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  • Periodista salvadoreño detenido en EE. UU. presenta demanda federal para exigir su liberación inmediata

    Periodista salvadoreño detenido en EE. UU. presenta demanda federal para exigir su liberación inmediata

    Mario Guevara, un periodista salvadoreño radicado en Atlanta, presentó una demanda federal para exigir su liberación inmediata, tras permanecer detenido por autoridades migratorias de EE. UU. desde junio pasado. La acción legal fue anunciada este jueves por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Georgia, la cual denunció una violación directa a los derechos constitucionales del comunicador.

    La petición de habeas corpus, presentada ante un tribunal del distrito sur de Georgia, argumenta que el arresto y la detención prolongada de Guevara son ilegales y represalias por su labor periodística.

    Actualmente, Mario Guevara es el único periodista detenido en Estados Unidos como resultado de su cobertura de hechos noticiosos en el país, según confirmó la ACLU.

    El reportero, quien reside en Estados Unidos desde 2004, fue arrestado mientras cubría una manifestación del movimiento “No Kings Day” en Doraville, a pesar de estar claramente identificado como miembro de la prensa.

    Un juez de inmigración le concedió la libertad bajo fianza el 1 de julio, pero el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se negó a liberarlo, alegando que representa un “riesgo para la comunidad”, debido a que documenta en vivo redadas migratorias y operaciones de las fuerzas del orden.

    “Mario Guevara está detenido únicamente por su periodismo, específicamente por transmitir en vivo a funcionarios de inmigración y otros agentes del orden”, denunció Scarlet Kim, abogada principal del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU.

    Kim advirtió que este caso representa un mensaje peligroso para otros periodistas, en especial para los que no son ciudadanos estadounidenses.

    La abogada pidió al tribunal que rechace lo que consideró una “flagrante supresión de la actividad de prensa protegida por la Primera Enmienda” y exigió la liberación inmediata del comunicador.

    Guevara, quien ha sido trasladado entre cinco cárceles distintas, asegura que su detención responde a una persecución por ejercer su labor informativa, especialmente por su cobertura sobre operativos migratorios. En mayo también enfrentó cargos menores por conducción imprudente en el condado de Gwinnett, que ya fueron desestimados, al igual que los cargos relacionados con su arresto en junio.

    El periodista es padre de tres hijos, dos de ellos ciudadanos estadounidenses, y uno de ellos depende de él para recibir tratamiento médico a largo plazo.

     

  • «Tenemos miedo, ya casi no salimos»: el día a día de inmigrantes latinos en Atlanta

    «Tenemos miedo, ya casi no salimos»: el día a día de inmigrantes latinos en Atlanta

    El temor a las redadas de inmigración ha impactado la vida diaria de los habitantes de Buford Highway, el corazón de la comunidad hispana de la zona metropolitana de Atlanta (Georgia), que ya ve reducido el comercio y las reuniones comunitarias debido a la ansiedad que mantiene a los inmigrantes encerrados en las casas.

    Como ha sucedido en otros vecindarios latinos del país, en este corredor multicultural -que comienza en Atlanta y atraviesa la ciudades de Brookhaven, Chamblee, Doraville y Norcross, hasta llegar a la localidad de Buford- muchos de sus residentes se sienten asediados por los agentes federales que frecuentemente efectúan operativos de inmigración en la zona.

    El miedo es evidente, palpable. Se ve a menos personas caminando por las calles, haciendo compras en las tiendas, comiendo en los restaurantes o simplemente disfrutando de algún evento comunitario, que en años anteriores atraía a cientos de los más de 50.000 residentes del área que comprende lo que se conoce popularmente como ‘La Buford’ y que también alberga una comunidad asiática.

    «Tenemos mucho miedo, ya casi no salimos de casa», expresó a EFE una madre peruana que cargaba varias bolsas con compras del supermercado y a quien la acompañaban sus tres pequeñas hijas, una de las cuales cargaba en su espalda en una lliclla, una colorida manta tradicional de las zonas andinas.

    En una tienda repleta de piñatas que cuelgan en el techo y surtida con diversos dulces mexicanos, en un centro comercial ubicado en Brookhaven, una de las dependientes del negocio compartió la misma preocupación: «Hay menos gente porque hay miedo y sí, está situación de inmigración está impactándonos a todos», dijo escuetamente la mujer, que prefirió no seguir hablando del tema.

    «Definitivamente ha menguado el tráfico», dijo por su parte el propietario de una sastrería en el área de Doraville al precisar que ahora cierra más temprano los sábados por falta de clientela.

    Todos los entrevistados hablaron con EFE bajo la condición del anonimato, pues se veían visiblemente incómodos de comentar sobre esta nueva realidad que vive la comunidad desde que el presidente Donald Trump lanzó su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados.

    Aunque no se han publicado cifras de cómo esta situación ha afectado el comercio en el área -que cuenta con más de 1.000 pequeños negocios, en su mayoría de inmigrantes-  algunos empresarios estiman que las ventas se han reducido casi en un 50 % desde que comenzaron los operativos y algunos incluso se han visto forzados a cortar a algunos empleados.

    No hay mal que dure cien años

    A pesar del temor que embarga a muchos, existe también un sentimiento de que la vida debe continuar y que, como dice el refrán popular, «no hay mal que dure cien años».

    «Sí, hay temor en la comunidad, pero qué vamos a hacer», se preguntó un ciudadano mexicano que asegura presenció uno de los operativos que agentes encapuchados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) llevaron a cabo recientemente en el área de ‘La Buford’.

    «Hay que seguir viviendo. Y si quieren deportarnos, pues que nos deporten. Esto no puede durar para siempre», expresó.

    En esa misma línea se han manifestado líderes comunitarios de la zona, como Lily Pabian, directora ejecutiva de We Love Buford Highway, una organización sin fines de lucro que busca preservar la identidad multicultural de este corredor que se extiende por más de 48 kilómetros por los condados Fulton, DeKalb y Gwinnett.

    «Nos sentimos tristes. Sentimos ansiedad, pero al final, este corredor, y en particular nuestros inmigrantes somos resilientes y nos esforzamos al máximo para seguir adelante, porque ¿qué más vamos a hacer? Vamos a continuar manteniendo nuestro negocio, protegiendo a nuestra familia y educando a nuestros hijos», dijo Pabian a EFE.

    Pabian asegura que la comunidad inmigrante de Buford Highway se caracteriza por no darse por vencida, porque no es la primera vez que atraviesa momentos difíciles y recordó la época de la epidemia de covid-19, que golpeó con fuerza a esta área ubicada en el noreste de la zona metropolitana de Atlanta.

    «Es uno de esos momentos en los que tienes que sacar fuerzas de todas las dificultades por las que han pasado tus familiares y decir: ‘Oye, ya sabes que esto es malo’. Hemos visto cosas peores y podemos superar esto», manifestó la líder comunitaria. 

  • Cancillería ha atendido a más de 28,000 salvadoreños retornados desde 2020

    Cancillería ha atendido a más de 28,000 salvadoreños retornados desde 2020

    La viceministra de la diáspora y de movilidad humana, Cindy Mariella Portal, informó el martes que la Cancillería salvadoreña ha atendido a un total de 28,000 salvadoreños retornados a El Salvador.

    La funcionaria declaró que trabajan con 20 proyectos relacionados con las personas retornadas y que han firmado 17 instrumentos de cooperación.

    “Desde 2020 la Cancillería ha atendido a más de 28,000 salvadoreños que han retornado al país y estamos trabajando con 20 proyectos que tienen que ver con las personas que están retornando”. Cindy Portal, viceministra de la diáspora y movilidad humana de El Salvador.

    Al explicar una nueva normativa para ayudar a los salvadoreños retornados desde el exterior, la viceministra aseguró que la nueva normativa permitirá «abrir oportunidades de inversión».

    «Hasta la fecha llevamos más de $51 millones de inversión directa de la diáspora salvadoreña”, indicó, al presentar a diputados de Nuevas Ideas y sus aliados una nueva ley que otorga incentivos fiscales a las empresas formales que contraten más de dos personas retornadas.

    “Aquellas empresas que decidan trabajar con las personas retornadas van a tener beneficios fiscales”, indicó. Las empresas podrán deducir de su renta imponible montos de tres a cinco salarios mínimos por año fiscal, es decir, de $1,226.70 a $2,044.5, si se basa en el salario del sector comercio e industria de $408.90.

    La mitad de los deportados atendidos

    Solo de enero a junio de 2025, El Salvador ha recibido 6,050 ciudadanos deportados, de los cuales 6,029 fueron deportados vía aérea, la mayoría de Estados Unidos. Estas cifras implican que cada día El Salvador recibe un promedio de 34 personas deportadas.

    Durante el año 2024, Estados Unidos deportó un total de 15,284 salvadoreños a su país, según cifras oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esta oficina registra un total de 46,287 salvadoreños deportados de 2020 a 2024.

    Así, las personas atendidas por Cancillería conforman un 53.4 % de las personas deportadas registradas desde 2020 a junio de 2025 (52,337).

    Sin embargo, muchos de los deportados tienen antecedentes penales o han cumplido una condena. De 2021 a 2024, un total de 9,594 salvadoreños deportados habían sido condenados por algún delito no migratorio y otros 2,096 tenían cargos judiciales pendientes por algún delito en Estados Unidos según ICE, un 34.7 % del total de deportados en ese periodo.

  • Solo en marzo 764 salvadoreños fueron deportados según Migración

    Solo en marzo 764 salvadoreños fueron deportados según Migración

    Al menos 764 salvadoreños fueron deportados solo durante marzo de 2025, según el reporte de avance del Plan Anual Operativo de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) publicado en el sitio de transparencia de la institución.

    El informe señala que la Gerencia de Atención al Migrante de la DGME recibió y brindó asistencia a 764 retornados vía aérea y terrestre solo durante el mes de marzo. La institución no ha divulgado la cantidad de deportados recibidos en enero, febrero, abril, mayo y junio.

    Migración señala que la recepción de deportados «depende de factores externos a la institución». Según datos recopilados por la organización Wirness at the Border, El Salvador ha recibido al menos 85 vuelos con deportados en los primeros seis meses de 2025.

    A inicios de 2025, la entidad migratoria reportó que en todo el año pasado habían recibido a 14,989 salvadoreños deportados, de ellos, 14,189 desde Estados Unidos; otros 698 desde México y apenas 99 desde otros países.

    Esta cifra significó un aumento del 12 % frente a los 13,358 deportados a El Salvador durante 2023. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) documentó 15,284 salvadoreños deportados el año pasado. La mayoría de los deportados regresan a El Salvador vía aérea.

    Los expertos migratorios César Ríos de Agenda Migrante y Celia Medrano han urgido al gobierno salvadoreño la implementación de un plan integral para atender a los salvadoreños que están siendo deportados desde Estados Unidos.

    Esta semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el lanzamiento de un nuevo programa de atención para deportados, con un financiamiento de $3.4 millones y con una duración de 24 meses.

    Con el programa buscan: fortalecer la capacidad institucional para brindar asistencia diferenciada y humanitaria; implementar estrategias de comunicación y sensibilización sobre derechos humanos y migración irregular y fortalecer los mecanismos de reintegración económica a través de empleo, formación, certificación profesional y fomento de emprendimientos.

  • EEUU inicia deportaciones desde centro migratorio “Alligator Alcatraz” en Florida

    EEUU inicia deportaciones desde centro migratorio “Alligator Alcatraz” en Florida

    El Gobierno de Estados Unidos comenzó esta semana los vuelos de deportación de migrantes detenidos en el nuevo centro de detención “Alligator Alcatraz”, una instalación migratoria ubicada en una vieja pista aérea en medio de los Everglades, al oeste de Miami, según confirmó el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

    “Me complace reportar que esos vuelos desde ‘Alligator Alcatraz’, de parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ya han comenzado. El ritmo está incrementando. Hemos removido a cientos de ilegales desde aquí”, declaró DeSantis durante una conferencia de prensa realizada en el mismo centro.

    El gobernador republicano adelantó que la Guardia Nacional de Florida pronto participará en el proceso actuando como jueces migratorios para acelerar las deportaciones, una medida que fue autorizada por el presidente Donald Trump durante su visita al centro el pasado 3 de julio.

    “El propósito completo es facilitar más vuelos y deportaciones desde este sitio. La pista aérea permite operaciones diurnas y nocturnas, lo que lo convierte en un punto clave para la política migratoria”, afirmó DeSantis.

    El centro de detención Alligator Alcatraz, inaugurado el 3 de julio en un aeropuerto abandonado, actualmente tiene capacidad para 2,000 migrantes, pero se proyecta que alcance hasta 4,000 detenidos, según explicó Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM).

    Aunque no se especificaron las nacionalidades de los deportados, DeSantis recordó que la Administración Trumpordenó la expulsión de cerca de 800,000 personas, con entre 50,000 y 75,000 radicadas en Florida.

    Protestas y denuncias por condiciones “inhumanas”

    La operación ha generado críticas. Activistas y familiares de migrantes han denunciado las condiciones del centro como “inhumanas” y lo comparan con un “campo de concentración” y una “jaula para perros”. Reportes indican que al menos 1,000 personas han sido detenidas en el lugar, seis de ellas hospitalizadas desde su apertura.

    La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió este viernes mediante una carta a FDEM el acceso al sitio para inspecciones y supervisión ante los reportes de violaciones a los derechos humanos.

    Pese a las críticas, DeSantis defendió el rol de Florida como líder en la implementación de la política migratoria de Trump, destacando que han evitado la llegada de más de 18,000 migrantes a las costas del estado, y que han firmado acuerdos con todos los condados para cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

  • EE.UU. ordena colocar tobillera electrónica a más de 180,000 inmigrantes bajo vigilancia

    EE.UU. ordena colocar tobillera electrónica a más de 180,000 inmigrantes bajo vigilancia

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)emitió una orden interna para que todos los inmigrantes incluidos en su programa de Alternativas a la Detención lleven una tobillera electrónica con GPS, según reveló este miércoles el diario The Washington Post.

    El documento, fechado el 9 de junio, exige que se coloque este dispositivo de rastreo a cada una de las 183,000 personas inscritas en el programa, siempre que sea posible. Solo se contemplan excepciones como mujeres embarazadas, a quienes se les colocará una muñequera electrónica.

    Actualmente, únicamente 24,000 inmigrantes (13 % del total) usan una tobillera, por lo que esta orden representa una expansión significativa del sistema de monitoreo migratorio. El objetivo del programa es vigilar a inmigrantes que no están detenidos, asegurando que asistan a sus audiencias migratorias y cumplan órdenes de deportación cuando corresponda.

    Desde su regreso a la presidencia en enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su política de control migratorio, instruyendo a las autoridades a realizar hasta 3,000 deportaciones diarias. Esta nueva directriz sobre el uso de dispositivos electrónicos profundiza esa línea, buscando mantener supervisión constante sobre los inmigrantes en procedimientos administrativos.

    Controversias por el uso de dispositivos electrónicos

    Aunque el uso de tobilleras electrónicas en inmigrantes es visto por ICE como una alternativa más compasiva a la detención, organizaciones de derechos humanos han criticado su implementación por ser intrusiva, estigmatizante y por generar incomodidad física a los portadores.

    Además, varias asociaciones han señalado que estos dispositivos pueden representar una forma de vigilancia constante que viola la privacidad de las personas, aun cuando no están siendo juzgadas por delitos penales, sino por su estatus migratorio.

    El documento citado por The Washington Post advierte que el uso de los dispositivos debe aplicarse “siempre que sea posible”, dando pie a que el ICE amplíe su estrategia de seguimiento incluso en casos sin antecedentes penales.

     

  • Más de 250 extranjeros con antecedentes penales detenidos en operativos en Colorado

    Más de 250 extranjeros con antecedentes penales detenidos en operativos en Colorado

    Más de 250 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, incluyendo traficantes de drogas y pandilleros, fueron detenidos en un operativo de más de una semana en la zona de Denver (Colorado), anunciaron este miércoles por separado el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y las autoridades locales.

    Según ICE, sus agentes arrestaron a 243 inmigrantes en el área metropolitana de Denver del 12 al 20 de julio, enfocándose en “asesinos, traficantes de personas y delincuentes sexuales infantiles”. Todos ellos, dice ICE, “ya están acusados o han sido condenados por delitos penales» después de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.

    “Muchos de los delincuentes extranjeros arrestados por el ICE durante esta operación habían sido liberados previamente en el área metropolitana de Denver por las cárceles de los condados locales, directamente en la comunidad,” puntualizó en declaraciones preparadas Robert Guadian, director de la Oficina de Campo de Denver de Operaciones de Detención y Deportación del ICE.

    Entre los detenidos figuran cinco inmigrantes buscados o condenados por delitos sexuales, nueve acusados o condenados por delitos relacionados con las drogas, 13 acusados o condenados por agresión, ocho acusados o condenados por cargos de robo y 17 con cargos o condenas relacionados con conducir bajo la influencia del alcohol.

    La mayoría de los detenidos proviene de México, seguido por Venezuela, otros países de América Latina, y números menores de países de Asia y África, y de dos países europeos (España y Rumania).

    Según el comunicado, 50 de estos inmigrantes “ya están sujetos a órdenes de expulsión”, cuatro fueron identificados como integrantes del Tren de Aragua, dos como miembros de carteles mexicanos, y otros tres como pertenecientes a otras organizaciones criminales internacionales.

    Entre los casos destacados por ICE figura el de Blanca Ochoa Tello, mexicana de 36 años, quien, en el momento del arresto, transportada unas 20.000 pastillas de fentanilo en su vehículo, y el de Nicolás Díaz Hernández, mexicano de 51 años, previamente condenado por identidad falsificada, distribución de sustancias controladas y conspiración para distribuir una sustancia controlada para un cartel mexicano.

    Por su parte, el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, informó que policías locales y agentes federales desmantelaron una red de narcotraficantes mexicanos que desde agosto de 2024 hasta mayo de este año distribuían cocaína “de a kilogramos” en la zona de Denver.

    El anuncio se realizó luego de que un jurado especial presentara en total 28 cargos contra los 11 sospechosos, todos ellos mexicanos, quienes, junto con dos hombres estadounidenses, “vendieron, compraron o conspiraron para distribuir sustancias ilícitas, a saber, cocaína.”

    Según la fiscalía, la banda era dirigida por Julio Gutiérrez Hernández y Daniel Efraín Mendoza Barragán. En agosto del año pasado y durante los siguientes nueve meses, un agente encubierto compró cocaína a los ahora acusados y comprobó una transacción de más de 2 kilogramos de esa sustancia entre Gutiérrez Hernández y Mendoza Barragán.

    Los arrestos impidieron una transacción aún mayor, de 9 kilogramos.

    Según el Grupo de Trabajo del Norte de Metro Denver (una red policial antidrogas), los operativos permitieron “desmantelar el liderazgo y las cadenas de suministro de esta organización de narcotráfico que operaba aquí mismo, en nuestro propio territorio”.

  • Fiscal de Florida insta a denunciar exparejas para su deportación

    Fiscal de Florida insta a denunciar exparejas para su deportación

    El fiscal general de Florida, James Uthmeier, instó a la población a reportar a sus exparejas si se encuentran en Estados Unidos de forma irregular, en un esfuerzo por reforzar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

    A través de su cuenta en X, Uthmeier informó que su oficina recibió una denuncia contra un excompañero sentimental acusado de violencia doméstica que había excedido la estadía permitida por su visa de turista. El fiscal aseguró que esta persona ya enfrenta un proceso de deportación.

    “Si tu ex está en este país ilegalmente, por favor, siéntete con la libertad de contactar a nuestra oficina. Estaremos felices de ayudar”, escribió Uthmeier.

    La publicación fue respaldada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que compartió el mensaje y promovió una línea directa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para recibir denuncias de inmigrantes sin estatus legal.

    “De abusador doméstico a perdedor deportado”, expresó el DHS en apoyo a la iniciativa.

    Según datos oficiales, la línea telefónica del ICE atiende un promedio de 15,000 llamadas mensuales relacionadas con reportes migratorios. La campaña busca reforzar la cooperación ciudadana en la identificación de personas con estatus migratorio irregular, incluso si se trata de relaciones sentimentales previas.

    Esta medida se alinea con las acciones lideradas por Uthmeier en Florida para ejecutar con firmeza la agenda migratoria del presidente Donald Trump. Entre ellas destaca la reciente apertura del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, que desde su inauguración el pasado 3 de julio ha recibido cerca de 1,000 migrantes.

     

  • Aumenta la presión en EE.UU. para la liberación del periodista salvadoreño Mario Guevara

    Aumenta la presión en EE.UU. para la liberación del periodista salvadoreño Mario Guevara

    Defensores de los derechos civiles, activistas comunitarios y legisladores estatales de Georgia exigieron este martes la liberación del periodista salvadoreño Mario Guevara, que permanece bajo custodia de las autoridades migratorias de EE.UU. a pesar de que un juez otorgó su liberación bajo fianza.

    En una conferencia en el Capitolio del Estado de Georgia, más de una docena de líderes locales y estatales pidieron a la Casa Blanca que libere al comunicador arrestado el pasado 14 de junio mientras cubría una protesta en contra de los operativos de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

    El senador estatal Joshua Ivan McLaurin dijo en la conferencia que la detención del periodista plantea preocupaciones «mayores» sobre la protección de los derechos civiles y constitucionales en el país, así como la libertad de expresión y de prensa.

    «No se trata de si se está de acuerdo con las opiniones de alguien ni con la esencia de su reportaje, se trata de su derecho a recopilar información y difundirla».
    Joshua Ivan McLaurin, legislador demócrata.

    En ese sentido, José Zamora, director del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) advirtió que Guevara «fue castigado» por ejercer su profesión y nunca debió ser detenido.

    «Es ahora el único periodista encarcelado en Estados Unidos en represalia directa por hacer su trabajo informativo».
    José Zamora, director del Comité para la Protección de los Periodistas

    Guevara fue acusado por la policía de la localidad de Doraville, en el noreste de la zona metropolitana de Atlanta, de caminar en la vía vehicular, obstrucción a un agente del orden público y reunión ilícita, a pesar de que estaba plenamente identificado como miembro de la prensa cuando cubría para su canal MG News la protesta ‘No Kings’.

    El reportero también fue acusado en el condado vecino de Gwinnett por manejo imprudente y otros cargos menores por un incidente ocurrido en mayo.

    Las acusaciones en las dos localidades fueron desestimadas, pero su caso de deportación ha continuado.

    Un juez de inmigración aprobó a comienzos de julio una fianza de $7,000 para que el comunicador pueda pelear su caso en libertad. Sin embargo, ICE apeló la decisión del juez.

    El salvadoreño, quien ha estado detenido en cinco prisiones distintas, alega que es víctima de una persecución por ejercer su «trabajo periodístico al cubrir los operativos en las calles».

  • Abogados piden frenar liberación de Kilmar Ábrego para evitar su deportación

    Abogados piden frenar liberación de Kilmar Ábrego para evitar su deportación

    La defensa de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño acusado de tráfico humano en Estados Unidos, pidió a un juez federal en Tennessee frenar su liberación de prisión para evitar que sea deportado de inmediato por el gobierno del presidente Donald Trump.

    La solicitud fue presentada el domingo ante el juez Waverly D. Crenshaw, quien decidirá en los próximos días si permite que Ábrego, residente de Maryland, afronte en libertad su proceso judicial. Aunque una jueza anterior había determinado que no representa riesgo de fuga, las autoridades migratorias han advertido que, si es liberado, será detenido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y puesto en proceso de deportación.

    Ábrego García fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo, pese a una orden judicial de 2019 que le protegía de ser enviado a su país natal debido a amenazas de violencia por parte de pandillas. Su caso generó controversia al evidenciar una posible violación al debido proceso en las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

    El gobierno estadounidense lo ha vinculado con la pandilla MS-13, aunque nunca ha sido acusado formalmente ni se han presentado pruebas. Tras presiones legales y una orden de la Corte Suprema, fue devuelto a EE.UU. el mes pasado para enfrentar cargos federales relacionados con un supuesto caso de tráfico humano ocurrido en 2022 en Tennessee.

    La defensa de Ábrego calificó los cargos como “absurdos” y ahora busca ganar tiempo para evitar que sea deportado antes del juicio programado para enero. El domingo, sus abogados y fiscales federales solicitaron conjuntamente una suspensión de 30 días de cualquier orden de liberación, con el fin de que el acusado “evalúe sus opciones y determine si requiere medidas adicionales”.

    El caso ha escalado también a una corte federal en Maryland, donde su esposa estadounidense, Jennifer Vasquez Sura, demandó al gobierno de Trump por la expulsión ilegal de marzo y busca frenar cualquier nuevo intento de deportación. Ábrego estuvo bajo supervisión federal durante años, con permiso de trabajo vigente y presentándose regularmente ante ICE, hasta que recientemente se revocó esa supervisión.

    Los abogados también han pedido a la jueza de Maryland, Paula Xinis, que ordene su traslado a ese estado y emita al menos una suspensión de 72 horas que evite su deportación inmediata si es liberado en Tennessee. Mientras tanto, la administración Trump insiste en que puede expulsarlo a un tercer país, como México o Sudán del Sur, argumentando que representa un peligro para la comunidad.

    El caso Ábrego Garcia sigue siendo un símbolo del debate migratorio en Estados Unidos, en medio del endurecimiento de las deportaciones y acusaciones de violaciones al debido proceso por parte de la administración del presidente Donald Trump.