Hace un año que JB Álvarez no consigue reunir a más de 40 personas para cosechar o sembrar en los campos del condado de Hidalgo, en el sur de Texas (EE.UU.).
El “hielo”, como se conoce en la zona al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), ha detenido a algunos trabajadores de su cuadrilla y mantiene a otros encerrados en sus casas.
“Antes contábamos como con 100 o 150 personas. Ahora ni a la mitad llegamos», dice a EFE mientras descansa de enterrar plántulas de jalapeño en un terreno desde el que se ve el muro fronterizo.
Las operaciones de ICE, un pilar de la política del presidente de EE.UU., Donald Trump, han agravado la escasez de trabajadores agrícolas y de la construcción en el sur de Texas y perjudicado los negocios, según líderes del sector privado consultados por EFE.
Ese malestar amenaza con erosionar el apoyo republicano en las legislativas de noviembre en esta región de mayoría latina, considerada durante décadas un bastión demócrata antes de inclinarse por Trump en las últimas presidenciales.
Una encuesta de septiembre de Cook Political Report muestra un ventaja demócrata en intención de voto. También revela que casi dos de cada tres hispanos de Texas estarían menos dispuestos a votar por un candidato que apoye las deportaciones de Trump. El 61 % tiene una opinión negativa de ICE.
La construcción, afectada
Benigno Meléndez, dueño de una compañía de construcción en Weslaco, unas 17 millas al este de McAllen, asegura que su negocio se “cortó a la mitad” por falta de trabajadores y la inflación, que encareció los materiales.
El sector, explica, depende “mucho” de mano de obra migrante, incluida la indocumentada: “No hay casa en el sur de Texas, ni una sola” que no haya sido construida por “trabajadores ilegales”, dice.
Para evitar que los agentes entren, él y otros constructores están colocando vallas y letreros de “propiedad privada” alrededor de las obras.
Según American Immigration Council, en 2022 más del 40 % de los trabajadores de la construcción en Texas eran inmigrantes y, de ellos, más de la mitad eran indocumentados.
Meléndez reconoce que votó por Trump, una decisión que hoy considera “incorrecta”.
Su decisión, explica, la tomó para «castigar» al expresidente Joe Biden por la inflación, la participación de EE.UU. en la guerra en Ucrania y su promesa incumplida de impulsar una reforma migratoria.
“¿Y ahora por quién votamos? ¿De nuevo por el demócrata, que no ha hecho nada por nosotros, o por el republicano, que no nos quiere nomás por nuestro color de piel?”, se pregunta.
“No salgo a ninguna parte”
Pablo (nombre ficticio para proteger su identidad), trabajador de la construcción, llegó a McAllen con su esposa y sus dos hijos hace tres años. Según relata, huyeron de Reynosa, ciudad fronteriza mexicana, por amenazas del crimen organizado.
El temor a ICE le recuerda a cómo se sentía allí: “Uno no puede ni parar en una tienda, porque luego no sabe si (lo detienen) y no va llegar a la casa. Estamos igual que allá, pero al menos dormimos tranquilos”.
El mexicano, de 54 años, limita su rutina a ir de casa al trabajo y regresar. “No se puede salir a ninguna parte, no tengo vida social”, relata.
El dilema republicano
Mayra Flores, excongresista republicana por el distrito 34, uno de los disputados, considera una “decepción” la falta de apoyo a su partido.
A su juicio, esos distritos deberían ser escaños seguros para los republicanos. Atribuye la situación a la mala comunicación y falta de asesores locales: “Necesitamos portavoces bilingües que hablen de estos temas”.
Los empresarios que alertan sobre la escasez de trabajadores, sostiene, “no deberían haber contratado a gente que está ilegal en el país, para empezar (…) están rompiendo la ley”.
Por su parte, Javier Palomarez, director del Hispanic Business Council, el sur de Texas no volverá a inclinarse por los republicanos, en gran parte por las políticas migratorias de Trump.
“La misma gente que causó miedo en la comunidad ahora está tratando de ver cómo ganarse” a los votantes, afirma.
