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  • ICE detiene a venezolana con solicitud de asilo vigente

    ICE detiene a venezolana con solicitud de asilo vigente

    Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a la venezolana Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, de 28 años, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, pese a que mantiene una solicitud de asilo en trámite. Su captura ocurrió en medio del endurecimiento de los controles migratorios tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos.

    Rodríguez Caglianone, excapitana del equipo de fútbol de la St. Thomas University de Miami, fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando atravesaba el control de seguridad del aeropuerto para viajar junto a sus amigos a Carolina del Norte y asistir a la final del Mundial de Fútbol, según relató su familia.

    La joven ingresó legalmente a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo. En 2023 obtuvo el TPS para venezolanos, explicó la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz durante una conferencia de prensa frente al centro de detención de ICE en Pompano Beach.

    La legisladora sostuvo que la detención está relacionada con la eliminación del TPS impulsada por el presidente Donald Trump y con el incremento de arrestos de migrantes en aeropuertos, especialmente de personas con solicitudes de asilo pendientes, visas vencidas o procesos de ajuste migratorio aún sin resolver.

    «En este momento, los agentes del ICE están invadiendo aeropuertos para atrapar a residentes respetuosos de la ley como Claudia, trastocando vidas, desperdiciando el dinero de los contribuyentes y traicionando los valores de Estados Unidos», declaró Wasserman Schultz.

    La familia denunció que Rodríguez Caglianone fue trasladada inicialmente al centro de detención de ICE en Miramar y posteriormente a las instalaciones de Pompano Beach. Además, aseguró que durante algunos períodos no han podido comunicarse con ella, situación que ha incrementado la preocupación de sus allegados.

    Ante el caso, familiares y amigos iniciaron una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para cubrir los gastos de representación legal. En la petición, su prima Ruth Lares-Caglianone escribió: «Claudia es una persona trabajadora, noble y de gran corazón. Para mí y para todos los que la conocemos, significa muchísimo. Ver a alguien que amas atravesar una situación tan difícil es desgarrador».

    La detención ocurre en un contexto de mayor presión migratoria en Estados Unidos. Según datos oficiales citados por EFE, más de 43,000 migrantes fueron arrestados en junio por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la cifra mensual más alta registrada desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

     

  • Gobierno de Trump propone multas de hasta $3,500 a inmigrantes por desacato

    Gobierno de Trump propone multas de hasta $3,500 a inmigrantes por desacato

    El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso una nueva normativa que facultaría a los jueces de inmigración imponer multas civiles de entre $1,000 y $3,500 a inmigrantes, abogados y testigos que desacaten las órdenes emitidas por los tribunales migratorios.

    La propuesta fue presentada por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EIRO), entidad encargada de supervisar las cortes de inmigración. De ser aprobada, será la primera vez que estos jueces contarán con la facultad de imponer sanciones económicas por incumplimiento de sus resoluciones.

    Sin embargo, la iniciativa excluye de estas sanciones a los abogados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), una diferencia que ha generado críticas entre especialistas en derecho migratorio.

    Gregory Chen, director de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), cuestionó la medida al considerar que “totalmente sesgada”, y sostuvo que representa un nuevo intento de presionar a los abogados que representan a inmigrantes, “en consonancia con las tácticas de intimidación del presidente”.

    Los tribunales de inmigración en Estados Unidos dependen administrativamente del Poder Ejecutivo y no del sistema judicial federal, una estructura que ha sido objeto de cuestionamientos porque permite al Departamento de Justicia modificar sus procedimientos mediante regulaciones administrativas.

    La propuesta fue publicada en el Registro Federal y permanecerá durante 60 días en consulta pública, período en el que ciudadanos, organizaciones y expertos podrán presentar observaciones antes de que se decida su adopción definitiva.

    La iniciativa forma parte de la política migratoria impulsada por la Casa Blanca para endurecer las sanciones económicas contra quienes incumplen las leyes de inmigración. Según datos citados por The New York Times, más de 100,000extranjeros han recibido notificaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informándoles que adeudan $998por cada día que permanecieron en Estados Unidos después de que un juez ordenara su salida del país.

    Las sanciones económicas ya han alcanzado montos millonarios. Entre los casos citados figura el de una mujer mexicana, madre de tres ciudadanos estadounidenses, a quien las autoridades reclaman $1,820,352, al considerar que debía haber abandonado el país desde 2013.

     

  • Un salvadoreño de 18 años enfrenta dos acusaciones por homicidio en Houston

    Un salvadoreño de 18 años enfrenta dos acusaciones por homicidio en Houston

    La Policía de Houston, en el estado norteamericano de Texas, presentó un nuevo cargo por asesinato contra Jefferson Velásquez, un salvadoreño de 18 años, quien ya permanecía detenido en la cárcel del condado de Harris por otro caso de homicidio ocurrido durante una fiesta en el este del condado.

    De acuerdo con las autoridades, ambos crímenes ocurrieron en reuniones multitudinarias y forman parte de una investigación que también vincula al joven con una serie de robos de cadenas a asistentes de fiestas y eventos sociales.

    Velásquez deberá comparecer este jueves ante un tribunal para responder por el nuevo cargo de asesinato, relacionado con la muerte de Noah Ramírez, de 27 años, quien fue baleado a finales de abril frente al club nocturno Diosa, en el sector de Midtown, tras una pelea que comenzó dentro del establecimiento. En ese ataque, otras dos personas también resultaron heridas.

    El padre de la víctima, Jesús Ramírez, aseguró que su hijo no era una persona conflictiva y tenía planes de retomar sus estudios universitarios, casarse y formar una familia.

    «Sólo quiero justicia para él», expresó. «Simplemente no entiendo por qué hicieron lo que hicieron. Es simplemente doloroso y algo que nunca sabré ni entenderé, solo quiero que la persona responsable pague por lo que hicieron».

    El primer caso por el que Velásquez fue acusado corresponde al asesinato de Ángel García, de 17 años, ocurrido el 30 de agosto de 2025 durante una fiesta con alrededor de 200 asistentes en Waldine Street, en el este del condado de Harris (donde está Houston). Según la investigación, el joven habría sido atacado de manera aparentemente deliberada por Velásquez y otras personas.

    La Oficina del Sheriff del condado de Harris explicó que la investigación se prolongó durante varios meses debido a que muchos de los asistentes a la fiesta eran menores de edad y abandonaron el lugar antes de ser entrevistados por los agentes. Finalmente, Velásquez fue arrestado en junio por ese homicidio.

    Además de los dos cargos por asesinato, el joven enfrenta procesos judiciales independientes por robo agravado, relacionados con una serie de asaltos en los que presuntamente despojaba a las víctimas de cadenas de valor durante fiestas multitudinarias.

    Los registros judiciales indican que Jefferson Velásquez es originario de El Salvador y permanece bajo custodia con una fianza total de $800,000. Asimismo, enfrenta una orden de retención migratoria emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

     

  • Migración de EEUU prepara operativo para deportación masiva de migrantes haitianos tras el fin del TPS

    Migración de EEUU prepara operativo para deportación masiva de migrantes haitianos tras el fin del TPS

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara un operativo para incrementar los arrestos y las deportaciones de migrantes haitianos cuando pierdan la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS), informó este domingo la cadena CBS, con base en documentos internos y fuentes de la agencia.

    Según el reporte, los operativos se concentrarán en Ohio, donde residen importantes comunidades haitianas, incluida la ciudad de Springfield, y contemplan el traslado de los detenidos en vuelos de deportación hacia Haití, país que enfrenta una grave crisis política, social y de seguridad.

    La medida podría afectar a más de 300,000 haitianos que actualmente están amparados por el TPS, un programa humanitario que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

    El mes pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó a la administración del presidente Donald Trump poner fin a esa protección para ciudadanos de Haití y Siria, una decisión que comenzará a aplicarse en los tribunales inferiores esta semana.

    De acuerdo con CBS, quienes pierdan el TPS también perderán la autorización para trabajar y podrán ser detenidos por ICE para iniciar el proceso de deportación. No obstante, quienes no tengan una orden previa de expulsión conservarán, por regla general, el derecho a comparecer ante un juez de inmigración antes de ser deportados.

    La política migratoria del Gobierno de Trump ha tenido como uno de sus principales ejes el incremento de las deportaciones y de los operativos migratorios desde su regreso a la Casa Blanca, con un aumento de las acciones ejecutadas por ICE en diferentes estados del país.

    La ciudad de Springfield adquirió notoriedad durante la campaña presidencial de 2024, después de que Trump difundiera afirmaciones falsas sobre inmigrantes haitianos, declaraciones que posteriormente fueron desmentidas, pero que provocaron amenazas y ataques contra esa comunidad.

    Al inicio del segundo mandato de Trump, alrededor de 1.3 millones de personas procedentes de 17 países estaban protegidas por el TPS. Desde entonces, su administración ha eliminado o intentado eliminar ese beneficio para 13 de esos países, una decisión que podría afectar a cerca de un millón de beneficiarios. En junio, el Tribunal Supremo también permitió avanzar con la revocación del TPS para unos 330,000 haitianos y 6,000 ciudadanos sirios mientras continúan otros procesos judiciales.

     

  • Latinos concentraron el 96 % de deportaciones en Estados Unidos en 2025

    Latinos concentraron el 96 % de deportaciones en Estados Unidos en 2025

    Los latinos representaron el 96 % de las personas deportadas de Estados Unidos entre enero y octubre de 2025, pese a que constituyen entre el 76 % y el 80 % de la población indocumentada del país, según un informe divulgado este viernes por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

    El estudio, titulado «Deportaciones masivas y las comunidades latinas», señala que la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump ha tenido un impacto desproporcionado sobre esta comunidad, que también concentra la mayoría de las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    De acuerdo con el informe, el 91 % de las personas detenidas por agentes del ICE fueron latinas. Entre el 19 de enero y el 11 de octubre fueron arrestados unos 187,000 latinos, de los cuales 126,000 terminaron siendo deportados.

    En contraste, las personas no latinas representan entre el 20 % y el 25 % de la población indocumentada, pero constituyeron menos del 10 % de los arrestados por el ICE y menos del 5 % de quienes fueron deportados durante el mismo período.

    El documento también indica que los arrestos semanales de personas latinas aumentaron de menos de 3,900 a casi 6,000, después de que la administración Trump fijara como meta realizar 3,000 detenciones diarias y reforzara la presencia de agentes federales en las calles.

    LULAC sostiene además que el 60 % de los latinos naturalizados considera que el tono de su piel es «medio, oscuro o muy oscuro», una condición que, según el informe, los expone con mayor frecuencia a perfiles raciales durante los operativos migratorios.

    La investigación también advierte sobre las consecuencias económicas y sociales de las deportaciones masivas. Una encuesta entre propietarios de negocios reveló que el 59 % perdió más del 50 % de sus ingresos, el 68 % cerró temporalmente o redujo sus horarios de atención y el 51 % reportó ausentismo laboral por temor a los operativos migratorios. Además, el 76 % de los consultados manifestó efectos emocionales como ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, ataques de pánico y agravamiento de enfermedades crónicas.

    El informe recuerda que la comunidad latina aporta $4.4 billones a la economía de Estados Unidos, una contribución que, con base en datos de 2024, la ubicaría como la cuarta economía más grande del mundo si se considerara de forma independiente.

     

  • México presenta 20 denuncias por la muerte de migrantes bajo custodia del ICE en EEUU

    México presenta 20 denuncias por la muerte de migrantes bajo custodia del ICE en EEUU

    El Gobierno de México anunció que presentó 20 denuncias en distintas jurisdicciones de Estados Unidos para exigir investigaciones por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas desde mayo de 2025 durante operativos o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

    La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las denuncias fueron interpuestas el pasado 13 de julio por el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri. Del total, ocho fueron presentadas ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

    Según el Gobierno mexicano, las acciones legales buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos y determinar posibles responsabilidades de las autoridades migratorias estadounidenses.

    Durante una serie de reuniones con representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, Lazzeri manifestó la preocupación del Gobierno de México por las condiciones en los centros de detención migratoria, incluidos aquellos administrados por empresas privadas, y solicitó una investigación exhaustiva de cada uno de los casos.

    Además de las denuncias en Estados Unidos, la Cancillería mexicana remitió una comunicación al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para informarle sobre los fallecimientos y pedir que el organismo recopile información, evalúe la situación conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos y formule recomendaciones para prevenir hechos similares.

    La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que su red consular continúa brindando asistencia a las familias de los connacionales fallecidos, incluyendo acompañamiento jurídico, apoyo para la repatriación de los restos y otras gestiones solicitadas por los familiares.

    El anuncio ocurre después de la muerte del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araújo, quien falleció tras recibir disparos de agentes del ICE durante un operativo migratorio en Texas. El caso ha cobrado relevancia luego de que un juez federal de Houston ordenara suspender la deportación de José Trinidad Rojas Pliego, considerado un testigo clave de los hechos.

    Las autoridades mexicanas reiteraron que continuarán utilizando los mecanismos legales y diplomáticos disponibles para dar seguimiento a las investigaciones y garantizar la protección de los derechos de sus ciudadanos en territorio estadounidense.

     

  • Inmigración de EEUU alcanza la cifra más alta de detenciones en un mes en la era Trump

    Inmigración de EEUU alcanza la cifra más alta de detenciones en un mes en la era Trump

    Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a 43,138 extranjeros durante junio, la cifra mensual más alta registrada desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump. De mantenerse el ritmo de los operativos, julio podría cerrar con cerca de 50,000 arrestos, según estadísticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

    El informe del ICE detalla que durante junio fueron arrestadas 39,563 personas por esa agencia, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a otros 3,575 extranjeros, para un total de 43,138 capturas, el mayor registro del año fiscal 2026, que comenzó en octubre pasado.

    Las cifras reflejan el endurecimiento de la política migratoria impulsada por la Casa Blanca, que busca incrementar el número de deportaciones como parte de las promesas realizadas por Trump durante su campaña presidencial.

    Los datos oficiales indican que entre el 1 y el 11 de julio las autoridades migratorias habían realizado 16,213 detenciones, con un promedio diario de 1,593 arrestos. Si esa tendencia continúa durante el resto del mes, el número de inmigrantes detenidos podría acercarse a los 50,000.

    Aun así, las cifras permanecen por debajo de la meta de 2,000 arrestos diarios establecida por la Casa Blanca, según tres funcionarios citados por el diario The New York Times, quienes señalaron que todavía existe incertidumbre sobre la capacidad de mantener ese ritmo de operaciones.

    En las últimas semanas, los operativos migratorios se intensificaron nuevamente en varias ciudades de Estados Unidos, lo que provocó manifestaciones y críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.

    Las protestas aumentaron tras la muerte de dos inmigrantes durante intervenciones de agentes migratorios. Se trata del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, quien falleció el 7 de julio en Houston, Texas, y del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, muerto seis días después en Biddeford, estado de Maine.

    A estos casos se suma el fallecimiento de otro ciudadano mexicano, quien había ingresado legalmente a Estados Unidos con una visa y murió el 14 de julio tras ser atropellado por un camión en una autopista de Florida mientras huía de un operativo migratorio.

     

  • Muere venezolano bajo custodia del ICE durante traslado en Georgia

    Muere venezolano bajo custodia del ICE durante traslado en Georgia

    Un migrante venezolano de 45 años falleció mientras era trasladado entre dos centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado de Georgia, en el sur de Estados Unidos, informó este martes la agencia federal. Con este caso, ya son 22 los migrantes que han muerto bajo custodia del organismo durante 2026.

    La víctima fue identificada como Jesús Manuel Arenas Silva, quien sufrió un aparente paro cardíaco cuando era transportado desde el Centro de Detención del Condado de Irwin, en Ocilla, hacia el Centro de Procesamiento Folkston D. Ray, según detalló el ICE en un comunicado.

    De acuerdo con la versión oficial, los agentes encontraron inconsciente al venezolano a las 7:46 de la mañana mientras viajaba en un autobús de la institución. Tras detectar la emergencia, solicitaron asistencia médica y los equipos de socorro lo trasladaron al Hospital del Condado de Irwin.

    Los médicos declararon muerto a Arenas Silva a las 8:31 de la mañana. El ICE indicó que «Se sospecha que la causa de muerte fue un paro cardíaco. La causa oficial está pendiente de un examen médico posterior».

    La muerte del venezolano incrementa a 22 el número de migrantes fallecidos bajo custodia del ICE en lo que va del año, luego de que en 2025 se registraran 33 decesos, la cifra más alta en dos décadas, de acuerdo con datos recopilados por la organización National Immigration Project.

    En un informe reciente, Human Rights Watch advirtió que la tasa de mortalidad de personas detenidas por el ICE alcanzó su nivel más alto en más de diez años y que se ha más que duplicado desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

    El caso también ocurre en medio de cuestionamientos por otras muertes recientes relacionadas con operativos migratorios. En la última semana fallecieron el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido por agentes del ICE el 7 de julio en Texas, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, quien murió el lunes tras recibir disparos de agentes en Maine. Además, otro ciudadano mexicano murió el martes al ser atropellado cuando escapaba de un operativo migratorio en Florida.

    El ICE aseguró que Arenas Silva recibió atención médica y controles de salud durante el tiempo que permaneció bajo custodia. La institución también señaló que el venezolano ingresó a Estados Unidos «de manera ilegal y sin inspección» en octubre de 2021, durante la administración de Joe Biden, y que un juez de inmigración en Atlanta ordenó su deportación a Venezuela en abril de este año.

  • Identifican al colombiano asesinado por el ICE como Johan Sebastián Durán, de 26 años

    Identifican al colombiano asesinado por el ICE como Johan Sebastián Durán, de 26 años

    El inmigrante colombiano que murió el lunes durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine fue identificado como Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, originario de Bucaramanga, en el departamento de Santander.

    Durán Guerrero había emigrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales y residía en la ciudad de Biddeford. Su muerte ocurrió durante una intervención de agentes migratorios, un hecho que generó protestas y reclamos para que se realice una investigación independiente sobre lo sucedido.

    En declaraciones a Blu Radio, su padre, Omar Durán, aseguró que su hijo contaba con permiso de trabajo y cumplía con todos los requerimientos establecidos por las autoridades migratorias estadounidenses. «Él tenía su permiso de trabajo. (…) Iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá como se lo pedían», afirmó.

    El padre también relató que el joven estaba casado y tenía una hija de tres años. Explicó que trabajaba durante las mañanas en una veterinaria y, por las tardes, realizaba entregas a domicilio con su vehículo para mejorar los ingresos de su familia.

    «Él tenía mucha visión para salir adelante, muchos sueños por cumplir, una persona muy joven y realmente mi hijo es un hijo maravilloso y no sé por qué le hicieron eso, (…) era una persona de bien, una persona de bien, una persona criada con valores», agregó Omar Durán.

    La Embajada de Colombia en Estados Unidos expresó sus condolencias por el fallecimiento del connacional y confirmó que brinda asistencia consular a sus familiares. Asimismo, informó que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información detallada sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

    Las organizaciones Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y Presente! señalaron que Durán Guerrero tenía permiso de trabajo y número de Seguro Social, por lo que exigieron una investigación «rápida, independiente y transparente» del caso.

    El ICE sostiene que uno de sus agentes disparó después de que Durán Guerrero presuntamente intentara utilizar su vehículo como un arma contra funcionarios de la agencia. Sin embargo, testigos y videos difundidos por medios locales han puesto en duda esa versión al mostrar el automóvil desplazándose sin control tras los disparos. El caso es investigado por la Policía de Maine, el Departamento de Seguridad Pública del estado y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

  • Gobierno de Trump compra dos de los mayores centros de detención de inmigrantes en California

    Gobierno de Trump compra dos de los mayores centros de detención de inmigrantes en California

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compró dos de los centros de detención de inmigrantes más grandes de California, en una operación valorada en 1.500 millones de dólares, que hace parte del plan del presidente Donald Trump para aumentar las deportaciones de indocumentados.

    El Gobierno estadounidense adquirió el Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en la frontera de California y México, y el Centro de Detención de California City, en el condado de Kern, vecino de Los Ángeles.

    Los dos centros pertenecían a la compañía carcelaria CoreCivic.

    La Administración de Trump pagó 739.2 millones de dólares por el centro de Otay Mesa, con capacidad para 1,994 personas, y 732.6 millones de dólares por el centro de California City, recientemente inaugurado y con capacidad para 2,560 personas, según documentos legales de la venta, ocurrida el pasado 2 de julio, citados por CalMatters.

    En un comunicado, la compañía indicó que “espera continuar gestionando” las operaciones diarias de ambos centros en virtud de los contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

    La compra de los centros se anunció tras la reciente aprobación del Congreso de EE.UU. de un proyecto republicano de 70,000 millones de dólares para financiar a ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales migratorias durante el resto del mandato del presidente, Donald Trump.

    Los centros de detención migratoria bajo el Gobierno Trump han estado bajo el escrutinio público tras las denuncias de negligencia y el aumento de muertes de extranjeros bajo custodia de ICE.

    En los primeros seis meses del año se han reportado 52 fallecimientos.

    Esta semana se conoció que al menos 15 de los 45 centros de detención ICE, que albergan a 500 o más personas, no han sido inspeccionados en el último año pese a las denuncias de irregularidades de grupos humanitarios, según un análisis de CBS.

    La investigación también encontró que al menos cinco centros de detención no tienen registro alguno de inspección.