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Etiqueta: Human Rights Watch

  • Muere venezolano bajo custodia del ICE durante traslado en Georgia

    Muere venezolano bajo custodia del ICE durante traslado en Georgia

    Un migrante venezolano de 45 años falleció mientras era trasladado entre dos centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado de Georgia, en el sur de Estados Unidos, informó este martes la agencia federal. Con este caso, ya son 22 los migrantes que han muerto bajo custodia del organismo durante 2026.

    La víctima fue identificada como Jesús Manuel Arenas Silva, quien sufrió un aparente paro cardíaco cuando era transportado desde el Centro de Detención del Condado de Irwin, en Ocilla, hacia el Centro de Procesamiento Folkston D. Ray, según detalló el ICE en un comunicado.

    De acuerdo con la versión oficial, los agentes encontraron inconsciente al venezolano a las 7:46 de la mañana mientras viajaba en un autobús de la institución. Tras detectar la emergencia, solicitaron asistencia médica y los equipos de socorro lo trasladaron al Hospital del Condado de Irwin.

    Los médicos declararon muerto a Arenas Silva a las 8:31 de la mañana. El ICE indicó que «Se sospecha que la causa de muerte fue un paro cardíaco. La causa oficial está pendiente de un examen médico posterior».

    La muerte del venezolano incrementa a 22 el número de migrantes fallecidos bajo custodia del ICE en lo que va del año, luego de que en 2025 se registraran 33 decesos, la cifra más alta en dos décadas, de acuerdo con datos recopilados por la organización National Immigration Project.

    En un informe reciente, Human Rights Watch advirtió que la tasa de mortalidad de personas detenidas por el ICE alcanzó su nivel más alto en más de diez años y que se ha más que duplicado desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

    El caso también ocurre en medio de cuestionamientos por otras muertes recientes relacionadas con operativos migratorios. En la última semana fallecieron el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido por agentes del ICE el 7 de julio en Texas, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, quien murió el lunes tras recibir disparos de agentes en Maine. Además, otro ciudadano mexicano murió el martes al ser atropellado cuando escapaba de un operativo migratorio en Florida.

    El ICE aseguró que Arenas Silva recibió atención médica y controles de salud durante el tiempo que permaneció bajo custodia. La institución también señaló que el venezolano ingresó a Estados Unidos «de manera ilegal y sin inspección» en octubre de 2021, durante la administración de Joe Biden, y que un juez de inmigración en Atlanta ordenó su deportación a Venezuela en abril de este año.

  • La tasa de mortalidad en centros de inmigrantes durante el segundo mandato de Trump es la mayor en dos décadas

    La tasa de mortalidad en centros de inmigrantes durante el segundo mandato de Trump es la mayor en dos décadas

    La tasa de mortalidad en los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en casi dos décadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, según un informe elaborado por Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights (PHR), que atribuye el incremento al aumento de las detenciones, el hacinamiento y las deficiencias en la atención médica.

    El estudio, titulado Muriendo en detención: el aumento de muertes en un sistema de detención migratoria en expansión de Estados Unidos, documenta 52 fallecimientos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Además, señala que las detenciones realizadas por esa agencia aumentaron un 77 % entre enero de 2025 y enero de 2026.

    De acuerdo con el informe, entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026 murieron 10 ciudadanos mexicanos bajo custodia del ICE, la cifra más alta entre las 20 nacionalidades registradas. Si se incluyen los fallecimientos ocurridos durante operativos migratorios, el número asciende a 15, y llega a 16 tras la muerte de otro mexicano registrada el pasado 19 de junio.

    Las organizaciones también advirtieron que el número anual de fallecimientos prácticamente se triplicó entre enero de 2025 y enero de 2026, lo que representa un incremento del 138 % en la tasa anualizada de mortalidad. Actualmente, la tasa alcanza 8.4 muertes por cada 10,000 personas detenidas, casi el doble del máximo registrado durante el primer año de la pandemia de COVID-19, cuando fue de 4.4 por cada 10,000 detenidos.

    El informe sostiene que el incremento de las muertes coincide con un crecimiento sin precedentes en la población detenida y con el debilitamiento de los mecanismos de supervisión dentro del Departamento de Seguridad Nacional. También denuncia deficiencias en la atención médica, demoras en las referencias hospitalarias y condiciones de hacinamiento que agravan los riesgos para la salud de los migrantes.

    La investigación analizó en detalle 39 de los fallecimientos y concluyó que la mayoría ocurrió en centros que, durante las dos semanas previas a cada muerte, operaban con una población muy superior a su promedio histórico. Entre los casos documentados figura el del mexicano Ismael Ayala-Uribe, de 39 años, quien murió en septiembre de 2025 en un centro de procesamiento en California tras no recibir atención hospitalaria inmediata pese a presentar un absceso infectado.

    Otro caso citado es el de Lorenzo Antonio Batrez Vargas, también mexicano, quien falleció en agosto de 2025 a los 32 años luego de permanecer casi dos semanas aislado tras contraer COVID-19. Según el informe, su familia aseguró que todavía desconoce las causas exactas de su muerte.

    Actualmente, el ICE mantiene detenidas a más de 60,000 personas y prevé ampliar la capacidad de sus centros hasta 90,000 antes de finalizar 2026. Solo durante este año se han registrado 18 fallecimientos bajo custodia migratoria, una cifra que, según las organizaciones autoras del informe, refleja el deterioro de las condiciones dentro del sistema de detención estadounidense.

     

     

  • ACNUR pide que se respete el derecho al asilo en las deportaciones de EEUU a otros países

    ACNUR pide que se respete el derecho al asilo en las deportaciones de EEUU a otros países

    El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pidió este lunes que los acuerdos de deportación y traslado de migrantes impulsados por Estados Unidos respeten el derecho al asilo y las normas internacionales de protección a refugiados.

    El jefe de la agencia, Barham Salih, afirmó que cualquier mecanismo de traslado debe garantizar el acceso a procedimientos de asilo, así como el respeto al principio de no devolución, que prohíbe enviar a una persona a un lugar donde pueda enfrentar persecución, violencia o daños graves.

    «Los acuerdos de traslado deben garantizar el acceso al asilo, respetar las garantías procesales y el principio de no devolución, lo que significa que ninguna persona que necesite protección internacional debe ser devuelta a ningún lugar donde corra el riesgo de sufrir daños», indicó Salih durante una conferencia de prensa virtual.

    El alto funcionario añadió que «Los traslados solo pueden ser legales si cuentan con garantías solidas y respetan el principio de reparto de responsabilidades y no devolución».

    Salih señaló que ACNUR no participó en la negociación de los acuerdos suscritos entre Estados Unidos y varios países africanos. Sin embargo, aseguró que la organización está dispuesta a colaborar para garantizar que cualquier medida relacionada con refugiados y solicitantes de asilo cumpla con el derecho internacional.

    La reactivación de los vuelos de deportación hacia terceros países fue posible luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizara en junio de 2025 al gobierno del presidente Donald Trump a continuar con estas expulsiones, consideradas una de las principales medidas de su política migratoria.

    Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la práctica. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron que muchas personas deportadas carecen de asistencia jurídica adecuada y, en algunos casos, son recluidas en centros penitenciarios de máxima seguridad sin enfrentar cargos formales.

    Las organizaciones también pidieron a los gobiernos africanos rechazar acuerdos migratorios con Estados Unidos, argumentando que estos exponen a los deportados a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y posibles devoluciones forzadas a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

    Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha promovido una política de expulsiones aceleradas y ha firmado acuerdos con países como República Democrática del Congo, El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial y Sierra Leona para recibir migrantes deportados.

  • Cubanos deportados a México enfrentan limbo y abandono

    Cubanos deportados a México enfrentan limbo y abandono

    La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que miles de ciudadanos cubanos deportados desde Estados Unidos hacia México enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema, sin acceso adecuado a refugio, atención médica o mecanismos efectivos para regularizar su situación migratoria. El informe documenta que entre enero de 2025 y marzo de 2026 fueron enviados a territorio mexicano cerca de 4,353 cubanos, convirtiéndose en el principal grupo de nacionales de terceros países deportados bajo esta modalidad.

    Según la investigación, muchos de los afectados residieron durante años e incluso décadas en Estados Unidos, donde formaron familias, desarrollaron actividades laborales y establecieron vínculos comunitarios. Sin embargo, la política migratoria impulsada durante la segunda administración del presidente Donald Trump intensificó las deportaciones masivas hacia terceros países, incluyendo México.

    HRW señala que gran parte de los cubanos deportados había perdido previamente su residencia permanente tras condenas por diversos delitos, muchos de ellos no violentos. Debido a que Cuba históricamente se ha negado a aceptar el retorno de algunos deportados, estas personas permanecieron durante años bajo supervisión migratoria en Estados Unidos hasta que fueron trasladadas a territorio mexicano.

    Sin debido proceso

    El documento también denuncia presuntas violaciones al debido proceso. La organización sostiene que numerosos migrantes fueron enviados a México sin recibir audiencias individuales para evaluar posibles riesgos o temores relacionados con su traslado. Además, varios deportados aseguraron que nunca tuvieron la oportunidad de presentar objeciones formales antes de su expulsión.

    Una vez en México, los migrantes enfrentan serias dificultades para acceder a protección internacional. El informe advierte que muchos son liberados sin recursos económicos, documentos o redes de apoyo, obligándolos a sobrevivir en ciudades donde existen altos índices de violencia y presencia del crimen organizado. Algunos incluso reportaron haber dormido en calles, parques o inmediaciones de hospitales.

    La situación resulta especialmente crítica para los adultos mayores. HRW entrevistó a numerosos cubanos mayores de 60 años que padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y otros padecimientos que requieren atención médica constante. Varios manifestaron dificultades para conseguir medicamentos o recibir tratamiento especializado tras su llegada a México.

    El organismo internacional también alertó sobre las limitaciones del sistema de asilo mexicano. Entre los obstáculos identificados figuran retrasos administrativos, dificultades para obtener citas, falta de acceso a herramientas tecnológicas y restricciones de movilidad que complican el cumplimiento de los procedimientos migratorios.

    Ante este panorama, Human Rights Watch instó a los gobiernos de Estados Unidos y México a transparentar los acuerdos que permiten estas deportaciones y garantizar mecanismos efectivos de protección para los afectados.

    La organización considera que quienes no pueden regresar a Cuba deberían contar con una vía legal permanente que les permita reconstruir sus vidas y evitar quedar atrapados en una situación indefinida de incertidumbre migratoria.

     

     

  • Bukele defiende juicio masivo contra 486 pandilleros y cuestiona a críticos

    Bukele defiende juicio masivo contra 486 pandilleros y cuestiona a críticos

    El presidente Nayib Bukele defendió este miércoles el juicio colectivo contra 486 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha, acusados de miles de delitos, y cuestionó las críticas emitidas por el exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth.

    El mandatario respondió a señalamientos del académico, quien calificó el proceso como “lamentablemente injusto”, en referencia al modelo de juicio masivo aplicado en el país bajo el régimen de excepción.

    “¿“Terriblemente injusto”?”, cuestionó Bukele, al tiempo que aseguró que los procesados no son delincuentes comunes, sino cabecillas de estructuras criminales con antecedentes por delitos graves.

    El presidente afirmó que los imputados han sido responsables de ordenar al menos 47,000 crímenes, incluyendo más de 29,000 asesinatos, según datos presentados por las autoridades.

    “Estos 486 terroristas no son delincuentes comunes. Son líderes de bandas criminales bien conocidos, la mayoría ya condenados por delitos que cometieron personalmente, incluyendo asesinato, violación (a menudo seguida de asesinato), extorsión y secuestro”, expresó el mandatario.

    Bukele también defendió la figura legal utilizada en el proceso, al compararla con precedentes históricos.

    “El único aspecto “novedoso” es responsabilizar a los cabecillas por los crímenes cometidos por sus organizaciones. No inventamos ese principio. Se llama “responsabilidad de mando” y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg”, sostuvo.

    En esa línea, el gobernante cuestionó directamente la postura de Roth. “¿También estás en contra de esos juicios?” (de Núremberg) ¿O simplemente aplicas la lógica de “es bueno para mí, pero no para ti”?”, agregó.

    Por su parte, la Fiscalía General de la República confirmó que este grupo enfrenta por primera vez un proceso bajo la modalidad de macroaudiencia única, tras reformas legales aprobadas en 2023.

    Entre los acusados se encuentran 21 de los 22 principales líderes de la Mara Salvatrucha, quienes serán procesados en conjunto por su presunta participación en estructuras criminales.

    La implementación de estos juicios colectivos forma parte de las medidas adoptadas durante el régimen de excepción, vigente desde 2022, en el marco de la estrategia de seguridad del Gobierno.

     

  • Obispos de Honduras urgen reformas electorales y combate a la corrupción

    Obispos de Honduras urgen reformas electorales y combate a la corrupción

    La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) llamó este miércoles a las autoridades recién electas a implementar reformas electorales “consensuadas y transparentes”, y adoptar medidas eficaces contra la corrupción y la impunidad, en un contexto de alta expectativa ciudadana tras los comicios presidenciales.

    “Urgen reformas electorales consensuadas y transparentes”, expresaron los obispos hondureños en un comunicado. También exigieron el impulso de políticas orientadas al respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la democracia.

    El pronunciamiento exhortó al nuevo gobierno a actuar “por el bien común” y evitar intereses “particulares u ocultos”. Además, los obispos pidieron “abrir caminos de sanación mediante el diálogo sincero y el respeto” en el país.

    La instalación del nuevo gobierno, encabezado por el presidente Nasry ‘Tito’ Asfura desde el pasado 27 de enero, ocurrió bajo un clima mixto de esperanza y dificultades, según la CEH.

    El proceso electoral del 30 de noviembre fue señalado por denuncias de fraude, presiones políticas sobre las autoridades electorales, y un conteo de votos que se prolongó durante un mes. Según la organización Human Rights Watch (HRW), al menos 13 personas murieron por hechos de violencia vinculados al proceso.

    HRW también destacó que el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Asfura, así como la amenaza de cortar ayuda financiera al país, fueron factores que llevaron a la entonces mandataria Xiomara Castro a declarar los comicios como “nulos”.

    Aunque misiones de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) calificaron la jornada electoral como “pacífica”, HRW advirtió que el retraso en los resultados y la falta de salvaguardas frente al financiamiento ilícito socavaron la confianza ciudadana en el proceso.

     

  • HRW denuncia que China «niega sistemáticamente» la libertad de expresión y asociación

    HRW denuncia que China «niega sistemáticamente» la libertad de expresión y asociación

    La organización Human Rights Watch (HRW) denunció hoy en su informe anual que las autoridades de China «niegan sistemáticamente» las libertades de expresión y de asociación, y persiguen a críticos del Gobierno y del Partido Comunista chinos (PCCh) mediante la censura y el uso del sistema legal.

    Según el documento, el refuerzo del control ideológico ha ido acompañado de políticas de asimilación forzada en Tíbet y Xinjiang, así como de la imposición de un régimen de seguridad nacional «represivo» en Hong Kong.

    Censura, control informativo y castigo a la disidencia

    HRW afirma que el Gobierno chino aplica uno de los sistemas de vigilancia y censura más estrictos del mundo, utilizando el aparato legal para castigar a críticos.

    Entre los casos citados figura la condena en enero de 2025 del cineasta Chen Pinlin a tres años y medio de prisión por «provocar peleas y crear problemas» tras realizar un documental sobre las protestas de 2022.

    La organización también menciona la sentencia a tres años impuesta en febrero al editor taiwanés Fu Cha por «incitar al separatismo», así como la supuesta condena en julio del activista Peng Lifa a nueve años de prisión por colgar pancartas prodemocracia en un puente de Pekín.

    El informe añade que las autoridades continúan reprimiendo las conmemoraciones públicas por la masacre de Tiananmen de 1989 tanto en China continental como en Hong Kong, mientras que grupos de la diáspora celebraron actos en decenas de ciudades fuera del país.

    La organización advierte además de un aumento de la presión contra comunidades chinas en el exterior y de acciones de acoso contra familiares de activistas en China, en lo que califica de «represión transnacional».

    Tíbet, Xinjiang y Hong Kong bajo el marco de la seguridad nacional

    En el apartado regional, HRW denuncia que en Tíbet persisten políticas que fuerzan la asimilación cultural y lingüística, y recuerda que el presidente chino, Xi Jinping, instó en agosto a que el budismo tibetano «se adapte a la sociedad socialista».

    Sobre Xinjiang, la organización reitera que desde 2016 las autoridades han cometido abusos que califica de «crímenes contra la humanidad», una acusación que Pekín rechaza, y subraya que Naciones Unidas ha señalado la falta de avances desde la publicación de su informe de 2022.

    En Hong Kong, HRW afirma que el uso recurrente de las leyes de seguridad nacional ha servido para criminalizar expresiones pacíficas, con cientos de detenciones desde 2020, según cifras oficiales citadas en el documento.

    El informe sostiene que estas medidas han ido acompañadas de restricciones a medios, editoriales, actividades culturales y académicas, así como de acciones contra activistas en el extranjero y sus familiares.

    «El Gobierno chino bajo Xi Jinping ha acumulado un historial de derechos humanos cada vez más desastroso, ampliando y profundizando la represión de libertades fundamentales», afirmó la subdirectora de Asia de HRW, Maya Wang, en la presentación del informe.

     

    Religión, género y colectivos LGBT
    HRW señala que el Gobierno chino mantiene un estricto control sobre la libertad religiosa, permitiendo únicamente cinco credos oficiales y reprimiendo a comunidades no registradas, incluidas congregaciones católicas y protestantes que se niegan a integrarse en las iglesias controladas por el Estado.

    La organización también denuncia discriminación persistente contra mujeres y niñas, en un contexto de creciente presión oficial para promover modelos familiares tradicionales ante el descenso de la natalidad.

    La ONG afirma que las autoridades han incrementado la censura de discursos feministas y sancionado contenidos críticos en redes sociales.

    Asimismo, el documento recoge restricciones contra personas LGBT, pese a una mayor aceptación social, incluyendo censura de obras culturales y actuaciones contra escritores y artistas.

    China niega de forma reiterada las acusaciones de abusos de derechos humanos y defiende que sus políticas buscan garantizar la estabilidad, el desarrollo y la seguridad nacional.

  • HRW alerta impacto de Trump en derechos humanos en Latinoamérica

    HRW alerta impacto de Trump en derechos humanos en Latinoamérica

    La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que la influencia política y retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deteriorado las condiciones de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. En su Informe Mundial 2026, HRW señaló que diversos gobiernos han cometido abusos contra migrantes y ciudadanos, o han usado las políticas estadounidenses como excusa para endurecer medidas represivas.

    Durante el primer año del nuevo mandato del presidente estadounidense, HRW observó cómo varios países de la región violaron derechos de personas extranjeras bajo presión directa de Washington. Otros Estados profundizaron estrategias de seguridad basadas en la militarización, detenciones masivas y uso excesivo de la fuerza, según el informe.

    “El impacto de la administración Trump ha sido indudablemente negativo en América Latina y el Caribe”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. No obstante, recalcó que “los gobiernos de la región siguen siendo responsables de defender la democracia y los derechos fundamentales, independientemente de quién gobierne en Washington”.

    HRW denunció que Estados Unidos redujo significativamente los fondos de cooperación dirigidos a organizaciones de derechos humanos y medios independientes. Paralelamente, países como El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que habilitan el cierre arbitrario de organizaciones civiles y medios, debilitando el sistema democrático y los contrapesos institucionales.

    La organización también cuestionó la “doble vara” de la política exterior de Washington, que condena las violaciones en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero ignora graves abusos cometidos por aliados como El Salvador, Perú y Ecuador. El informe incluyó críticas al ataque militar de EE.UU. contra Venezuela a inicios de 2026, el cual, advirtió HRW, podría fortalecer al régimen de Nicolás Maduro y responder a intereses políticos y comerciales de Estados Unidos.

    En materia de seguridad regional, HRW urgió a los gobiernos latinoamericanos a oponerse a los ataques marítimos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que dejaron más de 120 personas fallecidas y podrían constituir ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional.

    El informe también documentó graves abusos contra migrantes deportados desde Estados Unidos. Panamá y Costa Rica detuvieron arbitrariamente a ciudadanos de terceros países, mientras que El Salvador sometió a venezolanos repatriados a desapariciones forzadas, torturas y arrestos arbitrarios. En tanto, la República Dominicana intensificó deportaciones de haitianos a zonas de alto riesgo, en aparente violación del derecho internacional.

    HRW alertó sobre el avance del crimen organizado como una de las principales amenazas a los derechos humanos. En Haití, por ejemplo, grupos criminales dominan el 90 % de Puerto Príncipe. En naciones como Brasil, México, Colombia y Ecuador, las respuestas estatales han incluido operativos letales, ampliación de atribuciones de inteligencia y restricciones a derechos fundamentales.

    En México, el informe destaca la combinación entre refuerzo de capacidades de inteligencia y medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la ampliación de la prisión preventiva obligatoria. En Brasil, una redada en Río de Janeiro dejó 122 personas muertas; y en Colombia, durante la ejecución de la estrategia de “paz total”, los grupos armados expandieron su control territorial.

    Pese a este entorno adverso, HRW resaltó el papel esencial que cumplen periodistas y organizaciones de derechos humanos en la defensa de la democracia. No obstante, advirtió que su labor se ve amenazada por entornos cada vez más hostiles. La organización hizo un llamado a los gobiernos a garantizar su trabajo y cesar su criminalización o restricción.

  • ONU critica abusos del ICE en EE.UU. y denuncia deshumanización de migrantes

    ONU critica abusos del ICE en EE.UU. y denuncia deshumanización de migrantes

    El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció este viernes que las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos han promovido una política de “deshumanización” contra migrantes y refugiados, acompañada de graves déficits legales y abusos sistemáticos.

    Türk sostuvo que el ICE ha normalizado el abuso durante sus operativos, especialmente tras su reciente despliegue en Minneapolis, ciudad con una amplia comunidad de migrantes, en particular somalíes. En ese contexto, condenó las detenciones arbitrarias, muchas veces ejecutadas con violencia, incluso dentro de hospitales, iglesias, escuelas y hogares, y basadas únicamente en sospechas de estatus migratorio irregular.

    El alto comisionado exigió una investigación independiente por el aumento de muertes bajo custodia del ICE, al señalar que solo en el último año se reportaron al menos 30 fallecimientos, y seis más en lo que va de 2026. También condenó las represalias contra manifestantes, como en el caso de la muerte a tiros de Renee Good, y recordó que el uso letal de la fuerza debe ser el último recurso ante una amenaza inminente.

    La Administración del presidente Donald Trump justificó la muerte de Good alegando que intentó atropellar a un agente. Sin embargo, la oposición demócrata y organizaciones como Human Rights Watch afirmaron que los videos contradicen esta versión y calificaron el hecho como un «asesinato injustificado». Las imágenes muestran que Good se alejaba del oficial cuando fue baleada el 7 de enero.

    Türk alertó sobre el daño institucional que provocan estas prácticas: “La confianza pública se verá erosionada y la legitimidad institucional, debilitada”, afirmó. Llamó a garantizar el debido proceso y a terminar con las detenciones sin evaluación individual, donde los migrantes carecen de acceso oportuno a defensa legal. “Exhorto a la Administración a poner fin a las prácticas que están destrozando familias”, concluyó.

     

  • Las minas antipersonales dejaron más de 6,200 víctimas en 2024

    Las minas antipersonales dejaron más de 6,200 víctimas en 2024

    Las minas antipersonales causaron más de 6,200 víctimas entre muertos y heridos durante 2024, lo que representa el número más alto registrado desde 2019, según un informe publicado este lunes por la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL, por sus siglas en inglés).

    Del total de víctimas, al menos 1,945 personas murieron y 4,325 resultaron heridas. El 90 % de los afectados eran civiles y el 46 % eran niños, detalla el informe, que documenta explosiones en 52 países. De esos, 36 forman parte del Tratado de Ottawa, que prohíbe el uso, almacenamiento y producción de minas antipersona.

    Birmania fue el país más afectado por segundo año consecutivo, con más de 2,000 víctimas. Le siguen Siria con aproximadamente 1,000, Afganistán con 624 y Ucrania con 293.

    Actualmente, 166 países forman parte del Tratado de Ottawa, incluidos dos que se sumaron este año. Sin embargo, preocupa el giro de cinco países europeos —Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia— que se encuentran en proceso de salida del tratado, mientras Ucrania intenta suspender su aplicación alegando su participación en un conflicto armado internacional.

    La financiación para actividades de desminado también se ha reducido. El informe advierte que la ayuda internacional cayó un 5 % respecto a 2023, afectando directamente los servicios para las víctimas. Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea se mantuvieron como los principales donantes, aportando el 62 % del total internacional. Solo un 2 % de esos fondos fue destinado a ONG nacionales.

    Human Rights Watch advirtió que “la prohibición mundial de las minas terrestres antipersonal salva vidas civiles, pero enfrenta serias amenazas por parte de los países que abandonan el tratado y el nuevo uso de minas terrestres”.

    Mark Hiznay, director asociado de crisis, conflictos y armas de HRW, hizo un llamado urgente a la acción. “Los gobiernos deben condenar con firmeza la retirada de los Estados del Tratado de Prohibición de Minas”, señaló. Además, subrayó la importancia de limpiar los territorios contaminados para permitir que las comunidades afectadas recuperen sus tierras y medios de vida.