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  • ¿Realmente pudo Trump sacar a más de 2,5 millones de extranjeros de EE.UU. en 2025?

    ¿Realmente pudo Trump sacar a más de 2,5 millones de extranjeros de EE.UU. en 2025?

    Las agencias encargadas de la inmigración en EE.UU. han dejado de publicar datos específicos sobre sus operaciones, lo que ha sembrado la duda sobre si más de 2,5 millones de indocumentados han salido del país gracias a la política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump, como reclama la Casa Blanca.

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) destacó que 2025 ha sido “un año de logros sin precedentes” con la salida de 605.000 personas que han sido deportadas y 1,9 millones de indocumentados que salieron voluntariamente del país desde el pasado 20 de enero.

    La mayoría de los interrogantes se concentran en los 1,9 millones de indocumentados que supuestamente habrían abandonado el país por su propia cuenta.

    La Casa Blanca no ha aportado datos que respalden esta cifra ni a la prensa ni a las organizaciones.

    El analista del Instituto de Política de Migración (MPI), Ariel Ruiz Soto, dijo a EFE que el problema radica en que el Gobierno de Trump se basó en el Current Population Survey (CPS), un sondeo que realiza mensualmente la Oficina del Censo para determinar cuántos indocumentados se han marchado del país.

    La encuesta CPS ha sufrido varios cambios desde finales de 2024, incluida la reducción de la muestra de personas que contestan las preguntas.

    A esto se suma que la campaña de deportaciones masivas impuesta por el presidente Donald Trump probablemente ha hecho que los indocumentados dejen de contestar el sondeo.

    “Este dato de 1,9 millones es mucho más difícil de verificar y va mucho más allá de lo que hemos visto en otras áreas de la misma encuesta”, explicó Ruiz Soto.

    El analista insiste en que aunque se haya reportado una disminución en el número de inmigrantes que contestaron la encuesta, no significa que esto sea una prueba real de que se están yendo voluntariamente, algo en lo que coinciden los mismos inmigrantes.

    “Eso son exageraciones del Gobierno para meterle a uno miedo”, afirmó a EFE R. Hernández, un mexicano radicado en Los Ángeles desde hace más de 20 años.

    El inmigrante asegura que si en el futuro es deportado, buscaría la forma de regresar con su esposa y sus tres hijos ciudadanos estadounidenses.

    “En vez de estar amenazando con sacarnos, debería ver cómo nos da papeles”, agregó.

    La campaña de la autodeportación

    Lejos de probar los datos, el Gobierno de Trump prefiere celebrar el éxito de su política migratoria.

    La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo recientemente que los indocumentados “están recibiendo nuestro mensaje de que deben irse ahora”.

    El DHS destinó 200 millones de dólares en una campaña para impulsar la “autodeportación” de extranjeros, a los que les prometen un pago de 1.000 dólares y la posibilidad de que regresen de forma legal, si registran su salida en la aplicación CBP Home.

    Unas 35.000 personas han notificado su salida en la promocionada aplicación, según dijeron dos funcionarios que supervisan el programa a The Atlantic, un registró muy alejado de los 1,9 millones de indocumentados que supuestamente se han marchado por cuenta propia.

    Menos deportaciones que Biden

    El DHS también ha dejado de publicar el desglose de las cifras de deportación, lo que ha hecho más complicado para organizaciones como MPI hacer un seguimiento.

    Según las últimas cifras, bajo el segundo mandato de Trump se ha deportado a 605.000 extranjeros, un número que se encuentra dentro de un rango que la Casa Blanca podría probar, según Ruiz Soto.

    No obstante, entre estos “deportados” están contabilizados aquellos extranjeros que fueron regresados en los aeropuertos sin haber ingresado a EE.UU. También se encuentran los inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que optan por una salida voluntaria.

    Esta cifra es menor que los 685.000 deportados del último año del Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025).
    “Creo que el Gobierno Trump se quedará corto para alcanzar ese número”, pronosticó el analista.

    Pero seguramente la Casa Blanca seguirá promocionando que ha sacado a cientos de miles de “los peores de los peores

    criminales” del país, con datos que también han sido puestos en duda.

    El más reciente informe del Instituto Cato encontró que el 73% de personas detenidas por el ICE no tenía antecedentes penales ni cargos penales pendientes. La mayoría de los condenados tenían sentencias por delitos menores, infracciones de inmigración o de tránsito.

  • Dos salvadoreños figuran entre los criminales más peligrosos arrestados por EE.UU. en 2025

    Dos salvadoreños figuran entre los criminales más peligrosos arrestados por EE.UU. en 2025

    Dos salvadoreños fueron señalados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) como parte del listado de los “peores de los peores” criminales detenidos durante 2025, una clasificación que incluye a 18 migrantes con antecedentes graves como homicidios, abusos sexuales, tráfico de drogas y vínculos con pandillas.

    En su publicación anual titulada “DHS Unveils 2025 Worst of the Worst Criminal Illegal Aliens Arrested by DHS Law Enforcement”, el gobierno estadounidense destacó el trabajo de sus cuerpos de seguridad en la captura y deportación de estos individuos, señalando que representan un peligro para la población.

    Uno de los salvadoreños identificados es Antonio Israel Lazo Quintanilla, arrestado por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en marzo. Aunque su único delito cometido en suelo estadounidense fue conducir sin licencia, las autoridades señalaron que en El Salvador tiene órdenes de captura por homicidio agravado, extorsión, posesión de drogas, entre otros delitos graves.

    El salvadoreño Walter Leonel Pérez Rodríguez fue capturado por una condena por agresión sexual contra una menor de 17 años, múltiples antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol, actos lascivos contra menores y reingreso ilegal a Estados Unidos. Foto DHS

    El segundo salvadoreño es Walter Leonel Pérez Rodríguez, quien fue detenido el lunes 3 de noviembre en Houston, Texas. Según ICE, este sujeto tiene una condena por agresión sexual contra una menor de 17 años, múltiples antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol, actos lascivos contra menores y reingreso ilegal a Estados Unidos. Durante su arresto, Pérez agredió a un oficial de ICE con una taza metálica de café, causándole una herida en el labio que requirió 13 puntos de sutura, además de quemaduras en el rostro.

    “Los estadounidenses pueden sentirse orgullosos de los agentes del DHS que trabajaron sin descanso para sacar a los peores criminales de sus comunidades”, afirmó la secretaria adjunta Tricia McLaughlin. “Bajo el presidente Trump y la secretaria Noem, los criminales no son bienvenidos. Si vienen a romper nuestras leyes, los encontraremos, arrestaremos y deportaremos”, aseguró.

    El informe también incluyó ciudadanos de Honduras, México, Guatemala, Afganistán, Corea del Sur, Vietnam, Congo y Egipto, todos con extensos historiales criminales.  

     

  • Migrantes en EEUU viven una Navidad con miedo y rogando ser «invisibles» a la Migra

    Migrantes en EEUU viven una Navidad con miedo y rogando ser «invisibles» a la Migra

    Familias inmigrantes en Estados Unidos enfrentan una Navidad marcada por el miedo, la separación y la incertidumbre, ante el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha incrementado las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos puntos del país.

    En la ciudad de Tucson, Arizona, la inmigrante mexicana María Ramos pasará las fiestas sin su esposo y su hijo mayor, ambos arrestados por agentes migratorios cuando salieron a trabajar en jardinería. “Sabíamos que de un momento a otro podrían ser detenidos, pero tenían que salir a trabajar, para pagar los gastos”, relató a EFE.

    “Mi esposo y mi hijo no son criminales, nunca han hecho nada a nadie, ahora están en un centro de detenciones”, agregó Ramos, quien vive con temor de que la situación empeore para su familia.

    Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, más de 220,000 migrantes han sido arrestados por ICE, según datos del Deportation Data Project. El inicio de su segundo mandato estuvo acompañado de redadas masivas y despliegues federales en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Washington.

    Aunque Arizona, gobernada por la demócrata Katie Hobbs, no ha recibido grandes contingentes militares, los operativos migratorios son constantes. “Estas fiestas serán muy tristes, estoy pensando inclusive en quitar todos los adornos antes del día de Navidad”, confesó Ramos, quien se enteró del arresto de sus familiares cuando un amigo le dijo: “Se los llevaron”.

    La familia llevaba 25 años viviendo de forma irregular en EE.UU. y tiene dos hijos ciudadanos estadounidenses, quienes ahora temen que la detención del padre derive en el arresto de su madre.

    Una situación similar enfrenta la venezolana Ana Moran, de 29 años, residente en Arizona, cuyo esposo permanece detenido desde agosto en la cárcel del condado de Pima, acusado sin pruebas de un robo mientras realizaba entregas de comida. “No entiendo en qué momento dicen que mi esposo cometió este delito si yo siempre iba con él”, afirmó.

    La pareja ingresó a Estados Unidos hace dos años y medio tras solicitar asilo mediante la aplicación CBP One, implementada durante la administración de Joe Biden. Actualmente, esa misma plataforma es promovida por el Gobierno Trump para incentivar la autodeportación, ofreciendo $1,000 y la promesa de un eventual retorno legal.

    Ante el riesgo de que su esposo sea deportado, Moran admite que contempla salir voluntariamente del país, pese a tener permiso de trabajo y una solicitud de asilo en trámite. La falta de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas agrava su situación. “No tenemos un consulado donde pedir ayuda, si ICE nos deporta no sabemos a qué país nos mandarían”, dijo.

    Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde el 20 de enero casi dos millones de migrantes se han autodeportado, mientras que más de 600,000 han sido expulsados por la fuerza.

    Moran y su familia deben presentarse ante una corte migratoria en mayo, pero teme que los problemas legales de su esposo afecten su caso. “Cuando salgo a la calle le pido a Dios: hazme invisible, hazme invisible, para regresar con mis hijos”, concluyó.

     

  • Jueza federal de EEUU prohíbe a Migración arrestar de nuevo a Kilmar Ábrego

    Jueza federal de EEUU prohíbe a Migración arrestar de nuevo a Kilmar Ábrego

    Una jueza federal de Estados Unidos dictaminó este lunes 22 de diciembre que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no podrá volver a detener al salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error a El Salvador a inicios de este año durante la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    En una audiencia celebrada en Maryland, la jueza de distrito Paula Xinis resolvió que Ábrego García debe permanecer en libertad bajo fianza durante las fiestas navideñas, al considerar que su detención inicial se realizó sin base legal. La decisión responde a una solicitud de los abogados del salvadoreño, quienes pidieron una orden de restricción temporal para evitar un nuevo arresto por parte de ICE.

    El 11 de diciembre pasado, la misma jueza ordenó su liberación de un centro de detención para migrantes en Pensilvania, tras determinar que el Gobierno lo mantenía privado de libertad sin haber emitido una orden formal de deportación en 2019. En ese año, un juez ya había determinado que Ábrego no podía ser retornado a El Salvador por considerar que su vida corría peligro.

    Pese a esa resolución, Ábrego García fue deportado en marzo de 2025 bajo el argumento de que era un pandillero, y enviado directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. La acción se ejecutó durante una redada de la administración Trump, sin respetar la protección legal otorgada en su momento.

    En junio, fue retornado a Estados Unidos para enfrentar un nuevo proceso por presunto tráfico de personas, una acusación que él niega. La jueza Xinis le otorgó entonces libertad condicional, mientras se prepara el juicio, que se celebrará en el estado de Tennessee en enero de 2026.

    Además, Xinis invalidó este lunes de forma temporal una nueva orden de deportación emitida por un juez de inmigración tras la liberación del salvadoreño, lo que lo protege legalmente durante las próximas semanas.

     

  • Las redadas migratorias golpean negocios hispanos en EEUU, los empleados escasean

    Las redadas migratorias golpean negocios hispanos en EEUU, los empleados escasean

    Las recientes redadas migratorias ejecutadas por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en el sur de Arizona han provocado el cierre indefinido de varios restaurantes hispanos, entre ellos Taco Giro, una cadena emblemática de comida mexicana que operaba con diez sucursales y que ahora solo mantiene tres abiertas.

    El operativo más reciente ocurrió el pasado 5 de diciembre, cuando ICE irrumpió en varios locales de Taco Giro fuertemente armados y arrestó a 46 trabajadores, además de incautar documentación vinculada a la contratación de empleados. César Rodríguez, director de operaciones de la cadena, aseguró que la empresa perdió de forma inmediata al 10 % de su plantilla laboral.

    “El proceso de contratar y capacitar personal nuevo es lento, sobre todo cuando hay temor entre los propios ciudadanos por sus familiares indocumentados”, explicó Rodríguez, quien también denunció la visita de agentes a los domicilios de varios empleados, lo que elevó la cifra de detenciones.

    ICE justificó el operativo alegando una investigación en curso relacionada con contratación irregular, pagos en efectivo y presuntos vínculos con delitos fiscales y tráfico de drogas. Rodríguez calificó estas acusaciones como “ridículas” y advirtió que la clientela ha dejado de acudir por temor a nuevos operativos.

    La situación se repite en otros negocios latinos. Marco Antonio López, dueño del mercado Beef Master Meat Market, también en Tucson, relató que tras una redada de ICE en marzo pasado, sus empleados no volvieron al trabajo al día siguiente, aunque no hubo arrestos.

    “Fue muy duro. Mi esposa y mis hijos tuvieron que ayudar para mantener el negocio funcionando”, contó.

    Nueve meses después, López sigue enfrentando procesos legales y podría recibir una multa millonaria. Además de los gastos en abogados, tuvo que capacitar a un empleado para cumplir con el sistema federal E-Verify, lo que supuso más inversiones en medio de la crisis.

    Un informe reciente del Los Angeles Economic Equity Accelerator and Fellowship (LEAAF) reveló que el 43 % de los empresarios hispanos en zonas afectadas por redadas reportaron pérdidas de ingresos superiores al 50 %, cifra que sube al 68 % entre quienes no dominan el inglés.

    La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, criticó con firmeza los operativos.

    “Estas redadas federales intencionadas, disruptivas y violentas no hacen a nuestra comunidad más segura”, expresó.

    Romero añadió que estas acciones afectan a trabajadores de toda la vida y golpean una economía local ya debilitada por el alza en los precios de alimentos y rentas.

     

  • Informe revela que ICE entró en albergues de Nueva York sin orden judicial

    Informe revela que ICE entró en albergues de Nueva York sin orden judicial

    Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) entraron al menos en cinco ocasiones entre enero y mayo de este año en varios albergues en Nueva York sin la orden de un juez y se les permitió el acceso, de acuerdo con el informe de incidentes de los refugios, que publica hoy el diario ‘Gothamist’.

    Según los informes, en dos ocasiones, los empleados de los albergues permitieron que agentes de ICE entraran en áreas privadas y, en un tercer caso, proporcionaron a los agentes información sobre un exresidente, sin verificar si contaban con una orden judicial, y en violación a la ley que declaró a Nueva York ciudad amiga de inmigrantes o «ciudad santuario».

    En otros dos casos, los agentes de inmigración eludieron al personal que estaba en la recepción y entraron en áreas privadas de los refugios municipales sin presentar una orden.

    La ley santuario prohíbe a los empleados municipales autorizar a agentes federales de inmigración a entrar a áreas privadas de las propiedades de la ciudad, con algunas excepciones, como por ejemplo si presentan una orden judicial o si existen «circunstancias excepcionales», recuerda el diario.

    La publicación agrega que el Departamento de Servicios Sociales, responsable por la gran mayoría de los albergues, aseguró que su personal «nunca» violó deliberadamente el protocolo ni la ley, que el alcalde Eric Adams intentó abolir cuando la ciudad comenzó a recibir a miles de inmigrantes cada semana.

    Los agentes de inmigración acudieron a los albergues al menos 23 veces durante el período de enero y mayo de este año, cinco de éstas sin autorización legal. El 20 de febrero siete agentes que usaban mascarillas, ropa de camuflaje, chalecos antibalas y armados con pistolas. arrestaron a un venezolano de 30 años, de acuerdo con el informe de incidentes.

    El director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Murad Awawdeh, reaccionó al informe señalando que ningún neoyorquino debería ser «aterrorizado» por el ICE del presidente Donald Trump al acceder a los servicios de la ciudad, y mucho menos cuando las leyes de santuario lo prohíben ha que erosiona la confianza en las agencias.

    «El Ayuntamiento debe aprobar con urgencia la Ley de Santuario Seguro y la Ley de Confianza de la Ciudad para fortalecer nuestro compromiso de proteger a todos los neoyorquinos y subsanar cualquier laguna legal existente», indicó el activista.

    De acuerdo con Awawdeh, cuando el próximo alcalde, Zohran Mamdani asuma el cargo el próximo mes, debe haber un compromiso firme de hacer cumplir las leyes de santuario y capacitar rigurosamente a todo el personal municipal sobre cómo implementarlas.

  • Abogado de salvadoreño Kilmar Ábrego denuncia persecución política del Gobierno de EE.UU.

    Abogado de salvadoreño Kilmar Ábrego denuncia persecución política del Gobierno de EE.UU.

    El abogado Simon Sandoval-Moshenberg, defensor legal del salvadoreño Kilmar Ábrego, aseguró en entrevista con la cadena pública NPR que el Gobierno de Estados Unidos continúa ejerciendo presión contra su cliente, pese a que un tribunal federal dictaminó que fue detenido y deportado ilegalmente.

    Ábrego, de 30 años, fue capturado por agentes de inmigración en marzo y deportado a El Salvador, a pesar de tener una orden judicial que suspendía su expulsión por considerar que su vida estaba en peligro. En su país fue ingresado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel construida para pandilleros y símbolo de la «guerra» del presidente Nayib Bukele contra las maras.

    Durante la entrevista, Sandoval-Moshenberg confirmó que Ábrego se reunió con su esposa e hijo tras ser liberado recientemente. “Fue un reencuentro extremadamente emotivo”, afirmó. “Ha estado privado de libertad desde marzo”.

    El abogado reveló que su cliente estuvo dispuesto desde el inicio a ser trasladado a Costa Rica, país que le ofreció estatus de refugiado. Sin embargo, el Gobierno estadounidense se negó. “El juez usó ese dato como una de las pruebas para demostrar que no lo mantenían detenido para deportarlo, sino simplemente para encerrarlo”, explicó.

    Ábrego fue retornado a Estados Unidos el 6 de junio tras una fuerte presión social y órdenes de la Corte Suprema, pero inmediatamente fue acusado por la Fiscalía de tráfico de personas, lo que llevó a su reclusión en una cárcel de Tennessee. La nueva imputación incluye el supuesto traslado de migrantes, algunos con vínculos con pandillas.

    Actualmente, enfrenta tres procesos simultáneos: un caso penal en Tennessee, una demanda civil en Maryland donde se impugna su deportación, y una petición de asilo ante una corte migratoria. El juicio penal está previsto para julio de 2025, y recientemente se obtuvo una orden judicial que impide su recaptura inmediata por parte del ICE.

    El Departamento de Seguridad Nacional calificó como “sin base legal” la orden de liberación, y prometió combatirla “con uñas y dientes” en los tribunales. El abogado Sandoval-Moshenberg lamentó esa postura y declaró que “la familia ha sufrido lo suficiente” y que “el fallo de la jueza es sólido y resistirá una apelación”.

    Para el abogado, el caso va más allá del debate migratorio: “Se trata de una lucha entre el poder y la ley. El Gobierno no puede actuar por encima de la Constitución”. Acusó a la administración del presidente Donald Trump de intentar deportar a Ábrego a países africanos como Uganda o Liberia, con los que el salvadoreño no tiene ninguna conexión.

    Ábrego, quien llegó a EE.UU. siendo adolescente y reside en Maryland con su esposa e hijos ciudadanos estadounidenses, permanece en libertad bajo protección judicial mientras define si solicitará formalmente asilo. La decisión, según su abogado, dependerá únicamente de él.

     

  • La petición más popular a la Virgen de Guadalupe: detener las redadas en EE.UU.

    La petición más popular a la Virgen de Guadalupe: detener las redadas en EE.UU.

    “Que se detengan los ataques a la comunidad migrante y las redadas”, esa es la petición generalizada que los fieles en EE.UU. han pedido a la Virgen de Guadalupe este viernes en medio de las celebraciones a la ‘Morenita’, que se han visto diezmadas por el miedo a la escalada de la campaña de deportaciones impulsada por la Casa Blanca.

    “Yo sé que la virgencita nos puede hacer el milagro y detener toda esta pesadilla”, dice a EFE Marta Lazo, una guatemalteca que se acercó a la Iglesia del Perpetuo Socorro en Norwalk (California) a encender una vela en homenaje a la virgen.

    La inmigrante lamenta no haber podido ir a las celebraciones que comúnmente se hacen en las parroquias de Los Ángeles en la madrugada del 12 de diciembre para darle serenata a la virgen. El temor a que los oficiales de inmigración se presenten la hizo faltar este año a la fiesta encabezada por los mexicanos.

    “Ella (la Virgen de Guadalupe) lo ve y lo escucha todo, sabe que no podemos exponernos”, explica Lazo con los ojos aguados mientras hace una oración para después marcharse a su trabajo.

    Así como Lazo, este año los indocumentados en EE.UU. han preferido evitar las grandes aglomeraciones para no llamar la atención de los agentes migratorios, que han concentrado sus operativos en la comunidad latina.

    Los párrocos y sacerdotes de las iglesias alrededor del país lo han entendido. Por ejemplo, el padre Esequiel Sánchez, rector del Santuario de la Virgen de Guadalupe en Des Plaines, (Illinois) recomendó quedarse en casa a quienes no se sientan cómodos asistiendo a los festejos debido a las medidas de control migratorio.

    Aunque el sacerdote dijo que los peregrinos estarían fuera del alcance de las redadas mientras estén dentro del santuario, reconoció que nada podrían hacer para salvaguardar a quienes sean interceptados en el camino desde o hacia el templo, el más importante lugar de peregrinación católica cerca de Chicago, que atrae a cientos de miles de personas anualmente para honrar a la Virgen de Guadalupe.

    ¿Redadas en las iglesias?

    El temor a que los agentes migratorios lleguen a los templos ha aumentado en los últimos meses. El mes pasado un audio enviado por WhatsApp circuló entre líderes religiosos del área de Atlanta (Georgia) en el que se advertía sobre posibles redadas masivas de inmigración en las iglesias, lo que obligó a muchos religiosos a cancelar los servicios.

    Un rumor parecido circuló en Massachusetts en el que se advertía sobre posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en iglesias durante las próximas fiestas, según informó el National Catholic Reporter (NCRonline).

    La subsecretaria del Departamento de Seguridad Interna, Tricia McLaughlin, negó los reportes. «ICE no realiza redadas en iglesias, independientemente de si es temporada navideña o no. Esta es solo otra narrativa falsa para intentar demonizar a nuestros valientes agentes”, enfatizó en un comunicado citado por el medio católico.

    La virgen encabeza una marcha

    Ante el panorama, los líderes religiosos, apoyados por activistas y defensores de los derechos humanos, han tomado la vocería para conmemorar la aparición de la Virgen de Guadalupe y llevar un mensaje de fe y esperanza a la comunidad.

    En Los Ángeles, este viernes se realizó una marcha de fieles que inició en la icónica Iglesia de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles, en la Placita Olvera, que culminó en la catedral de la ciudad.

    “La fe nos da el valor de seguir luchando, luchando por nuestro pueblo, por nuestras familias, luchando porque estas horribles redadas y esta falta de humanidad se acabe”, dijo a los asistentes Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla).

    Un mensaje similar fue dado por numerosos líderes comunitarios entre los que se encontraban representantes de sindicatos, legisladores estatales y ciudadanos estadounidenses que se aferraron a la virgen morena para alentar a la comunidad.

    La marcha a la que se unieron cientos de personas hizo una parada frente a la cárcel migratoria en el centro de Los Ángeles, donde los sacerdotes pidieron una oración especial para todos aquellos que se encuentran detenidos y separados de sus familias.

  • Una jueza de EEUU ordena la liberación del salvadoreño Kilmar Abrego de la custodia de ICE

    Una jueza de EEUU ordena la liberación del salvadoreño Kilmar Abrego de la custodia de ICE

    Una jueza ordenó este jueves la liberación de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Kilmar Abrego, el salvadoreño deportado a la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador «por error».

    La jueza federal del Distrito de Maryland Paula Xinis decretó que Abrego sea liberado «inmediatamente» y aseguró que su detención se produjo «sin autoridad legal».

    Subrayó que la falta de una orden de deportación contra el ciudadano salvadoreño restringe la potestad del gobierno para expulsarlo de Estados Unidos.

    “Dado que Ábrego García ha estado detenido por ICE para llevar a cabo una deportación a un tercer país sin una orden de deportación legal, su solicitud de liberación es procedente”, escribió Xinis según reveló el medio de comunicación estadounidense CNN.

    La conducta del Gobierno de Trump en los últimos meses contradice su afirmación de que el único propósito de la detención era la deportación. Esto refuerza la conclusión de que Ábrego García no debe permanecer detenido por más tiempo, indicaron los reportes.

    El salvadoreño, residente en Maryland, fue deportado en marzo a El Salvador y encarcelado en la prisión de máxima seguridad CECOT a pesar de que un juez estadounidense había prohibido su expulsión del país.

    Tras una ardua batalla legal con la Administración de Donald Trump, que lo acusa de ser un criminal, Ábrego fue devuelto en junio a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

    Actualmente permanece bajo custodia del ICE en Pensilvania, mientras el Gobierno estadounidense busca la manera de deportarlo a un tercer país africano con el que no tiene vínculo.

    Aunque sea liberado de la custodia del ICE, el salvadoreño sigue sujeto a la libertad provisional impuesta por un juez de Tennessee, a la espera de que se celebre un juicio por tráfico de personas.

     

     

  • Un migrante guatemalteco muere bajo custodia de ICE en Texas

    Un migrante guatemalteco muere bajo custodia de ICE en Texas

    Un ciudadano guatemalteco de 48 años, identificado como Francisco Gaspar-Andres, murió el 3 de diciembre en un hospital de El Paso mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó este martes la agencia federal.

    El fallecimiento ocurrió a las 5:53 hora local en The Hospitals of Providence East, donde había sido ingresado el 16 de noviembre.

    Según ICE, la causa oficial de la muerte está pendiente, aunque personal médico del hospital la atribuyó a un fallo natural de hígado y riñones.

    La agencia aseguró que Gaspar-Andres recibió atención médica «constante y de alta calidad» desde que se detectó el deterioro de su salud.

    Gaspar-Andres había sido detenido el 1 de septiembre en Florida durante una operación planificada por la Patrulla de Carreteras estatal y agentes de Enforcement and Removal Operations (ERO), el brazo de ICE encargado de la detención y deportación de migrantes.

    Según aseguran las autoridades migratorias, había cruzado la frontera desde México de manera irregular. Tras su arresto, fue trasladado al centro de detención Krome South, en Miami, y poco después fue hospitalizado brevemente por síntomas de abstinencia alcohólica.

    El 19 de septiembre, ICE lo transfirió a El Paso, donde quedó bajo custodia en la instalación de detención Camp East Montana mientras avanzaban sus procedimientos migratorios.

    Registros médicos incluidos en el informe indican que recibió atención en diversas ocasiones por reflujo, alergias, dolor de cabeza y otros malestares.

    El 14 de noviembre, un juez de inmigración ordenó su deportación a Guatemala. En los días siguientes, su estado de salud se agravó. Fue intubado 21 de noviembre y colocado en una lista de trasplante de hígado el 24 de noviembre, de acuerdo con DHS.

    Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y grupos legales locales llevan años documentando condiciones que describen como crueles, inhumanas y degradantes en centros de detención de inmigración donde estuvo el guatemalteco, incluidos Krome y el mega‑campamento de ICE en Fort Bliss conocido como Camp East Montana.

    Los testimonios e informes apuntan a un patrón recurrente: hacinamiento, temperaturas extremas, sanitarios desbordados o sucios, acceso muy limitado a duchas, alimentación deficiente, iluminación constante y uso extendido del aislamiento, junto con demoras graves o negativas en la atención médica y de salud mental, en algunos casos vinculadas a hospitalizaciones evitables y muertes bajo custodia.

    Bajo el Gobierno de Donald Trump, múltiples informes de organizaciones de derechos humanos, académicos y medios han denunciado un incremento en el uso amplio de la detención migratoria, incluidas personas sin antecedentes penales graves o sin historial delictivo alguno.

    En el año fiscal 2025 han muerto al menos entre 20 y 22 personas bajo custodia de ICE, lo que lo convierte en el año más letal en dos décadas, solo superado por 2004 según datos oficiales.