Etiqueta: ICE

  • Negar derecho a fianza a un salvadoreño detenido por ICE en Colorado es ilegal, dice jueza

    Negar derecho a fianza a un salvadoreño detenido por ICE en Colorado es ilegal, dice jueza

    Una jueza federal en Colorado falló en contra de la política del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos de negar fianza a un salvadoreño, al considerar que se le negaba al inmigrante el derecho al debido proceso.

    La decisión judicial allana el camino para restringir la aplicación de la política de detención obligatoria establecida por el ICE en julio pasado.

    El fallo de la jueza en Denver (Colorado) se refiere al caso de Néstor Esaí Mendoza Gutiérrez, residente de Colorado por más de dos décadas y propietario de una pequeña empresa, que fue detenido en mayo pasado.

    Desde entonces ha permanecido en la cárcel migratoria de Aurora, ubicada en el mismo estado, debido a la nueva política del ICE que declara que a todas las personas que presuntamente ingresaron de forma indocumentada se les negará la posibilidad de fianza durante su proceso de deportación.

    La medida afecta a millones de inmigrantes en el país, independientemente de su tiempo de residencia en Estados Unidos.

    La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) demandó al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentando que la nueva política “es ilegal” y representa “un profundo desvío” de la ley de inmigración.

    La ley federal vigente exige la detención sin derecho a fianza solo en circunstancias limitadas.

    La querella legal afirma que Mendoza Gutiérrez y otras personas en situaciones similares no cumplen estos criterios que limitan la elegibilidad para fianza.

    La demanda también argumenta que la detención de Mendoza Gutiérrez sin derecho a fianza plantea serias preocupaciones constitucionales y viola las garantías fundamentales del debido proceso. Además, causa un daño irreparable a la familia del salvadoreño ya que él es su mayor sostén.

    En su fallo, la jueza afirmó que el Gobierno no tiene el derecho irrestricto de detener a extranjeros.

    Estas protecciones constitucionales se aplican a todas las personas en el país, independientemente de su estatus migratorio, advierte la ACLU.

    La jueza ordenó la liberación del salvadoreño y estudia la solicitud de demanda colectiva para que la decisión pueda cobijar a otros inmigrantes detenidos en Colorado sujetos a la nueva política.

    “Esta política ilegal amenaza con encarcelar a millones de inmigrantes trabajadores sin antecedentes penales y con profundos vínculos con sus comunidades, sin posibilidad de recurso alguno”, dijo en un comunicado Tim Macdonald, director legal de la ACLU de Colorado.

    El DHS enfrentan varios litigios alrededor de Estados Unidos por la medida de no otorgar fianza a ningún detenido por ICE.

  • Concejal de Chicago demanda a Gobierno de EEUU tras ser detenida por defender a inmigrante

    Concejal de Chicago demanda a Gobierno de EEUU tras ser detenida por defender a inmigrante

    La concejal de Chicago Jessie Fuentes presentó este martes un reclamo legal contra el Gobierno de EE.UU. tras ser esposada y detenida en un hospital cuando confrontó a agentes migratorios que ingresaron para detener a un inmigrante herido.

    El incidente ocurrió el pasado 3 de octubre cuando Fuentes se encontraba en la zona de Humboldt Park, que hace parte de su distrito, manifestándose de forma pacífica junto con otros funcionarios contra «las tácticas militares» usadas en el operativo desplegado en la ciudad.

    Un video publicado en sus redes sociales mostró a Fuentes diciendo a dos agentes que el inmigrante al que pretendían detener «tenía derechos constitucionales», mientras el agente responde repetidamente que «no» y le ordena que abandone el área.

    En las imágenes se observa que la concejal sigue preguntando al oficial por la orden de arresto firmada cuando es esposada y detenida.

    «No te he tocado, no te he tocado. Solo he preguntado si tienes una orden de arresto contra él (el inmigrante), es una pregunta simple. Ese hombre tiene derechos constitucionales», se oye decir de una forma calmada a la funcionaria, que ocupa el cargo desde 2023.

    Fuentes fue detenida brevemente y liberada después frente al hospital.

    Los abogados de Fuentes explicaron que el reclamo es el inicio de un proceso legal que podría concluir en una demanda si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) no acepta un acuerdo, según información citada por la televisora ABC.

    El arresto de la concejal ocasionó una serie de críticas entre las figuras demócratas como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, que advirtió que los funcionarios electos tienen el derecho, amparado por la Primera Enmienda, de documentar las acciones de ICE e «informar a sus electores» sobre sus derechos sin interferencia federal.

  • Trump pide a la Corte Suprema autorizar despliegue de Guardia Nacional en Chicago

    Trump pide a la Corte Suprema autorizar despliegue de Guardia Nacional en Chicago

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este viernes a la Corte Suprema de Justicia que autorice el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago, como medida para resguardar a los agentes federales que participan en operativos migratorios, principalmente a elementos de la Patrulla Fronteriza.

    La solicitud fue presentada a través del Departamento de Justicia, con el argumento de que el despliegue es necesario para “prevenir riesgos para la vida de los agentes federales”, según reportes de medios estadounidenses. El recurso busca revertir resoluciones previas de tribunales inferiores que bloquearon la intervención militar en esa ciudad.

    El presidente pretende que al menos 200 miembros de la Guardia Nacional del estado de Texas sean enviados a Illinois, específicamente a los alrededores de un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde se han concentrado manifestaciones ciudadanas en rechazo a los operativos.

    Desde el pasado 9 de septiembre, fuerzas federales desarrollan la operación Midway Blitz en Chicago, enfocada en la detención de inmigrantes indocumentados. Hasta la fecha, las autoridades reportan al menos 1,500 arrestos relacionados con dicha acción.

    Las medidas impulsadas por Trump, que incluyen el fortalecimiento del control federal en ciudades administradas por líderes demócratas como Chicago, Washington y Portland, han generado fuertes críticas tanto de autoridades locales como de ciudadanos que han salido a protestar en defensa de los derechos migratorios.

  • Salvadoreña que fue obligada a autodeportarse demanda a Migración de EEUU

    Salvadoreña que fue obligada a autodeportarse demanda a Migración de EEUU

    Yessenia Ruano, una salvadoreña que fue obligada a salir de EEUU a pesar de tener una solicitud activa de visa humanitaria por ser víctima de trata laboral, ha demandado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país (ICE) de violar la ley al detener y deportar a personas que han sido víctimas de violencia doméstica o trata de personas, y que están en proceso de obtener visas T o U, diseñadas para protegerlas.

    Ruano, una salvadoreña que vivió 14 años en Estados Unidos, se vio obligada a abandonar el país junto a sus hijas ante la negativa del gobierno de Donald Trump de detener su deportación. Su caso, junto al de otras personas migrantes, es parte de una demanda federal presentada esta semana en Los Ángeles, en la que se acusa a ICE, según reveló el jueves el diario estadounidense The New York Times. 

    Según la denuncia, el gobierno estadounidense ha incumplido con las garantías legales establecidas por el Congreso en la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), al implementar políticas que castigan a quienes se atreven a denunciar abusos y colaborar con las autoridades.

    “Se está traicionando el pacto legal con personas vulnerables que han dado un paso valiente al presentarse ante la justicia”, afirmó Sergio Pérez, director del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional.

    El caso de Yessenia Ruano: de sobreviviente a demandante

    La salvadoreña Yessenia Ruano, de 38 años, salió de Wisconsin en junio tras agotar todos los recursos legales. Había solicitado una visa T tras ser víctima de trabajo forzado en su ruta hacia EE.UU. luego de huir de las pandillas en El Salvador. Su esposo, sus hijas gemelas de 10 años, ciudadanas de Estados Unidos, y su perro también salieron del país semanas después.

    Ruano trabajó durante años en una fábrica de pizzas y como asistente de maestros en una escuela de Milwaukee. Incluso fue llamada a sustituir clases ante la escasez de personal. Su caso ha aparecido en varias cadenas hispanas de televisión de los Estados Unidos.

    “Sentía que por fin estaba aportando”, recordó.

    En febrero de este año, su abogada le sugirió retirar su solicitud de asilo y optar por una visa T. Aunque pidió retrasar su deportación mientras el caso estaba en proceso, ICE se negó. Ante el temor de ser separada de sus hijas, optó por regresar voluntariamente a El Salvador.

    La demanda también incluye el caso de Camila B., una vendedora mexicana de tamales detenida durante una redada de ICE en Los Ángeles, tras vivir más de 20 años en el país. En 2023, ella había solicitado una visa U tras ser brutalmente agredida.

    Asimismo, Kenia Merlos, originaria de Honduras y madre de cuatro ciudadanos estadounidenses, fue arrestada junto a su familia en un parque del estado de Washington, a pesar de tener una solicitud activa desde marzo de 2024. Está detenida desde junio.

    La administración Trump eliminó en enero de este año directrices que impedían detener a inmigrantes con solicitudes activas de protección como víctimas. Un memorando de ICE ordenó a los agentes priorizar la “aplicación total y eficiente” de las leyes migratorias, incluso en zonas sensibles como refugios, escuelas e iglesias.

    Las visas U y T, que otorgan permisos de trabajo y eventual residencia a víctimas de crímenes y trata de personas que cooperen con fiscales, han sido clave para desmantelar redes criminales. Sin embargo, el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, base ideológica del segundo mandato de Trump, propone eliminarlas por considerar que pueden ser utilizadas de forma fraudulenta.

    “Eliminar estos mecanismos de protección no solo pone en riesgo a las víctimas, sino que dificulta los procesos judiciales”, advirtió Erin Aiello, fiscal de Massachusetts especializada en violencia de género.

    Por su parte, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respondió que “todas las personas deportadas por ICE han tenido debido proceso y una orden final de expulsión”.

    Sin embargo, activistas aseguran que los agentes están aplicando procesos acelerados de expulsión, sin dar tiempo a que las víctimas puedan presentar sus casos.

    La demanda en curso es una de al menos cinco que cuestionan el endurecimiento de la política migratoria de Trump. Mientras tanto, miles de personas que han sufrido abusos, violencia de género o explotación laboral temen ser deportadas antes de obtener justicia.

    “Mi esperanza es poder regresar algún día”, dijo Ruano, quien ahora vive nuevamente en El Salvador, esperando que su visa T sea aprobada.

  • Los aspirantes a alcalde de Nueva York proponen más protección legal a inmigrantes

    Los aspirantes a alcalde de Nueva York proponen más protección legal a inmigrantes

    Los principales aspirantes a la Alcaldía de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani y el independiente Andrew Cuomo, propusieron este jueves más protección legal para los inmigrantes en medio de la campaña de deportaciones del Gobierno de Donald Trump.

    En el primer debate político de candidatos previo a las elecciones del 4 de noviembre, Mamdani y Cuomo, que se repartirán el voto demócrata, abogaron por medidas similares, mientras que el tercer aspirante, el republicano Curtis Sliwa, simpatizó solo con los inmigrantes que son «trabajadores esenciales».

    La mayor parte del debate de dos horas se centró especialmente en el tema del alto costo de vida, pero hubo una pregunta sobre las frecuentes detenciones de inmigrantes por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), muchos de ellos solicitantes de asilo, cuando asisten a citas rutinarias en esta «ciudad santuario».

    Mamdani, que se reivindicó como «el primer alcalde inmigrante», ya que es ugandés pero naturalizado estadounidense, criticó las detenciones de ICE en unas instalaciones, las del 26 Federal Plaza, en las que han protestado legisladores y políticos, y a las que un juez ha impuesto cumplir derechos básicos.

    Mamdani: «Más representación legal y plantar cara a Trump»

    Las ceremonias de ciudadanía «se han convertido en momentos de tragedia en las que los jueces preguntan a neoyorquinos que asisten a revisiones rutinarias de inmigración si están preparados para irse (del país) con la misma ropa que llevaban para ir al tribunal», denunció Mamdani, ya que son acorralados al salir.

    Cuomo, el primero en responder sobre los inmigrantes, dijo escuetamente: «La ley es la ley, yo tendría un abogado asignado a cada persona sometida a revisión por el Gobierno federal o cualquier procedimiento legal, y pondría todo el peso del Gobierno local detrás para asegurar de que están legalmente protegidos».

    Mamdani dijo estar «de acuerdo en que necesitamos más representación legal», pero también «ser capaz realmente de plantar cara a Donald Trump».

    Sliwa defendió que ICE persigue a los criminales pero argumentó que, según le han dicho funcionarios, las cuotas de detenciones impuestas por el Gobierno de Trump «están poniendo presión» para que arresten a inmigrantes fuera de los tribunales, tiendas Home Depot o restaurantes que los contratan.

    El republicano, pese a todo, reconoció que los inmigrantes hacen el trabajo que «la mayoría no quiere» y «debemos proteger a los inmigrantes trabajadores, trabajadores esenciales, y usar ICE contra los «narcotraficantes, pandilleros, depredadores sexuales, traficantes sexuales y narcoterroristas».

    Ayudas a los niños inmigrantes y temores al «socialismo»

    Cuomo, más lento en sus respuestas que sus rivales, desaprovechó otra pregunta sobre inmigrantes: en lugar de buscar soluciones para las dificultades que afrontan los niños inmigrantes en el sistema educativo, prefirió criticar al Gobierno estatal por no haberlos repartido a lo largo del territorio.

    Mamdani, mientras, propuso un programa para aportar «miles» de profesores al sistema y facilitar que los extranjeros puedan obtener certificados de enseñanza para que haya más bilingües, y Sliwa sugirió ampliar las plazas en las escuelas subvencionadas (chárter) a los niños inmigrantes e hijos de personas sintecho.

    Por otra parte, Mamdani, preguntado por el temor de la comunidad hispana a sus propuestas «socialistas», atribuyó a los latinos su triunfo en las primarias demócratas y aseguró que el «socialismo demócrata cree en la dignidad de todos los neoyorquinos», y es «responsabilidad» de la administración local protegerla.

    En ese sentido, el demócrata aludió a sus propuestas de atención infantil universal, de congelación de parte de los alquileres y de establecer una red de autobuses gratuita como medidas para evitar que los neoyorquinos se vayan desplazados de la ciudad debido a la subida de los precios.

    En ese sentido, Cuomo, a lo largo de la sesión, se posicionó como el virtual candidato «demócrata» frente a la organización de Demócratas Socialistas de América (DSA) a la que se adscribe Mamdani para diferenciarse de él, y señaló que las políticas socialistas «no han funcionado en Venezuela, ni en Cuba, ni aquí».

  • California levanta un muro de leyes para proteger a sus inmigrantes de las redadas de ICE

    California levanta un muro de leyes para proteger a sus inmigrantes de las redadas de ICE

    Los gobiernos de California y del condado de Los Ángeles han aprobado una serie de medidas legales para contrarrestar la campaña de deportaciones masivas impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las disposiciones buscan crear un escudo institucional para resguardar a comunidades inmigrantes frente a las políticas migratorias federales.

    La Junta de Supervisores del condado angelino declaró este martes una “emergencia” por las redadas migratorias a gran escala que, desde junio, han provocado temor generalizado, reduciendo la asistencia a centros educativos y trabajos, lo cual ha impactado la economía local. Esta declaración permite al gobierno movilizar recursos para asistir a las familias afectadas.

    El gobernador de California, Gavin Newsom, también dio luz verde a una serie de leyes estatales que refuerzan los derechos de los inmigrantes. Entre ellas destaca la Ley del Plan de Preparación Familiar (AB 495), que permite a familiares asumir la tutela de menores si los padres son detenidos, y prohíbe a las guarderías solicitar datos sobre el estatus migratorio de los niños o sus padres.

    “California reconoce nuestro valor económico además de nuestra dignidad como residentes que no deben ser criminalizados, perfilados racialmente o perseguidos solo por nuestro color de piel”, expresó Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla).

    Otra normativa clave es la Ley de Protección de Negocios de Vendedores Ambulantes (SB 635), que impide a autoridades locales compartir con ICE la información obtenida durante la emisión de permisos para ventas callejeras. Esta ley prohíbe exigir datos migratorios o antecedentes mediante huellas dactilares.

    Además, se sancionaron nuevas regulaciones que blindan espacios educativos y de salud. La AB 49 prohíbe el ingreso de agentes migratorios a escuelas sin una orden judicial, mientras que la SB 81 restringe el acceso del ICE a áreas no públicas de hospitales. También fue aprobada la SB 98, que obliga a notificar a padres y estudiantes cuando haya presencia del ICE cerca de centros escolares y universidades.

    El activista Pablo Alvarado, portavoz de la Red Nacional de Jornaleros, consideró que aún hay margen de acción. “Hemos pedido a la Alcaldía de Los Ángeles una reunión con Home Depot para que entiendan cuánto estas redadas han afectado a sus propios clientes”, afirmó.

    En esa misma línea, Newsom firmó la SB 627, que prohíbe el uso de pasamontañas por parte de agentes federales y locales —incluido ICE— durante sus operaciones, a partir del 1 de enero de 2026. Esta ley se suma a la SB 805, que exige a los agentes portar identificaciones visibles con su nombre o número de placa y la agencia a la que pertenecen.

    La Casa Blanca ha rechazado estas últimas normativas, alegando que podrían poner en riesgo a sus fuerzas federales.

  • Sepultan en El Salvador a Norlan Guzmán, víctima del tiroteo en Dallas

    Sepultan en El Salvador a Norlan Guzmán, víctima del tiroteo en Dallas

    El cuerpo de Norlan Guzmán, salvadoreño de 37 años, fue sepultado este lunes en su lugar de origen, la comunidad Ciudad Romero, en el departamento de Usulután Oeste, tras fallecer en un tiroteo ocurrido el pasado 24 de septiembre en Dallas, Texas. Según reportes de la prensa local, los restos llegaron a El Salvador el domingo y fueron recibidos en el aeropuerto Monseñor Romero por familiares, quienes los trasladaron a su comunidad natal, ubicada a más de 120 kilómetros de San Salvador.

    La sepultura de Guzmán se realizó tras un acto religioso al que asistieron familiares y amigos, como informó el medio Noticiero Hechos. Guzmán había estado involucrado en un tiroteo en las cercanías del edificio federal de Dallas, cuando el francotirador Joshua Jahn, de 29 años, abrió fuego desde una terraza cercana, hiriendo a Guzmán y a otros detenidos. Guzmán estaba dentro de una camioneta en ese momento y murió en el lugar, según el informe del examen médico forense local.

    El salvadoreño había sido arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el mismo día del tiroteo, estando bajo custodia en la cárcel del condado de Dallas por una acusación de agresión agravada con un arma mortal, que había sido desestimada. Su muerte ha generado críticas de grupos proinmigrantes debido a la demora en la identificación por parte de ICE.

    Además de Guzmán, el ataque dejó otras víctimas, como José Andrés Bordones Molina, de Venezuela, quien fue herido pero dado de alta tras recibir atención médica, y Miguel Ángel García, de México, quien también resultó herido y falleció días después de los hechos.

    El francotirador, Joshua Jahn, se quitó la vida en el lugar. Según el FBI, las investigaciones iniciales revelaron que Jahn actuó en solitario y utilizó un rifle que había adquirido legalmente.

  • Jueza de Chicago prohíbe a ICE usar la fuerza contra prensa y manifestantes

    Jueza de Chicago prohíbe a ICE usar la fuerza contra prensa y manifestantes

    Una jueza federal de Illinois (EE.UU.) prohibió este jueves a los agentes federales desplegados en las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en el área de Chicago, usar la fuerza contra periodistas y manifestantes que no supongan una amenaza.

    La jueza Sara Ellis emitió esa orden, con 15 días de duración, en respuesta a una demanda de un grupo de periodistas, manifestantes y un religioso que alegaron haber sido lesionados por agentes federales fuera de las instalaciones del ICE en Broadview (Chicago).

    La orden establece que los agentes tienen prohibido «dispersar, arrestar, amenazar con arrestar o usar la fuerza física» contra periodistas o personas que puedan serlo a menos que tengan indicios de delito, y usar la fuerza contra cualquiera que no suponga una «amenaza inmediata» a los demás.

    También se les prohíbe utilizar armas de control de disturbios, como proyectiles y gas lacrimógeno, específicamente contra miembros de la prensa, manifestantes o religiosos que no supongan una amenaza para la seguridad de las fuerzas del orden u otras personas.

    Jon Schleuss, el presidente de NewsGuild-CWA, el mayor sindicato de periodistas de Norteamérica, aplaudió a la jueza, que «deja claro que el Gobierno no puede usar armas de control de disturbios contra periodistas, trabajadores de medios, manifestantes pacíficos y miembros del clero».

    «El periodismo no es un crimen. Todo estadounidense debe condenar ruidosamente el asalto de la Administración Trump contra nuestros derechos de la Primera Enmienda (libertad de expresión)», añadió.

    Este sindicato ya denunció en verano al Departamento de Seguridad Nacional por las redadas migratorias y protestas en el área de Los Ángeles en las que resultaron heridos periodistas, y la Justicia les dio la razón y enalteció precisamente la Primera Enmienda, recuerda la nota.

    El presidente del Gremio de Prensa de Chicago, Andy Grimm, que forma parte de los demandantes, pidió a los periodistas comunicar si los agentes les agreden con armas como gas lacrimógeno o bolas de goma, son acosados o sujetos a cualquier fuerza o intimidación durante su labor.

  • Kilmar Ábrego no comparecerá ante tribunal EEUU en caso de tráfico de personas

    Kilmar Ábrego no comparecerá ante tribunal EEUU en caso de tráfico de personas

    Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que fue deportado en marzo y reenviado a Estados Unidos, no comparecerá este viernes ante un tribunal en Nashville, Tennessee en el caso por tráfico humano del que se le acusa, debido a dificultades logísticas para su traslado desde Pensilvania, donde permanece detenido.

    La audiencia, originalmente programada para el 10 de octubre, fue suspendida luego que el gobierno estadounidense informara que no hubo tiempo suficiente para trasladar al imputado, según un documento judicial oficial. No obstante, se espera su participación en la próxima sesión el 3 de noviembre, siempre que no surjan nuevos contratiempos.

    Los cargos contra Ábrego García derivan de un incidente ocurrido en 2022, cuando fue detenido en un control de tráfico con ocho personas más a bordo de su vehículo, situación que llevó a su arresto por presunto tráfico de personas.

    El caso ha ganado notoriedad nacional luego que un juez federal autorizara una audiencia probatoria, en la que la defensa de Ábrego buscará demostrar que los cargos presentados por el gobierno son “represalia ilegal”, luego de que el salvadoreño ganara una demanda contra la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su deportación a El Salvador.

    Durante años, Kilmar Abrego García residió legalmente en EE. UU. con su esposa estadounidense y sus hijos, antes de ser arrestado y deportado a su país de origen en marzo de 2025, donde fue recluido en el CECOT.

    La sesión judicial reprogramada se centrará en temas de descubrimiento de pruebas y programación de audiencia probatoria. El tribunal permitirá su ausencia física si su defensa accede a una transcripción completa de la audiencia preliminar.

     

  • Guardia Nacional se despliega en Chicago en medio de tensiones migratorias

    Guardia Nacional se despliega en Chicago en medio de tensiones migratorias

    Un contingente de 200 soldados de la Guardia Nacional enviados por Texas se encuentra ya instalado en la ciudad de Chicago, con miras a iniciar despliegues operativos en las próximas horas. A este grupo se sumarán otros 300 miembros provenientes de Illinois que están en fase de preparación para movilizarse en los próximos días, según confirmó este lunes el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos.

    Los soldados texanos, enviados por el gobernador republicano Greg Abbott, fueron ubicados en el campamento militar de Elwood, a una hora de la zona metropolitana de Chicago. Según reportes del New York Times, pasarán la noche en remolques y podrían iniciar operaciones desde el miércoles por la mañana. Su presencia, en principio, se extenderá por un periodo inicial de 60 días.

    Su misión principal será brindar apoyo y protección a los agentes de la Patrulla Fronteriza y otras fuerzas federales presentes en Chicago, en medio de un ambiente tenso por las recientes redadas migratorias.

    El despliegue coincide con la operación Midway Blitz, liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que desde hace casi un mes ha intensificado la detención de personas de origen latino, bajo el argumento de reforzar la seguridad. El operativo ha generado críticas por su enfoque y ha provocado incidentes, como el ocurrido el sábado pasado en el área de South Side, donde agentes federales abrieron fuego e hirieron a una ciudadana estadounidense que, según el Departamento de Seguridad Nacional, portaba un arma.

    Ante esta situación, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, advirtió que se presentarán cargos penales contra cualquier agente federal que infrinja la ley durante los operativos, en especial si se trata de acciones migratorias que violen los derechos civiles.

    Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por el primer ministro canadiense Mark Carney, aprovechó para criticar al gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y al alcalde Johnson —ambos demócratas—, acusándolos de “incompetencia” en el manejo de la seguridad y la migración en la ciudad.

    Pese a las críticas, estadísticas oficiales del Departamento de Policía de Chicago contradicen las afirmaciones sobre un aumento de la delincuencia. Los datos muestran una disminución del 28 % en los homicidios respecto al mismo periodo del año pasado, y una reducción cercana al 50 % en comparación con hace cuatro años.