Etiqueta: ICE

  • ¿Podría ser condenado el agente de ICE que mató a una mujer en Mineápolis?

    ¿Podría ser condenado el agente de ICE que mató a una mujer en Mineápolis?

    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a una mujer estadounidense el pasado miércoles en Mineápolis, goza de «inmunidad absoluta», aunque según explicó a EFE Emmanuel Mauleón, experto en derecho policial de la Universidad de Minnesota, esta protección «no se aplica» a los agentes federales.

    «Los agentes federales no gozan de inmunidad absoluta. JD Vance lo afirmó, pero no hay base legal para tal afirmación», aseguró Mauleón, profesor de derecho en el campus que se encuentra en la ciudad donde ocurrió el suceso.

    La Administración de Donald Trump ha afirmado desde un primer momento, aunque la investigación se encuentra en fase inicial, que el agente, identificado como Jonathan Ross, actuó en defensa propia porque Renee Good, de 37 años, intentó atropellarlo con su vehículo, y que, por tanto, es inocente.

    «Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber».
    JD Vance, vicepresidente de EE.UU., en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

    Sin embargo, Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, donde se encuentra Mineápolis, negó que el agente cuente con esta protección.

    Otras inmunidades si se actúa dentro de la ley

    «Tiene derecho a otros tipos, como la inmunidad de supremacía, lo que significa que, siempre que el agente actuara de una manera autorizada para hacer cumplir la ley federal y de forma necesaria y adecuada para lograr esos fines, su conducta sería inmune», apuntó el profesor.

    «Sin embargo», continuó Mauleón, «si actuó de forma negligente, imprudente o injustificada, según lo establecido en la Cuarta Enmienda de la Constitución (que protege a las personas de registros o detenciones irrazonables), esa inmunidad de supremacía no se le aplica».

    El profesor indicó que «en cualquier caso» en que un agente utilice la fuerza letal y «haya dudas sobre si estaba justificada», este «podría ser considerado responsable de cualquier delito, desde imprudencia temeraria hasta homicidio involuntario o asesinato».

    El agente podría ser acusado tanto por la legislación estatal, que incluye el delito de homicidio involuntario y el de asesinato, o por la ley federal, que podría acusarlo de «privación intencionada de derechos constitucionales», comentó.

    La condena del agente que mató a George Floyd

    Para Mauleón, esta situación guarda ciertos paralelismos con el agente de policía que mató a George Floyd en mayo de 2020 durante un arresto en Mineápolis, cuya muerte desató una oleada de protestas antiracistas por todo el país bajo el lema ‘Black Lives Matter’ (Las vidas negras importan).

    El agente Derek Chauvin fue declarado culpable de asesinato y homicidio y condenado a 22 años y medio de prisión, por parte de un juzgado estatal, y sentenciado a 21 años de prisión en una corte federal por privar a Floyd de sus derechos constitucionales.

    Los otros tres agentes presentes también fueron condenados por violar los derechos de la víctima al no intervenir para frenar la fuerza de su compañero.

    El temor a una investigación «poco transparente»

    El FBI está liderando la investigación sobre la muerte de Good y tiene en su poder las pruebas. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, han pedido que las agencias estatales formen parte de la investigación, pero denuncian que el gobierno de Trump les ha bloqueado el acceso al expediente.

    La fiscalía del condado ha abierto un canal para recibir los vídeos de los disparos así como otras pruebas por parte de los vecinos ya que, pese a que circulan por redes sociales, no pueden utilizarlos en la investigación si no se presentan por vías formales.

    «Existe una gran preocupación de que esto conduzca a una investigación poco transparente, incompleta y poco justa, especialmente teniendo en cuenta que el Gobierno, los miembros del ICE, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el propio Trump ya han determinado que esta persona actuó de manera justificada antes de que se llevara a cabo la investigación», alertó Mauleón.

  • Agentes de ICE disparan y hieren a dos personas en Portland

    Agentes de ICE disparan y hieren a dos personas en Portland

    Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararon este jueves contra dos civiles dejándolos heridos en Portland en una zona residencial, según confirmó la policía local.

    Los agentes policiales de la ciudad de Portland, en el estado de Óregon, fueron notificados sobre un hombre y una mujer, no identificados, heridos por proyectiles y al llegar al lugar confirmaron que existían dos agentes de ICE posiblemente involucrados, según confirmó el departamento de la policía en su cuenta de X.

    Las dos personas con los disparos tuvieron que ser enviadas a un hospital de la localidad y no existen detalles sobre su estado de salud.

    Por su parte, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un comunicado en X donde confirmaba que agentes de ICE estaban involucrados en el hecho, pero luego fue retirado de la plataforma.

    Las autoridades locales aún no informan detalles sobre el contexto de los disparos, sin embargo el jefe de la policía de Portland, Bob Day, pidió a la población «mantener la calma».

    El suceso fue registrado 24 horas después de que un agente de ICE matara a tiros a Renee Good en Minéapolis, cuyo caso ha levantado una serie de protestas contra el actuar de los agentes federales y la política de la Administración del presidente, Donald Trump, que ha desatado este tipo de altercados que le ha costado la vida a por lo menos siete personas en los últimos meses.

  • ICE libera a una mujer que fue detenida durante semanas pese a pruebas de su ciudadanía

    ICE libera a una mujer que fue detenida durante semanas pese a pruebas de su ciudadanía

    El Departamento de Seguridad Nacional liberó a una mujer de 22 años de edad de Maryland que permaneció detenida durante 25 días, a pesar de que sus abogados alegan haber presentado pruebas de que nació en Estados Unidos y es ciudadana del país.

    «Después de semanas de trabajo legal intenso, hoy podemos confirmar que Dulce Consuelo fue liberada de custodia de ICE», escribió la noche del miércoles en redes sociales Gunther Omar Sanabria, abogado de inmigración del despacho que llevó el proceso.

    Sanabria aseguró que la abogada Victoria Slatton, quien lideró este caso, fue la encargada de recibir a Dulce Consuelo Díaz Morales tras su liberación de un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

    Slatton afirmó a The Washington Post que el caso contra Díaz Morales aún no ha sido desestimado por el gobierno y que aún podría enfrentar un proceso de deportación.

    La abogada también señaló que la prolongada detención fue injustificada e innecesaria debido a que los abogados de la joven presentaron evidencia de su nacionalidad poco tiempo después de haber sido arrestada.

    La joven fue detenida el 14 de diciembre cuando salía de un restaurante con su hermana menor pese a informarle a los agentes que era ciudadana estadounidense.

    Según la misma publicación, durante su detención Díaz Morales fue trasladada con frecuencia y recluida en cinco centros de detención en Maryland, Luisiana, Texas y, finalmente, Nueva Jersey.

  • El Gobierno de EE.UU. asegura que 650,000 inmigrantes irregulares han sido deportados

    El Gobierno de EE.UU. asegura que 650,000 inmigrantes irregulares han sido deportados

    La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó este jueves que EE.UU. ha «arrestado, detenido y deportado a sus países de origen» a más de 650,000 inmigrantes irregulares «gracias» a la Administración de Donald Trump.

    «Gracias al presidente Trump, tenemos a 2.6 millones de personas que han abandonado nuestro país y que, para empezar, no deberían haber estado aquí. Estaban aquí ilegalmente, y más de 650,000 de ellas fueron arrestadas, detenidas y deportadas a sus países de origen», anotó Noem en una conferencia de prensa en Nueva York.

    La titular de Seguridad Nacional agregó que «los dos millones que se marcharon voluntariamente» tienen la «posibilidad para regresar a casa y volver (a Estados Unidos) algún día por la vía legal, para así tener la oportunidad de disfrutar del sueño americano».

    Noem recordó, además, que mañana en Estados Unidos se celebra el Día de las Fuerzas del Orden y animó a los ciudadanos a «darles las gracias.

    “Cuando vean a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza… Denles las gracias. Hagan algo amable por ellos. Invítenlos a almorzar», señaló.

    Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación por las deportaciones masivas y las limitaciones prácticas al derecho de asilo en la frontera, señalando que estas políticas pueden poner en riesgo los derechos humanos de las personas afectadas.

    En 2003, EE.UU. creó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), agencia encargada de la identificar, detener y deportar inmigrantes irregulares, así como de investigar delitos como trata de personas o contrabando trasnacional.

    Desde su creación, ha acumulado numerosas críticas y denuncias por discriminación y racismo que se han disparado desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, que lo ha convertido en la herramienta fundamental de su política de deportaciones masivas.

    Además del aumento de efectivos para las redadas en comercios, asociaciones y centros de trabajo, el ICE se beneficia de una interpretación más restrictiva de los derechos de los inmigrantes que permite a los agentes detenciones y deportaciones sin control judicial.

     

  • Renee Good, la mujer muerta por disparos de agentes migratorios, según The New York Times

    Renee Good, la mujer muerta por disparos de agentes migratorios, según The New York Times

    La mujer que murió tras recibir disparos de agentes federales de inmigración durante un operativo en Mineápolis fue identificada como Renee Nicole Good, según funcionarios locales citados por The New York Times.

    De acuerdo con los funcionarios que hablaron con el NYT bajo condición de anonimato, la mujer fue identificada mientras las investigaciones federales y estatales sobre el suceso siguen en marcha.

    Cientos de ciudadanos escalaron sus manifestaciones en Minéapolis, la mayor ciudad de Minnesota, tras la muerte de la mujer de 37 años, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de ser una «agitadora profesional» por «agresivamente atropellar a un oficial de ICE» que disparó «en defensa propia».

    Pero congresistas demócratas denunciaron que ICE «asesinó» a la mujer, mientras el alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la abatida conducía su auto lejos de los oficiales y fueron ellos quienes se acercaron a agredirla.

    Renee Good conducía una camioneta Honda Pilot color negro en la avenida Portland, cuando sucedió el incidente que le costó la vida.

    En videos compartidos en redes sociales se ve como Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a alguno de los agentes, como aseguró el mandatario.

    Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el auto choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

    La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU.

  • Florida detuvo a 10,400 migrantes de Centroamérica, México y Venezuela en ocho meses

    Florida detuvo a 10,400 migrantes de Centroamérica, México y Venezuela en ocho meses

    El operativo ‘Tidal Wave’ (Maremoto) de Florida suma 10.400 migrantes detenidos, en su mayoría de México, Centroamérica y Venezuela, desde que comenzó hace ocho meses para cooperar con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes el gobernador del estado, Ron DeSantis.

    «Esta es la mayor operación conjunta de aplicación de la ley de inmigración en la historia del ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y estamos orgullosos de que continuará aquí en Florida», señaló el mandatario estatal, del Partido Republicano, en una conferencia en Sanderson, norte del estado.

    Guatemala es el origen del mayor número de detenidos (3.435), seguido de México (3.331), Honduras (1.353), El Salvador (312) y Venezuela (también 312), precisaron las autoridades de Florida, que no detallaron el origen del resto.

    Casi dos tercios de los arrestados, el 63 %, tenían una sentencia criminal o una detención previa, incluyendo agresores violentos, pandilleros, delincuentes sexuales, fugitivos e individuos que «representan una amenaza pública seria», según una infografía compartida por DeSantis.

    Además, Florida envió a 1.916 de los detenidos a ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los Caimanes), el sitio de detención migratoria que el Gobierno floridano abrió en julio pasado en medio de los Everglades, una zona natural al oeste de Miami rodeada de cocodrilos, serpientes y otros animales.

    «Mucho de los más de 10.000 individuos arrestados en la operación estaban intentando asediar a nuestros niños. Quédense tranquilos, nuestros fiscales estatales se asegurarán de que estos criminales pasen un buen tiempo tras las rejas antes de devolverlos al lugar del que vinieron», dijo el fiscal general floridano, James Uthmeier.

    Los funcionarios destacaron que Florida se ha convertido en emblema de la política migratoria de la segunda Administración de Trump, pues el estado lidera en la cantidad de acuerdos ‘287(g)’, que establecen la cooperación entre autoridades locales y el ICE.

    El Gobierno de Trump ha deportado a más de 600.000 migrantes desde que comenzó el 20 de enero de 2025 hasta el 10 de diciembre pasado, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

  • ¿Realmente pudo Trump sacar a más de 2,5 millones de extranjeros de EE.UU. en 2025?

    ¿Realmente pudo Trump sacar a más de 2,5 millones de extranjeros de EE.UU. en 2025?

    Las agencias encargadas de la inmigración en EE.UU. han dejado de publicar datos específicos sobre sus operaciones, lo que ha sembrado la duda sobre si más de 2,5 millones de indocumentados han salido del país gracias a la política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump, como reclama la Casa Blanca.

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) destacó que 2025 ha sido “un año de logros sin precedentes” con la salida de 605.000 personas que han sido deportadas y 1,9 millones de indocumentados que salieron voluntariamente del país desde el pasado 20 de enero.

    La mayoría de los interrogantes se concentran en los 1,9 millones de indocumentados que supuestamente habrían abandonado el país por su propia cuenta.

    La Casa Blanca no ha aportado datos que respalden esta cifra ni a la prensa ni a las organizaciones.

    El analista del Instituto de Política de Migración (MPI), Ariel Ruiz Soto, dijo a EFE que el problema radica en que el Gobierno de Trump se basó en el Current Population Survey (CPS), un sondeo que realiza mensualmente la Oficina del Censo para determinar cuántos indocumentados se han marchado del país.

    La encuesta CPS ha sufrido varios cambios desde finales de 2024, incluida la reducción de la muestra de personas que contestan las preguntas.

    A esto se suma que la campaña de deportaciones masivas impuesta por el presidente Donald Trump probablemente ha hecho que los indocumentados dejen de contestar el sondeo.

    “Este dato de 1,9 millones es mucho más difícil de verificar y va mucho más allá de lo que hemos visto en otras áreas de la misma encuesta”, explicó Ruiz Soto.

    El analista insiste en que aunque se haya reportado una disminución en el número de inmigrantes que contestaron la encuesta, no significa que esto sea una prueba real de que se están yendo voluntariamente, algo en lo que coinciden los mismos inmigrantes.

    “Eso son exageraciones del Gobierno para meterle a uno miedo”, afirmó a EFE R. Hernández, un mexicano radicado en Los Ángeles desde hace más de 20 años.

    El inmigrante asegura que si en el futuro es deportado, buscaría la forma de regresar con su esposa y sus tres hijos ciudadanos estadounidenses.

    “En vez de estar amenazando con sacarnos, debería ver cómo nos da papeles”, agregó.

    La campaña de la autodeportación

    Lejos de probar los datos, el Gobierno de Trump prefiere celebrar el éxito de su política migratoria.

    La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo recientemente que los indocumentados “están recibiendo nuestro mensaje de que deben irse ahora”.

    El DHS destinó 200 millones de dólares en una campaña para impulsar la “autodeportación” de extranjeros, a los que les prometen un pago de 1.000 dólares y la posibilidad de que regresen de forma legal, si registran su salida en la aplicación CBP Home.

    Unas 35.000 personas han notificado su salida en la promocionada aplicación, según dijeron dos funcionarios que supervisan el programa a The Atlantic, un registró muy alejado de los 1,9 millones de indocumentados que supuestamente se han marchado por cuenta propia.

    Menos deportaciones que Biden

    El DHS también ha dejado de publicar el desglose de las cifras de deportación, lo que ha hecho más complicado para organizaciones como MPI hacer un seguimiento.

    Según las últimas cifras, bajo el segundo mandato de Trump se ha deportado a 605.000 extranjeros, un número que se encuentra dentro de un rango que la Casa Blanca podría probar, según Ruiz Soto.

    No obstante, entre estos “deportados” están contabilizados aquellos extranjeros que fueron regresados en los aeropuertos sin haber ingresado a EE.UU. También se encuentran los inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que optan por una salida voluntaria.

    Esta cifra es menor que los 685.000 deportados del último año del Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025).
    “Creo que el Gobierno Trump se quedará corto para alcanzar ese número”, pronosticó el analista.

    Pero seguramente la Casa Blanca seguirá promocionando que ha sacado a cientos de miles de “los peores de los peores

    criminales” del país, con datos que también han sido puestos en duda.

    El más reciente informe del Instituto Cato encontró que el 73% de personas detenidas por el ICE no tenía antecedentes penales ni cargos penales pendientes. La mayoría de los condenados tenían sentencias por delitos menores, infracciones de inmigración o de tránsito.

  • Dos salvadoreños figuran entre los criminales más peligrosos arrestados por EE.UU. en 2025

    Dos salvadoreños figuran entre los criminales más peligrosos arrestados por EE.UU. en 2025

    Dos salvadoreños fueron señalados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) como parte del listado de los “peores de los peores” criminales detenidos durante 2025, una clasificación que incluye a 18 migrantes con antecedentes graves como homicidios, abusos sexuales, tráfico de drogas y vínculos con pandillas.

    En su publicación anual titulada “DHS Unveils 2025 Worst of the Worst Criminal Illegal Aliens Arrested by DHS Law Enforcement”, el gobierno estadounidense destacó el trabajo de sus cuerpos de seguridad en la captura y deportación de estos individuos, señalando que representan un peligro para la población.

    Uno de los salvadoreños identificados es Antonio Israel Lazo Quintanilla, arrestado por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en marzo. Aunque su único delito cometido en suelo estadounidense fue conducir sin licencia, las autoridades señalaron que en El Salvador tiene órdenes de captura por homicidio agravado, extorsión, posesión de drogas, entre otros delitos graves.

    El salvadoreño Walter Leonel Pérez Rodríguez fue capturado por una condena por agresión sexual contra una menor de 17 años, múltiples antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol, actos lascivos contra menores y reingreso ilegal a Estados Unidos. Foto DHS

    El segundo salvadoreño es Walter Leonel Pérez Rodríguez, quien fue detenido el lunes 3 de noviembre en Houston, Texas. Según ICE, este sujeto tiene una condena por agresión sexual contra una menor de 17 años, múltiples antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol, actos lascivos contra menores y reingreso ilegal a Estados Unidos. Durante su arresto, Pérez agredió a un oficial de ICE con una taza metálica de café, causándole una herida en el labio que requirió 13 puntos de sutura, además de quemaduras en el rostro.

    “Los estadounidenses pueden sentirse orgullosos de los agentes del DHS que trabajaron sin descanso para sacar a los peores criminales de sus comunidades”, afirmó la secretaria adjunta Tricia McLaughlin. “Bajo el presidente Trump y la secretaria Noem, los criminales no son bienvenidos. Si vienen a romper nuestras leyes, los encontraremos, arrestaremos y deportaremos”, aseguró.

    El informe también incluyó ciudadanos de Honduras, México, Guatemala, Afganistán, Corea del Sur, Vietnam, Congo y Egipto, todos con extensos historiales criminales.  

     

  • Migrantes en EEUU viven una Navidad con miedo y rogando ser «invisibles» a la Migra

    Migrantes en EEUU viven una Navidad con miedo y rogando ser «invisibles» a la Migra

    Familias inmigrantes en Estados Unidos enfrentan una Navidad marcada por el miedo, la separación y la incertidumbre, ante el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha incrementado las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos puntos del país.

    En la ciudad de Tucson, Arizona, la inmigrante mexicana María Ramos pasará las fiestas sin su esposo y su hijo mayor, ambos arrestados por agentes migratorios cuando salieron a trabajar en jardinería. “Sabíamos que de un momento a otro podrían ser detenidos, pero tenían que salir a trabajar, para pagar los gastos”, relató a EFE.

    “Mi esposo y mi hijo no son criminales, nunca han hecho nada a nadie, ahora están en un centro de detenciones”, agregó Ramos, quien vive con temor de que la situación empeore para su familia.

    Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, más de 220,000 migrantes han sido arrestados por ICE, según datos del Deportation Data Project. El inicio de su segundo mandato estuvo acompañado de redadas masivas y despliegues federales en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Washington.

    Aunque Arizona, gobernada por la demócrata Katie Hobbs, no ha recibido grandes contingentes militares, los operativos migratorios son constantes. “Estas fiestas serán muy tristes, estoy pensando inclusive en quitar todos los adornos antes del día de Navidad”, confesó Ramos, quien se enteró del arresto de sus familiares cuando un amigo le dijo: “Se los llevaron”.

    La familia llevaba 25 años viviendo de forma irregular en EE.UU. y tiene dos hijos ciudadanos estadounidenses, quienes ahora temen que la detención del padre derive en el arresto de su madre.

    Una situación similar enfrenta la venezolana Ana Moran, de 29 años, residente en Arizona, cuyo esposo permanece detenido desde agosto en la cárcel del condado de Pima, acusado sin pruebas de un robo mientras realizaba entregas de comida. “No entiendo en qué momento dicen que mi esposo cometió este delito si yo siempre iba con él”, afirmó.

    La pareja ingresó a Estados Unidos hace dos años y medio tras solicitar asilo mediante la aplicación CBP One, implementada durante la administración de Joe Biden. Actualmente, esa misma plataforma es promovida por el Gobierno Trump para incentivar la autodeportación, ofreciendo $1,000 y la promesa de un eventual retorno legal.

    Ante el riesgo de que su esposo sea deportado, Moran admite que contempla salir voluntariamente del país, pese a tener permiso de trabajo y una solicitud de asilo en trámite. La falta de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas agrava su situación. “No tenemos un consulado donde pedir ayuda, si ICE nos deporta no sabemos a qué país nos mandarían”, dijo.

    Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde el 20 de enero casi dos millones de migrantes se han autodeportado, mientras que más de 600,000 han sido expulsados por la fuerza.

    Moran y su familia deben presentarse ante una corte migratoria en mayo, pero teme que los problemas legales de su esposo afecten su caso. “Cuando salgo a la calle le pido a Dios: hazme invisible, hazme invisible, para regresar con mis hijos”, concluyó.

     

  • Jueza federal de EEUU prohíbe a Migración arrestar de nuevo a Kilmar Ábrego

    Jueza federal de EEUU prohíbe a Migración arrestar de nuevo a Kilmar Ábrego

    Una jueza federal de Estados Unidos dictaminó este lunes 22 de diciembre que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no podrá volver a detener al salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error a El Salvador a inicios de este año durante la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    En una audiencia celebrada en Maryland, la jueza de distrito Paula Xinis resolvió que Ábrego García debe permanecer en libertad bajo fianza durante las fiestas navideñas, al considerar que su detención inicial se realizó sin base legal. La decisión responde a una solicitud de los abogados del salvadoreño, quienes pidieron una orden de restricción temporal para evitar un nuevo arresto por parte de ICE.

    El 11 de diciembre pasado, la misma jueza ordenó su liberación de un centro de detención para migrantes en Pensilvania, tras determinar que el Gobierno lo mantenía privado de libertad sin haber emitido una orden formal de deportación en 2019. En ese año, un juez ya había determinado que Ábrego no podía ser retornado a El Salvador por considerar que su vida corría peligro.

    Pese a esa resolución, Ábrego García fue deportado en marzo de 2025 bajo el argumento de que era un pandillero, y enviado directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. La acción se ejecutó durante una redada de la administración Trump, sin respetar la protección legal otorgada en su momento.

    En junio, fue retornado a Estados Unidos para enfrentar un nuevo proceso por presunto tráfico de personas, una acusación que él niega. La jueza Xinis le otorgó entonces libertad condicional, mientras se prepara el juicio, que se celebrará en el estado de Tennessee en enero de 2026.

    Además, Xinis invalidó este lunes de forma temporal una nueva orden de deportación emitida por un juez de inmigración tras la liberación del salvadoreño, lo que lo protege legalmente durante las próximas semanas.