Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron este sábado una redada de gran magnitud en Charlotte, Carolina del Norte, como parte de una operación federal impulsada por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos.
La redada, que forma parte de una estrategia para “garantizar la seguridad pública y eliminar amenazas”, según declaró el portavoz federal Tricia McLaughlin a la cadena NBC, se enmarca en la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la Secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem.
“Ha habido demasiadas víctimas de crímenes perpetrados por inmigrantes indocumentados”, afirmó McLaughlin.
Pese a su alcance, las autoridades locales no participaron en la intervención. El Departamento de Policía de Charlotte aclaró que no colabora con la operación y llamó a la población a mantener la calma. Por su parte, el sheriff del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, confirmó que había sido informado de la acción federal.
Las autoridades del condado criticaron el operativo por generar temor e inseguridad entre la comunidad migrante. En un comunicado señalaron que, al igual que en redadas recientes en otras ciudades, “se están deteniendo personas sin antecedentes penales y provocando protestas como consecuencia de acciones sin respaldo legal”.
Casos similares se han documentado en otras urbes como Chicago, donde el despliegue federal incluyó presencia militar.
En esa ciudad, informes judiciales revelaron que el 85 % de las detenciones se realizaron sin garantías legales, lo que obligó a la liberación de cientos de detenidos sin cargos formales.
España conmemora este mes 50 años desde la muerte del dictador Francisco Franco y lo hace como un país irreconocible respecto a 1975. La transición democrática trajo consigo una transformación acelerada en derechos civiles, estructura demográfica, modelo económico y valores sociales, con avances visibles, aunque no exentos de desafíos.
En aquella época dominada por una moral católica oficial, el divorcio, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo eran impensables. Hoy, todos están regulados por ley. La eutanasia también es legal desde 2021. La secularización ha reducido la influencia de la Iglesia, y el número de matrimonios civiles supera ampliamente a los religiosos.
Foto de archivo del dictador español Francisco Franco. EP
La sociedad española ha envejecido. En 1975, solo el 10 % de la población tenía más de 65 años; en 2025, representan el 20.5 %, lo que tensiona el sistema de pensiones y la red sociosanitaria. Mientras tanto, la esperanza de vida aumentó de 73 a 84 años, pero los nacimientos se redujeron a la mitad: de 669,378 a 320,656.
El país también ha experimentado un gran cambio demográfico. La población pasó de 35.3 millones a 49.3 millones, con un 14.2 % de inmigrantes. La migración ya no es solo hacia las ciudades o el extranjero; ahora España es receptora de población extranjera, especialmente en regiones como Madrid, Cataluña y Andalucía.
Los derechos de las mujeres
Uno de los cambios más visibles ha sido el avance de los derechos de las mujeres. En 1975, aún no podían abrir una cuenta bancaria sin permiso del marido o del padre.
Hoy, España cuenta con leyes contra la violencia de género, igualdad salarial y derechos sexuales y reproductivos garantizados. A pesar de esto, los crímenes machistas siguen siendo una preocupación nacional.
El informe más reciente de Cáritas advierte que 4.3 millones de personas viven en situación de exclusión social severa, un tercio de ellas menores de edad. El alto costo de la vivienda y la precariedad laboral siguen siendo barreras para la igualdad de oportunidades, pese a la disminución general de la pobreza desde los años setenta.
Desde 1975, España ha multiplicado por cuarenta el producto interior bruto (PIB), ha aumentado más de cien veces el valor de las exportaciones y casi ha duplicado el número de ocupados. EFE
La economía
Desde el punto de vista económico, el país ha multiplicado por cuarenta su PIB y más que duplicado su fuerza laboral desde 1975. La entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986 y en el euro en 2002 supusieron un impulso clave para su integración internacional. En 2024, España alcanzó los 21.8 millones de ocupados.
La economía de servicios se consolidó como motor principal, representando el 77 % del PIB nacional gracias, sobre todo, al turismo. En 2024, España recibió 94 millones de visitantes. En contraste, la industria y el sector primario perdieron peso de forma sostenida.
No obstante, persisten desequilibrios. El desempleo, que era del 4.7 % en 1976, se sitúa ahora en el 10.4 %. La deuda pública representa el 103 % del PIB. Según el Consejo General de Economistas, aunque España ha cerrado brechas con países como Italia y Francia, los retos estructurales aún condicionan su crecimiento.
Medio siglo después de la dictadura, España se posiciona como un país plural, con avances democráticos y sociales consolidados. Pero la desigualdad, el acceso a la vivienda y el envejecimiento poblacional figuran como desafíos clave para el próximo ciclo histórico.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado cerca de 80,000 visas de no inmigrantes (incluyendo de turistas) en lo que va de 2025, más del doble que el año anterior, como parte de una política más estricta que busca reforzar la seguridad nacional y exigir mayor conducta a los visitantes extranjeros.
Entre los motivos más comunes para cancelar visas se encuentran delitos como conducir bajo los efectos del alcohol, agresiones y robos, informó un alto funcionario del Departamento de Estado al medio Washington Examiner. Solo por conducir ebrio se revocaron unas 16,000 visas, otras 12,000 por casos de agresión y 8,000 por robos.
Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento, aseguró que la administración del presidente de Estados Unidos “no dudará en revocar visas a extranjeros que violen nuestras leyes o representen una amenaza para la seguridad nacional”. Añadió: “Nuestra postura es clara: ingresar a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho, y siempre protegeremos los intereses del pueblo estadounidense”.
Bajo el liderazgo del secretario de Estado Marco Rubio, el gobierno ha endurecido las condiciones para los beneficiarios del sistema de visas, especialmente en casos donde exista sospecha de ilegalidad, sobreestadía, conductas delictivas o vínculos con actividades terroristas.
La cifra incluye aproximadamente 8,000 visas estudiantiles canceladas, 2,000 más que las reportadas hasta agosto. Estas medidas apuntan especialmente a estudiantes internacionales que han expresado públicamente respaldo a grupos terroristas o posturas contrarias a los intereses de Estados Unidos.
El mes pasado, el Departamento de Estado hizo públicos varios casos de extranjeros que perdieron sus visas tras hacer comentarios ofensivos en redes sociales sobre el activista Charlie Kirk, asesinado en septiembre. Ciudadanos de Argentina, Brasil, Alemania, México, Paraguay y Sudáfrica fueron expulsados tras publicar frases como “merecía arder en el infierno” o “murió por sus propias reglas”.
“El pueblo estadounidense no tiene por qué albergar a extranjeros que desean la muerte de nuestros ciudadanos”, expresó el Departamento en un comunicado. “Aquellos que abusan de nuestra hospitalidad y celebran asesinatos en territorio estadounidense serán removidos”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el miércoles el fin de la extensión automática de 540 días en los permisos de empleo para ciertas categorías de inmigrantes, medida que entrará en vigencia este 30 de octubre. Esta decisión revierte una política clave implementada por la administración de Joe Biden, la cual buscaba aliviar los retrasos en el procesamiento de solicitudes laborales.
Según el DHS, los extranjeros que soliciten la renovación de su permiso de empleo a partir de esa fecha “ya no recibirán una extensión automática”. El cambio se basa en una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump y responde a la intención del Gobierno de reforzar los controles de seguridad y evitar fraudes migratorios.
El director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Joseph Edlow, justificó la decisión argumentando que “el enfoque ahora prioriza la seguridad de los estadounidenses por encima de la conveniencia de los extranjeros”. Según indicó, el nuevo protocolo permitirá una verificación más rigurosa de los antecedentes de quienes solicitan autorización para trabajar en EE.UU.
Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones proinmigrantes y expertos legales.
Riesgo de despidos masivos
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió que esta decisión causará despidos masivos, afectará a empleadores y perjudicará la estabilidad económica del país.
“Los empleadores no tendrán más opción que despedir a trabajadores en proceso de renovación”, afirmó Jeff Joseph, presidente de AILA.
La decisión también ha sido criticada por la ONG FWD.us, que calificó la medida como “simplemente injusta” y pidió modernizar los procesos en lugar de imponer más obstáculos. Aunque el DHS confirmó que habrá excepciones para casos previstos por ley, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), organizaciones alertan que el USCIS carece de personal y recursos suficientes para procesar a tiempo las solicitudes acumuladas.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha notificado a los abogados de Kilmar Ábrego García su intención de deportarlo a Ghana, un país de África Occidental, según reveló la cadena ABC News.
La decisión marca un nuevo giro en el complejo caso del salvadoreño, quien fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo pasado, a pesar de contar con una orden judicial de 2019 que prohibía su deportación a ese país debido al riesgo de persecución. Durante esa expulsión, Ábrego García fue enviado directamente al CECOT, la megacárcel de máxima seguridad del gobierno salvadoreño.
El DHS había planteado anteriormente la posibilidad de deportar a Ábrego García a Esuatini o Uganda (también en África), países con los que el salvadoreño no tiene vínculos aparentes. No obstante, el gobierno ahora planea su deportación a Ghana, de acuerdo con un aviso oficial entregado a su equipo legal.
Los abogados del inmigrante comparecerán ante un tribunal este viernes en una audiencia probatoria, donde se espera que testigos del gobierno declaren sobre los esfuerzos realizados para deportarlo a otros países africanos.
Ábrego García, quien vivía en Maryland junto a su esposa e hijos antes de ser detenido, fue señalado por la administración Trump como presunto miembro de la pandilla MS-13, acusación que ha sido enérgicamente negada por su familia y su defensa legal.
En junio, tras su deportación fallida, fue repatriado a EE.UU. para enfrentar cargos de trata de personas en Tennessee, ante los cuales se ha declarado inocente. Mientras aguardaba el juicio bajo custodia de su hermano, fue nuevamente detenido por autoridades migratorias, quienes reanudarían los esfuerzos de deportación.
La semana pasada, un juez de inmigración rechazó una moción para reabrir su caso migratorio, lo que dejó al salvadoreño expuesto a una posible expulsión.
Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que fue deportado en marzo y reenviado a Estados Unidos, no comparecerá este viernes ante un tribunal en Nashville, Tennessee en el caso por tráfico humano del que se le acusa, debido a dificultades logísticas para su traslado desde Pensilvania, donde permanece detenido.
La audiencia, originalmente programada para el 10 de octubre, fue suspendida luego que el gobierno estadounidense informara que no hubo tiempo suficiente para trasladar al imputado, según un documento judicial oficial. No obstante, se espera su participación en la próxima sesión el 3 de noviembre, siempre que no surjan nuevos contratiempos.
Los cargos contra Ábrego García derivan de un incidente ocurrido en 2022, cuando fue detenido en un control de tráfico con ocho personas más a bordo de su vehículo, situación que llevó a su arresto por presunto tráfico de personas.
El caso ha ganado notoriedad nacional luego que un juez federal autorizara una audiencia probatoria, en la que la defensa de Ábrego buscará demostrar que los cargos presentados por el gobierno son “represalia ilegal”, luego de que el salvadoreño ganara una demanda contra la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su deportación a El Salvador.
Durante años, Kilmar Abrego García residió legalmente en EE. UU. con su esposa estadounidense y sus hijos, antes de ser arrestado y deportado a su país de origen en marzo de 2025, donde fue recluido en el CECOT.
La sesión judicial reprogramada se centrará en temas de descubrimiento de pruebas y programación de audiencia probatoria. El tribunal permitirá su ausencia física si su defensa accede a una transcripción completa de la audiencia preliminar.
Una jueza federal de Illinois rechazó este lunes bloquear de manera inmediata el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, tras la solicitud del Gobierno de Illinois de frenar las protestas contra las redadas migratorias en el estado.
La jueza April M. Perry tomó la decisión en una audiencia celebrada en Chicago después de que el Gobierno de Illinois demandara al presidente de EE.UU., Donald Trump, por la movilización de 400 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad. En la demanda, el Gobierno de Illinois y la ciudad de Chicago pidieron a Perry que emitiera una orden de restricción temporal para evitar el despliegue de estas tropas en el estado.
Según los medios locales, Perry expresó en el tribunal que necesita más tiempo para revisar el caso antes de tomar una decisión final sobre si bloquear o no el despliegue. La jueza fijó para este jueves una nueva audiencia para abordar el tema.
Las tropas, que provienen de Texas, se desplegarán entre este martes y miércoles en Illinois, y recibirán entrenamiento antes de iniciar sus operaciones, según confirmó un abogado del Gobierno de EE.UU. durante la audiencia.
En una rueda de prensa también celebrada este lunes, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, subrayó que los miembros de la Guardia Nacional están «entrenados como soldados», pero que, al ser reclutados para este tipo de operaciones, «se convierten en agentes de policía sin la formación adecuada». Pritzker calificó el despliegue como «una invasión anticonstitucional de Illinois por parte del gobierno federal».
El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, también criticó las acciones de Trump durante la conferencia de prensa, asegurando que «son ilegales» y que «ningún presidente puede saltarse la Constitución». En la demanda, Raoul argumentó que el Gobierno de Trump había «excedido su autoridad» y señaló que no hay «ningún requerimiento legal que justifique la federalización y el despliegue de la Guardia Nacional».
Este despliegue de tropas ordenado por Trump ocurre en medio de crecientes protestas contra las redadas migratorias en Chicago, especialmente después de que agentes de la Patrulla Fronteriza dispararan en South Side el sábado, hiriendo a una ciudadana estadounidense.
Además, en otro fallo federal del día, una jueza impidió al presidente Trump desplegar 300 efectivos de la Guardia Nacional en California, en el estado vecino de Oregón, donde se busca combatir las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland.
La organización anticorrupción Democracy Forward presentó este lunes una demanda contra el Gobierno de Donald Trump, exigiendo la publicación de una grabación en la que, presuntamente, el exasesor de inmigración de la administración Trump, Tom Homan, recibe un soborno de 50,000 dólares de un agente encubierto del FBI.
La demanda fue presentada en una corte federal de Washington D.C. y solicita que el Departamento de Justicia y el FBI cumplan con la Ley de Libertad de la Información, entregando «de manera expedita» todas las grabaciones relacionadas con el presunto encuentro. Democracy Forward considera que se trata de un asunto de «interés excepcional» para el público.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, expresó en un comunicado que «la Administración Trump-Vance sigue erosionando la confianza pública y debilitando la rendición de cuentas ante el pueblo estadounidense». «Estas agencias de aplicación de la ley deben cumplir la ley y publicar esta grabación crucial sin demora», agregó.
Según reportes del portal MSNBC, la grabación en cuestión muestra a Homan, conocido como el «zar de la frontera», recibiendo el soborno en efectivo de 50,000 dólares en 2024. El agente encubierto del FBI, haciéndose pasar por un contratista de seguridad fronteriza, grabó la conversación en la que Homan le promete ayudarle a conseguir contratos federales en el segundo mandato de Trump. Este encuentro, según la información, tuvo lugar un mes antes de las elecciones presidenciales de 2024.
El FBI, que ahora está bajo la dirección de Kash Patel, un aliado cercano de Trump, cerró la investigación contra Homan a principios de este año, según varios medios estadounidenses.
Por su parte, Homan ha negado públicamente las acusaciones, calificándolas de «mentiras jodidas» en una entrevista con NewsNation el pasado 20 de septiembre.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, calificó este viernes como “una erosión vergonzosa” de la libertad de prensa en Estados Unidos la deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara.
La organización advirtió que es la primera vez que documenta represalias de este tipo vinculadas directamente al trabajo informativo. “La deportación de Mario Guevara es una señal preocupante del deterioro de la libertad de prensa bajo la Administración (del presidente Donald) Trump”, declaró Katherine Jacobsen, coordinadora del Programa de Estados Unidos, Canadá y el Caribe del CPJ.
Guevara, de 48 años, llegó este viernes a El Salvador tras pasar más de tres meses en un centro de detención. Aunque fue exonerado de los cargos que enfrentaba, su arresto se produjo mientras cubría una protesta contra el presidente Trump y las redadas migratorias. El periodista no pudo despedirse de su esposa, sus tres hijos ni de su madre, quienes permanecen en Atlanta, Georgia.
Jacobsen recalcó que “no se trata de un caso de inmigración simple como las autoridades quieren hacer creer”, subrayando que la detención obedeció a represalias por su trabajo periodístico. Durante su reclusión, el gobierno alegó que sus transmisiones en vivo para su canal MG News en Facebook representaban un riesgo para la labor policial.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) también condenó el hecho y lo calificó como un ataque directo a la Primera Enmienda. Por su parte, la organización Voto Latino afirmó que la deportación “refleja un patrón preocupante” de hostigamiento contra periodistas en la administración Trump.
“Si los periodistas pueden ser silenciados o deportados por sus reportajes, todos corremos riesgo, especialmente las comunidades inmigrantes que dependen de voces como la de Mario para amplificar sus historias”, advirtió Voto Latino.
La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este viernes que la Administración del presidente Donald Trump revoque el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300,000 migrantes venezolanos que residen en el país norteamericano.
Con seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal respaldó al Departamento de Seguridad Nacional, en contra de un fallo previo de un tribunal federal en California que impedía suspender las protecciones para unos 600,000 inmigrantes, entre ellos venezolanos y haitianos.
La resolución podría derivar en la deportación de centenares de miles de venezolanos beneficiados con el programa, aunque se estima que por ahora no afectará a ciudadanos haitianos amparados bajo el mismo estatus.
“Aunque las posturas en el caso han cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos no lo han hecho. El mismo resultado que se acordó en mayo es el apropiado”, señala el fallo de la mayoría conservadora, que ya había resuelto en la misma dirección por la vía de emergencia.
Las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra. En su opinión disidente, Jackson advirtió: “No puedo estar de acuerdo con esta interferencia repetitiva, gratuita y dañina en los casos que siguen pendientes en tribunales inferiores mientras hay vidas en la balanza”.
El presidente Trump solicitó al Supremo, a finales de septiembre, el aval para retirar las protecciones contra la deportación que desde 2021 han impedido expulsar a cerca de 300,000 venezolanos, decisión que fue bloqueada por varios tribunales en instancias anteriores.
La decisión del Supremo representa el cierre temporal a un extenso proceso judicial que se ha prolongado por más de dos años, y que ahora le concede luz verde al gobierno para revocar el TPS a miles de migrantes, pese a los recursos que aún podrían ser interpuestos en instancias inferiores.
