Etiqueta: ICE

  • Un 64 % de los latinos en EE.UU. desaprueban gestión del presidente Donald Trump

    Un 64 % de los latinos en EE.UU. desaprueban gestión del presidente Donald Trump

    El 64 % de los votantes latinos en Estados Unidos desaprueba la gestión del presidente Donald Trump, según una encuesta de la organización UnidosUS divulgada este lunes. El estudio destaca además que el 41 % de estos ciudadanos teme ser arrestado por autoridades migratorias, aunque cuenten con ciudadanía o residencia legal.

    La encuesta titulada Bipartisan Poll of Hispanic Voters: The Road to 2026 fue elaborada por la firma BSP Research entre el 8 y el 22 de octubre, y se basó en una muestra nacional de 3,000 latinos. El margen de error es del 1.8 %.

    A pesar de la desaprobación mayoritaria, solo un 13 % de quienes votaron por Trump en 2024 asegura que no lo haría nuevamente. Un 9 % de ese mismo grupo se mostró indeciso respecto a su respaldo futuro, revelando una compleja relación con el liderazgo del actual mandatario.

    En cuanto a las principales preocupaciones de los votantes latinos, el 53 % mencionó el alto costo de vida y la inflación como su mayor problema. Le siguieron el empleo y la economía (36 %), vivienda (32 %), salud pública (30 %) e inmigración (20 %).

    Un 39 % de los encuestados dijo que su situación económica actual es peor que la de hace un año, mientras que solo un 14 % afirmó estar mejor. Además, la mitad de los consultados cree que las políticas económicas del presidente Trump empeorarán su situación.

    El 65 % opina que tanto el presidente como el Partido Republicano no están enfocándose en resolver los problemas económicos que enfrenta la población. Esta percepción se intensificó tras el cierre del Gobierno, ocurrido el 1 de octubre, debido a diferencias entre demócratas y republicanos sobre temas presupuestarios como subsidios médicos.

    La encuesta también muestra que el 61 % culpa a los republicanos por ese cierre gubernamental, mientras que el 22 % señala a los demócratas. De cara a las elecciones de medio término de 2026, el 52 % planea votar por un candidato demócrata, frente al 28 % que se inclina por un republicano.

    En el ámbito migratorio, el 72 % expresó su rechazo a un fallo de la Corte Suprema que permite a ICE realizar arrestos basándose en el idioma, el trabajo o la apariencia de una persona. El 33 % reportó pérdida de trabajadores por temor a redadas y el 29 % afirmó que niños han dejado de asistir a clases por ese mismo temor.

    En California, el estado con mayor población latina, el 74 % rechazó esos criterios de arresto y el 82 % dijo estar profundamente preocupado por la falta de control del Congreso frente al poder del Ejecutivo. Además, el 60 % expresó sentirse menos seguro respecto a sus libertades y derechos civiles bajo la actual administración.

     

  • Grupos latinos exigen al Gobierno de Trump que rinda cuentas por acciones contra migrantes

    Grupos latinos exigen al Gobierno de Trump que rinda cuentas por acciones contra migrantes

    El Caucus Hispano del Congreso (CHC) y la Federación Hispana lanzaron este lunes una campaña para exigir al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que rinda cuentas por sus políticas contra la comunidad migrante, incluidas las detenciones y deportaciones masivas, y que garantice el respeto al debido proceso.

    La campaña aboga por «restablecer la supervisión del Congreso sobre la aplicación de las leyes de inmigración», así como por «reformar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para garantizar la rendición de cuentas y promover la seguridad pública», según un comunicado de las asociaciones.

    En concreto, la coalición de grupos hispanos propuso reformar los protocolos policiales a nivel federal; garantizar el debido proceso; balancear la seguridad pública con los derechos humanos; fortalecer la transparencia y supervisión, y canalizar fondos hacia metas humanitarias.

    Su puesta en marcha se produce en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias por todo el país, que ha dado lugar a redadas masivas y al despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles, Washington y Memphis para proteger a las autoridades migratorias en sus redadas.

    Los operativos del ICE han estado a menudo rodeados de críticas de activistas y políticos demócratas que denuncian un empleo desmedido de la fuerza para los arrestos.

    Así, el presidente de la CHC y congresista demócrata, Adriano Espaillat, describió en el comunicado las medidas del Gobierno como «una guerra urbana» y lamentó que los agentes del ICE realicen arrestos sin identificarse, ocultos por una máscara y sin su número de placa.

    La campaña comienza cuatro meses después de que el Congreso aprobara una asignación de 170.000 millones de dólares adicionales al ICE para deportaciones masivas el pasado julio.

    La organización Voto Latino también se unió a ella, denunciando que Trump «ha empujado aún más a las familias inmigrantes a la clandestinidad» y no ha velado por la seguridad pública y el estado de derecho.

    Además, señaló que el Departamento de Estado (DHS, en inglés), del que dependen las acciones del ICE, «se ha extralimitado y sigue operando con escasa o nula supervisión».

  • Trump defiende las redadas migratorias y justifica la violencia de ICE

    Trump defiende las redadas migratorias y justifica la violencia de ICE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) «no han ido suficientemente lejos» y defendió las tácticas violentas mostradas en videos, durante una entrevista en el programa 60 Minutes de la cadena CBS.

    Al ser cuestionado sobre si las operaciones fueron excesivas —en imágenes se ve a agentes empujando al suelo a una mujer, empleando gases lacrimógenos en una zona residencial y rompiendo cristales de un vehículo— Trump respondió: «No, creo que no han ido suficientemente lejos porque hemos sido retenidos por los jueces, los jueces liberales que pusieron (los expresidentes demócratas) Biden y Obama».

    Preguntado si le parecían aceptables las tácticas registradas en los videos, sostuvo: «porque tienes que sacar a la gente fuera», y recurrió a la criminalización generalizada de los migrantes al afirmar que «muchos son asesinos».

    Sobre la deportación de indocumentados que no tienen antecedentes penales, evitó confirmar si esa será la intención explícita de su Administración y se limitó a decir: «Debemos empezar con una política, y la política debe ser: usted entró en el país ilegalmente, usted se va a ir».

    Trump volvió a afirmar una cifra de inmigrantes indocumentados en EE. UU. —25 millones— sin aportar pruebas que la respalden, y negó fijar una meta concreta que le permita declarar la política migratoria como «misión cumplida».

    Sobre el impacto económico y social de las redadas, el presidente calificó en primera instancia a algunos trabajadores afectados como «jardineros criminales», para luego reconocer que necesita mano de obra en el campo: «jardineros y granjeros más que nadie».

    Sus declaraciones reavivan el debate sobre seguridad, derechos humanos y la disponibilidad laboral en estados que dependen de trabajadores migrantes.

     

  • Jueza de EE.UU. ordena a jefe de Patrulla Fronteriza reportar detenciones diarias en Chicago

    Jueza de EE.UU. ordena a jefe de Patrulla Fronteriza reportar detenciones diarias en Chicago

    El comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, fue instruido por una jueza federal de Chicago a entregar reportes diarios sobre las detenciones y operativos migratorios que se desarrollen en el marco de la «Operación Blitz Medio Oeste», impulsada por la Administración Trump en la región.

    La jueza de distrito Sara Ellis exigió además que Bovino cumpla estrictamente una orden judicial temporal emitida a inicios de octubre, la cual prohíbe el uso de gas lacrimógeno y otras tácticas agresivas por parte de agentes federales en barrios residenciales, particularmente en zonas con alta presencia de comunidades migrantes.

    Ellis convocó a Bovino a comparecer este martes, luego de que se difundieran videos en los que se le observa lanzando personalmente cartuchos de gas lacrimógeno contra manifestantes en el barrio mexicano de La Villita, en Chicago, durante un incidente registrado el 23 de octubre.

    El funcionario federal alegó que actuó en defensa propia, luego de que una multitud lanzara objetos a los agentes y una piedra lo golpeara en la cabeza. Sin embargo, la jueza advirtió que su papel no es juzgar la legalidad de las leyes migratorias, sino garantizar que estas se apliquen sin violar los derechos constitucionales de las personas.

    “Mi función es simplemente asegurarme de que, al hacer cumplir esas leyes, usted actúe de manera coherente con su obligación legal”, subrayó Ellis durante la audiencia.

    Según Bovino, hasta el momento se han registrado alrededor de 3,000 detenciones en la ciudad de Chicago como parte de la operación migratoria. El agente lidera el sector centro de la Patrulla Fronteriza, que incluye zonas del sur de California, en la frontera con México.

    La magistrada indicó que la confusión sobre el incumplimiento de su orden podría deberse a una falta de claridad, por lo que decidió repasar sus términos directamente con Bovino. “Estoy segura de que usted no ignoraría una orden judicial, así que pensé que sería una muy buena idea revisarla para que estemos de acuerdo”, concluyó.

  • EEUU reporta 1.6 millones de autodeportaciones en lo que va del 2025

    EEUU reporta 1.6 millones de autodeportaciones en lo que va del 2025

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó este domingo que cerca de 1.6 millones de personas en situación irregular en Estados Unidos optaron por salir del país de forma voluntaria durante 2025, como parte del programa de autodeportación. Además, otras 500,000 personas fueron deportadas forzosamente por las autoridades migratorias.

    Según el informe oficial, el programa de autodeportación, lanzado por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece a los migrantes un incentivo de $1,000 y un boleto aéreo para regresar a su país de origen. Esta campaña, promovida a nivel nacional, ha sido clave para motivar a los migrantes a inscribirse y abandonar el país por cuenta propia.

    El DHS, bajo instrucciones presidenciales, también intensificó las redadas y operativos migratorios a través de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Las operaciones se han enfocado especialmente en ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, donde las acciones han sido denunciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos por su carácter “intimidatorio y militarizado”.

    “Estamos en camino de romper los récords actuales de deportación”, afirmó Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS. Aunque no se detalló el presupuesto total de la iniciativa, estimaciones de medios locales indican que se han destinado millones de dólares para su ejecución y promoción.

    El programa y los operativos reflejan una política migratoria cada vez más estricta impulsada por el presidente Donald Trump, quien mantiene una postura firme contra la inmigración irregular como parte de su agenda para fortalecer el control fronterizo y reducir la presencia de migrantes sin documentos en el país.

     

  • Casi la mitad de los estadounidenses aprueba la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

    Casi la mitad de los estadounidenses aprueba la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

    Casi la mitad de los estadounidenses aprueba que la NFL eligiera a Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo de próximo Super Bowl, encontró una encuesta de la Universidad de Quinnipiac revelada este lunes.

    El sondeo reveló que el 48 % de encuestados está de acuerdo con la elección de la estrella puertorriqueña anunciada el mes pasado, mientras el 29 % la desaprueba y el porcentaje restante no opina.

    La encuesta encontró grandes diferencias al considerar el partido político, la raza y la edad sobre si Bad Bunny, intérprete de éxitos como ‘Lo Que Le Pasó a Hawaii’, en el que critica la gentrificación y desplazamiento cultural, debería encabezar el espectáculo del principal evento deportivo de EE.UU.

    Mientras que casi tres de cada cuatro demócratas aprueban la decisión de la NFL, más de tres de cada cinco republicanos se oponen, lo que refleja la división partidista por la participación del cantante puertorriqueño, quien se ha manifestado públicamente contra las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

    En concreto, el 74 % de los demócratas respondió que está de acuerdo con la elección, mientras que el 10 % se opone.

    En contraste, el 63 % de los republicanos encuestados desaprueban la elección contra un 16 % que parece estar de acuerdo con su participación.

    Una mayor proporción de hispanos (65 %) y de afroamericanos (61 %) aprueba la decisión que los adultos blancos (41 %).

    La brecha también fue notable entre la edad de los encuestados: 64 % de la juventud de entre los 18 y los 34 años respaldan a la NFL en su elección. En contraste, los adultos de 65 años o más, se muestran divididos: el 36 % la aprueba y el 37 % la desaprueba.

    A pesar de que la NFL eligió a una superestrella mundial para actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl la inmensa popularidad de la música de Bad Bunny no puede obviar las tensiones políticas que se viven actualmente en EE.UU., indicó en un comunicado Brittani Webb, Ph.D., profesora adjunta de Estudios de Medios de Comunicación de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Quinnipiac.

    «Para quienes aún argumentan que los deportes son apolíticos, las reacciones polarizadas sugieren lo contrario», advirtió la investigadora.

    La elección de Bad Bunny para actuar como artista principal en el Super Bowl del próximo 7 de febrero en Santa Clara, en el estado de California (EE.UU.), ha generado una ola de críticas entre las filas republicanas, que reprochan que su música sea en español.

    Poco después de que la NFL anunciara al puertorriqueño para su mayor evento, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, advirtió de que el Gobierno de Estados Unidos desplegará a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se desarrolla el espectáculo.

    Sin embargo, la Casa Blanca precisó días después que no había planes de redadas migratorias en el Super Bowl de Bad Bunny por el momento.

    Por su parte, Trump alegó que nunca había oído hablar de Bad Bunny y tildó de «absolutamente ridículo» que actúe en el descanso del Superbowl.

  • Jueza en EE.UU. exige garantías para no deportar a salvadoreño Kilmar Ábrego antes de audiencia

    Jueza en EE.UU. exige garantías para no deportar a salvadoreño Kilmar Ábrego antes de audiencia

    Una jueza federal en Maryland exigió este lunes garantías al gobierno de Estados Unidos de que no deportará al salvadoreño Kilmar Ábrego Garcia mientras se mantenga vigente una orden judicial que impide su expulsión del país. La medida se da luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) notificara su intención de enviarlo a Liberia tan pronto como este viernes.

    Ábrego Garcia, quien reside desde hace años en Maryland, está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de un hijo nacido en EE.UU. Migró ilegalmente al país durante su adolescencia y, en 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra una deportación a El Salvador, debido a una amenaza creíble de violencia por parte de una pandilla que atacó a su familia.

    Sin embargo, a inicios de este año fue deportado por error a El Salvador, donde fue recluido en el CECOT  a pesar de no tener antecedentes penales. Su caso provocó una ola de indignación contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En junio, y tras la presión mediática y una orden judicial, la administración lo regresó a territorio estadounidense.

    Durante una audiencia celebrada este lunes, la jueza Paula Xinis cuestionó por qué el gobierno no lo deporta a Costa Rica, país que, según la defensa de Ábrego Garcia, ha ofrecido recibirlo como inmigrante legal sin riesgo de repatriación a El Salvador.

    “¿Por qué seguimos con esta audiencia si podrían enviarlo mañana mismo a un tercer país?”, cuestionó la magistrada al equipo legal del gobierno.

    Los fiscales federales Drew C. Ensign y Jonathan Guynn no ofrecieron una respuesta concreta, pero indicaron que el tema podría aclararse en futuras presentaciones judiciales. Mientras tanto, ICE está preparando una entrevista para evaluar el temor expresado por Ábrego Garcia de ser deportado a Liberia.

    Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, afirmó que han recibido algunos documentos clasificados con promesas del gobierno liberiano sobre su tratamiento, pero no consideran suficientes dichas garantías. Incluso insinuó que Liberia solo estaría dispuesto a recibirlo temporalmente.

    El caso también ha puesto nuevamente en el centro del debate los acuerdos de deportación de Estados Unidos con terceros países, criticados por organizaciones defensoras de derechos humanos que advierten que estas políticas violan el debido proceso y exponen a los migrantes a graves riesgos. Aunque en junio la Corte Suprema permitió deportaciones aceleradas a terceros países, la legalidad de estos traslados sigue en disputa.

    Paralelamente, Ábrego Garcia enfrenta un proceso penal en Tennessee, donde fue acusado de tráfico de personas tras su retorno en junio. Él se ha declarado inocente y ha solicitado al juez la desestimación de los cargos. La audiencia para decidir sobre esa solicitud está programada para la próxima semana.

    La jueza Xinis cuestionó que ICE pretenda deportarlo justo antes de esa vista judicial. “No parece coincidencia que quieran removerlo antes de la audiencia penal”, dijo, y recalcó que su orden judicial sigue vigente. “Si no levanto la medida, ¿están comprometidos a cumplirla y no lo van a deportar?”, preguntó al equipo gubernamental, quienes confirmaron que respetarán la decisión.

    Ábrego Garcia también mantiene abierta una solicitud de asilo en la corte de inmigración.

     

  • Trump intensifica ofensiva política y militar con medidas radicales contra narcotráfico, migración y comercio internacional

    Trump intensifica ofensiva política y militar con medidas radicales contra narcotráfico, migración y comercio internacional

    La administración de Donald Trump ha intensificado en las últimas semanas su estrategia de mano dura, combinando operativos militares, lenguaje agresivo y decisiones unilaterales que han marcado un nuevo rumbo en la política exterior e interna de Estados Unidos.

    “Los mataremos a todos”, declaró Trump al referirse a las operaciones militares contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

    Esta afirmación se enmarca en una campaña que, según analistas, difumina la línea entre el control criminal y la guerra abierta, al ordenar ataques marítimos que han dejado muertos y sin pruebas presentadas públicamente.

    Las operaciones, lideradas por el Ejército en aguas cercanas a Venezuela y Colombia, han resultado en la destrucción de embarcaciones y la muerte de sus tripulantes, a quienes el Gobierno califica de «narcoterroristas».

    Organismos como Human Rights Watch (HRW) han denunciado que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, mientras expertos como el politólogo Salvador Santino Regilme advierten que se trata de «actos legalmente insostenibles».

    La retórica también escaló hacia los gobiernos de la región. Trump llamó “matón” al presidente colombiano Gustavo Petro, amenazando con intervenir directamente en “campos de muerte” relacionados al narcotráfico si el mandatario no actúa con mayor contundencia.

    Migración: redadas y militarización

    En el plano interno, la administración Trump ha reactivado su política migratoria más estricta. Desde enero, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha llevado a cabo redadas masivas en ciudades como Chicago y Nueva York, utilizando incluso tácticas militares y granadas aturdidoras.

    “Estamos deteniendo a criminales muy peligrosos”, justificó el mandatario ante la prensa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha respaldado estas acciones con campañas que etiquetan a los migrantes como “monstruos” o “lo peor de lo peor”.

    La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó estos operativos como desproporcionados y violatorios de derechos humanos.

    Fotografía de archivo de agentes de inmigración. EFE
    Fotografía de archivo de agentes de inmigración en una redada. EFE

    Política comercial: aranceles como castigo

    Trump también ha utilizado su política comercial como herramienta de presión. Esta semana impuso nuevos aranceles del 50 % a Brasil e India, en represalia por casos judiciales y acuerdos energéticos con Rusia, respectivamente.

    Además, suspendió conversaciones con Canadá tras acusar al gobierno de difundir publicidad “engañosa” que tergiversa mensajes históricos de Ronald Reagan. También denunció un intento de “interferencia” canadiense en una próxima resolución de la Corte Suprema sobre sus políticas arancelarias.

    Transformaciones en la Casa Blanca

    A nivel simbólico, el mandatario busca dejar huella en la sede del poder. Esta semana inició la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile valorado en 300 millones de dólares, financiado por donantes cercanos a su campaña.

    El proyecto fue aprobado sin consenso institucional y ha generado controversia por su financiamiento privado y propósito personalista.

     

  • Negar derecho a fianza a un salvadoreño detenido por ICE en Colorado es ilegal, dice jueza

    Negar derecho a fianza a un salvadoreño detenido por ICE en Colorado es ilegal, dice jueza

    Una jueza federal en Colorado falló en contra de la política del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos de negar fianza a un salvadoreño, al considerar que se le negaba al inmigrante el derecho al debido proceso.

    La decisión judicial allana el camino para restringir la aplicación de la política de detención obligatoria establecida por el ICE en julio pasado.

    El fallo de la jueza en Denver (Colorado) se refiere al caso de Néstor Esaí Mendoza Gutiérrez, residente de Colorado por más de dos décadas y propietario de una pequeña empresa, que fue detenido en mayo pasado.

    Desde entonces ha permanecido en la cárcel migratoria de Aurora, ubicada en el mismo estado, debido a la nueva política del ICE que declara que a todas las personas que presuntamente ingresaron de forma indocumentada se les negará la posibilidad de fianza durante su proceso de deportación.

    La medida afecta a millones de inmigrantes en el país, independientemente de su tiempo de residencia en Estados Unidos.

    La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) demandó al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentando que la nueva política “es ilegal” y representa “un profundo desvío” de la ley de inmigración.

    La ley federal vigente exige la detención sin derecho a fianza solo en circunstancias limitadas.

    La querella legal afirma que Mendoza Gutiérrez y otras personas en situaciones similares no cumplen estos criterios que limitan la elegibilidad para fianza.

    La demanda también argumenta que la detención de Mendoza Gutiérrez sin derecho a fianza plantea serias preocupaciones constitucionales y viola las garantías fundamentales del debido proceso. Además, causa un daño irreparable a la familia del salvadoreño ya que él es su mayor sostén.

    En su fallo, la jueza afirmó que el Gobierno no tiene el derecho irrestricto de detener a extranjeros.

    Estas protecciones constitucionales se aplican a todas las personas en el país, independientemente de su estatus migratorio, advierte la ACLU.

    La jueza ordenó la liberación del salvadoreño y estudia la solicitud de demanda colectiva para que la decisión pueda cobijar a otros inmigrantes detenidos en Colorado sujetos a la nueva política.

    “Esta política ilegal amenaza con encarcelar a millones de inmigrantes trabajadores sin antecedentes penales y con profundos vínculos con sus comunidades, sin posibilidad de recurso alguno”, dijo en un comunicado Tim Macdonald, director legal de la ACLU de Colorado.

    El DHS enfrentan varios litigios alrededor de Estados Unidos por la medida de no otorgar fianza a ningún detenido por ICE.

  • Concejal de Chicago demanda a Gobierno de EEUU tras ser detenida por defender a inmigrante

    Concejal de Chicago demanda a Gobierno de EEUU tras ser detenida por defender a inmigrante

    La concejal de Chicago Jessie Fuentes presentó este martes un reclamo legal contra el Gobierno de EE.UU. tras ser esposada y detenida en un hospital cuando confrontó a agentes migratorios que ingresaron para detener a un inmigrante herido.

    El incidente ocurrió el pasado 3 de octubre cuando Fuentes se encontraba en la zona de Humboldt Park, que hace parte de su distrito, manifestándose de forma pacífica junto con otros funcionarios contra «las tácticas militares» usadas en el operativo desplegado en la ciudad.

    Un video publicado en sus redes sociales mostró a Fuentes diciendo a dos agentes que el inmigrante al que pretendían detener «tenía derechos constitucionales», mientras el agente responde repetidamente que «no» y le ordena que abandone el área.

    En las imágenes se observa que la concejal sigue preguntando al oficial por la orden de arresto firmada cuando es esposada y detenida.

    «No te he tocado, no te he tocado. Solo he preguntado si tienes una orden de arresto contra él (el inmigrante), es una pregunta simple. Ese hombre tiene derechos constitucionales», se oye decir de una forma calmada a la funcionaria, que ocupa el cargo desde 2023.

    Fuentes fue detenida brevemente y liberada después frente al hospital.

    Los abogados de Fuentes explicaron que el reclamo es el inicio de un proceso legal que podría concluir en una demanda si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) no acepta un acuerdo, según información citada por la televisora ABC.

    El arresto de la concejal ocasionó una serie de críticas entre las figuras demócratas como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, que advirtió que los funcionarios electos tienen el derecho, amparado por la Primera Enmienda, de documentar las acciones de ICE e «informar a sus electores» sobre sus derechos sin interferencia federal.