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  • Solo en marzo 764 salvadoreños fueron deportados según Migración

    Solo en marzo 764 salvadoreños fueron deportados según Migración

    Al menos 764 salvadoreños fueron deportados solo durante marzo de 2025, según el reporte de avance del Plan Anual Operativo de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) publicado en el sitio de transparencia de la institución.

    El informe señala que la Gerencia de Atención al Migrante de la DGME recibió y brindó asistencia a 764 retornados vía aérea y terrestre solo durante el mes de marzo. La institución no ha divulgado la cantidad de deportados recibidos en enero, febrero, abril, mayo y junio.

    Migración señala que la recepción de deportados «depende de factores externos a la institución». Según datos recopilados por la organización Wirness at the Border, El Salvador ha recibido al menos 85 vuelos con deportados en los primeros seis meses de 2025.

    A inicios de 2025, la entidad migratoria reportó que en todo el año pasado habían recibido a 14,989 salvadoreños deportados, de ellos, 14,189 desde Estados Unidos; otros 698 desde México y apenas 99 desde otros países.

    Esta cifra significó un aumento del 12 % frente a los 13,358 deportados a El Salvador durante 2023. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) documentó 15,284 salvadoreños deportados el año pasado. La mayoría de los deportados regresan a El Salvador vía aérea.

    Los expertos migratorios César Ríos de Agenda Migrante y Celia Medrano han urgido al gobierno salvadoreño la implementación de un plan integral para atender a los salvadoreños que están siendo deportados desde Estados Unidos.

    Esta semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el lanzamiento de un nuevo programa de atención para deportados, con un financiamiento de $3.4 millones y con una duración de 24 meses.

    Con el programa buscan: fortalecer la capacidad institucional para brindar asistencia diferenciada y humanitaria; implementar estrategias de comunicación y sensibilización sobre derechos humanos y migración irregular y fortalecer los mecanismos de reintegración económica a través de empleo, formación, certificación profesional y fomento de emprendimientos.

  • EEUU inicia deportaciones desde centro migratorio “Alligator Alcatraz” en Florida

    EEUU inicia deportaciones desde centro migratorio “Alligator Alcatraz” en Florida

    El Gobierno de Estados Unidos comenzó esta semana los vuelos de deportación de migrantes detenidos en el nuevo centro de detención “Alligator Alcatraz”, una instalación migratoria ubicada en una vieja pista aérea en medio de los Everglades, al oeste de Miami, según confirmó el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

    “Me complace reportar que esos vuelos desde ‘Alligator Alcatraz’, de parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ya han comenzado. El ritmo está incrementando. Hemos removido a cientos de ilegales desde aquí”, declaró DeSantis durante una conferencia de prensa realizada en el mismo centro.

    El gobernador republicano adelantó que la Guardia Nacional de Florida pronto participará en el proceso actuando como jueces migratorios para acelerar las deportaciones, una medida que fue autorizada por el presidente Donald Trump durante su visita al centro el pasado 3 de julio.

    “El propósito completo es facilitar más vuelos y deportaciones desde este sitio. La pista aérea permite operaciones diurnas y nocturnas, lo que lo convierte en un punto clave para la política migratoria”, afirmó DeSantis.

    El centro de detención Alligator Alcatraz, inaugurado el 3 de julio en un aeropuerto abandonado, actualmente tiene capacidad para 2,000 migrantes, pero se proyecta que alcance hasta 4,000 detenidos, según explicó Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM).

    Aunque no se especificaron las nacionalidades de los deportados, DeSantis recordó que la Administración Trumpordenó la expulsión de cerca de 800,000 personas, con entre 50,000 y 75,000 radicadas en Florida.

    Protestas y denuncias por condiciones “inhumanas”

    La operación ha generado críticas. Activistas y familiares de migrantes han denunciado las condiciones del centro como “inhumanas” y lo comparan con un “campo de concentración” y una “jaula para perros”. Reportes indican que al menos 1,000 personas han sido detenidas en el lugar, seis de ellas hospitalizadas desde su apertura.

    La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió este viernes mediante una carta a FDEM el acceso al sitio para inspecciones y supervisión ante los reportes de violaciones a los derechos humanos.

    Pese a las críticas, DeSantis defendió el rol de Florida como líder en la implementación de la política migratoria de Trump, destacando que han evitado la llegada de más de 18,000 migrantes a las costas del estado, y que han firmado acuerdos con todos los condados para cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

  • EE.UU. ordena colocar tobillera electrónica a más de 180,000 inmigrantes bajo vigilancia

    EE.UU. ordena colocar tobillera electrónica a más de 180,000 inmigrantes bajo vigilancia

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)emitió una orden interna para que todos los inmigrantes incluidos en su programa de Alternativas a la Detención lleven una tobillera electrónica con GPS, según reveló este miércoles el diario The Washington Post.

    El documento, fechado el 9 de junio, exige que se coloque este dispositivo de rastreo a cada una de las 183,000 personas inscritas en el programa, siempre que sea posible. Solo se contemplan excepciones como mujeres embarazadas, a quienes se les colocará una muñequera electrónica.

    Actualmente, únicamente 24,000 inmigrantes (13 % del total) usan una tobillera, por lo que esta orden representa una expansión significativa del sistema de monitoreo migratorio. El objetivo del programa es vigilar a inmigrantes que no están detenidos, asegurando que asistan a sus audiencias migratorias y cumplan órdenes de deportación cuando corresponda.

    Desde su regreso a la presidencia en enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su política de control migratorio, instruyendo a las autoridades a realizar hasta 3,000 deportaciones diarias. Esta nueva directriz sobre el uso de dispositivos electrónicos profundiza esa línea, buscando mantener supervisión constante sobre los inmigrantes en procedimientos administrativos.

    Controversias por el uso de dispositivos electrónicos

    Aunque el uso de tobilleras electrónicas en inmigrantes es visto por ICE como una alternativa más compasiva a la detención, organizaciones de derechos humanos han criticado su implementación por ser intrusiva, estigmatizante y por generar incomodidad física a los portadores.

    Además, varias asociaciones han señalado que estos dispositivos pueden representar una forma de vigilancia constante que viola la privacidad de las personas, aun cuando no están siendo juzgadas por delitos penales, sino por su estatus migratorio.

    El documento citado por The Washington Post advierte que el uso de los dispositivos debe aplicarse “siempre que sea posible”, dando pie a que el ICE amplíe su estrategia de seguimiento incluso en casos sin antecedentes penales.

     

  • Más de 250 extranjeros con antecedentes penales detenidos en operativos en Colorado

    Más de 250 extranjeros con antecedentes penales detenidos en operativos en Colorado

    Más de 250 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, incluyendo traficantes de drogas y pandilleros, fueron detenidos en un operativo de más de una semana en la zona de Denver (Colorado), anunciaron este miércoles por separado el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y las autoridades locales.

    Según ICE, sus agentes arrestaron a 243 inmigrantes en el área metropolitana de Denver del 12 al 20 de julio, enfocándose en “asesinos, traficantes de personas y delincuentes sexuales infantiles”. Todos ellos, dice ICE, “ya están acusados o han sido condenados por delitos penales» después de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.

    “Muchos de los delincuentes extranjeros arrestados por el ICE durante esta operación habían sido liberados previamente en el área metropolitana de Denver por las cárceles de los condados locales, directamente en la comunidad,” puntualizó en declaraciones preparadas Robert Guadian, director de la Oficina de Campo de Denver de Operaciones de Detención y Deportación del ICE.

    Entre los detenidos figuran cinco inmigrantes buscados o condenados por delitos sexuales, nueve acusados o condenados por delitos relacionados con las drogas, 13 acusados o condenados por agresión, ocho acusados o condenados por cargos de robo y 17 con cargos o condenas relacionados con conducir bajo la influencia del alcohol.

    La mayoría de los detenidos proviene de México, seguido por Venezuela, otros países de América Latina, y números menores de países de Asia y África, y de dos países europeos (España y Rumania).

    Según el comunicado, 50 de estos inmigrantes “ya están sujetos a órdenes de expulsión”, cuatro fueron identificados como integrantes del Tren de Aragua, dos como miembros de carteles mexicanos, y otros tres como pertenecientes a otras organizaciones criminales internacionales.

    Entre los casos destacados por ICE figura el de Blanca Ochoa Tello, mexicana de 36 años, quien, en el momento del arresto, transportada unas 20.000 pastillas de fentanilo en su vehículo, y el de Nicolás Díaz Hernández, mexicano de 51 años, previamente condenado por identidad falsificada, distribución de sustancias controladas y conspiración para distribuir una sustancia controlada para un cartel mexicano.

    Por su parte, el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, informó que policías locales y agentes federales desmantelaron una red de narcotraficantes mexicanos que desde agosto de 2024 hasta mayo de este año distribuían cocaína “de a kilogramos” en la zona de Denver.

    El anuncio se realizó luego de que un jurado especial presentara en total 28 cargos contra los 11 sospechosos, todos ellos mexicanos, quienes, junto con dos hombres estadounidenses, “vendieron, compraron o conspiraron para distribuir sustancias ilícitas, a saber, cocaína.”

    Según la fiscalía, la banda era dirigida por Julio Gutiérrez Hernández y Daniel Efraín Mendoza Barragán. En agosto del año pasado y durante los siguientes nueve meses, un agente encubierto compró cocaína a los ahora acusados y comprobó una transacción de más de 2 kilogramos de esa sustancia entre Gutiérrez Hernández y Mendoza Barragán.

    Los arrestos impidieron una transacción aún mayor, de 9 kilogramos.

    Según el Grupo de Trabajo del Norte de Metro Denver (una red policial antidrogas), los operativos permitieron “desmantelar el liderazgo y las cadenas de suministro de esta organización de narcotráfico que operaba aquí mismo, en nuestro propio territorio”.

  • Fiscal de Florida insta a denunciar exparejas para su deportación

    Fiscal de Florida insta a denunciar exparejas para su deportación

    El fiscal general de Florida, James Uthmeier, instó a la población a reportar a sus exparejas si se encuentran en Estados Unidos de forma irregular, en un esfuerzo por reforzar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

    A través de su cuenta en X, Uthmeier informó que su oficina recibió una denuncia contra un excompañero sentimental acusado de violencia doméstica que había excedido la estadía permitida por su visa de turista. El fiscal aseguró que esta persona ya enfrenta un proceso de deportación.

    “Si tu ex está en este país ilegalmente, por favor, siéntete con la libertad de contactar a nuestra oficina. Estaremos felices de ayudar”, escribió Uthmeier.

    La publicación fue respaldada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que compartió el mensaje y promovió una línea directa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para recibir denuncias de inmigrantes sin estatus legal.

    “De abusador doméstico a perdedor deportado”, expresó el DHS en apoyo a la iniciativa.

    Según datos oficiales, la línea telefónica del ICE atiende un promedio de 15,000 llamadas mensuales relacionadas con reportes migratorios. La campaña busca reforzar la cooperación ciudadana en la identificación de personas con estatus migratorio irregular, incluso si se trata de relaciones sentimentales previas.

    Esta medida se alinea con las acciones lideradas por Uthmeier en Florida para ejecutar con firmeza la agenda migratoria del presidente Donald Trump. Entre ellas destaca la reciente apertura del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, que desde su inauguración el pasado 3 de julio ha recibido cerca de 1,000 migrantes.

     

  • Aumenta la presión en EE.UU. para la liberación del periodista salvadoreño Mario Guevara

    Aumenta la presión en EE.UU. para la liberación del periodista salvadoreño Mario Guevara

    Defensores de los derechos civiles, activistas comunitarios y legisladores estatales de Georgia exigieron este martes la liberación del periodista salvadoreño Mario Guevara, que permanece bajo custodia de las autoridades migratorias de EE.UU. a pesar de que un juez otorgó su liberación bajo fianza.

    En una conferencia en el Capitolio del Estado de Georgia, más de una docena de líderes locales y estatales pidieron a la Casa Blanca que libere al comunicador arrestado el pasado 14 de junio mientras cubría una protesta en contra de los operativos de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

    El senador estatal Joshua Ivan McLaurin dijo en la conferencia que la detención del periodista plantea preocupaciones «mayores» sobre la protección de los derechos civiles y constitucionales en el país, así como la libertad de expresión y de prensa.

    «No se trata de si se está de acuerdo con las opiniones de alguien ni con la esencia de su reportaje, se trata de su derecho a recopilar información y difundirla».
    Joshua Ivan McLaurin, legislador demócrata.

    En ese sentido, José Zamora, director del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) advirtió que Guevara «fue castigado» por ejercer su profesión y nunca debió ser detenido.

    «Es ahora el único periodista encarcelado en Estados Unidos en represalia directa por hacer su trabajo informativo».
    José Zamora, director del Comité para la Protección de los Periodistas

    Guevara fue acusado por la policía de la localidad de Doraville, en el noreste de la zona metropolitana de Atlanta, de caminar en la vía vehicular, obstrucción a un agente del orden público y reunión ilícita, a pesar de que estaba plenamente identificado como miembro de la prensa cuando cubría para su canal MG News la protesta ‘No Kings’.

    El reportero también fue acusado en el condado vecino de Gwinnett por manejo imprudente y otros cargos menores por un incidente ocurrido en mayo.

    Las acusaciones en las dos localidades fueron desestimadas, pero su caso de deportación ha continuado.

    Un juez de inmigración aprobó a comienzos de julio una fianza de $7,000 para que el comunicador pueda pelear su caso en libertad. Sin embargo, ICE apeló la decisión del juez.

    El salvadoreño, quien ha estado detenido en cinco prisiones distintas, alega que es víctima de una persecución por ejercer su «trabajo periodístico al cubrir los operativos en las calles».

  • Abogados piden frenar liberación de Kilmar Ábrego para evitar su deportación

    Abogados piden frenar liberación de Kilmar Ábrego para evitar su deportación

    La defensa de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño acusado de tráfico humano en Estados Unidos, pidió a un juez federal en Tennessee frenar su liberación de prisión para evitar que sea deportado de inmediato por el gobierno del presidente Donald Trump.

    La solicitud fue presentada el domingo ante el juez Waverly D. Crenshaw, quien decidirá en los próximos días si permite que Ábrego, residente de Maryland, afronte en libertad su proceso judicial. Aunque una jueza anterior había determinado que no representa riesgo de fuga, las autoridades migratorias han advertido que, si es liberado, será detenido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y puesto en proceso de deportación.

    Ábrego García fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo, pese a una orden judicial de 2019 que le protegía de ser enviado a su país natal debido a amenazas de violencia por parte de pandillas. Su caso generó controversia al evidenciar una posible violación al debido proceso en las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

    El gobierno estadounidense lo ha vinculado con la pandilla MS-13, aunque nunca ha sido acusado formalmente ni se han presentado pruebas. Tras presiones legales y una orden de la Corte Suprema, fue devuelto a EE.UU. el mes pasado para enfrentar cargos federales relacionados con un supuesto caso de tráfico humano ocurrido en 2022 en Tennessee.

    La defensa de Ábrego calificó los cargos como “absurdos” y ahora busca ganar tiempo para evitar que sea deportado antes del juicio programado para enero. El domingo, sus abogados y fiscales federales solicitaron conjuntamente una suspensión de 30 días de cualquier orden de liberación, con el fin de que el acusado “evalúe sus opciones y determine si requiere medidas adicionales”.

    El caso ha escalado también a una corte federal en Maryland, donde su esposa estadounidense, Jennifer Vasquez Sura, demandó al gobierno de Trump por la expulsión ilegal de marzo y busca frenar cualquier nuevo intento de deportación. Ábrego estuvo bajo supervisión federal durante años, con permiso de trabajo vigente y presentándose regularmente ante ICE, hasta que recientemente se revocó esa supervisión.

    Los abogados también han pedido a la jueza de Maryland, Paula Xinis, que ordene su traslado a ese estado y emita al menos una suspensión de 72 horas que evite su deportación inmediata si es liberado en Tennessee. Mientras tanto, la administración Trump insiste en que puede expulsarlo a un tercer país, como México o Sudán del Sur, argumentando que representa un peligro para la comunidad.

    El caso Ábrego Garcia sigue siendo un símbolo del debate migratorio en Estados Unidos, en medio del endurecimiento de las deportaciones y acusaciones de violaciones al debido proceso por parte de la administración del presidente Donald Trump. 

  • Las redadas migratorias en California siembran temor y vacían los campos agrícolas

    Las redadas migratorias en California siembran temor y vacían los campos agrícolas

    El miedo se ha convertido en compañero de jornada para cientos de trabajadores agrícolas indocumentados en California, quienes enfrentan redadas migratorias en pleno corazón agrícola de Estados Unidos. Uno de los casos más alarmantes fue el fallecimiento de un mexicano tras intentar huir de un operativo reciente en el condado de Ventura.

    Alejandra, una jornalera mexicana de 39 años originaria de Michoacán, comienza su día antes del amanecer para llevar a su hijo a la guardería y recorrer más de una hora hasta el campo donde labora bajo temperaturas extremas. “La verdad, si no tuviera a mi hijo, ya me habría auto deportado, pero él pertenece aquí”, afirma con angustia.

    Su historia refleja el drama de miles de trabajadores que, tras huir de la violencia en sus países de origen, hoy se enfrentan al riesgo de deportación en medio de la faena agrícola. “El campo me ayudó a no caer en depresión. Aunque el trabajo es duro, me aferré porque era mi única salida”, relata.

    Alejandra cuenta que, en ciertas labores como la recolección de zanahoria, pasa hasta nueve horas de rodillas. En otras ocasiones, las jornadas se tornan inhumanas, como aquella en que una compañera fue atropellada por un camión en plena faena. “La dejaron tirada y nos hicieron seguir trabajando al lado de su cuerpo”, recuerda.

    Alejandra, migrante mexicana que trabaja en los campos agrícolas en California. EFE

    Fuga de mano de obra

    Javier, mayordomo en una granja de verduras en Tehachapi, condado de Kern, confirma que los efectos de las redadas ya son evidentes: “Ha sido una temporada muy difícil para cosechar”, comenta, mientras confiesa que tampoco cuenta con documentos migratorios.

    “Muchos temen salir, y lo entiendo. Yo también tengo miedo todos los días”, añade.

    Según estimaciones, al menos un millón de personas trabajan en el campo en Estados Unidos, y el 40 % de ellas carece de estatus migratorio legal. Las constantes redadas federales están provocando ausentismo laboral, lo que comienza a afectar el rendimiento del sector agrícola, uno de los pilares económicos de California.

    Una salida legal para los jornaleros

    La presidenta de la Unión de Campesinos (UFW), Teresa Romero, promueve una iniciativa de ley conocida como “la tarjeta azul”, que busca otorgar una vía hacia la legalización a los trabajadores del campo que tengan años de experiencia demostrada. Rechaza los argumentos que afirman que los campesinos dejarían la agricultura si fueran regularizados.

    “Cerca del 75 % de los jornaleros son de origen latino, y este país depende de ellos para alimentar a su población”, sostuvo Romero, citando cifras de la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano.

    Mientras tanto, para personas como Alejandra y Javier, el temor a ser arrestados ya no es algo ocasional, sino parte de su jornada. En el campo de California, el sudor, el sol y el miedo cosechan juntos.

  • Solo un 40 % de votantes aprueba gestión migratoria del presidente Donald Trump

    Solo un 40 % de votantes aprueba gestión migratoria del presidente Donald Trump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha visto caer el respaldo a su gestión migratoria, una de sus principales banderas políticas. Solo el 40 % de los votantes aprueba su trabajo en esta área, según una encuesta nacional divulgada este miércoles por la Universidad de Quinnipiac (Connecticut).

    En contraste, el 55 % de los encuestados expresó su desaprobación hacia su política migratoria, mientras que el 4 % no opinó. Estos resultados reflejan una caída de 5 puntos respecto al sondeo realizado en abril, cuando el 45 % avalaba su gestión en inmigración.

    Durante sus primeros seis meses de Gobierno, Trump ha impulsado con fuerza el control migratorio. Entre sus logros figura la aprobación de una ley presupuestaria que fortalece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), agencia que ahora se proyecta como la más grande del país en temas de seguridad.

    Sin embargo, esa expansión no ha sido bien recibida por la mayoría de los votantes. La encuesta detalla que el 57 % desaprueba el trabajo de ICE, frente a solo un 39 % que lo respalda, mientras el 4 % no respondió.

    Desaprobación en deportaciones y rechazo a traslados forzados

    Cuando se preguntó específicamente sobre cómo el presidente Trump está manejando las deportaciones, solo un 38 % de los votantes mostró su apoyo, mientras que un 59 % manifestó estar en desacuerdo. Además, el 64 % rechazó la propuesta de deportar a inmigrantes a países distintos del suyo de origen, iniciativa respaldada por apenas el 30 %.

    La encuesta fue realizada entre el 10 y 14 de julio a 1,290 votantes registrados a nivel nacional, y revela también que, de forma general, el 40 % aprueba la gestión del presidente Trump, frente a un 54 % que la desaprueba. Estas cifras son similares a las registradas el pasado 26 de junio.

    Apoyo a la inmigración en EE.UU. alcanza niveles históricos

    Los resultados de Quinnipiac coinciden con una encuesta de Gallup, que señala una tendencia creciente a favor de la inmigración: el 79 % de los estadounidenses expresa una actitud positiva hacia los inmigrantes, un récord histórico según la encuestadora.

    En ese mismo estudio, la proporción de ciudadanos que desean reducir los niveles de inmigración ha bajado del 55 % en 2024 al 30 % en 2025. Además, el 78 % de los encuestados apoya que los indocumentados tengan vías para obtener la ciudadanía, frente al 70 % que opinaba lo mismo el año pasado.

    El presidente Trump también ha perdido respaldo entre los votantes hispanos: solo el 21 % de ellos aprueba su manejo migratorio, según los datos de Gallup.

  • Programan juicio contra salvadoreño Kilmar Ábrego para enero 2026 en EE.UU.

    Programan juicio contra salvadoreño Kilmar Ábrego para enero 2026 en EE.UU.

    Un juez federal en Tennessee programó para el 27 de enero de 2026 el inicio del juicio por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño cuyo caso ha encendido la polémica en torno a la política migratoria del Gobierno de Estados Unidos.

    Según documentos judiciales a los que tuvo acceso EFE, la audiencia celebrada este miércoles se extendió por más de tres horas, pero el juez Waverly D. Crenshaw no emitió una decisión sobre una posible liberación anticipada del acusado. La defensa advirtió que esa excarcelación facilitaría su deportación inmediata a un tercer país, como México o Sudán del Sur, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    Ábrego García, de 30 años, se encuentra recluido en una prisión de Nashville por presuntamente transportar personas indocumentadas en Tennessee, en un hecho ocurrido en 2022. Aunque se ha declarado inocente, enfrenta un proceso federal que sus abogados califican como una represalia del Gobierno de Donald Trump por una deportación errónea.

    Errores administrativos y riesgos de deportación

    En marzo pasado, Kilmar Ábrego fue expulsado por error a El Salvador, pese a contar con una orden judicial de protección por amenazas de la pandilla Barrio 18. Fue enviado junto a más de 200 migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), sin derecho a apelar, según la defensa.

    Aunque una jueza en Maryland ordenó su liberación en un proceso civil interpuesto por su familia, los abogados pidieron mantenerlo detenido en EE.UU. para evitar que vuelva a ser deportado antes del juicio penal.

    “Gracias a la lucha de la familia de Kilmar, su nombre ya no es solo un caso, sino un símbolo de resistencia contra este Gobierno”, afirmó Lydia Walther-Rodríguez, de la organización We are Casa, durante una rueda de prensa frente al tribunal de Tennessee.

    El salvadoreño había residido en Maryland por más de diez años, tras haber ingresado irregularmente en 2012 cuando era menor de edad. En 2019, un juez de inmigración lo declaró “deportable”, pero más tarde otro tribunal de asilo determinó que no podía ser regresado a El Salvador debido a la persecución que enfrentaba por parte de estructuras criminales.

    El 6 de junio de 2025, Ábrego fue devuelto a EE.UU. pero arrestado inmediatamente por los cargos en Tennessee. Su defensa considera que estos señalamientos responden a un intento del Gobierno de justificar su error de deportación.

    El caso de Ábrego García ha generado críticas de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, que insisten en que su detención es parte de una política migratoria que vulnera el debido proceso y pone en riesgo la vida de migrantes vulnerables.