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  • Tribunal de EEUU pospone audiencia por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego hasta el 8 de diciembre

    Tribunal de EEUU pospone audiencia por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego hasta el 8 de diciembre

    Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado en marzo y devuelto en junio a EEUU, comparecerá ante la justicia estadounidense el próximo 8 y 9 de diciembre, luego de que un juez federal reprogramara la audiencia de acusación por tráfico humano en Tennessee, originalmente prevista para esta semana.

    La decisión fue tomada por el juez Waverly Crenshaw, quien se reunió con los abogados defensores y fiscales el pasado viernes. Aunque no se han revelado los motivos del cambio de fecha, se espera que en la audiencia se analicen los argumentos de la defensa para desechar los cargos y excluir parte de las pruebas presentadas.

    La defensa de Ábrego García sostiene que los cargos federales por tráfico humano en su contra son “represalias judiciales” y que, ante la posibilidad de una acusación con motivaciones indebidas, corresponde al gobierno probar lo contrario.

    En documentos recientes, el equipo legal del salvadoreño denunció que el gobierno estadounidense no ha entregado información clave para su defensa ni ha permitido el testimonio de testigos relevantes en la audiencia.

    El caso se remonta a un incidente ocurrido en 2022, cuando agentes estatales detuvieron a Abrego García en una carretera de Tennessee y encontraron a ocho personas más en su vehículo. En el operativo también se le decomisaron $1,400 en efectivo, cantidad que, según los oficiales, habría sido un pago por el traslado.

    Durante la intervención, Ábrego García cambió su versión de los hechos en varias ocasiones. Inicialmente dijo que se dirigía a su casa en Maryland, luego afirmó que viajaba por motivos laborales. Además, señaló que las personas a bordo del vehículo provenían de St. Louis, Missouri.

    El salvadoreño fue deportado a El Salvador en marzo de este año junto a un grupo de venezolanos que fue recluido en el CECOT, pero posteriormente fue repatriado a Estados Unidos para enfrentar los cargos federales. Según los registros migratorios, Ábrego García ingresó al país en 2011 y fue sujeto de una orden de deportación desde 2019, que luego fue suspendida.

    Hasta ahora, el juez Crenshaw no ha emitido un fallo sobre la moción para desestimar los cargos. El resultado de la audiencia de diciembre será determinante para definir si el caso avanza o queda anulado por presunta persecución judicial.

    El gobierno estadounidense ha pretendido deportar a Ábrego García a varios países africanos, pero el juez ha ordenado que permanezca en EEUU mientras se realiza el proceso en su contra..

  • Condenado por conducción peligrosa no podrá manejar por tres años y deberá someterse a atención psiquiátrica

    Condenado por conducción peligrosa no podrá manejar por tres años y deberá someterse a atención psiquiátrica

    El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango condenó el miércoles a Miguel Ángel M. P., de 52 años, a tres años de prisión tras ser hallado culpable del delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de provocar un accidente vial en la calle Agua Caliente, frente a una recicladora, el pasado 30 de agosto.

    Durante la audiencia, la jueza resolvió concederle una suspensión condicional de la pena por 36 meses. Sin embargo, el imputado deberá cumplir estrictas reglas de conducta bajo la supervisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador.

    Entre las condiciones impuestas, se le prohibió obtener licencia de conducir, consumir bebidas alcohólicas o visitar lugares donde se expendan. Además, deberá someterse a tratamiento psiquiátrico en el Hospital Nacional Dr. José Molina Martínez y asistir a terapia psicológica en el Centro de Atención Psicosocial de Ciudad Delgado.

    El informe policial detalló que, tras el accidente, agentes de la Policía Nacional Civil le practicaron la prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado de 164 grados de alcohol en el aliento, razón por la que fue arrestado de inmediato en la escena del hecho.

    Durante el periodo de cumplimiento de la suspensión, el acusado también perderá de forma temporal sus derechos ciudadanos, en cumplimiento con las sanciones establecidas por la jueza a cargo del caso.

     

  • Expresidente del Barcelona niega haber ordenado crear cuentas falsas contra empresa Roures

    Expresidente del Barcelona niega haber ordenado crear cuentas falsas contra empresa Roures

    El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró este lunes ante el Juzgado Penal 4 de Barcelona que “en absoluto se habló de crear perfiles falsos” al contratar a la empresa Nicestream, la cual —según dijo— fue contratada exclusivamente para “monitorear redes sociales” y conocer lo que se decía del club a nivel internacional.

    Bartomeu y su exjefe de gabinete, Jaume Masferrer, enfrentan un proceso judicial por un delito continuado de injurias graves contra Jaume Roures, exdirector de Mediapro, quien reclama a ambos $105,000 en indemnización, monto que pretende donar al Casal d’Infants del Raval.

    Durante su testimonio, Bartomeu admitió tener conocimiento de cuentas como @jaumetdeterror en X (antes Twitter) y ‘Jaume un Film de Terror’ en Facebook —creadas por Nicestream—, pero dijo no haber revisado su contenido. Defendió la contratación de la empresa, a la que se le pagaron $2.4 millones, argumentando que el club buscaba controlar el ruido en redes sociales tras la salida de Neymar y por el clima político en Cataluña.

    “Contraté a Nicestream porque no trabajaba para ningún gobierno y así evitábamos la politización del monitoreo”, explicó. Justificó también que no informara de inmediato a la junta directiva por el ambiente “convulso” que vivía Cataluña a finales de 2017.

    El juicio se enmarca en el caso ‘Barça Gate’, en el que se investiga a Bartomeu y otros directivos por presunta administración desleal y corrupción entre particulares al supuestamente contratar a Nicestream para desprestigiar en redes a figuras críticas con su gestión.

    Masferrer también declaró y se describió como “analfabeto digital”, negando haber ordenado la creación de cuentas falsas. Afirmó que conocía la cuenta que mencionaba a Roures porque recibía informes periódicos, pero que “solo usaban humor y tono crítico, sin incitar al odio”.

    Carlos Ibáñez, administrador de Nicestream, confirmó en su declaración virtual que el club les encargó un control reputacional y que, ante ataques desde cuentas asociadas a Roures, decidieron crear perfiles que actuaran como “canales de contención”.

    Roures, sin embargo, denunció que Nicestream se dedicó durante más de dos años a difundir noticias falsas sobre él, causando daños personales, familiares y laborales. “Buscaban una forma gratuita de ofenderme desde todas las direcciones”, aseguró.

    El sargento de la Unidad Central de Blanqueo de los Mossos d’Esquadra contradijo las versiones de Bartomeu, Masferrer e Ibáñez, y afirmó que ambos dirigentes del Barça estaban al tanto de las campañas de difamación. La policía catalana presentó pruebas como un informe hallado en casa de Bartomeu en 2021, y correos entre él y Masferrer comentando publicaciones desde cuentas falsas. Además, mencionó un mensaje dirigido a la esposa del expresidente Sandro Rosell, donde Bartomeu admite haber impulsado estas prácticas.

     

     

  • Fiscalía de Bolivia acusa formalmente a Evo Morales por trata de personas

    Fiscalía de Bolivia acusa formalmente a Evo Morales por trata de personas

    La Fiscalía Departamental de Tarija, en el sur de Bolivia, presentó este martes una acusación formal contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata agravada de personas, lo que marca un paso decisivo hacia el inicio de un juicio oral en su contra.

    Sandra Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija, explicó que se llegó a esta etapa tras realizar un “minucioso análisis” de los informes y pruebas recolectadas desde que se abrió la investigación penal a finales de septiembre del año pasado.

    “Vamos a estar a la espera de lo que establece el procedimiento penal. Una vez que el juez analice todo esto, tendrá que pasarlo al tribunal correspondiente para que señale día y hora para que se lleve adelante el juicio oral”, declaró en conferencia de prensa.

    La acusación está relacionada con una denuncia que involucra a Morales en una supuesta relación con una menor de edad con la que habría tenido un hijo en 2016, mientras ocupaba la presidencia del país. En octubre de 2024, la fiscal Gutiérrez emitió una orden de captura contra el exmandatario, la cual fue ratificada por un juzgado local.

    El proceso judicial se intensificó este año cuando Morales fue declarado en rebeldía por un tribunal, luego de que no se presentara a dos audiencias alegando problemas de salud. La incomparecencia provocó que se activaran medidas judiciales para avanzar con el caso.

    La situación ha generado fuertes tensiones políticas. Durante 2024, seguidores del exgobernante bloquearon carreteras para evitar su detención. Desde octubre del año pasado, Morales no ha salido del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, donde permanece resguardado por cientos de militantes y dirigentes aliados.

    Este proceso penal representa uno de los mayores desafíos legales que ha enfrentado el exmandatario desde su salida del poder, y podría tener implicaciones significativas para el futuro político del líder cocalero.

     

  • Tribunal reprograma hasta noviembre entrega de sentencia escrita de caso Santa Marta

    Tribunal reprograma hasta noviembre entrega de sentencia escrita de caso Santa Marta

    El Tribunal de Sentencia de San Vicente reprogramó hasta el próximo mes de noviembre la entrega de la sentencia escrita, en la que ocho personas de la comunidad Santa Marta, en Victoria, departamento de Cabañas, procesadas por el asesinato de una mujer en agosto de 1989, fueran absueltos de las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

    La entrega de la sentencia escrita estaba prevista para el 8 de octubre de 2025, luego que el pasado 24 de septiembre se realizará la lectura del fallo, donde los procesados fueron exonerados del delito de asesinato y asociaciones ilícitas. Sin embargo, el referido tribunal cambió la fecha de entrega de la resolución para el próximo mes, debido a que aún se encuentran en proceso de redacción, confirmó el abogado de la defensa, Pedro Cruz a Diario El Mundo.

    En la lectura de la resolución, los jueces del tribunal ordenaron levantar las órdenes de captura, luego que durante el desarrollo del juicio la Fiscalía no pudo quebrar la hipótesis de acusación en contra de los procesados, debido a que no comprobó la vinculación de los acusados con los hechos señalados.

    Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda, Alejandro Laínez García, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Arturo Serrano Ascencio fueron acusados por el asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional, una las organizaciones que conformaba el FMLN.

    La Fiscalía sostenía que los acusados, exguerrilleros del FMLN, sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron. El caso inició el 11 de enero de 2023, cuando los seis fueron detenidos en el cantón Santa Marta y Guacotecti, en Cabañas.

    Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.

    Sin embargo, los jueces determinaron que las declaraciones del testigo clave «Soriano» no probaron que los acusados participaron en el delito de asesinato, debido a que se contradice con un documento de certificación de defunción emitida por el Juzgado de Familia de Sensuntepeque, que establecía que María Alvarenga murió el 22 de agosto de 1989, en el cantón Santa Marta, razón por la que dicho documento no concuerda lo expuesto por «Soriano», quien aseguró que la víctima fue sacada de su vivienda y 15 días después fue asesinada por un disparo.

    A raíz de estas contradicciones, el tribunal consideró que no se podía establecer la participación directa de los acusados en los hechos, por lo que decidió absolver a los procesados del caso.

    Los acusados del caso Santa Marta fueron absueltos por segunda vez, luego que la Cámara Penal de Cojutepeque ordenara repetir el juicio, donde en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declarara libre de delitos por el mismo caso.

  • Aplazan juicio contra Ana Ligia de Saca hasta enero 2026 por trámites de procedimiento abreviado

    Aplazan juicio contra Ana Ligia de Saca hasta enero 2026 por trámites de procedimiento abreviado

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador reprogramó otra vez el juicio en contra de la exprimera dama de la República, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, acusada del delito de lavado de dinero y activos por más de $17.6 millones.

    La vista pública estaba prevista dar inicio el lunes 29 de septiembre, sin embargo, fue pospuesta hasta enero de 2026, debido a la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

    De acuerdo con el documento al cual Diario El Mundo tuvo acceso, la nueva suspensión se debe a que aún están pendientes trámites de un procedimiento abreviado “ligado al tema de la responsabilidad civil”, con respecto a los imputados Ana Ligia Mixco Sol de Saca, Óscar Edgardo Mixco Sol, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán y Milton Romeo Avilés Cruz.

    “Los hechos, objeto del juicio, son complejísimos, tomando en cuenta los elevados montos de dinero que refiere la parte fiscal en su acusación tanto respecto al delito base como los relativo al supuesto lavado de dinero que es el delito acusado, que lo relativo al resarcimiento civil, como la disponibilidad de bienes tienen sus complicaciones, resulta comprensible que hasta este momento no se hayan concluido, por lo que es razonable acceder a lo solicitado y programar el juicio”.
    Tribunal Sexto de Sentencia.

    La vista pública estaba agendada primeramente para el 11 de agosto de 2025 y posteriormente se notificó el cambio para el día 18 del mismo mes. Sin embargo, dicha fecha se modificó nuevamente y se pospuso para el 29 de septiembre y ahora, el tribunal resolvió que el caso se conozca hasta el próximo año.

    En ese sentido, la nueva fecha para que se desarrolle el juicio quedó del 12 al 16 de enero de 2026, según lo estipula el tribunal en la resolución escrita.

    A los dos imputados de apellido Mixco Sol junto a Lemus Zelaya y Funes Durán se les imputa el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico, y en el caso de Avilés Cruz se le atribuye el delito de casos especiales del delito de encubrimiento en perjuicio de la administración de justicia.

    Al proceso también se suma los imputados José Antonio Lemus Zelaya y José Antonio Lemus Zaldívar, a quienes también se les atribuye el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.

    La Fiscalía acusó a Ana Ligia de Saca de haber utilizado $17 millones de Casa Presidencial para pago de beneficios directos y hasta sus tarjetas de crédito, durante la gestión del expresidente Antonio Saca.

    Por este caso, Mixco Sol de Saca fue condenada a 10 años de cárcel en junio de 2021, en un fallo dado por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. Sin embargo, la sentencia fue anulada en octubre del año 2022 por la Cámara Primera de lo Penal y ordenó repetir el juicio.

    En octubre de 2023, la defensa de la exprimera dama solicitó un procedimiento abreviado, donde la exprimera dama aceptaría los cargos imputados a cambio de una reducción de pena, sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

  • Declaran culpable a hombre que intentó asesinar a Trump en Florida

    Declaran culpable a hombre que intentó asesinar a Trump en Florida

    Un jurado estadounidense declaró culpable a Ryan Routh, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras jugaba golf en su campo privado de West Palm Beach, Florida en septiembre de 2024.

    Routh, de 59 años y residente en Hawái, enfrentó cargos por intento de asesinato, agresión a un agente federal y tres delitos adicionales relacionados con armas de fuego. Tras conocer el veredicto, el acusado intentó apuñalarse el cuello con un bolígrafo en plena sala del tribunal. Ahora podría ser condenado a cadena perpetua.

    Durante el juicio, Routh no contó con defensa legal y se declaró inocente. El jurado deliberó durante cerca de tres horas antes de emitir su decisión, según informó NBC News.

    “El veredicto de culpabilidad contra Ryan Routh, el presunto asesino de Trump, ilustra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar a quienes participan en la violencia política”, declaró la fiscal general Pam Bondi. Añadió que el ataque no solo fue contra el presidente, sino “una afrenta a toda la nación”.

    El propio presidente Trump reaccionó al fallo a través de Truth Social, calificando el veredicto como “un momento crucial para la Justicia en Estados Unidos”.

    “Era un hombre malvado con malas intenciones”, escribió, y felicitó al Departamento de Justicia por la “meticulosa” conducción del proceso judicial.

    El caso fue llevado por la jueza de distrito Aileen Cannon, nombrada por el presidente Trump. Según los reportes, un agente del Servicio Secreto detectó la amenaza mientras realizaba una inspección perimetral y observó el rostro de Routh y el cañón de un rifle apuntando hacia el mandatario desde la maleza. El agente abrió fuego antes de dar la alerta.

    Routh huyó del lugar en su vehículo, pero fue capturado 45 minutos después, gracias a testigos que lo identificaron. En su automóvil se encontraron un rifle cargado con once balas, una cámara digital y placas antibalas capaces de resistir disparos de alto calibre.

    El atentado frustrado ocurrió poco después de otro intento de asesinato contra el presidente Trump durante un mitin político en Butler, Pensilvania, donde resultó herido en una oreja. En esa ocasión, el atacante fue abatido por las fuerzas de seguridad.

     

  • Reprograman fallo del juicio contra exalcalde Muyshondt por caso de negociaciones con pandillas

    Reprograman fallo del juicio contra exalcalde Muyshondt por caso de negociaciones con pandillas

    El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador reprogramó para el próximo 30 de septiembre a las 11:00 de la mañana, la lectura del fallo del juicio en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y cuatro personas más acusadas de negociar votos electorales de los comicios de 2014 y 2015, a cambio de beneficios para las pandillas.

    La lectura del fallo estaba prevista para este viernes 19 de septiembre, sin embargo, la diligencia fue suspendida debido a la agenda saturada del referido Tribunal que conoce el caso, confirmó uno de los abogados de la defensa a Diario El Mundo.

    El exalcalde Muyshondt es acusado junto al exministro de Justicia y Seguridad Benito Lara, el exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como al periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado de negociar votos electorales de los comicios de 2014 y 2015, a cambio de beneficios para las pandillas. Por estos presuntos hechos se le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    Las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que los imputados pertenecían a los partidos políticos del FMLN y Arena, cuando presuntamente sostuvieron al menos 17 reuniones con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, para las elecciones presidenciales y de alcaldes en 2014 y 2015.

    En dichas reuniones se habría acordado, según la Fiscalía, que los pandilleros y sus familiares votaran a su favor y así asegurar su victoria en los comicios. Además de coaccionar a la población de diferentes comunidades para votar por un partido definido.

    De acuerdo con la representación fiscal, las negociaciones se realizaron cuando Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén eran candidatos a la presidencia de la República.

    Durante la fase del juicio, Muyshondt admitió haber sostenido reuniones con miembros de estructuras criminales en nombre del partido Arena, pero rechazó haber concretado algún pacto o entrega de dinero a favor de los grupos delincuenciales. Según argumentó, el objetivo de las reuniones era para facilitar que la población salvadoreña fuera a votar en las elecciones presidenciales de 2014 y legislativas y municipales en 2015 sin ser acosados por las pandillas.

    De igual forma, el Ministerio Público alegó sobre la presunta participación de los acusados en dichas reuniones con estructuras criminales, y solicitó ante el Tribunal Primero de Sentencia una pena entre 18 y 24 años de cárcel para todos los acusados.

    Específicamente, para el exdil Muyshondt la Fiscalía pidió una condena de 24 años, 12 por el delito de agrupaciones con pandillas y 12 por fraude procesal. Misma pena se solicitó para el periodista Paolo Lüers y para Wilson Alvarado por los mismos delitos. Mientras que para el exministro de Seguridad Benito Lara y el exministro de Gobernación Aristides Valencia, la Fiscalía pidió 18 años de prisión, 10 por fraude procesal y 8 por agrupaciones ilícitas, por cada uno.

    El exministro Lara se encuentra en detención provisional en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez, luego que fuera revocada las medidas sustitutivas a su favor.

  • Bolsonaro sale de la prisión domiciliaria tras condena para un procedimiento ambulatorio

    Bolsonaro sale de la prisión domiciliaria tras condena para un procedimiento ambulatorio

    El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abandonó temporalmente este domingo la residencia donde cumple una orden de prisión domiciliaria para realizarse un procedimiento médico ambulatorio, en la que fue su primera salida tras ser condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo.

    Tres días después de que fuera dictada la condena y bajo un fuerte esquema de seguridad, el líder ultraderechista salió de su residencia donde permanece recluido desde el 4 de agosto por temores de fuga y por incumplir medidas cautelares impuestas por el Supremo.

    El ex jefe de Estado partió escoltado por una caravana de carros y motos de la Policía Federal y llegó a un hospital privado en Brasilia hacia donde era esperado por un grupo de seguidores.

    El magistrado Alexandre de Moraes, juez instructor del caso de Bolsonaro, otorgó la semana pasada el permiso de salida para el exmandatario quien tendrá que permanecer bajo custodia policial permanente durante la salida, por riesgo de fuga, y presentar un parte médico máximo 48 horas después de realizado el procedimiento.

    De acuerdo con la solicitud enviada por los abogados del líder ultraderechista a la Corte, Bolsonaro tendrá que ingresar a un hospital particular en Brasilia para retirar dos lesiones cutáneas.

    Los médicos le extraerán un «nevo melanocítico en el torso» que es una especie de lunar, benigno, y piel de una «neoplasia de comportamiento incierto o desconocido», un crecimiento anormal en el tejido cutáneo que requiere de biopsia.

    El procedimiento es considerado sencillo y de carácter ambulatorio.

    Esta fue la segunda salida médica del expresidente (2019-2022) desde que está en prisión domiciliaria. El 16 de agosto abandonó su residencia para realizarse una batería de exámenes tras ser diagnosticado con «síntomas de reflujo e hipo» crónicos, secuelas de una puñalada que recibió en 2018, cuando era candidato.

    El jueves pasado, por cuatro votos a uno, la Sala Primera del Supremo Tribunal de Brasil condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de cárcel por «liderar» un complot golpista para «perpetuarse en el poder», tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

    Es la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado.

    En el juicio la Corte Suprema también declaró la culpabilidad de otros siete reos, entre ellos exministros y antiguos jefes militares.

  • Reprograman veredicto del segundo juicio del caso Santa Marta para el 24 de septiembre

    Reprograman veredicto del segundo juicio del caso Santa Marta para el 24 de septiembre

    La resolución del segundo juicio contra los cinco exguerrilleros del FMLN, acusados del asesinato de María Inés Alvarenga en 1989, durante el conflicto armado salvadoreño, en el caso conocido como Santa Marta, prevista originalmente para hoy, fue reprogramada para el 24 de septiembre, informaron fuentes de la defensa.

    La resolución habría sido pospuesta debido a que uno de los abogados defensores tiene prevista una audiencia de otro caso que coincidía con la del proceso de Santa Marta.

    Los procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco y Saúl Rivas, quienes ya habían sido absueltos en 2024 junto a otros tres excomandantes por delitos de asesinato y agrupaciones ilícitas. En este nuevo proceso también fueron señalados en ausencia Fidel Recinos, Eduardo Sancho (alias Fermán Cienfuegos, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992) y Arturo Serrano Ascencio.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados, vinculados a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), habrían ordenado y ejecutado el secuestro de Alvarenga en su vivienda del cantón Santa Marta, en Cabañas, para trasladarla a un campamento donde fue torturada y asesinada. Según la acusación, todos tenían algún grado de mando en la estructura insurgente.

    María Inés Alvarenga, asesinada en 1989.

    La defensa de los acusados y organizaciones sociales sostienen que ellos son cinco líderes comunitarios ambientalistas de la remota comunidad de Santa Marta, en  Cabañas, perseguidos injustamente por su oposición a la minería metálica.

    Los señalados fueron capturados el 11 de enero de 2023, pero pasaron a arresto domiciliario en agosto de ese año. En octubre de 2024 enfrentaron un primer juicio que concluyó con un sobreseimiento definitivo, decisión que fue revertida en noviembre por una corte de apelaciones, que ordenó repetir la vista pública.

    El nuevo proceso se realizó entre el 29 y el 31 de julio de 2025, aunque los acusados no se presentaron y fueron declarados rebeldes, por lo que fueron juzgados en ausencia. El Tribunal de Sentencia de San Vicente ordenó su captura, aunque la medida no se ha ejecutado.

    En un comunicado, los líderes comunitarios aseguraron que no asistieron porque “no existen garantías de un juicio justo” y denunciaron que el caso es “una maniobra política para silenciar sus voces”.