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Etiqueta: ICE

  • Más de 6,200 niños han sido detenidos en centros para migrantes en EE.UU. en el último año

    Más de 6,200 niños han sido detenidos en centros para migrantes en EE.UU. en el último año

    Más de 6,200 menores de edad han sido detenidos en centros para migrantes en Estados Unidos durante el último año, según informaron este miércoles legisladores demócratas en Texas.

    Cientos de ellos han pasado por el centro de detención familiar de Dilley, ubicado al sur de San Antonio, donde actualmente permanecen retenidas casi 400 personas, incluidas 49 familias, algunas con más de un año privadas de libertad.

    De acuerdo con datos proporcionados por los congresistas y la organización FWD.us, en estas instalaciones hay al menos 77 niños y niñas y 244 mujeres adultas, en su mayoría madres solteras.

    Los congresistas Joaquín Castro y Greg Casar visitaron este día el centro y conversaron con familias migrantes, quienes denunciaron falta de atención médica, malos tratos y la utilización de insultos racistas por parte de guardias de seguridad.

    «El Gobierno nos dice que están arrestando a lo peor de lo peor, pero ninguna de las personas con las que conversamos tenía un historial criminal», señaló Casar a la prensa.

    Los legisladores también afirmaron haber observado que las personas detenidas con problemas de salud ven deteriorarse su condición debido a la falta de atención adecuada.

    Castro relató el caso de una niña de cinco años que, tras meses de dolor por caries, no recibió tratamiento médico adecuado y únicamente fue medicada con analgésicos. “A estas personas no se les está tomando en serio, porque no son tratadas como seres humanos”, indicó.

    Además, denunciaron que una familia presentó una queja formal contra la empresa CoreCivic, encargada de administrar el centro, por insultos racistas como “mojados” y “spics”. Los legisladores pidieron el cierre de estas instalaciones, mientras señalaron que las detenciones de migrantes han alcanzado niveles récord bajo la actual administración.

     

  • Las bajas de personal en algunos aeropuertos de EEUU llegan al 40 %

    Las bajas de personal en algunos aeropuertos de EEUU llegan al 40 %

    Las ausencias de personal en la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) de Estados Unidos alcanzaron niveles críticos de hasta 40 %, generando largas filas y retrasos en varios aeropuertos del país, en medio del cierre parcial del Gobierno federal.

    Un 40.3 % del personal del Aeropuerto William P. Hobby de Houston no se presentó a trabajar el lunes, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), divulgados este martes. Esta terminal encabezó la lista de instalaciones más afectadas.

    El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta reportó un 37.4 % de ausencias, seguido por el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston con un 36.1 %, mientras que el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans registró un 34.9 % menos de trabajadores.

    En Nueva York, la situación también fue significativa: el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy tuvo un 33.7 % de ausencias y el de LaGuardia un 20.3 %. En este último, además, un accidente entre un avión y un camión de bomberos obligó al cierre temporal de la terminal durante varias horas.

    A nivel nacional, el ausentismo en la TSA alcanzó el 10.93 %, equivalente a más de 3,200 empleados que no acudieron a sus puestos, lo que agravó la operatividad en los controles de seguridad.

    El problema surge tras el bloqueo en el Senado del presupuesto del DHS, que mantiene parcialmente cerrado al Gobierno desde hace cinco semanas. Esta situación dejó sin salario a los trabajadores de la TSA, quienes, al ser considerados “esenciales”, deben seguir laborando pese a no recibir pago.

    Las consecuencias ya se reflejan en los aeropuertos, donde las filas han alcanzado hasta cuatro horas de espera, como en el George Bush de Houston, mientras que en el JFK rondan los 60 minutos.

    Ante la crisis, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos para apoyar en tareas logísticas y reducir los tiempos de espera.

    El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, explicó que el ICE ayudará a la TSA “a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados”, como supervisar salidas, organizar filas y manejar multitudes.

    Sin embargo, organizaciones promigrantes criticaron la medida, especialmente luego de que se sugiriera que estos agentes podrían realizar arrestos y detenciones, aunque no sea el objetivo principal del operativo.

     

  • El ICE detiene al artista jamaicano Rygin King en Estados Unidos

    El ICE detiene al artista jamaicano Rygin King en Estados Unidos

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, arrestó al artista jamaicano de dancehall Rygin King, de 31 años, que cuenta con un caso por posesión de armas en un tribunal de Nueva York, según reportaron este martes medios locales.

    Matthew Smith, nombre de pila del cantante, fue detenido el lunes, 23 de marzo, de acuerdo a los datos de la página web del ICE.

    En 2024, el artista, su esposa Ileene Parker-Smith y otras cuatro personas fueron arrestados en el distrito neoyorquino de Queens, después de que la Policía afirmara haber encontrado un arma de fuego cargada que pertenecía a los detenidos.

     

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    King se declaró inocente de seis cargos, incluido uno por «posesión ilegal de un arma de fuego cargada en segundo grado», que puede acarrear una pena máxima de 15 años para una persona sin antecedentes.

    El artista fue citado a declarar ante la jueza Mary L. Bejarano del Tribunal Penal Supremo de Queens el 27 de marzo.

    King sufre graves problemas físicos desde que recibió tres disparos en un tiroteo ocurrido en 2020 en Westmoreland, en el oeste de Jamaica, en el que murió la esposa de su mánager, Sashalee Blackwood.

     

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    Sus álbumes «Therapy» y «Recovery» describen esta parte de su vida y cómo enfrentó su recuperación, tras quedar en silla de ruedas.

    King no es el único artista de dancehall jamaicano que ha sido detenido este año por el ICE, ya que Hillside Chronic Law lleva recluido desde enero en el centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz, en Florida.

    En 2016, King publicó «Feather Weight», su primer éxito al que le sucedieron los destacados temas «Pretty Little Freak», «Feel Like This» y «Tuff», que ha presentado en eventos multitudinarios por El Caribe, Estados Unidos, Canadá y Europa.

  • Jueza estadounidense bloquea nuevamente deportación de salvadoreño Kilmar Ábrego a Liberia

    Jueza estadounidense bloquea nuevamente deportación de salvadoreño Kilmar Ábrego a Liberia

    Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó este lunes de forma temporal la deportación del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García hacia un tercer país, frenando por ahora la intención del gobierno de trasladarlo a Liberia, en África Occidental.

    La orden fue emitida por la jueza de distrito Paula Xinis, quien decidió mantener vigentes dos resoluciones previas que impedían una segunda deportación del salvadoreño fuera del territorio estadounidense.

    La decisión se conoce días después de que el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, solicitó anular la medida judicial. El funcionario argumentó que el Gobierno planeaba acelerar el traslado de Abrego García hacia Liberia.

    Lyons informó además al tribunal que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió desestimar la petición del migrante de ser enviado a Costa Rica, al señalar que no lo elegido como destino durante una audiencia migratoria realizada en 2019.

    “Ni el estatuto ni las regulaciones permiten a un extranjero designar un país de expulsión más allá de la oportunidad inicial otorgada en el proceso de expulsión”, dijo Lyons.

    «Si, como en este caso, a un extranjero se le permitiera designar un país de expulsión años después de la conclusión del procedimiento de expulsión, un extranjero podría evitar ser expulsado designando incesantemente nuevos países de expulsión», añadió.

    El funcionario también señaló que existen negociaciones entre Estados Unidos y Liberia para concretar la expulsión, y advirtió que cancelarlas podría afectar la autoridad diplomática del país.

    El caso de Ábrego García se mantiene en el centro de una disputa legal desde marzo, cuando fue deportado a El Salvador pese a una orden judicial de 2019 que lo protegía, en lo que las autoridades del gobierno reconocieron como un “error administrativo”.

    Posteriormente, la jueza ordenó su retorno inmediato a Estados Unidos, lo que dio paso a un proceso judicial que se ha extendido por un año, con acciones en distintos tribunales y repercusión internacional.

    En una resolución emitida el mes pasado, Xinis también bloqueó un intento del DHS de detener nuevamente al salvadoreño y enviarlo a otros países como Uganda, Ghana, Esuatini o Liberia, al considerar que no existían garantías claras sobre su recepción ni sobre la posibilidad de que fuera reenviado a El Salvador, donde enfrenta riesgos por violencia de pandillas.

    Por su parte, los abogados del migrante criticaron el nuevo intento de deportación hacia Liberia y cuestionaron la postura del gobierno estadounidense.

    “Por un lado, el señor Ábrego García perdió su derecho a designar a Costa Rica como país de expulsión hace siete años, pero por otro lado, reclaman el derecho de designar a Liberia como país de expulsión siete años después”, dijo Sandoval-Moshenberg.

     

  • Instalan más de 200 vallas publicitarias contra el ICE en ciudades de Estados Unidos

    Instalan más de 200 vallas publicitarias contra el ICE en ciudades de Estados Unidos

    Más de 200 vallas publicitarias contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) comenzaron a exhibirse este lunes en 31 ciudades de Estados Unidos, entre ellas Miami, como parte de una campaña que critica el alto costo de sus operativos migratorios para los contribuyentes. La iniciativa, denominada “ICE nos cuesta”, fue promovida por la organización de derechos civiles Mijente y permanecerá activa durante cuatro semanas.

    Los carteles muestran imágenes de agentes del ICE durante arrestos o portando armas de guerra. Según la organización, el gasto en material bélico para la agencia aumentó 600 % recientemente. En varias vallas se lee el mensaje: “Tus impuestos son malgastados” y “la crueldad del ICE te cuesta 28,000 millones de dólares”, en alusión al presupuesto anual asignado a la entidad.

    “Durante demasiado tiempo, nuestro gobierno ha priorizado la instalación de jaulas y la inversión de miles de millones en un aparato de control de inmigración que ha dejado a familias destrozadas y comunidades aterrorizadas”, expresó en un comunicado Marisa Franco, cofundadora del Comité de Apoyo Mijente. Además, sostuvo que “Millones de estadounidenses viven al día, pero esta violenta agencia sigue operando con un cheque en blanco. Es evidente que estas decisiones no nos brindan mayor seguridad ni tienen ningún impacto en mejorar nuestra seguridad económica. Nuestras vallas publicitarias ponen de relieve estas decisiones y exigen un camino diferente”.

    La campaña también compara el gasto del ICE con los 17 millones de personas que podrían perder la cobertura médica del programa Medicaid debido a recortes presupuestarios del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Otros mensajes visibles en las ciudades incluyen frases como “A ellos les dan miles de millones para golpearnos; a nosotros, despidos y aumentos de alquiler” y “Financiar a ICE es un camino directo al fascismo”.

    La iniciativa busca abrir el debate público sobre el uso de fondos federales en materia migratoria y el impacto económico y social de las políticas de control implementadas en distintas comunidades del país.

  • Juez estadounidense bloquea deportaciones a terceros países

    Juez estadounidense bloquea deportaciones a terceros países

    Un juez federal dictaminó el miércoles que es ilegal la política del Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que autoriza a las autoridades migratorias deportar a extranjeros a terceros países sin informarles previamente ni brindarles la oportunidad de objetar la decisión. El fallo representa un nuevo revés judicial para la Administración en materia migratoria.

    El juez Brian Murphy, del Distrito federal en Massachusetts, resolvió en contra de la normativa emitida el año pasado, la cual establecía que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no estaba obligado a notificar a los migrantes si serían enviados a países distintos al señalado en su orden de deportación, siempre que las naciones receptoras ofrecieran garantías de que no serían perseguidos ni torturados.

    Murphy ordenó anular la medida, aunque concedió un plazo de 15 días antes de que el fallo entre en vigor, para dar oportunidad a que la Administración Trump presente una apelación.

    En su resolución, el juez concluyó que la política vulnera la ley federal de inmigración y el derecho al debido proceso de los migrantes. Además, cuestionó la falta de transparencia sobre las supuestas garantías ofrecidas por los países receptores y afirmó: “nadie sabe realmente nada sobre estas supuestas ‘garantías’”. También enfatizó: “No está bien, ni es legal”.

    El fallo se produce luego de varios litigios relacionados con deportaciones hacia terceros países. El año pasado, el Ejecutivo deportó a más de 200 salvadoreños a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, invocando una antigua ley de guerra. Asimismo, la Casa Blanca sostuvo conversaciones con Costa Rica, Panamá y Ruanda para recibir migrantes que no son ciudadanos de esas naciones.

    En mayo pasado, el mismo juez determinó que el Gobierno violó una orden judicial al intentar expulsar a un grupo de inmigrantes con antecedentes penales hacia Sudán del Sur sin previo aviso ni posibilidad de presentar reclamos por temor a persecución.

    Aunque el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó el caso ante el Tribunal Supremo, que permitió reanudar temporalmente las expulsiones mientras se emitía un fallo definitivo, se prevé que la Casa Blanca recurra nuevamente a las instancias superiores para revertir esta nueva decisión judicial.

     

  • Demócratas acusan a Trump de manipular elecciones y encarecer la vida

    Demócratas acusan a Trump de manipular elecciones y encarecer la vida

    El senador demócrata Alex Padilla acusó al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de querer “manipular las próximas elecciones” legislativas de noviembre y de insinuar el uso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para intimidar a votantes latinos, mientras que la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, afirmó que el costo de sus políticas económicas “lo están pagando los ciudadanos”.

    Padilla, hijo de inmigrantes mexicanos y primer latino elegido al Senado por California, ofreció la respuesta en español al discurso sobre el estado de la Unión pronunciado por Trump en el Capitolio. “Trump quiere manipular las próximas elecciones. Ha firmado órdenes ejecutivas con la intención de prevenir que millones de votantes elegibles puedan ejercer su derecho al voto. Y, ha insinuado el uso de agentes de ICE en centros de votación para intimidar”, advirtió.

    El legislador comparó esas acciones con prácticas de regímenes autoritarios. “Estas son tácticas que hemos visto en otros países gobernados por dictadores corruptos. Y como ellos, Donald Trump tiene miedo perder el poder”, señaló, al tiempo que llamó a los demócratas a prepararse para los comicios de noviembre, cuando se renovará un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.

    Padilla también denunció que la actuación de ICE ha sembrado miedo incluso entre residentes legales y ciudadanos estadounidenses. “Estamos viviendo una pesadilla que divide y destruye a nuestras comunidades”, expresó, al describir a “agentes federales, armados y enmascarados” que “aterrorizan a nuestras comunidades atacando a personas por el color de su piel o por hablar español”. Según dijo, 40 personas han fallecido bajo custodia de ICE desde enero y otras permanecen detenidas “sin acceso adecuado a doctores, alimentos saludables, ni agua potable”.

    Por su parte, la gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, centró su réplica en el impacto económico de las decisiones presidenciales. “No escuchamos la verdad de nuestro presidente”, afirmó desde Williamsburg, al cuestionar los argumentos económicos presentados por Trump ante el Congreso.

    Spanberger criticó la política comercial del mandatario, especialmente la nueva partida arancelaria global del 10 % que activó después de que el Tribunal Supremo anulara los llamados “aranceles recíprocos”. “Aunque la Corte Suprema anuló estos aranceles hace cuatro días, el daño para nosotros, el pueblo estadounidense, ya está hecho”, sostuvo.

    La gobernadora advirtió que una nueva subida de aranceles implicará mayores costos para las familias. “Mientras el presidente planea otra subida masiva de impuestos (con la imposición de nuevos aranceles globales del 10 %) para usted y su familia, les están haciendo la vida más difícil. Les están haciendo la vida más cara. Incluso están dificultando la consulta médica”, indicó.

    Además, cuestionó la agenda migratoria de Trump y su énfasis en las deportaciones. “Cada minuto dedicado a sembrar el miedo es un minuto que no se dedica a investigar asesinatos, crímenes contra menores o a los delincuentes que defraudan a las personas mayores y les roban los ahorros de toda su vida”, concluyó.

     

  • Cuba asegura que defenderá su soberanía y ofrece diálogo a Estados Unidos en Ginebra

    Cuba asegura que defenderá su soberanía y ofrece diálogo a Estados Unidos en Ginebra

    Cuba se presentó este lunes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó que la isla “defenderá con vigor y coraje su derecho a la libre determinación” frente a las presiones de Estados Unidos.

    Durante su intervención, el canciller denunció lo que calificó como un “cerco energético” derivado de la amenaza de Washington de imponer aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba. En ese contexto, prometió que su gobierno impedirá una crisis humanitaria en el país como consecuencia de esas medidas.

    «¿Puede permitirse a una gran potencia intentar destruir a una pequeña nación, provocar una tragedia humanitaria, destrozar su cultura nacional (…) Todo ello con el burdo pretexto de la seguridad nacional?», cuestionó Rodríguez ante el pleno del foro internacional.

    El funcionario reconoció que las decisiones adoptadas por Estados Unidos generarán “privaciones y sufrimientos” en la población cubana, aunque expresó confianza en que se encontrarán “soluciones creativas” para reducir el impacto humanitario.

    No obstante, el canciller también manifestó que “también hay disposición para un diálogo con Estados Unidos”, siempre que este se base en “el derecho internacional, el respeto mutuo, el beneficio recíproco, sin precondiciones ni injerencia en los asuntos internos”. Añadió que el objetivo sería “alcanzar una relación civilizada dentro de nuestras diferencias, e incluso promover la cooperación”.

    En otro pasaje de su discurso, Rodríguez saludó la “resistencia comunitaria del pueblo de Minnesota”, en alusión a manifestaciones contra la política migratoria del gobierno federal estadounidense y las acciones de la policía de inmigración, conocida como ICE.

     

  • Jueza anula detenciones migratorias sin fianza en EE.UU.

    Jueza anula detenciones migratorias sin fianza en EE.UU.

    Una jueza federal de Estados Unidos dejó sin efecto un fallo de un tribunal de inmigración que otorgaba amplias facultades a la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener detenidos a migrantes sin concederles audiencias para fijar fianza. La decisión también incluyó señalamientos por el uso de la fuerza de agentes federales y el trato brindado a extranjeros bajo custodia.

    La magistrada Sunshine Sykes sostuvo en su resolución que el Gobierno no acató una sentencia emitida en diciembre pasado, en la que se declaró ilegal negar la posibilidad de libertad bajo fianza a personas detenidas. Recordó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había descrito reiteradamente a estos migrantes como «lo peor de lo peor».

    No obstante, la jueza afirmó que «‘lo peor de lo peor’ es una descripción inexacta de la mayoría de los afectados por las operaciones del DHS y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)». Añadió que «Quizás, al utilizar este lenguaje extremo, el DHS busca justificar la magnitud y el alcance de sus operaciones contra extranjeros no delincuentes. Quizás esa frase simplemente refleja la severidad y la conducta malintencionada del Gobierno».

    Durante años, las audiencias de fianza se negaban principalmente a migrantes considerados recién llegados. Sin embargo, la Administración Trump modificó ese criterio histórico al extender la negativa también a personas arrestadas por el ICE tras haber vivido durante años en territorio estadounidense, obligándolas a presentar recursos de habeas corpus para intentar recuperar su libertad.

    Ante este panorama, la jueza advirtió que esta práctica requiere «una mayor reparación» y estableció que los migrantes tienen derecho a una audiencia que determine no solo la posibilidad de fianza, sino también si pueden continuar su proceso fuera del centro de detención al que hayan sido trasladados.

    El fallo también incluyó críticas adicionales al Ejecutivo y enmarcó las amenazas contra ciudadanos extranjeros dentro de un clima de «terror» que, según la magistrada, ha generado una «profunda preocupación» en la población estadounidense por los actos ilegales y descontrolados del poder ejecutivo. Asimismo, señaló que «el poder ejecutivo ha extendido su violencia a sus propios ciudadanos, asesinando a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota», en referencia a Renée Good y Alex Pretti, fallecidos por disparos de agentes federales en enero. A su juicio, «Las amenazas que plantea el poder ejecutivo no pueden considerarse de forma aislada», al vincular la actuación de los agentes con los procesos contra migrantes detenidos.

  • Senado de EE.UU. bloquea fondos y cierra parcialmente Seguridad Nacional

    Senado de EE.UU. bloquea fondos y cierra parcialmente Seguridad Nacional

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) entró este sábado en un cierre administrativo parcial luego de que legisladores demócratas y republicanos no lograran un acuerdo para financiar las políticas migratorias de la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Se trata de la tercera paralización gubernamental desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca. A diferencia de las dos anteriores —una que se extendió por 43 días entre octubre y noviembre, y otra de casi cuatro días a inicios de este mes— esta solo afecta al DHS, entidad que agrupa varias de las agencias más estratégicas del país.

    El Senado intentó aprobar este jueves un proyecto de ley impulsado por los republicanos para financiar la institución hasta septiembre, pero la propuesta fue bloqueada por casi todos los demócratas. Estos argumentaron que el plan no imponía límites suficientes a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyas redadas han provocado protestas y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minéapolis, Minnesota.

    El receso legislativo programado en ambas cámaras, controladas por el Partido Republicano, podría prolongar el cierre del DHS. La institución emplea a más de 270,000 personas y más del 90 % continuará trabajando durante la suspensión presupuestaria, aunque sin recibir salario hasta que se resuelva el impasse.

    Agencias impactadas por la falta de fondos

    El cierre no afecta al resto del Gobierno federal, cuyo presupuesto fue aprobado hasta septiembre. La medida impacta únicamente a las agencias bajo el DHS, entre ellas el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA).

    La mayoría del personal es considerado esencial, por lo que deberá permanecer en funciones sin pago temporal. En esta ocasión, los controladores aéreos no resultarán afectados, ya que dependen del Departamento de Transporte.

    ICE, eje de la disputa política

    En los últimos años, el DHS destinó aproximadamente $10,000 millones anuales al funcionamiento del ICE. Esa es la partida que permanece bloqueada en el Congreso.

    El ICE se convirtió en el rostro visible de las políticas migratorias del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su segundo mandato. Junto con el CBP, ejecutó redadas en ciudades con mayoría demócrata como Minéapolis, Minnesota, operativos que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

    Pese a que la disputa gira en torno a esta agencia, la ley presupuestaria y fiscal promovida por el Presidente de Estados Unidos otorga margen de maniobra a la secretaria del DHS, Kristi Noem, para redistribuir fondos destinados a operaciones migratorias y garantizar el pago a los agentes, a diferencia de otras dependencias.

    Sectores con mayores repercusiones

    La Guardia Costera y FEMA mantendrán misiones críticas de rescate y atención de desastres, pero reducirán entrenamientos, viajes oficiales y actividades rutinarias. Sus miembros podrían permanecer semanas sin recibir salario si la situación se prolonga.

    El personal de la TSA también deberá laborar sin garantía de pago por tercera ocasión en este mandato. Si el cierre continúa, podrían generarse retrasos en los controles de seguridad en aeropuertos, afectando a viajeros en todo el país.