Uno de los más de 250 migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador presentó este jueves una demanda civil contra el Gobierno, alegando que fue detenido y expulsado sin el debido proceso legal.
Neyiyerver Adrián León Rengel, quien fue liberado la semana pasada y llevado de vuelta a Venezuela tras pasar más de 4 meses detenido en el CECOT, denuncia haber sufrido abuso «físico, verbal y psicológico» y pide $1.3 millones en retribución por daños.
La demanda, interpuesta con el respaldo de la organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), es la primera que presenta uno de los venezolanos que fueron expulsados a El Salvador.
«Los funcionarios federales le mintieron a Rengel, diciéndole que sería enviado a su país de origen, Venezuela. Sin embargo, pasó más de cuatro meses en El Salvador –un país que no es su lugar de origen ni donde tiene vínculos personales–, donde sufrió abusos», lee el documento.
El venezolano, de 27 años, trabaja como barbero en Irving, a las afueras de Dallas (Texas) y fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el parqueadero de su apartamento.
Entró en EE.UU. a través de la aplicación CBP One, un programa impulsado por el Gobierno de Joe Biden (2017-2021) para que los migrantes pudieran presentarse en la frontera sur y había solicitado también un Estatus de Protección Temporal (TPS).
Las autoridades, detalla el documento, lo identificaron «erróneamente» como miembro de la pandilla venezolana Tren de Aragua y lo enviaron a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por Trump para expulsar a los venezolanos acusados de formar parte de este grupo criminal.
En el CECOT, Rengel soportó condiciones «inhumanas y deplorables», de acuerdo con la denuncia: «fue recluido junto a 18 o 19 detenidos venezolanos más en una celda de apenas tres por tres metros. La mayoría de los días permanecían allí las 24 horas, con pocas o ninguna oportunidad de salir».
Los guardias de seguridad de la prisión le golpearon «en su pecho y su estómago» con puños y bastones y, en una ocasión, lo llevaron a una zona de prisión sin cámaras donde fue «brutalmente agredido», continúa la denuncia.
Desde LULAC, el director ejecutivo Juan Proaño, asegura que la historia de Rengel es un «llamado de atención para todos los estadounidenses que creen en la promesa de la Constitución y el estado de derecho.
«El caso del señor Rengel es una parodia de la justicia que merece la atención nacional”, indicó Proaño en un comunicado.
Washington y Caracas anunciaron el viernes pasado un acuerdo para enviar a los más de 250 venezolanos de vuelta a su país, a cambio de la excarcelación de diez ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses detenidos en Venezuela.
Los migrantes, quienes en su mayoría no contaban con antecedentes penales, pasaron meses incomunicados, en lo que organizaciones defensoras de los derechos humanos calificaron como «desapariciones forzadas».
El Gobierno de Donald Trump los acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua y llegó a un acuerdo con El Salvador para pagar alrededor de seis millones de dólares al año por su detención.
