Más del 44 % de los migrantes deportados por la frontera de Arizona en los últimos tres meses habían residido en los Estados Unidos por más de diez años, reveló un informe de la organización binacional Iniciativa Kino para la Frontera.
El reporte, titulado “Ni siquiera me dejaron decir adiós”, se elaboró con base en una encuesta a 278 migrantes expulsados entre mayo y julio. De ellos, un 85 % eran hombres, y al menos un 40 % afirmó haber dejado a un familiar cercano en EE.UU., entre ellos esposas, hijos o padres.
La investigación detalla que una de cada dos deportaciones fue consecuencia de operativos callejeros o procesos en cortes de Inmigración, encabezados por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Varios encuestados denunciaron malos tratos y traslados por múltiples centros de detención antes de ser enviados a la frontera.
Otro 33 % de los casos se originó en detenciones de tránsito, producto de la colaboración entre agencias locales y ICE. El 60 % de los arrestos ocurrieron en Arizona, mientras que el resto provinieron de estados como California, Florida, Nevada, Oregón, Texas y Washington.
El informe resalta que un 8 % de los deportados llevaban más de 30 años viviendo en Estados Unidos, lo que refleja la magnitud del impacto en familias consolidadas durante décadas.
La organización denunció que las políticas del presidente Donald Trump han incrementado las redadas y detenciones masivas de migrantes desde su regreso a la Casa Blanca en enero. Según cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en mayo pasado se registró un promedio de 3,800 detenciones diarias en la frontera.
Con este panorama, la Iniciativa Kino advirtió que las medidas actuales profundizan la crisis humanitaria en la frontera de Arizona, dejando a miles de familias divididas y vulnerables.
Más de 300 ciudadanos surcoreanos detenidos durante una redada migratoria la semana pasada en una planta de vehículos eléctricos de Hyundai, en el sureste de Georgia (Estados Unidos), están rumbo a su país en un avión fletado por el Gobierno asiático, según informó este jueves la cadena FOX.
Los trabajadores fueron liberados de una centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del sur de Georgia y trasladados en autobús al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, donde los esperaba la aeronave enviada por Corea del Sur, explicó el canal de televisión.
La repatriación de los trabajadores se da después de su arresto el jueves de la semana pasada en las instalaciones de la Hyundai Motor Group Metaplant America, en la ciudad de Ellabell, donde cientos de agentes irrumpieron en vehículos militares todoterreno y detuvieron a unos 475 trabajadores, incluyendo a los surcoreanos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que los trabajadores detenidos ingresaron al país ilegalmente, se quedaron más tiempo del permitido por sus visas o ingresaron con exenciones de visa que no les permiten trabajar.
No obstante, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, defendió que dichos trabajadores no iban a trabajar a largo plazo en el país norteamericano, sino que estaban allí para instalar la maquinaria necesaria y regresar a Corea del Sur lo antes posible.
La redada ocurrida en la planta de baterías Hyundai, en construcción, ha marcado un punto de tensión entre EE.UU. y Corea del Sur, tanto que el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller surcoreano, Cho Hyun, se reunieron este miércoles en Washington.
Por su parte, el Consulado General de México en Atlanta confirmó que entre los arrestados también hay 26 ciudadanos mexicanos, que se encuentran en el Centro de Procesamiento de Folkston, en el suroeste de Georgia, y en el Centro de Detención de Stewart, en el sur del estado.
Estados Unidos deportó a José Alberto Zamora Zamora, de 31 años, un salvadoreño identificado como líder de la clica MS-13 Fulton Locos Salvatruchos y catalogado entre los 100 criminales más buscados en El Salvador, según confirmó este lunes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
Conocido también por los alias de “Adonay” o “el Piraña”, Zamora fue sentenciado en ausencia en junio de este año a 26 años de cárcel en El Salvador por los delitos de agrupaciones ilícitas y privación de libertad en perjuicio de dos víctimas en Chalatenango Norte en 2016.
De acuerdo con la Fiscalía salvadoreña, él y otros diez pandilleros privaron de libertad a dos personas, las torturaron, asesinaron y posteriormente desaparecieron sus cuerpos por desobedecer órdenes de la pandilla.
La oficina de Operaciones de ejecución y deportación (ERO) de ICE en Filadelfia catalogó la expulsión de Zamora como representa “una victoria crítica” en los esfuerzos por proteger a la población de fugitivos extranjeros peligrosos.
“José Alberto Zamora Zamora es un criminal violento y líder de una de las pandillas más peligrosas del mundo. Su presencia en nuestras comunidades representaba una amenaza directa a la seguridad pública”, declaró Brian McShane, director de la oficina del campamento de ERO Filadelfia.
En Estados Unidos Zamora cumplía una condena de 24 meses en la prisión federal Allenwood Low, en Pensilvania, por reingreso ilegal tras haber sido deportado en diciembre de 2022. Pese a esa expulsión, logró ingresar nuevamente de forma clandestina.
El pandillero fue detenido por ICE tras su liberación de prisión y posteriormente deportado a El Salvador, donde enfrenta la condena pendiente.
El estacionamiento de una tienda Home Depot en Los Ángeles se ha convertido en menos de tres meses en el símbolo de la crudeza de las redadas migratorias del Gobierno Trump, con cuatro operativos que han dejado decenas de detenidos y las críticas de activistas por el exceso de fuerza y las tácticas inusuales usadas por los agentes.
El popular negocio de artículos de construcción ubicado en Westlake, un vecindario tradicionalmente inmigrante, fue el escenario el jueves pasado de un operativo en el que decenas de agentes migratorios llegaron en camionetas, cerraron las calles aledañas y lanzaron gases lacrimógenos contra los inmigrantes que intentaban arrestar.
El operativo liderado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) marca la cuarta vez que se allana el Home Depot y sus alrededores.
La Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles (LARRN, en inglés), compuesta por una serie de organizaciones que defienden el derecho de los inmigrantes, calificó de «racista» la redada en la que se arrestaron entre 8 y 15 personas, según sus datos.
Los defensores expresaron su «profunda preocupación» tras recibir informes de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales que llevaron a cabo el operativo.
Vídeos tomados por testigos muestran a más de una docena de agentes llegando al lugar, bloqueando el importante Bulevar Wilshire para inmediatamente comenzar a perseguir a inmigrantes, entre ellos vendedores ambulantes.
Los activistas aseguran que se lanzó gas lacrimógeno “sin ninguna razón aparente más allá de aumentar la confusión y el terror”. Uno de los vídeos también muestra a un hombre siendo golpeado en la cara por un agente federal mientras estaba inmovilizado contra el suelo.
«Estamos consternados por lo que solo puede describirse como un acto de terror y una redada indiscriminada contra vendedores ambulantes latinos, jornaleros y personas que realizaban sus actividades cotidianas», subraya la red en comentarios enviados a EFE.
Escondidos en un camión
Los defensores de los derechos de los inmigrantes y los mismos vecinos han señalado que un centro de jornaleros, que funciona desde hace décadas junto al Home Depot, ha atraído a los agentes migratorios desde que iniciaron las redadas en Los Ángeles el pasado 6 de junio.
Ese día decenas de agentes llegaron al estacionamiento de la tienda para hacer los primeros arrestos, que se extendieron por toda la ciudad y detonaron una serie de manifestaciones.
Pero el operativo no fue nada comparado con el realizado el pasado 6 de agosto, cuando los agentes migratorios, llegaron escondidos en un camión comercial de mudanzas al estacionamiento del Home Depot para después saltar a la calle a perseguir a inmigrantes, en una iniciativa denominada ‘Operación Caballo de Troya’.
El operativo, que culminó con el arresto de alrededor de 16 personas, fue grabado en vídeo por un reportero de la cadena FOX, que acompañaba a los agentes de CBP dentro del camión de alquiler de la compañía Penske, usado por los oficiales para camuflarse.
Las imágenes de la redada fueron compartidas en las redes sociales por altos funcionarios del Gobierno del presidente Donald Trump, que se mostraron desafiantes ante una orden judicial que desde julio prohibió los arrestos indiscriminados y sin una sospecha razonable.
El operativo ha sido considerado como una posible violación a la orden. Testigos dijeron que el camión se acercó a los inmigrantes que ofrecían su mano de obra y el conductor les dijo en español que buscaba trabajadores, lo que hizo que varios hombres se reunieran alrededor del vehículo, segundos después los agentes enmascarados saltaron de la parte de atrás y comenzaran a perseguirlos.
La red ha solicitado que se investiguen los operativos realizados en este lugar porque «podrían constituir una violación» de la orden vigente y un peligro a la seguridad pública.
«Los indocumentados ya no deberían venir por aquí ni cerca de ningún Home Depot», dice a EFE Camilo Izquierdo, que vive cerca del Home Depot y asegura que el miedo reina en esta comunidad.
Un temor que ha aumentado tras el anuncio del zar de la frontera Tom Homan, que aseguró esta semana que las redadas aumentarán en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
«Hay que saber jugar el juego y si se tienen que esconder pues hay que hacerlo. No van a estar aquí toda la vida porque cuesta mucho», indica el inmigrante, que cuenta con estatus legal.
Congresistas y organizaciones civiles de Estados Unidos criticaron el arresto del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), y pidieron para él acceso a un juicio justo, mientras lamentaron que su detención forme parte de una venganza del Gobierno estadounidense.
«El Gobierno de (Donald) Trump lo ha dejado claro: están utilizando cruelmente a Kilmar Ábrego García como un peón y una distracción. Vivimos en un país de leyes, y por mucho que Trump lo odie, Kilmar Ábrego García tiene derecho al debido proceso», dijo en un comunicado la senadora demócrata por Maryland, Angela Alsobrooks.
Ábrego García, quien fue deportado por error de la Administración y posteriormente traído de vuelta, fue arrestado esta mañana por agentes de Inmigración cuando acudía a una visita a los tribunales de inmigración de Baltimore (Maryland).
El viernes fue liberado de una cárcel en Tennessee, a la espera de que se desarrolle un juicio de cargos federales por tráfico de personas y un proceso de deportación, por no suponer una amenaza para la comunidad o estar en riesgo de huir.
El senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, que viajó a El Salvador cuando el inmigrante fue deportado allí y trasladado a una cárcel, afirmó que el Gobierno debe permitir al salvadoreño la oportunidad de defenderse en los tribunales y dejar de «decir mentiras sobre su caso».
Los abogados de Ábrego García indicaron el pasado sábado que el Gobierno estadounidense amenazándolo con su deportación a Uganda para conseguir un acuerdo de culpabilidad que le llevase a ser deportado a Costa Rica, un extremo que también fue ampliamente criticado por algunos congresistas.
«Seamos claros: deportar a Kilmar Abrego García a Uganda no tiene sentido; no es su país de origen. Nada en este proceso ha sido justo. El ICE lo está atacando con crueldad. Esto es un arma del gobierno, no de la justicia», dijo la representante por Texas, Jasmine Crockett.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) se sumaron a este llamado, e indicaron que la Administración de Trump está teniendo un «comportamiento vengativo» que alcanza al resto de migrantes que quiere expulsar del país.
Por el momento, Trump se ha limitado a indicar que tienen la situación «bajo control» pese a que los abogados del migrante «están haciendo cosas a través de un sistema de tribunales liberales».
El inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García fue detenido este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando acudía a una visita a los tribuales de inmigración de Baltimore (Maryland) tres días después de haber sido puesto en libertad en Tennessee, informó su abogado.
Previo a su ingreso a una audiencia con ICE, Ábrego agradeció a todos los que han acompañado a su familia estos meses durante estuvo detenido en El Salvador y a su retorno en una prisión de Tennessee.
«A todas las familias que han sufrido separaciones, y que viven constantemente por la amenaza de ser separadas, quiero decirles que aunque la injusticia nos está golepando duro, no perdamos la fe», dijo Kilmar Ábrego a una concentración de personas que lo acompañó previamente.
El salvadoreño recordó los momentos vividos con su familia y su testimonio de reunión este fin de semana.
«Cuando por fin me reuní con mi familia, toda esa alegría y todas las emociones quedarán grabadas para el resto de mi vida. Verlos de nuevo me llenó de gratitud y esperanza.Para mi la felicidad es simplemente estar con mi familia y disfrutar momentos felices con ellos. Cuando estuve detenido siempre recordé momentos hermosos con mi familia, de ir al parque, de ir al trampolín con mis hijos. Esos momentos me darán fuerzas y esperanzas para seguir luchando». Kilmar Ábrego García, salvadoreño detenido por ICE.
También mandó un mensaje de esperanza a las familias que han sufrido separaciones al igual que él:»Dios está con nosotros, Dios nunca nos dejará, Dios hace justicia a toda la injusticia que han hecho«.
Según dijo su abogado Simon Sandoval-Moshenberg a la cadena noticiosa CNN, ya preveían que Ábrego quedaría detenido tras presentarse este lunes a ICE, dado que funcionarios del gobierno de Trump habían reiterado que lo apresarían si era liberado.
Kilmar Ábrego y su esposa, previo a ser detenido en Baltimore, el 25 de agosto. EFE/EPA/SHAWN THEW
«Ha sido detenido por el ICE porque hay una orden de deportación a Uganda sobre él. Sus abogados han registrado una petición de habeas corpus en Maryland para intentar detener su deportación a Uganda», informaron a EFE fuentes cercanas al caso del salvadoreño, acusado de supuesto tráfico de personas por el Gobierno estadounidense.
Tras su detención, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó la captura y dijo que preparan su deportación, sin especificar a dónde lo enviarán.
«Hoy, la policía de ICE arrestó a Kilmar Abrego García y lo están procesando para su deportación. El presidente Trump no va a permitir que este inmigrante ilegal, que es miembro de la pandilla MS-13, traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil, siga aterrorizando a los ciudadanos estadounidenses», escribió Noem en la red social X.
Today, ICE law enforcement arrested Kilmar Abrego Garcia and are processing him for deportation.
President Trump is not going to allow this illegal alien, who is an MS-13 gang member, human trafficker, serial domestic abuser, and child predator to terrorize American citizens…
«Acabamos de meter una segunda demanda, una segunda demanda ante la corte federal aquí en Maryland, exigiendo que no lo pueden deportar a ningún país sin que él tenga un juicio completo y todos sus derechos de apelaciones, eso debe ser obvio, se supone que obviamente no puede deportar a una persona antes de un juicio, pero estamos donde estamos y por eso vimos la necesidad de meter una demanda para asegurar esto», dijo el abogado de Kilmar, Simon Sandoval-Moshenberg tras la detención.
«Han jugado muy sucio hasta la fecha y por eso es importante que el apoyo hacia él no sea solo abogados en la corte, sino comunidad en el calle», añadió Sandoval.
En marzo de 2025, Kilmar fue deportado a El Salvador junto a un grupo de más de 200 venezolanos y una veintena de supuestos pandilleros a El SAlvador y estuvo en prisión en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) a pesar que Estados Unidos confirmó que su deportación «fue un error». La administración Trump lo ha acusado de pertenecer a la MS-13 pero Ábrego García no ha sido procesado por pertenecer a pandillas. En El Salvador tampoco hay un expediente que confirme su pertenencia a esta estructura.
Kilmar Ábrego García previo a ser detenido por ICE en Baltimore. EFE/EPA/SHAWN THEW
El 10 de octubre de 2019, juez de migración de Baltimore, Maryland, denegó una petición de asilo a Ábrego García, pero también resolvió: «Se concede la solicitud del demandado de suspensión de la deportación».
El pasado viernes, Kilmar fue liberado de una prisión de Tennessee, donde esperaba juicio por cargos de tráfico de personas. Este fin de semana se difundió que Ábrego ha sido presionado para declararse culpable a cambio de deportarlo a Costa Rica, en lugar de El Salvador, pero tras el rechazo del salvadoreño, el gobierno de Trump ha amenazado con enviarlo al país africano de Uganda, con quien la administración estadounidense ha firmado convenio para que reciba deportados de terceros países.
El senador de Estados Unidos, Chris Van Hollen (Demócrata por Maryland), denunció este domingo que los intentos de deportar a Kilmar Ábrego García hacia Uganda constituyen “un abuso de poder malicioso” impulsado por aliados del presidente Donald Trump.
Van Hollen se reunió de forma virtual con Ábrego García y su esposa, Jennifer Vásquez Sura, tras su retorno a Maryland luego de lo que describió como “un largo y tortuoso calvario”. El legislador recordó que fue gracias a los tribunales federales y a la presión pública que se logró revertir su deportación ocurrida en marzo.
El salvadoreño Kilmar Abrego García, quien pasó casi tres meses en una cárcel en El Salvador tras ser deportado “por error” y posteriormente retornado a Estados Unidos, denunció que la administración del presidente Donald Trump intenta presionarlo para que se declare culpable utilizando la amenaza de deportación a Uganda, un país africano.
Según un documento judicial presentado este sábado por sus abogados, el Departamento de Justicia de EE.UU. le habría ofrecido un acuerdo: declararse culpable de dos delitos graves (tráfico de personas y un proceso de deportación) a cambio de cumplir condena y luego ser enviado a Costa Rica, país que se comprometió a recibirlo como refugiado o residente y a no entregarlo a El Salvador.
Sin embargo, tras rechazar la propuesta, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habrían advertido que la alternativa sería deportarlo a Uganda, donde su vida correría peligro.
“Solo cabe una interpretación de estos hechos: el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE están utilizando sus poderes colectivos para obligar a Abrego a elegir entre una declaración de culpabilidad con relativa seguridad o su entrega a Uganda, donde su libertad estaría amenazada”, señaló su abogado Sean Hecker en el escrito.
Liberación en Tennessee y juicio pendiente
Abrego fue liberado ayer de una cárcel en Tennessee, aunque continúa enfrentando un proceso federal por tráfico de personas y deportación. Su juicio aún está en curso.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, criticó la decisión judicial de liberarlo y lo calificó nuevamente como “un monstruo”, asegurando que la medida representa un “desprecio por la seguridad de los ciudadanos americanos”.
El caso toma un giro más complejo luego de que el Gobierno de Uganda anunciara un acuerdo con la administración Trump para aceptar deportados de terceros países enviados desde Estados Unidos, lo que abriría la puerta a que Abrego pueda ser trasladado allí contra su voluntad.
Mario Guevara, un periodista salvadoreño radicado en Atlanta, presentó una demanda federal para exigir su liberación inmediata, tras permanecer detenido por autoridades migratorias de EE. UU. desde junio pasado. La acción legal fue anunciada este jueves por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Georgia, la cual denunció una violación directa a los derechos constitucionales del comunicador.
La petición de habeas corpus, presentada ante un tribunal del distrito sur de Georgia, argumenta que el arresto y la detención prolongada de Guevara son ilegales y represalias por su labor periodística.
Actualmente, Mario Guevara es el único periodista detenido en Estados Unidos como resultado de su cobertura de hechos noticiosos en el país, según confirmó la ACLU.
El reportero, quien reside en Estados Unidos desde 2004, fue arrestado mientras cubría una manifestación del movimiento “No Kings Day” en Doraville, a pesar de estar claramente identificado como miembro de la prensa.
Un juez de inmigración le concedió la libertad bajo fianza el 1 de julio, pero el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se negó a liberarlo, alegando que representa un “riesgo para la comunidad”, debido a que documenta en vivo redadas migratorias y operaciones de las fuerzas del orden.
“Mario Guevara está detenido únicamente por su periodismo, específicamente por transmitir en vivo a funcionarios de inmigración y otros agentes del orden”, denunció Scarlet Kim, abogada principal del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU.
Kim advirtió que este caso representa un mensaje peligroso para otros periodistas, en especial para los que no son ciudadanos estadounidenses.
La abogada pidió al tribunal que rechace lo que consideró una “flagrante supresión de la actividad de prensa protegida por la Primera Enmienda” y exigió la liberación inmediata del comunicador.
Guevara, quien ha sido trasladado entre cinco cárceles distintas, asegura que su detención responde a una persecución por ejercer su labor informativa, especialmente por su cobertura sobre operativos migratorios. En mayo también enfrentó cargos menores por conducción imprudente en el condado de Gwinnett, que ya fueron desestimados, al igual que los cargos relacionados con su arresto en junio.
El periodista es padre de tres hijos, dos de ellos ciudadanos estadounidenses, y uno de ellos depende de él para recibir tratamiento médico a largo plazo.
El temor a las redadas de inmigración ha impactado la vida diaria de los habitantes de Buford Highway, el corazón de la comunidad hispana de la zona metropolitana de Atlanta (Georgia), que ya ve reducido el comercio y las reuniones comunitarias debido a la ansiedad que mantiene a los inmigrantes encerrados en las casas.
Como ha sucedido en otros vecindarios latinos del país, en este corredor multicultural -que comienza en Atlanta y atraviesa la ciudades de Brookhaven, Chamblee, Doraville y Norcross, hasta llegar a la localidad de Buford- muchos de sus residentes se sienten asediados por los agentes federales que frecuentemente efectúan operativos de inmigración en la zona.
El miedo es evidente, palpable. Se ve a menos personas caminando por las calles, haciendo compras en las tiendas, comiendo en los restaurantes o simplemente disfrutando de algún evento comunitario, que en años anteriores atraía a cientos de los más de 50.000 residentes del área que comprende lo que se conoce popularmente como ‘La Buford’ y que también alberga una comunidad asiática.
«Tenemos mucho miedo, ya casi no salimos de casa», expresó a EFE una madre peruana que cargaba varias bolsas con compras del supermercado y a quien la acompañaban sus tres pequeñas hijas, una de las cuales cargaba en su espalda en una lliclla, una colorida manta tradicional de las zonas andinas.
En una tienda repleta de piñatas que cuelgan en el techo y surtida con diversos dulces mexicanos, en un centro comercial ubicado en Brookhaven, una de las dependientes del negocio compartió la misma preocupación: «Hay menos gente porque hay miedo y sí, está situación de inmigración está impactándonos a todos», dijo escuetamente la mujer, que prefirió no seguir hablando del tema.
«Definitivamente ha menguado el tráfico», dijo por su parte el propietario de una sastrería en el área de Doraville al precisar que ahora cierra más temprano los sábados por falta de clientela.
Todos los entrevistados hablaron con EFE bajo la condición del anonimato, pues se veían visiblemente incómodos de comentar sobre esta nueva realidad que vive la comunidad desde que el presidente Donald Trump lanzó su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados.
Aunque no se han publicado cifras de cómo esta situación ha afectado el comercio en el área -que cuenta con más de 1.000 pequeños negocios, en su mayoría de inmigrantes- algunos empresarios estiman que las ventas se han reducido casi en un 50 % desde que comenzaron los operativos y algunos incluso se han visto forzados a cortar a algunos empleados.
No hay mal que dure cien años
A pesar del temor que embarga a muchos, existe también un sentimiento de que la vida debe continuar y que, como dice el refrán popular, «no hay mal que dure cien años».
«Sí, hay temor en la comunidad, pero qué vamos a hacer», se preguntó un ciudadano mexicano que asegura presenció uno de los operativos que agentes encapuchados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) llevaron a cabo recientemente en el área de ‘La Buford’.
«Hay que seguir viviendo. Y si quieren deportarnos, pues que nos deporten. Esto no puede durar para siempre», expresó.
En esa misma línea se han manifestado líderes comunitarios de la zona, como Lily Pabian, directora ejecutiva de We Love Buford Highway, una organización sin fines de lucro que busca preservar la identidad multicultural de este corredor que se extiende por más de 48 kilómetros por los condados Fulton, DeKalb y Gwinnett.
«Nos sentimos tristes. Sentimos ansiedad, pero al final, este corredor, y en particular nuestros inmigrantes somos resilientes y nos esforzamos al máximo para seguir adelante, porque ¿qué más vamos a hacer? Vamos a continuar manteniendo nuestro negocio, protegiendo a nuestra familia y educando a nuestros hijos», dijo Pabian a EFE.
Pabian asegura que la comunidad inmigrante de Buford Highway se caracteriza por no darse por vencida, porque no es la primera vez que atraviesa momentos difíciles y recordó la época de la epidemia de covid-19, que golpeó con fuerza a esta área ubicada en el noreste de la zona metropolitana de Atlanta.
«Es uno de esos momentos en los que tienes que sacar fuerzas de todas las dificultades por las que han pasado tus familiares y decir: ‘Oye, ya sabes que esto es malo’. Hemos visto cosas peores y podemos superar esto», manifestó la líder comunitaria.
La viceministra de la diáspora y de movilidad humana, Cindy Mariella Portal, informó el martes que la Cancillería salvadoreña ha atendido a un total de 28,000 salvadoreños retornados a El Salvador.
La funcionaria declaró que trabajan con 20 proyectos relacionados con las personas retornadas y que han firmado 17 instrumentos de cooperación.
“Desde 2020 la Cancillería ha atendido a más de 28,000 salvadoreños que han retornado al país y estamos trabajando con 20 proyectos que tienen que ver con las personas que están retornando”. Cindy Portal, viceministra de la diáspora y movilidad humana de El Salvador.
Al explicar una nueva normativa para ayudar a los salvadoreños retornados desde el exterior, la viceministra aseguró que la nueva normativa permitirá «abrir oportunidades de inversión».
«Hasta la fecha llevamos más de $51 millones de inversión directa de la diáspora salvadoreña”, indicó, al presentar a diputados de Nuevas Ideas y sus aliados una nueva ley que otorga incentivos fiscales a las empresas formales que contraten más de dos personas retornadas.
“Aquellas empresas que decidan trabajar con las personas retornadas van a tener beneficios fiscales”, indicó. Las empresas podrán deducir de su renta imponible montos de tres a cinco salarios mínimos por año fiscal, es decir, de $1,226.70 a $2,044.5, si se basa en el salario del sector comercio e industria de $408.90.
La mitad de los deportados atendidos
Solo de enero a junio de 2025, El Salvador ha recibido 6,050 ciudadanos deportados, de los cuales 6,029 fueron deportados vía aérea, la mayoría de Estados Unidos. Estas cifras implican que cada día El Salvador recibe un promedio de 34 personas deportadas.
Durante el año 2024, Estados Unidos deportó un total de 15,284 salvadoreños a su país, según cifras oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esta oficina registra un total de 46,287 salvadoreños deportados de 2020 a 2024.
Así, las personas atendidas por Cancillería conforman un 53.4 % de las personas deportadas registradas desde 2020 a junio de 2025 (52,337).
Sin embargo, muchos de los deportados tienen antecedentes penales o han cumplido una condena. De 2021 a 2024, un total de 9,594 salvadoreños deportados habían sido condenados por algún delito no migratorio y otros 2,096 tenían cargos judiciales pendientes por algún delito en Estados Unidos según ICE, un 34.7 % del total de deportados en ese periodo.
