El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció en conversaciones privadas con su círculo cercano que algunas de sus políticas de deportación masiva “fueron demasiado lejos”, según reveló el diario The Wall Street Journal.
De acuerdo con el reporte, el mandatario ha solicitado a sus asesores reducir el énfasis en las deportaciones masivas y enfocar los esfuerzos en la expulsión de inmigrantes con antecedentes criminales.
Este cambio responde a preocupaciones dentro de su equipo sobre el impacto político de operativos migratorios amplios y visibles en distintas ciudades del país.
La revisión de la estrategia ocurre en medio de ajustes en el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras la salida de Kristi Noem, cuya gestión generó críticas por el endurecimiento de redadas.
Como posible reemplazo, el presidente de Estados Unidos propuso al senador Markwayne Mullin, quien ha planteado una coordinación más estrecha con autoridades locales y un distanciamiento de medidas polémicas.
La política migratoria alcanzó uno de sus puntos más críticos en enero, cuando un operativo masivo en Minneapolis derivó en protestas y en la muerte de dos civiles durante acciones de agentes federales.
Además, desde el 14 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional enfrenta una crisis institucional tras la suspensión de su financiamiento, en medio de presiones de senadores demócratas para reformar los controles sobre los agentes.
Este escenario ha generado tensiones dentro del sistema migratorio estadounidense y ha impulsado un replanteamiento de las políticas impulsadas por la actual administración.
El ajuste en la estrategia refleja un intento por equilibrar la seguridad migratoria con el impacto político y social de las medidas aplicadas.
Un juez federal de Estados Unidos ordenó este jueves a la administración del presidente Donald Trump facilitar el regreso de decenas de venezolanos que fueron deportados en marzo de 2025 a la prisión de máxima seguridad Cecot en El Salvador, permitiéndoles continuar sus procesos de inmigración si así lo desean.
El fallo del magistrado James Boasberg representa un revés significativo para la política de deportaciones masivas de la Administración y se aplica a un grupo de al menos 137 venezolanos que fueron enviados al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot) bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Boasberg determinó que estas personas fueron privadas de su derecho al debido proceso al ser deportadas sin notificación ni oportunidad de impugnar esa decisión antes de ser sacadas de Estados Unidos, en clara violación de sus garantías constitucionales, y por ello el gobierno debe costear sus pasajes de regreso o aceptarlos en un puerto de entrada estadounidense.
La orden aclara que quienes regresen serán puestos bajo custodia al llegar a Estados Unidos para que sus casos migratorios, incluida la posibilidad de impugnar las acusaciones de pertenecer a la banda Tren de Aragua, puedan ser revisados ante los tribunales.
Boasberg ya había dictaminado en diciembre pasado que el Gobierno negó el debido proceso a este grupo de migrantes y debía ofrecerles una audiencia, y ahora amplió esa decisión al exigir que se les permita regresar para ejercer plenamente esos derechos.
El caso fue impulsado por organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, que argumentaron que la deportación fue ilegal y se ejecutó sin procedimientos judiciales adecuados. La sentencia también allana el camino para que los migrantes impugnen su designación como “enemigos extranjeros” bajo la ley invocada por Trump.
Una redada migratoria en el estado de Nueva York dejó a dos adolescentes salvadoreños ante una decisión que marcó sus vidas: permanecer en Estados Unidos sin su madre o regresar con ella a El Salvador.
José y Nain Maldonado-Zavala, de 15 y 13 años, no volvieron a ver a su madre, Hilda Gloria Yanez-Zavala, desde la mañana del 4 de septiembre, cuando ella les preparó panqueques antes de enviarlos a la escuela en Fulton. Horas después, agentes de inmigración irrumpieron en la fábrica Nutrition Bar Confectioners, en Cato, donde ella trabajaba, y la detuvieron junto a otros 56 empleados.
El drama de los jóvenes salvadoreños fue publicado por el medio estadounidense Syracuse.com.
La mujer, quien tenía un proceso de asilo pendiente y contaba con permiso legal para trabajar, permaneció un mes en detención. Sin empleo ni recursos para pagar a su abogado, decidió autodeportarse a El Salvador.
“Sin abogado, nuestra posibilidad era mínima”, relató a Syracuse.com a través de un traductor.
Desde entonces, una sola pregunta dominó la vida de los hermanos: ¿quedarse o irse?
Dos hermanos, dos decisiones
José quería quedarse. Soñaba con ser marine, destacaba en la lucha libre escolar y se sentía integrado. “Sería un mejor futuro”, dijo.
Nain, en cambio, quería irse. Necesitaba a su madre y vivía con miedo de ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. “Tenía miedo de desaparecer en el sistema”, explicó.
La ausencia materna desestabilizó su rutina. Sin un tutor legal claro y con familiares que no podían asumir formalmente su custodia, los adolescentes quedaron prácticamente solos. “No es bueno que separen a las familias”, expresó Nain.
Un sueño truncado
Los hermanos llegaron a Estados Unidos hace tres años desde una zona rural de El Salvador. Cruzaron la frontera de forma regular, solicitaron asilo y fueron liberados tras varios días de detención. En Fulton, comenzaron una nueva vida: escuela, aprendizaje del inglés y una rutina familiar estable.
Su madre, de 52 años, trabajó primero cuidando niños y luego en la fábrica. “Si estaba ocupada, estaba feliz”, recuerdan. Era el pilar del hogar.
Todo se quebró con la redada. El temor constante y la falta de recursos inclinaron la balanza. Su madre decidió que volvieran con ella. Ambos empacaron pocas pertenencias. José llevará consigo sus medallas de lucha libre.
“Esta ya no es la vida que vinimos a buscar”, dijo Nain. Antes de partir, los hermanos hicieron una videollamada con su madre desde su antigua casa en El Salvador, aún inconclusa. Al preguntarle qué hará cuando vuelva a abrazarlos, no pudo responder: rompió en llanto.
Los hermanos viajaron primero a Nueva York y luego tomaron un vuelo hacia San Salvador, ayudados por un amigo de la familia. Con ellos se va también redada migratoria, niños salvadoreños, ICE, inmigración, EE.UU., deportación voluntaria, separación familiar, El Salvador, asilo político, Syracuse.comuna historia que resume el impacto humano de las políticas migratorias: dos niños obligados a elegir entre un futuro incierto y el amor de su madre.
Las deportaciones de inmigrantes desde el interior de Estados Unidos se multiplicaron por 4,6 durante los primeros nueve meses del segundo mandato del presidente Donald Trump, impulsadas principalmente por arrestos aleatorios en la vía pública, según reveló un nuevo estudio de la Universidad de California.
El informe, elaborado por el Proyecto de Datos de Deportación —una colaboración entre la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA)— muestra que las cifras de expulsiones superan con creces lo registrado antes del retorno del republicano a la Casa Blanca.
De acuerdo con el análisis, las detenciones realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) también se cuadruplicaron en ese período, mientras que los arrestos callejeros aumentaron más de once veces, fenómeno descrito por los investigadores como “sin precedentes”.
Cambios en los criterios de arresto
El estudio destaca que ICE ha desplazado su enfoque tradicional —centrado en personas con antecedentes penales— para realizar detenciones más indiscriminadas, lo que ha llevado a un aumento de más de siete veces en la captura de inmigrantes sin historial criminal.
Graeme Blair, profesor de UCLA y codirector del proyecto, explicó que “antes de esta administración, ICE centraba sus arrestos en personas condenadas o previamente identificadas. Ahora, parece estar arrestando a cualquiera que pueda”.
Ante el crecimiento de arrestos, el Gobierno triplicó el número de plazas de detención para migrantes dentro del país. Sin embargo, las opciones de liberación se redujeron drásticamente: solo el 3% de los detenidos fueron liberados en los primeros 60 días, según el estudio.
Además, la tasa de deportación dentro de ese mismo período aumentó del 55% al 69%, mientras que las salidas voluntarias se incrementaron 21 veces, debido a que más personas optaron por no pelear sus casos ante la corte migratoria.
Sin alcanzar meta oficial
El informe, que utilizó datos de ICE hasta el 15 de octubre de 2025 obtenidos mediante una demanda judicial, señala que a pesar del endurecimiento de políticas, la administración Trump no logró alcanzar su meta de un millón de deportaciones anuales.
Los datos indican que, para finales de 2025, el número de deportaciones se habría ubicado por debajo de las 300.000, muy por debajo del objetivo público de la administración.
“Está claro que, aunque no han alcanzado su meta numérica, el ritmo y el alcance de las deportaciones es el más alto en lo que va del siglo XXI”, subrayó Blair.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó aplicar “un enfoque un poco más suave” en los operativos migratorios, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas por redadas migratorias en Mineápolis, Minesota, el mes pasado.
“Aprendí que quizás podamos usar un enfoque un poco más suave”, declaró Trump en una entrevista con NBC News, aunque aclaró que las autoridades migratorias “aun así hay que ser firmes”. El mandatario defendió su política de deportaciones argumentando que busca combatir a “criminales muy peligrosos”.
Las declaraciones se dan luego de la creciente presión pública tras el fallecimiento de Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses de 37 años. La muerte a tiros de Pretti, ocurrida el pasado 24 de enero, reavivó las críticas sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes migratorios.
Trump confirmó que fue decisión suya ordenar la retirada de unos 700 agentes migratorios de Minesota y Mineápolis, medida anunciada este día por su zar fronterizo, Tom Homan.
“Lo hemos logrado. Estamos esperando que nos entreguen a los asesinos que tienen detenidos y a todos los delincuentes, narcotraficantes, a toda la gente mala que permitimos entrar en nuestro país”, advirtió el presidente.
Durante la entrevista, también arremetió contra el expresidente Joe Biden, a quien culpó de mantener una política de fronteras abiertas. Además, exageró el número de inmigrantes que ingresaron al país durante la administración demócrata bajo solicitudes de asilo.
El presidente también se adjudicó la reducción de la delincuencia en ciudades como Mineápolis y Chicago, aunque no presentó datos que respalden esa afirmación.
Trump manifestó su inconformidad con el gobernador de Minesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, ambos demócratas. Según dijo, mantuvo conversaciones “muy buenas” con ambos líderes, pero luego los vio “despotricando” públicamente. “Llamé a la gente. Llamé al gobernador. Llamé al alcalde. Hablé con ellos. Tuvimos muy buenas conversaciones. Y luego los veo allá afuera despotricando y quejándose, literalmente como si esa llamada nunca hubiera ocurrido”, afirmó.
Las declaraciones del presidente surgen mientras un comité del Congreso escuchaba este día el testimonio de los hermanos de Renee Nicole Good, Luke y Brent Ganger, quienes hablaron del “profundo dolor” causado por la muerte de la mujer, ocurrida el 7 de enero.
El cantante puertorriqueño Bad Bunny aprovechó su discurso en los premios Grammy para lanzar una fuerte crítica al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tras recibir el galardón al mejor álbum de música urbana por DeBÍ TiRAR MáS FOToS.
“Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, expresó el artista al subir al escenario, lo que generó una ovación por parte del público asistente en el evento realizado en Los Ángeles, Estados Unidos.
Durante su intervención, Bad Bunny condenó las acciones violentas y el odio.
“No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos. Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos, tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden”, dijo el puertorriqueño.
Las declaraciones del cantante se produjeron en medio de la conmoción nacional por la muerte de dos manifestantes a manos de agentes migratorios en Mineápolis, un hecho que ha generado amplia indignación en sectores proinmigrantes.
Bad Bunny se alzó con el Grammy en una categoría que compartía con J Balvin (Mixteip), Feid (FERXXO VOL X: Sagrado), Nicki Nicole (NAIKI), Trueno (EUB DELUXE) y Yandel (SINFÓNICO – En Vivo).
Un juez federal de Estados Unidos suspendió temporalmente este miércoles las detenciones de refugiados que están a la espera de su tarjeta de residencia permanente (Green Card) en el estado de Minnesota.
Esta decisión del magistrado John Tunheim impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicar un operativo de la Administración de Donald Trump para identificar y reexaminar la situación de miles de refugiados en el estado al considerar que viola la ley federal.
El juez aseguró en la orden que las personas que ya hayan pasado todos los trámites para conseguir esa residencia, pero que aún no la han recibido, no pueden ser encarceladas si no han sido acusadas de ningún delito.
«Estas personas fueron admitidas en el país, han cumplido las normas y están a la espera de que se ajuste su estatus para convertirse en residentes permanentes legales de EE.UU.», aseguró el magistrado al inicio del texto.
También ordenó la liberación, en un plazo de cinco días, de aquellos que ya han sido arrestados con base a esta normativa.
Además, obligó a los agentes federales a garantizar que cuando sean puestos en libertad no queden expuestos a un frío peligroso «dadas las severas condiciones climáticas en Minnesota».
«Con el fin de garantizar un trato humano, los detenidos deben ser puestos en libertad bajo la custodia de sus abogados o de personas específicamente autorizadas por estos», escribió el juez.
El magistrado dio al Gobierno de Trump 48 horas para entregar una lista con los nombres de todas las personas arrestadas y siete días para dar cuenta de la puesta en libertad de estos.
El juez Tunheim avanzó que decidirá si esta decisión provisional se convierte en una medida cautelar más estable, en una vista que tendrá lugar el próximo 19 de febrero.
La revisión «exhaustiva» de los refugiados en Minnesota se enmarca dentro de la campaña migratoria que Trump ha ordenado en el estado desde que desplegó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza.
Desde que llegaron estos efectivos al estado, en concreto a Mineápolis, dos personas han muerto tras recibir disparos de agentes, uno resultó herido por lo mismo y decenas han sido detenidos por protestar contra la actuación de los cuerpos.
La jueza federal Kate M. Menéndez, que presidió este lunes una vista para decidir la legalidad o no del despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota, aseguró que «es evidente que nos encontramos en unos tiempos sorprendentemente inusuales» en relación a la muerte de Alex Pretti el pasado sábado por los disparos de agentes federales.
La jueza, que ya dictaminó el pasado 16 de enero que los agentes federales no pueden detener a los manifestantes pacíficos que no obstruyan a las autoridades, señaló ayer que Minnesota «tiene un conjunto de valores en torno a la aplicación de la ley migratoria, y la Administración Trump, otros».
Aunque la audiencia en la corte federal terminó este mismo lunes, la jueza no emitió ningún fallo después de escuchar a los abogados del estado de Minnesota, las Ciudades Gemelas (Saint Paul y Mineápolis) y el Gobierno de Trump y se desconoce cuando se hará público.
En la vista de este lunes, uno de los abogados del estado de Minnesota aseguró que «esta situación no tiene precedentes en los 250 años de historia de nuestro país».
Y afirmó que el despliegue de agentes de inmigración, al que llamó «esencialmente un ejército», tenía la intención de «agitar las aguas con una conducta generalizada de violencia».
Por su parte, el abogado del Gobierno de Trump, declaró ante la juez federal que los agentes de inmigración están en Minnesota «para hacer cumplir la ley federal de inmigración» y añadió que «no hay nada que respalde esta afirmación de que estamos aquí por otra razón».
En una conferencia de prensa después de la audiencia sobre el aumento de la inmigración en ICE, el fiscal general de Minesota, Keith Ellison, dijo que una vez que el Gobierno federal decidió que la operación en las Ciudades Gemelas se trataba de «represalia, cruzaron la línea».
En medio de estas posiciones cruzadas, la jueza federal deberá decidir sobre el despliegue de unos 3.000 agentes de inmigración, que genera una situación de extrema tensión tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en menos de veinte días.
Las redadas contra inmigrantes se han multiplicado y lo que antes eran controles migratorios se han convertido, según denuncian vecinos y organizaciones, en auténticas cazas y detenciones aleatorias en cualquier punto del estado.
La decisión que adopte la jueza también tiene implicaciones para otros estados que han sido o podrían ser objeto de otras operaciones federales migratorias. Los fiscales generales de 19 estados más el Distrito de Columbia han presentado escritos apoyando a Minnesota.
Otro tribunal federal celebrará este lunes por la tarde una vista para evitar que las pruebas de la muerte de Pretti pueden ser «destruidas o alteradas».
El primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria en Estados Unidos. Con más de 622,000 deportaciones, niveles récord de detenciones y una ofensiva legal contra los programas humanitarios, el Gobierno ha sido señalado por organismos internacionales por el deterioro de las condiciones humanitarias y el uso intensivo de la acción ejecutiva para imponer restricciones.
Si bien la cifra de deportaciones está por debajo de las 778,000 registradas en el último año fiscal completo del gobierno de Joe Biden, expertos advierten que las consecuencias humanas y legales de las nuevas políticas migratorias podrían sentirse durante años.
Para aumentar las cifras de repatriaciones, la Administración expulsó a cientos de migrantes a al menos 14 países distintos al de su origen, entre ellos Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur, una estrategia que ha sido duramente cuestionada en tribunales.
Detenciones históricas y denuncias de abusos
Las detenciones alcanzaron un promedio de más de 73,000 personas bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. Según el American Immigration Council, “el Gobierno está encarcelando a cientos de miles de personas —la mayoría sin antecedentes penales— en un sistema de detención severo que hace casi imposible pelear sus casos o lograr la libertad”.
Organismos como Amnistía Internacional y la ACLU han denunciado condiciones inhumanas, hacinamiento y abusos físicos y psicológicos en los centros de detención. El año 2025 fue el más mortífero en al menos dos décadas, con más de 30 fallecidos bajo custodia del ICE.
Fotografía de archivo de agentes de inmigración en una redada. EFE
ICE duplicó su fuerza y cambió tácticas
El número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó de 10,000 a 22,000 efectivos, muchos desplegados en ciudades demócratas como Chicago y Mineápolis, donde han sido señalados por tácticas violentas y operativos sin identificación.
Desde que Trump regresó al poder, ICE ha realizado al menos 30 redadas con uso de armas de fuego, según el portal especializado The Trace. Además, agentes comenzaron a ocultar su rostro con pasamontañas y utilizar vehículos sin distintivos.
Organizaciones civiles también alertan sobre el arresto de más de 170 ciudadanos estadounidenses detenidos por error en redadas migratorias. ICE ha extendido las detenciones a cortes de inmigración y oficinas del USCIS, afectando incluso a personas que acudían a trámites de naturalización o eran cónyuges de ciudadanos.
Fin de programas humanitarios y amenaza al TPS
El Gobierno lanzó una ofensiva para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 11 países, incluyendo Venezuela, Haití y Honduras, así como para anular el programa de ‘parole’ humanitario implementado por la administración Biden.
Como resultado, más de un millón de personas que ingresaron legalmente al país han quedado en riesgo de deportación.
“Inconscientemente están premiando al que fue ilegal y nunca intentó legalizar su estatus; esa gente tiene más beneficios que la persona que trató de hacerlo de la manera correcta”, lamentó el abogado de inmigración Juan Molina, con sede en Houston.
La frontera sur estadounidense reporta menos encuentros de migrantes este año. / archivo.
Frontera más cerrada y caída en los cruces
La eliminación del derecho a solicitar asilo —tanto en puertos como tras cruces irregulares— provocó un desplome en los cruces fronterizos, con un promedio de apenas 9,700 ingresos mensuales, la cifra más baja en cinco décadas.
Las restricciones también alcanzaron la migración legal: se suspendieron visados en 75 países, se paralizó el programa de refugiados y se eliminó la lotería de visas de diversidad y mecanismos de reunificación familiar.
Molina también criticó el lenguaje utilizado por las autoridades: “Cuando entras a la página de USCIS o sus redes sociales, hay un énfasis en ‘defender la nación’, en la idea de invasión y de una cultura homogénea, como si esa fuera la realidad del país”.
El Migration Policy Institute (MPI) registró 38 órdenes ejecutivas firmadas por Trump relacionadas con migración hasta el 7 de enero de este año, lo que representa el 17 % del total emitido en su primer año. En total, el Gobierno ha ejecutado más de 500 acciones migratorias, la mayoría sin pasar por el Congreso.
“El Gobierno impulsó cambios radicales en la política migratoria, sin precedentes por su amplitud y alcance, que han vuelto a EE.UU. más hostil no solo con los indocumentados, sino con migrantes de todos los estatus legales”, concluyó el MPI.
Estados Unidos registró una inmigración neta negativa en 2025, por primera vez en varias décadas, como consecuencia directa del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. Así lo reveló un informe del Instituto Brookings, publicado este martes.
El documento señala que la diferencia entre el número de personas que ingresaron y salieron del país arrojó un saldo de entre 10,000 y 295,000 migrantes menos durante el año, lo que implica una pérdida neta de población extranjera en el país. Esta caída representa un cambio drástico frente a los años 2022 a 2024, cuando se promedió una entrada anual de 2.7 millones de migrantes.
“El retroceso en la inmigración frenará el crecimiento de la fuerza laboral, el gasto de los consumidores y el producto interno bruto (PIB)”, advierte el estudio. Los expertos afirman que, con una fuerza laboral más reducida, se limita la capacidad de generar nuevos empleos sin presionar la economía.
El análisis proyecta incluso cifras negativas de crecimiento laboral en 2026. Para este año, se anticipa un rango de inmigración entre una salida neta de 925,000 personas y una entrada neta de apenas 185,000, muy lejos del impulso migratorio de años anteriores.
La caída migratoria coincide con el primer año completo de políticas de mano dura aplicadas por el presidente Donald Trump, tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Las nuevas medidas incluyen un incremento en redadas, deportaciones y restricciones más estrictas para la emisión de visas y permisos de residencia.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que en 2025 más de 650,000 inmigrantes indocumentados fueron arrestados, detenidos y deportados, mientras que cerca de 2 millones de personas optaron por autodeportarse ante el endurecimiento de la legislación migratoria.
Además, el gobierno estadounidense revocó unas 100,000 visas extranjeras durante el año, más del doble que en 2024, cuando gobernaba el expresidente Joe Biden, según cifras oficiales.
