Etiqueta: homicidios

  • Condenan a expolicías a 540 años por homicidios y robos

    Condenan a expolicías a 540 años por homicidios y robos

    El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 540 años de prisión a Roberto Carlos García Martínez, alias “Bestia”, y a 216 años a Francisco Eduardo Ramírez Vicente, alias “Yeiko”, por múltiples delitos vinculados a una estructura criminal que operaba en el país.

    Las condenas incluyen cargos por homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas, tras comprobarse su participación en una red integrada por expolicías, exsoldados y civiles.

    El juzgador determinó que los imputados participaron en al menos 11 casos de homicidio agravado y 21 robos agravados contra empresas y personas particulares.

    Según la investigación, la estructura delictiva operaba desde 2018 y contaba con colaboradores civiles que brindaban información sobre movimientos de comercios y posibles víctimas.

    Las autoridades establecieron que las víctimas eran asesinadas si oponían resistencia durante los asaltos, lo que elevó la gravedad de los delitos cometidos por la banda.

    Además de los principales condenados, otros nueve implicados recibieron penas que oscilan entre cinco y 173 años de prisión por su participación en los mismos hechos.

    El grupo operaba a nivel nacional, aunque las zonas con mayor incidencia delictiva fueron Chalatenango, Nueva Concepción y San Miguel.

    En esta última zona, los delincuentes perpetraron asaltos contra cooperativas y negocios dedicados a la comercialización de motocicletas.

    Al emitir la sentencia, el juez destacó la gravedad de los hechos y señaló que los procesados se aprovecharon de su condición de agentes de autoridad para cometer los delitos.

    El tribunal concluyó que las acciones de la estructura criminal representaron un grave atentado contra la seguridad y la paz pública del país.

     

  • Condenan a 129 pandilleros de MS-13 por múltiples delitos en La Libertad

    Condenan a 129 pandilleros de MS-13 por múltiples delitos en La Libertad

    Un total de 129 miembros de la pandilla MS-13, entre cabecillas y colaboradores, fueron condenados a penas de hasta 260 años de prisión por diversos delitos cometidos en el departamento de La Libertad.

    La Fiscalía General de la República (FGR) logró demostrar la responsabilidad de los imputados en crímenes como homicidios, tráfico de drogas, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas, ocurridos entre 2013 y 2018.

    Según las investigaciones, los pandilleros operaban bajo distintas clicas y ejecutaban privaciones de libertad contra sus víctimas, muchas de las cuales posteriormente eran desaparecidas.

    Las autoridades también determinaron que la estructura criminal se financiaba mediante actividades ilícitas como la venta de drogas y las extorsiones en diferentes zonas del departamento.

    El caso fue sustentado con pruebas documentales y testimoniales que evidenciaron el modo de operación de la organización y la participación directa de los acusados en los hechos delictivos.

    Entre las condenas más altas destaca la de Jaime Ulises Vega, quien recibió 260 años de prisión por ocho homicidios y organizaciones terroristas.

    También figuran José Francisco Belloso, condenado a 170 años por tres homicidios; Álvaro Amílcar Santamaría Montes y Hugo Armando Vásquez Hernández, ambos con 110 años de cárcel por tres homicidios y organizaciones terroristas.

    Asimismo, Josué Alexander Alas y Elías Adonis Quijano fueron condenados a 90 años por tres homicidios, mientras que Jaime Ernesto Pérez Marroquín y Santos Nicolás Martínez recibieron 80 años de prisión por dos homicidios y organizaciones terroristas.

    La FGR destacó que estas condenas forman parte de los esfuerzos para desarticular estructuras criminales y llevar justicia a las víctimas afectadas por la violencia en el país.

     

  • Panamá admite que el crimen organizado controla las cárceles

    Panamá admite que el crimen organizado controla las cárceles

    Las autoridades de Panamá reconocieron el lunes la creciente influencia del crimen organizado dentro de las cárceles, tras un tiroteo entre pandillas que dejó un recluso muerto en el principal complejo penitenciario del país.

    El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, admitió que las estructuras criminales mantienen operaciones tanto fuera como dentro de los centros penales.

    “Por supuesto tiene que ver, sí, las pandillas también están en las cárceles. El crimen organizado y las estructuras criminales no solamente están fuera, están dentro”, afirmó.

    Fernández señaló que existen cabecillas encarcelados que continúan dirigiendo actividades delictivas, incluyendo asesinatos y robos de droga entre organizaciones rivales.

    El incidente más reciente ocurrió en el Centro Penitenciario La Joya, el complejo carcelario más grande del país, donde un interno vinculado a un cartel internacional murió durante un enfrentamiento armado.

    Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, advirtió que el crimen organizado ha evolucionado y se ha fortalecido en los últimos años.

    “Lamentablemente, el crimen organizado ha escalado, se ha perfeccionado”, expresó, al tiempo que señaló limitaciones institucionales para enfrentar estas estructuras.

    La violencia en las cárceles ocurre en paralelo a disputas territoriales entre pandillas en zonas como San Miguelito y la provincia de Colón.

    Este lunes, en Colón, se registró un doble homicidio relacionado con estas pugnas, en un contexto donde operan al menos 13 pandillas enfrentadas.

    Según datos oficiales, Panamá contabilizó 130 homicidios en el primer trimestre del año, una reducción del 9 % respecto al mismo periodo de 2025.

    Sin embargo, Colón sigue siendo una de las regiones más violentas, junto con la provincia de Panamá y el distrito de San Miguelito.

    Las autoridades estiman que existen más de 180 pandillas vinculadas al narcotráfico, encargadas de movilizar droga hacia Estados Unidos y Europa.

    El reconocimiento oficial evidencia los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario panameño frente al control del crimen organizado.

     

  • La cadena perpetua entró en vigencia en El Salvador

    La cadena perpetua entró en vigencia en El Salvador

    El paquete de reformas penales que habilita la cadena perpetua en El Salvador entró en vigencia el domingo, 30 días después de la ratificación constitucional en la Asamblea Legislativa a solicitud del presidente Nayib Bukele.

    La normativa, publicada el pasado 27 de marzo en el Diario Oficial, se sustenta en una reforma constitucional que establece la prisión perpetua para delitos considerados de extrema gravedad.

    Entre estos delitos se incluyen el homicidio simple y agravado, feminicidio, violación en sus distintas formas y la pertenencia a organizaciones criminales o terroristas, categoría bajo la cual se tipifica ahora a las pandillas.

    Con esta reforma, la cadena perpetua se convierte en la única pena aplicable para quienes sean condenados por estos delitos, ya sean autores o cómplices, incluyendo personas entre 12 y 18 años de edad.

    Antes de estos cambios, los pandilleros eran procesados por el delito de “agrupaciones ilícitas”, con penas que oscilaban entre 20 y 30 años, y de 40 a 45 años para cabecillas. Ahora, este delito se aplicará a grupos delictivos no pandilleriles con condenas de entre 10 y 20 años.

    La reforma también establece que los jueces de lo criminal, anteriormente jueces de menores, deberán realizar revisiones obligatorias de las penas perpetuas para evaluar la posibilidad de un régimen de libertad controlada.

    Estas revisiones se efectuarán cada cinco años, una vez cumplidos al menos 25 años de prisión en el caso de menores, 30 años para adultos, 35 años en casos de múltiples delitos y 40 años cuando existan agravantes.

    El oficialismo, liderado por el partido Nuevas Ideas, defendió la medida al asegurar que la cadena perpetua mantiene “compatibilidad con estándares constitucionales internacionales”, al incluir mecanismos de revisión periódica de las condenas.

    Sin embargo, organismos internacionales han cuestionado la reforma. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que “la imposición de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena”.

    En la misma línea, Human Rights Watch ha señalado que la medida contraviene estándares internacionales de derechos humanos.

    Estas reformas se aprobaron en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, una política de seguridad que ha dejado más de 91,000 detenidos y una drástica reducción de homicidios. Sin embargo, organizaciones críticas han denunciado 6,400 presuntas violaciones a derechos humanos y al menos 500 muertes bajo custodia estatal.

     

  • Cuarta jornada de mega audiencia de pandilleros se abrió a los medios

    Cuarta jornada de mega audiencia de pandilleros se abrió a los medios

    La cuarta jornada del juicio masivo contra 486 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) se desarrolló el jueves en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en un proceso que por primera vez fue abierto a medios de comunicación.

    Los imputados, considerados cabecillas de la estructura criminal, fueron trasladados uno a uno desde sus celdas hacia áreas equipadas con videotransmisión para participar en la audiencia judicial que se sigue desde San Salvador.

    “El tipo de internos que están siendo procesados acá (en la cárcel) son miembros de la estructura criminal MS13, una organización criminal terrorista”, afirmó el director del Cecot, Belarmino García.

    El funcionario detalló que se trata de “ranfleros (cabecillas) históricos, corredores (encargados) de programa, corredores de clica, palabreros (líderes) de clica, sujetos que por muchos años le ocasionaron luto y dolor a nuestra sociedad”.

    Delitos por cabecillas

    Entre los principales acusados figura Dionisio Arístides Umanzor Osorio, alias “El Sirra de Teclas”, señalado por 126 delitos, incluidos 106 homicidios agravados, además de secuestro y privación de libertad.

    También destaca Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “Diablito de Hollywood”, quien acumula 598 delitos, entre ellos 497 homicidios agravados y otros crímenes como desapariciones y feminicidios, además de ser requerido por la justicia de Estados Unidos.

    Otro de los procesados es Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias “Snayder de Pasadena”, acusado de más de 600 delitos, incluyendo más de 500 homicidios agravados.

    Asimismo, Rubén Antonio Rosa Lobo, alias “Chivo de Centrales”, enfrenta cargos por más de 200 delitos relacionados con homicidios, extorsión agravada y delitos con armas.

    “Se está utilizando la teoría de la autoría mediata de los aparatos organizados de poder, para poder atribuir todos los delitos, absolutamente todos los delitos del la estructura a estos ranfleros , que siempre estuvieron dando las órdenes y siempre tuvieron la capacidad de poder autorizar o denegar que una persona viviera durante ese tiempo”, explicó el fiscal contra el crimen organizado, Max Muñoz.

    La Fiscalía sostiene que los cabecillas son responsables de al menos 86 asesinatos que derivaron en la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022.

    Además, a 22 de estos líderes se les atribuye la muerte de 80 policías y más de 47,000 crímenes cometidos entre 2012 y 2022.

    “Según los testimonios y las 13 declaraciones anticipadas con las que cuenta la Fiscalía, los cabecillas daban la autorización de matar a contrincantes, miembros de la corporación policial, elementos de la Fuerza Armada y personas que se opusieran a las exigencias, además de atentar contra puestos policiales o en contra de algunas instituciones públicas”, indicó la institución fiscal.

    El proceso se desarrolla bajo un modelo de audiencia única que permite juzgar de forma masiva a los acusados e incorporar nuevos imputados en el futuro, tras reformas al Código Penal salvadoreño.

     

  • Testigos de audiencia contra 486 pandilleros de la MS-13 revelan que cabecillas dieron órdenes de homicidios

    Testigos de audiencia contra 486 pandilleros de la MS-13 revelan que cabecillas dieron órdenes de homicidios

    La Fiscalía General de la República presentó este jueves a tres testigos protegidos que detallan cómo los cabecillas de la MS-13 ordenaban homicidios a nivel nacional entre 2012 y 2022, incluyendo asesinatos de policías y militares.

    El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que las órdenes criminales provenían tanto desde centros penitenciarios como desde estructuras en libertad, lo que sustenta la acusación contra 486 líderes de la pandilla.

    “Tenemos tres testigos protegidos que van a continuar declarando sobre los diferentes homicidios que ordenaba la ranfla”, dijo Muñoz, quien señaló que el proceso de investigación tomó un año de preparación.

    Uno de los testigos relató al menos cinco homicidios cometidos en Nuevo Cuscatlán por órdenes de la ranfla nacional, entre ellos el asesinato de los hermanos Toledo en septiembre de 2021.

    Según su declaración, las víctimas fueron enterradas en el sector conocido como La Bomba, en la Finca Suiza, lugar que habría sido utilizado como zona de operaciones de la estructura criminal.

    El mismo testimonio vincula a la pandilla con el asesinato de la jugadora de fútbol Jimena Granados, quien fue llevada a esa finca, asesinada y posteriormente enterrada.

    Además, señaló que en junio de 2019 la estructura ejecutó a un pandillero rival en la misma zona, utilizando armas de fuego.

    Otro testigo detalló 17 homicidios cometidos entre 2017 y 2021 en distintas zonas de La Libertad, incluyendo seis casos contra miembros de pandillas contrarias.

    En estos hechos, las víctimas fueron privadas de libertad, asesinadas y enterradas por órdenes directas de la ranfla, mientras que otras personas fueron ejecutadas por colaborar con las autoridades.

    El testigo también afirmó que la estructura habría asesinado y enterrado a más de 200 personas entre 2013 y 2021 en la Finca Suiza, donde operaban en actividades como extorsión, privación de libertad y adquisición de armas.

    Asimismo, mencionó un intento de homicidio contra un sargento de la Policía Nacional Civil en agosto de 2018 en Nuevo Cuscatlán, quien logró sobrevivir al ataque.

    Las autoridades indicaron que las declaraciones de los testigos coinciden en la forma de operar de la pandilla y en la descripción de crímenes específicos, reforzando las acusaciones presentadas en el proceso judicial.

     

  • Condenan a ocho pandilleros salvadoreños por asesinatos en Houston

    Condenan a ocho pandilleros salvadoreños por asesinatos en Houston

    Ocho salvadoreños vinculados a la estructura criminal MS-13 fueron condenados en Estados Unidos por su participación en una conspiración de crimen organizado que operó en el área de Houston entre 2017 y 2018, informó el Departamento de Justicia de EEUU.

    Las autoridades estadounidenses detallaron que la red ejecutó múltiples delitos, entre ellos extorsión, tráfico de drogas, robos, obstrucción de la justicia y asesinatos, incluyendo víctimas desde los 14 años. Todos los pandilleros estaban con estatus migratorio irregular en Estados Unidos.

    «Las sentencias de hoy envían un mensaje claro: aquellos que llevan a cabo la violencia contra las organizaciones criminales transnacionales serán responsabilizados, sin importar de dónde vengan las órdenes. Estos acusados utilizaron la brutalidad para avanzar dentro de su empresa criminal, y ahora se enfrentan a las consecuencias”, dijo el fiscal John G.E. Marck, del Distrito Sur de Texas.

    Entre los sentenciados figura Edgardo Martínez-Rodríguez, alias “Largo”, de 35 años, considerado un líder de alto rango que ordenó varios homicidios, quien recibió una condena de 50 años de prisión. También fue sentenciado Wilman Rivas-Guido, alias “Inquieto”, de 30 años, con 45 años de cárcel.

    Otros seis implicados se declararon culpables previamente y permanecen bajo custodia. Miguel Ángel Aguilar-Ochoa, alias “Darki”, de 40 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en cuatro ocasiones, mientras que Wilson José Ventura-Mejía, alias “Discreto”, de 30 años, y Walter Chicas-García, de 28, recibieron penas de 50 años cada uno.

    Asimismo, Luis Ernesto Carbajal-Peraza, de 34 años, y Carlos García-Góngora, de 28, fueron condenados a 45 años de prisión, mientras que Marlon Miranda Morán, de 26 años, deberá cumplir una pena de 35 años.

    Las investigaciones revelaron que durante el periodo más violento de la pandilla en Houston, los mareros utilizaban armas de fuego, machetes, bates de béisbol y hasta sus propias manos para ejecutar a sus víctimas, con el objetivo de mantener el control territorial y fortalecer su reputación criminal.

    Tras los asesinatos, los pandilleros enviaban fotografías de los cuerpos a líderes de la organización en El Salvador como prueba de las ejecuciones, en algunos casos tras mutilar o desmembrar a las víctimas.

    “Estos acusados, actuando en nombre de una pandilla criminal transnacional, llevaron a cabo asesinatos brutales, matando a las víctimas con machetes, bates de béisbol y con sus propias manos, y luego glorificando sus actos violentos al enviar fotos de su carnicería a líderes de la MS-13 en El Salvador”, afirmó el fiscal adjunto A. Tysen Duva.

    En febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a la MS-13 como una organización terrorista extranjera, señalando su presencia en varios estados del país norteamericano, así como en El Salvador y Honduras.

    El caso fue investigado por el FBI y otras agencias de seguridad, en coordinación con autoridades locales y organismos internacionales, como parte de una ofensiva contra estructuras criminales transnacionales.

     

     

  • Presidente ecuatoriano impone toque de queda en nueve provincias

    Presidente ecuatoriano impone toque de queda en nueve provincias

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la implementación de un toque de queda nocturno en nueve provincias del país y en cuatro municipios, como parte de las acciones para combatir la criminalidad.

    La restricción estará vigente desde el 3 hasta el 18 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00, incluyendo a la provincia de Pichincha, donde se ubica la capital, Quito.

    El Gobierno detalló que la medida busca fortalecer la presencia estatal en zonas consideradas prioritarias y frenar el accionar de grupos delictivos que operan en distintas regiones.

    “Con el fin de proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados”, señaló la Presidencia al justificar la decisión.

    Entre las provincias incluidas se encuentran Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde ya se había aplicado la medida en marzo, además de Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos.

    También se aplicará en los municipios La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, considerados focos de incidencia delictiva.

    La medida responde al objetivo de “profundizar las acciones operativas y continuar asestando golpes contundentes a las estructuras delictivas”, según el Gobierno ecuatoriano.

    Durante el toque de queda aplicado en marzo, las autoridades reportaron más de 1,800 capturados, incautación de armas, municiones y dinero en efectivo, así como la destrucción de pistas clandestinas y sitios de minería ilegal.

    Ecuador enfrenta desde 2024 un estado de “conflicto armado interno”, decretado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, catalogadas como organizaciones terroristas.

    Pese a estas medidas, el país cerró 2025 con un récord de homicidios, con cerca de 9,300 casos, según cifras oficiales del Ministerio del Interior.

     

  • Gobierno defiende reformas de cadena perpetua ante Comisión Política legislativa

    Gobierno defiende reformas de cadena perpetua ante Comisión Política legislativa

    El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, junto al ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, comparecieron el jueves ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para explicar la propuesta de reforma constitucional que busca implementar la cadena perpetua en El Salvador.

    Durante su intervención, Villatoro sostuvo que la iniciativa no solo pretende castigar delitos graves, sino también fortalecer el sistema penal en la protección de la vida, la libertad sexual y el patrimonio.

    “Venimos acá no solo a pedir las reformas de leyes para encargarnos de los asesinos, terroristas y violadores, sino también para poder incrementar algunas penas respecto de la tutela efectiva que debemos de tener a la vida, libertad sexual y patrimonio”, expresó el funcionario.

    El ministro señaló que el análisis de los homicidios en el país revela que la mayoría tiene origen en conflictos sociales o familiares, lo que, a su juicio, requiere una respuesta más firme del Estado.

    “Cada homicidio que hay, lo analizamos, son pocos, pero el 80% de esos tienen el origen en una intolerancia social o familiar. Es algo que nos pone en alerta y con ese análisis responsable es que cuestionamos, ¿le vamos tolerar ese tipo de delito a un delincuente común? No”, afirmó.

    Villatoro aseguró que las reformas están basadas en datos y buscan evitar que organizaciones criminales operen en el país mediante el endurecimiento de las penas.

    “Esto es una fundamentación sobre una base real, no son relatos, somos anti relatos, nos vamos a los datos. Este análisis responsable es para blindar a nuestro país y que ninguna organización criminal quiera operar aquí, porque tenemos cadena perpetua para ustedes”, indicó.

    Asimismo, explicó que la estrategia forma parte de una política de “cero tolerancia” contra el crimen, que incluye la ampliación de sanciones y nuevas medidas dentro del sistema penal.

    “Nosotros comenzamos a construir este muro de cero tolerancia, de no empatía con criminales ni terroristas, aquí lo que estamos haciendo es poniéndole tres gradas más a este número con la claridad de que el que lo quiera saltar, se despide por completo de la sociedad”, manifestó.

    El funcionario también confirmó que se proponen reformas a la Ley Penal Juvenil para aplicar cadena perpetua a menores vinculados a organizaciones terroristas.

    “Hemos venido de manera responsable solicitando algunas reformas a la Ley Penal Juvenil. También proponemos traer ese juzgamiento de cadena perpetua aún a menores de edad, así como estamos tratando a los menores de edad que pertenecen a organizaciones terroristas”, detalló.

    En paralelo, planteó aumentar las penas en la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo como parte de la cooperación internacional en el combate a estas estructuras.

    “Y en la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo proponemos un incremento de penas, porque esto está conectado con la hermandad que tenemos con otros países para combatir organizaciones terroristas internacionales”, agregó.

    Villatoro afirmó que estas reformas buscan fortalecer la seguridad pública y mejorar la capacidad del Estado para enfrentar delitos de alta gravedad, diferenciando entre bandas y organizaciones criminales.

    Finalmente, el ministro agradeció el respaldo de la Asamblea Legislativa a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

    “En nombre del Órgano Ejecutivo queremos agradecer el respaldo del Legislativo en esta iniciativa de reforma constitucional que presentamos. Más de 6 millones de salvadoreños agradecemos a los diputados que dieron su voto”, concluyó.

     

  • Principal candidato opositor brasileño propone el modelo Bukele contra el crimen en su país

    Principal candidato opositor brasileño propone el modelo Bukele contra el crimen en su país

    El senador brasileño Flávio Bolsonaro, principal figura opositora de cara a las elecciones presidenciales de octubre, propuso este jueves endurecer las políticas de seguridad en Brasil y tomó como ejemplo el modelo aplicado en El Salvador.

    Durante un evento en Río de Janeiro, el legislador aseguró que el combate al crimen organizado requiere medidas firmes, incluso radicales, para reducir la violencia en el país sudamericano.

    «No sirve de nada pedir moderación en seguridad pública. Tenemos que ser firmes y, a veces, hasta radicales», afirmó el parlamentario.

    El hijo del exmandatario Jair Bolsonaro destacó la reducción de los homicidios en El Salvador bajo la gestión del presidente Nayib Bukele y consideró que ese enfoque podría replicarse en Brasil.

    Según el senador, la tasa de homicidios en El Salvador “cayó de 128 por cada 100.000 habitantes a 0.8”, lo que, a su juicio, evidencia la efectividad de una política más estricta contra las estructuras criminales.

    «Si alguien pertenece a una organización criminal, pena mínima de 20 años. Se acabó. Ya empieza la desarticulación», señaló.

    Bolsonaro también criticó la estrategia de seguridad del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y sostuvo que Brasil necesita un cambio de rumbo para enfrentar a las organizaciones delictivas.

    En ese contexto, destacó la próxima promulgación de la denominada “ley antifacción”, que busca reforzar el combate a las estructuras criminales con penas más severas.

    La normativa establece condenas de entre 20 y 40 años de prisión, que pueden ampliarse hasta 66 años en casos agravados, como ataques con explosivos, bloqueos de vías o reclutamiento de menores.

    Además, la ley endurece los requisitos para acceder a beneficios penitenciarios, al exigir el cumplimiento de hasta el 85 % de la pena, ordena que los líderes criminales cumplan condena en cárceles federales y permite el decomiso de bienes incluso durante la fase de investigación.

    El senador afirmó que el objetivo es frenar la “puerta giratoria” del sistema penitenciario, en referencia a la reincidencia delictiva.

    «El actual presidente tiene hasta el 24 de marzo para sancionar o vetar la ley. Existe una gran probabilidad de que elija el lado de los criminales y no el de los ciudadanos de bien», manifestó.

    Flávio Bolsonaro se perfila como uno de los principales rivales del presidente Lula en las elecciones de octubre, en las que el actual mandatario buscará la reelección.

    Según una encuesta reciente de la firma Quaest, ambos aparecen empatados en una eventual segunda vuelta con un 41 % de intención de voto cada uno.