 8.4 %; Chihuahua, el 8 %; Sinaloa, el 7.5 %; Estado de México, el 6.1 %; Guerrero, el 5.6 %; y Morelos, el 5.3 %.

    Sumano consideró que una reducción sostenible de la violencia requiere enfrentar también las relaciones de protección y tolerancia entre autoridades y organizaciones criminales.

    “Más que un tema de capacidades, es un tema de corrupción, y ahí es en donde hay que atender”, concluye Sumano.

     

  • Pandillero de la MS-13 muere en enfrentamiento con policías en Santa Isabel Ishuatán

    Pandillero de la MS-13 muere en enfrentamiento con policías en Santa Isabel Ishuatán

    Un presunto pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) identificado como José Manuel Navarro Pérez, alias “ La Chucha”, murió sobre la medianoche de este martes tras un enfrentamiento que protagonizó la Policía Nacional Civil (PNC), en Santa Isabel Ishuatán, ubicado en el municipio de Sonsonate Este, al occidente del país.

    Según los reportes de la corporación policial, un grupo de las Fuerzas Especiales fue blanco de una agresión armada perpetrada por diversos individuos, en momentos que realizaban labores de patrullaje y constataban datos obtenidos a través de alertas ciudadanas. La PNC asegura que recibieron un ataque armado y actuaron en legítima defensa.

    La PNC detalló que, producto del intercambio de disparos, Navarro Pérez murió en el centro hospitalario donde recibía atención médica. Las autoridades agregaron que el sujeto era requerido por la justicia mediante una orden de detención por delitos de robo y extorsión agravada.

    De igual manera, las autoridades policiales, a través de una publicación realizada en su cuenta de Facebook, confirmaron que ningún efectivo policial sufrió heridas durante el incidente.

    De igual manera, en el balance diario de seguridad, la institución policial omitió clasificar este deceso como un homicidio, a pesar de haber reportado el suceso mediante sus plataformas digitales oficiales.

    En otras muertes de presuntos pandilleros, la PNC informó de la muerte de Carlos Mario Ramírez, supuesto integrante de la MS-13, ocurrido la noche de este lunes 14 de julio. El hecho fue confirmado por la corporación policial mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X y ocurrió en el distrito de San Dionisio, perteneciente al municipio de Usulután Este.

  • Hallan dos jóvenes asesinados en Guatemala y suman ya 90 casos similares en 2026

    Hallan dos jóvenes asesinados en Guatemala y suman ya 90 casos similares en 2026

    Los cadáveres de dos jóvenes con señales de violencia y envueltos en bolsas plásticas fueron encontrados este martes en el sur de Ciudad de Guatemala, en medio de una serie de hechos violentos que han llevado a las autoridades a replantear sus estrategias de seguridad.

    Los Bomberos Voluntarios informaron que localizaron los cuerpos en la vía pública después de recibir una alerta de vecinos de la zona. Los socorristas inspeccionaron el lugar junto con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

    Las víctimas, de 19 y 18 años, fueron identificadas posteriormente por sus familiares. Según medios locales, ambos jóvenes estaban desaparecidos después de haber sido secuestrados el lunes mientras se encontraban en unas canchas de fútbol cercanas.

    El hallazgo se suma a más de 90 casos de cadáveres abandonados en bolsas, sábanas o maleteros de vehículos registrados por las fuerzas de seguridad guatemaltecas en lo que va de 2026. La cifra supera ampliamente los 39 casos contabilizados durante todo 2025.

    El aumento de determinados hechos violentos llevó al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, a anunciar semanas atrás una reestructuración de las estrategias de seguridad. La decisión fue comunicada después de que dos matanzas ocurridas durante un mismo fin de semana dejaran al menos 11 personas fallecidas.

    Expertos atribuyen parte de la violencia que enfrenta Guatemala a la actividad de las pandillas, el narcotráfico y la delincuencia común, fenómenos que continúan representando desafíos para las autoridades encargadas de la seguridad pública.

    Pese a estos hechos, las cifras oficiales muestran una reducción de los asesinatos durante el primer semestre. Entre enero y junio de 2026 fueron contabilizados 1,437 homicidios, frente a los 1,600 registrados durante el mismo período de 2025, equivalente a una disminución del 10 %.

    A los homicidios registrados durante los primeros seis meses del año se sumaron otras 312 muertes violentas durante julio. Las autoridades mantienen las investigaciones sobre el asesinato de los dos jóvenes para determinar las circunstancias del crimen y establecer responsabilidades.

     

     

  • Fiscalía atribuye 138 homicidios a estructura de la MS-13 en la zona occidental

    Fiscalía atribuye 138 homicidios a estructura de la MS-13 en la zona occidental

    La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó este lunes una nueva jornada de alegatos ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado, donde presentó pruebas relacionadas con 61 casos atribuidos a la Mara Salvatrucha (MS-13) en la zona occidental de El Salvador.

    Durante la audiencia, los fiscales expusieron las investigaciones vinculadas a ocho programas de la estructura criminal que operaban en distintos sectores del occidente del país y que, según las autoridades, participaron en múltiples hechos de violencia.

    El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que las pesquisas permitieron establecer la responsabilidad de la organización en la muerte de 138 personas.

    De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía, entre las víctimas se encuentran 35 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), 17 miembros de la Fuerza Armada, un custodio de Centros Penales y un integrante del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM).

    Las autoridades señalaron que estos funcionarios formaban parte de los objetivos definidos por la estructura criminal dentro de sus acciones contra las instituciones de seguridad y el Estado salvadoreño.

    Según la acusación fiscal, las órdenes para ejecutar los asesinatos provenían directamente de la denominada ranfla histórica, la ranfla en penales y la ranfla en libertad, consideradas las máximas instancias de dirección de la pandilla.

    La Fiscalía sostuvo que los homicidios eran ejecutados bajo lineamientos internos que promovían altos niveles de violencia y que eran transmitidos a las distintas células operativas de la organización.

    Entre las directrices mencionadas durante la audiencia figuran mecanismos identificados como “apertura de válvulas” y “pegadas permanentes”, estrategias que, según el Ministerio Público, eran utilizadas para ordenar acciones criminales y ataques contra personas consideradas objetivos de la estructura.

    El proceso judicial continúa en el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado, donde la Fiscalía busca demostrar la responsabilidad de los acusados en una serie de delitos relacionados con homicidios, terrorismo y crimen organizado.

     

  • Condenan a expolicías a 540 años por homicidios y robos

    Condenan a expolicías a 540 años por homicidios y robos

    El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 540 años de prisión a Roberto Carlos García Martínez, alias “Bestia”, y a 216 años a Francisco Eduardo Ramírez Vicente, alias “Yeiko”, por múltiples delitos vinculados a una estructura criminal que operaba en el país.

    Las condenas incluyen cargos por homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas, tras comprobarse su participación en una red integrada por expolicías, exsoldados y civiles.

    El juzgador determinó que los imputados participaron en al menos 11 casos de homicidio agravado y 21 robos agravados contra empresas y personas particulares.

    Según la investigación, la estructura delictiva operaba desde 2018 y contaba con colaboradores civiles que brindaban información sobre movimientos de comercios y posibles víctimas.

    Las autoridades establecieron que las víctimas eran asesinadas si oponían resistencia durante los asaltos, lo que elevó la gravedad de los delitos cometidos por la banda.

    Además de los principales condenados, otros nueve implicados recibieron penas que oscilan entre cinco y 173 años de prisión por su participación en los mismos hechos.

    El grupo operaba a nivel nacional, aunque las zonas con mayor incidencia delictiva fueron Chalatenango, Nueva Concepción y San Miguel.

    En esta última zona, los delincuentes perpetraron asaltos contra cooperativas y negocios dedicados a la comercialización de motocicletas.

    Al emitir la sentencia, el juez destacó la gravedad de los hechos y señaló que los procesados se aprovecharon de su condición de agentes de autoridad para cometer los delitos.

    El tribunal concluyó que las acciones de la estructura criminal representaron un grave atentado contra la seguridad y la paz pública del país.

     

  • Condenan a 129 pandilleros de MS-13 por múltiples delitos en La Libertad

    Condenan a 129 pandilleros de MS-13 por múltiples delitos en La Libertad

    Un total de 129 miembros de la pandilla MS-13, entre cabecillas y colaboradores, fueron condenados a penas de hasta 260 años de prisión por diversos delitos cometidos en el departamento de La Libertad.

    La Fiscalía General de la República (FGR) logró demostrar la responsabilidad de los imputados en crímenes como homicidios, tráfico de drogas, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas, ocurridos entre 2013 y 2018.

    Según las investigaciones, los pandilleros operaban bajo distintas clicas y ejecutaban privaciones de libertad contra sus víctimas, muchas de las cuales posteriormente eran desaparecidas.

    Las autoridades también determinaron que la estructura criminal se financiaba mediante actividades ilícitas como la venta de drogas y las extorsiones en diferentes zonas del departamento.

    El caso fue sustentado con pruebas documentales y testimoniales que evidenciaron el modo de operación de la organización y la participación directa de los acusados en los hechos delictivos.

    Entre las condenas más altas destaca la de Jaime Ulises Vega, quien recibió 260 años de prisión por ocho homicidios y organizaciones terroristas.

    También figuran José Francisco Belloso, condenado a 170 años por tres homicidios; Álvaro Amílcar Santamaría Montes y Hugo Armando Vásquez Hernández, ambos con 110 años de cárcel por tres homicidios y organizaciones terroristas.

    Asimismo, Josué Alexander Alas y Elías Adonis Quijano fueron condenados a 90 años por tres homicidios, mientras que Jaime Ernesto Pérez Marroquín y Santos Nicolás Martínez recibieron 80 años de prisión por dos homicidios y organizaciones terroristas.

    La FGR destacó que estas condenas forman parte de los esfuerzos para desarticular estructuras criminales y llevar justicia a las víctimas afectadas por la violencia en el país.

     

  • Panamá admite que el crimen organizado controla las cárceles

    Panamá admite que el crimen organizado controla las cárceles

    Las autoridades de Panamá reconocieron el lunes la creciente influencia del crimen organizado dentro de las cárceles, tras un tiroteo entre pandillas que dejó un recluso muerto en el principal complejo penitenciario del país.

    El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, admitió que las estructuras criminales mantienen operaciones tanto fuera como dentro de los centros penales.

    “Por supuesto tiene que ver, sí, las pandillas también están en las cárceles. El crimen organizado y las estructuras criminales no solamente están fuera, están dentro”, afirmó.

    Fernández señaló que existen cabecillas encarcelados que continúan dirigiendo actividades delictivas, incluyendo asesinatos y robos de droga entre organizaciones rivales.

    El incidente más reciente ocurrió en el Centro Penitenciario La Joya, el complejo carcelario más grande del país, donde un interno vinculado a un cartel internacional murió durante un enfrentamiento armado.

    Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, advirtió que el crimen organizado ha evolucionado y se ha fortalecido en los últimos años.

    “Lamentablemente, el crimen organizado ha escalado, se ha perfeccionado”, expresó, al tiempo que señaló limitaciones institucionales para enfrentar estas estructuras.

    La violencia en las cárceles ocurre en paralelo a disputas territoriales entre pandillas en zonas como San Miguelito y la provincia de Colón.

    Este lunes, en Colón, se registró un doble homicidio relacionado con estas pugnas, en un contexto donde operan al menos 13 pandillas enfrentadas.

    Según datos oficiales, Panamá contabilizó 130 homicidios en el primer trimestre del año, una reducción del 9 % respecto al mismo periodo de 2025.

    Sin embargo, Colón sigue siendo una de las regiones más violentas, junto con la provincia de Panamá y el distrito de San Miguelito.

    Las autoridades estiman que existen más de 180 pandillas vinculadas al narcotráfico, encargadas de movilizar droga hacia Estados Unidos y Europa.

    El reconocimiento oficial evidencia los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario panameño frente al control del crimen organizado.

     

  • La cadena perpetua entró en vigencia en El Salvador

    La cadena perpetua entró en vigencia en El Salvador

    El paquete de reformas penales que habilita la cadena perpetua en El Salvador entró en vigencia el domingo, 30 días después de la ratificación constitucional en la Asamblea Legislativa a solicitud del presidente Nayib Bukele.

    La normativa, publicada el pasado 27 de marzo en el Diario Oficial, se sustenta en una reforma constitucional que establece la prisión perpetua para delitos considerados de extrema gravedad.

    Entre estos delitos se incluyen el homicidio simple y agravado, feminicidio, violación en sus distintas formas y la pertenencia a organizaciones criminales o terroristas, categoría bajo la cual se tipifica ahora a las pandillas.

    Con esta reforma, la cadena perpetua se convierte en la única pena aplicable para quienes sean condenados por estos delitos, ya sean autores o cómplices, incluyendo personas entre 12 y 18 años de edad.

    Antes de estos cambios, los pandilleros eran procesados por el delito de “agrupaciones ilícitas”, con penas que oscilaban entre 20 y 30 años, y de 40 a 45 años para cabecillas. Ahora, este delito se aplicará a grupos delictivos no pandilleriles con condenas de entre 10 y 20 años.

    La reforma también establece que los jueces de lo criminal, anteriormente jueces de menores, deberán realizar revisiones obligatorias de las penas perpetuas para evaluar la posibilidad de un régimen de libertad controlada.

    Estas revisiones se efectuarán cada cinco años, una vez cumplidos al menos 25 años de prisión en el caso de menores, 30 años para adultos, 35 años en casos de múltiples delitos y 40 años cuando existan agravantes.

    El oficialismo, liderado por el partido Nuevas Ideas, defendió la medida al asegurar que la cadena perpetua mantiene “compatibilidad con estándares constitucionales internacionales”, al incluir mecanismos de revisión periódica de las condenas.

    Sin embargo, organismos internacionales han cuestionado la reforma. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que “la imposición de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena”.

    En la misma línea, Human Rights Watch ha señalado que la medida contraviene estándares internacionales de derechos humanos.

    Estas reformas se aprobaron en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, una política de seguridad que ha dejado más de 91,000 detenidos y una drástica reducción de homicidios. Sin embargo, organizaciones críticas han denunciado 6,400 presuntas violaciones a derechos humanos y al menos 500 muertes bajo custodia estatal.

     

  • Cuarta jornada de mega audiencia de pandilleros se abrió a los medios

    Cuarta jornada de mega audiencia de pandilleros se abrió a los medios

    La cuarta jornada del juicio masivo contra 486 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) se desarrolló el jueves en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en un proceso que por primera vez fue abierto a medios de comunicación.

    Los imputados, considerados cabecillas de la estructura criminal, fueron trasladados uno a uno desde sus celdas hacia áreas equipadas con videotransmisión para participar en la audiencia judicial que se sigue desde San Salvador.

    “El tipo de internos que están siendo procesados acá (en la cárcel) son miembros de la estructura criminal MS13, una organización criminal terrorista”, afirmó el director del Cecot, Belarmino García.

    El funcionario detalló que se trata de “ranfleros (cabecillas) históricos, corredores (encargados) de programa, corredores de clica, palabreros (líderes) de clica, sujetos que por muchos años le ocasionaron luto y dolor a nuestra sociedad”.

    Delitos por cabecillas

    Entre los principales acusados figura Dionisio Arístides Umanzor Osorio, alias “El Sirra de Teclas”, señalado por 126 delitos, incluidos 106 homicidios agravados, además de secuestro y privación de libertad.

    También destaca Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “Diablito de Hollywood”, quien acumula 598 delitos, entre ellos 497 homicidios agravados y otros crímenes como desapariciones y feminicidios, además de ser requerido por la justicia de Estados Unidos.

    Otro de los procesados es Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias “Snayder de Pasadena”, acusado de más de 600 delitos, incluyendo más de 500 homicidios agravados.

    Asimismo, Rubén Antonio Rosa Lobo, alias “Chivo de Centrales”, enfrenta cargos por más de 200 delitos relacionados con homicidios, extorsión agravada y delitos con armas.

    “Se está utilizando la teoría de la autoría mediata de los aparatos organizados de poder, para poder atribuir todos los delitos, absolutamente todos los delitos del la estructura a estos ranfleros , que siempre estuvieron dando las órdenes y siempre tuvieron la capacidad de poder autorizar o denegar que una persona viviera durante ese tiempo”, explicó el fiscal contra el crimen organizado, Max Muñoz.

    La Fiscalía sostiene que los cabecillas son responsables de al menos 86 asesinatos que derivaron en la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022.

    Además, a 22 de estos líderes se les atribuye la muerte de 80 policías y más de 47,000 crímenes cometidos entre 2012 y 2022.

    “Según los testimonios y las 13 declaraciones anticipadas con las que cuenta la Fiscalía, los cabecillas daban la autorización de matar a contrincantes, miembros de la corporación policial, elementos de la Fuerza Armada y personas que se opusieran a las exigencias, además de atentar contra puestos policiales o en contra de algunas instituciones públicas”, indicó la institución fiscal.

    El proceso se desarrolla bajo un modelo de audiencia única que permite juzgar de forma masiva a los acusados e incorporar nuevos imputados en el futuro, tras reformas al Código Penal salvadoreño.

     

  • Testigos de audiencia contra 486 pandilleros de la MS-13 revelan que cabecillas dieron órdenes de homicidios

    Testigos de audiencia contra 486 pandilleros de la MS-13 revelan que cabecillas dieron órdenes de homicidios

    La Fiscalía General de la República presentó este jueves a tres testigos protegidos que detallan cómo los cabecillas de la MS-13 ordenaban homicidios a nivel nacional entre 2012 y 2022, incluyendo asesinatos de policías y militares.

    El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que las órdenes criminales provenían tanto desde centros penitenciarios como desde estructuras en libertad, lo que sustenta la acusación contra 486 líderes de la pandilla.

    “Tenemos tres testigos protegidos que van a continuar declarando sobre los diferentes homicidios que ordenaba la ranfla”, dijo Muñoz, quien señaló que el proceso de investigación tomó un año de preparación.

    Uno de los testigos relató al menos cinco homicidios cometidos en Nuevo Cuscatlán por órdenes de la ranfla nacional, entre ellos el asesinato de los hermanos Toledo en septiembre de 2021.

    Según su declaración, las víctimas fueron enterradas en el sector conocido como La Bomba, en la Finca Suiza, lugar que habría sido utilizado como zona de operaciones de la estructura criminal.

    El mismo testimonio vincula a la pandilla con el asesinato de la jugadora de fútbol Jimena Granados, quien fue llevada a esa finca, asesinada y posteriormente enterrada.

    Además, señaló que en junio de 2019 la estructura ejecutó a un pandillero rival en la misma zona, utilizando armas de fuego.

    Otro testigo detalló 17 homicidios cometidos entre 2017 y 2021 en distintas zonas de La Libertad, incluyendo seis casos contra miembros de pandillas contrarias.

    En estos hechos, las víctimas fueron privadas de libertad, asesinadas y enterradas por órdenes directas de la ranfla, mientras que otras personas fueron ejecutadas por colaborar con las autoridades.

    El testigo también afirmó que la estructura habría asesinado y enterrado a más de 200 personas entre 2013 y 2021 en la Finca Suiza, donde operaban en actividades como extorsión, privación de libertad y adquisición de armas.

    Asimismo, mencionó un intento de homicidio contra un sargento de la Policía Nacional Civil en agosto de 2018 en Nuevo Cuscatlán, quien logró sobrevivir al ataque.

    Las autoridades indicaron que las declaraciones de los testigos coinciden en la forma de operar de la pandilla y en la descripción de crímenes específicos, reforzando las acusaciones presentadas en el proceso judicial.