Etiqueta: juicio

  • EEUU fija juicio contra el narcotraficante Caro Quintero para marzo 2027

    EEUU fija juicio contra el narcotraficante Caro Quintero para marzo 2027

    Un tribunal de Estados Unidos programó para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio contra Rafael Caro Quintero, histórico líder del narcotráfico mexicano, acusado de crimen organizado, asesinato y tráfico de drogas.

    El exlíder del Cártel de Guadalajara compareció este jueves ante el juez Frederick Block, en la corte del Distrito Este de Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.

    Durante la audiencia, la defensa no logró modificar las condiciones de reclusión del acusado, quien permanece bajo estrictas medidas desde su traslado a una prisión estadounidense hace aproximadamente un año.

    Caro Quintero, conocido como el “narco de narcos”, fue entregado a Estados Unidos en febrero de 2027 junto a otros 28 criminales, en un movimiento que buscó aliviar tensiones entre México y el Gobierno estadounidense.

    Entre los extraditados figuraban líderes del grupo criminal Los Zetas, como Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, así como Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva.

    En la audiencia, la Fiscalía confirmó que no solicitará la pena de muerte contra Caro Quintero, aunque tampoco ha ofrecido acuerdos de colaboración a cambio de una eventual declaración de culpabilidad.

    No obstante, su situación legal podría cambiar dependiendo de su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses durante el proceso judicial.

    Uno de los principales cargos en su contra es el secuestro, tortura y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.

    Este caso marcó uno de los episodios más emblemáticos en la lucha contra el narcotráfico y ha sido determinante en la persecución judicial del capo mexicano.

    El proceso judicial contra Caro Quintero se perfila como uno de los más relevantes en materia de crimen organizado en Estados Unidos en los próximos años.

     

  • 26 exfuncionarios de Coatepeque irán a juicio por desvío de fondos

    26 exfuncionarios de Coatepeque irán a juicio por desvío de fondos

    Al menos 26 exfuncionarios municipales de Coatepeque, en Santa Ana, enfrentarán un juicio por delitos de corrupción, luego de que el Juzgado Segundo de Instrucción admitiera la totalidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República.

    Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron entre 2012 y 2018, período en el que los imputados habrían sustraído fondos públicos asignados a la ejecución de obras de infraestructura en el municipio, entre ellas pavimentaciones, construcción de calles, cordón cuneta y trabajos de concretado, que nunca fueron realizados.

    Los acusados, quienes formaban parte de distintos concejos municipales, serán procesados por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, al haber aprobado proyectos inexistentes para apropiarse de los fondos.

    La FGR sostiene que con las pruebas presentadas se busca demostrar la responsabilidad de los imputados y recuperar el dinero sustraído, en beneficio del Estado y la ciudadanía afectada por la ausencia de dichas obras.

    El proceso judicial continúa y será en la etapa de juicio donde se determinará si los exfuncionarios deberán responder penalmente por el daño causado al erario público.

     

  • Envían a juicio a mujer acusada de asesinar a su madre a golpes en Soyapango

    Envían a juicio a mujer acusada de asesinar a su madre a golpes en Soyapango

    El Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango resolvió, en audiencia preliminar, enviar a juicio a una mujer identificada como Raquel Cabezas Valdés Rodríguez, acusada del asesinato de su madre adoptiva, ocurrido en 2024.

    De acuerdo con información divulgada por Centros Judiciales, la víctima fue identificada como Aida Valdés Montano, de 70 años de edad. Los hechos ocurrieron el 9 de mayo de 2024, en el interior de la vivienda de la víctima, ubicada en los condominios Montecristo, en Soyapango, donde residía junto a Valdés Rodríguez y Juan Carlos Ramírez Rodríguez, yerno de la víctima.

    Según las investigaciones preliminares, en el crimen también habría participado Ramírez Rodríguez, por lo que ambos fueron procesados por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la mujer de la tercera edad.

    El expediente de acusación detalla que el hecho ocurrió luego de que la víctima y los imputados consumieran bebidas alcohólicas, situación que derivó en una discusión. Durante el altercado, la mujer de la tercera edad habría sido golpeada y pateada por ambos acusados.

    Posteriormente, los señalados habrían salido de la vivienda para continuar ingiriendo alcohol. Al regresar, la hija adoptiva alertó a las autoridades, asegurando que encontró a su madre desangrada en una de las habitaciones del inmueble.

    En ese sentido, la jueza instructora admitió durante la audiencia las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía General de la República, las cuales serán discutidas en una vista pública ante un Tribunal de Sentencia de San Salvador.

    Asimismo, la juzgadora ratificó la detención provisional en contra de ambos procesados hasta que el caso sea elevado a juicio y se resuelva la situación jurídica de los acusados.

    Valdés Rodríguez y Ramírez Rodríguez fueron arrestados el 9 de mayo de 2024, por la Policía Nacional Civil (PNC) por el asesinato de la adulta mayor, según informó la corporación policial en ese momento. Junto a los dos imputados se detuvo a otras dos personas identificadas como Germán Rodolfo García López y Pedro Geovanny Arias Palacios, amigos de los procesados, señalados de participar en el crimen.

    Sin embargo, Centros Judiciales no detalló si en el dictamen de acusación se presentaron cargos en contra de los otros dos detenidos la noche del delito.

  • Ordenan que hombre siga en detención luego de ser capturado con cinco porciones de marihuana

    Ordenan que hombre siga en detención luego de ser capturado con cinco porciones de marihuana

    El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional en contra de Gilberto Hermógenes Piche Herrera luego de ser capturado con cinco porciones de marihuana por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

    La cuenta oficial de Centros Judiciales de El Salvador en X indicó que el hombre, de 29 años, fue acusado por el delito de tráfico ilícito de drogas.

    El imputado fue detenido el 5 de enero por agentes de la PNC, mientras los agentes realizaban un patrullaje preventivo entre la novena avenida Norte y la quinta calle Oriente, en San Salvador.

    En la revisión, los policías notaron una actitud nerviosa en Piche Herrera y, al intervenirlo, notaron una bolsa de plástico que contenía cinco porciones de material vegetal.

    La PNC dijo que también se le incautó dinero en efectivo, una balanza y un vehículo.

    “La prueba de campo determinó que el material vegetal era positivo a marihuana, con un peso total de 129.8 gramos, del cual se podía obtener un beneficio económico de $458.54”, indicó Centros Judiciales en su comunicado.

    Piche Herrera debe aguardar su paso a instrucción antes de que se decida si irá a juicio.

  • El fenómeno mediático Luigi Mangione recauda $1.4 millones y llena tribunales en Nueva York

    El fenómeno mediático Luigi Mangione recauda $1.4 millones y llena tribunales en Nueva York

    El primer aniversario del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, coincide este 4 de diciembre con un fenómeno inesperado alrededor del presunto homicida, Luigi Mangione, quien enfrenta cargos que podrían llevarlo a la pena de muerte. A sus 27 años, el acusado ha generado un fervoroso fandom que ha recaudado $1.4 millones para su defensa y que llena las audiencias judiciales en Manhattan.

    El club de seguidoras surgió tras la difusión de las primeras fotografías del joven, a quien muchas defienden tanto por su supuesta causa contra la industria aseguradora como por su apariencia física. Desde entonces, las redes sociales se han llenado de memes, imágenes sin camiseta, y todo tipo de merchandising, desde velas donde Mangione aparece como santo, hasta camisetas con el mensaje “Free Luigi” o alusiones al personaje de Super Mario Bros. que comparte su nombre.

    El apoyo también se ha manifestado por correo: Mangione ha recibido más de 6,000 cartas en prisión, enviadas desde distintas partes del país. La campaña de recaudación, impulsada por admiradoras, registra una donación promedio de $15, un monto que ha sorprendido incluso a expertos en justicia penal por la magnitud del respaldo.

    Las muestras de apoyo se han trasladado esta semana a los tribunales. Decenas de jóvenes han esperado horas bajo temperaturas bajo cero para acceder a la sala donde se desarrolla la audiencia estatal. Muchas asistieron con vestidos verdes, imitando el color característico del personaje Luigi, y otras portaban camisetas con mensajes como: “Sin orden judicial, no es un registro. Es una violación. Luigi Mangione tiene derecho a un juicio justo”.

    El fenómeno no está exento de rechazo. También se han presentado manifestantes en contra del acusado, entre ellos el artista Scott Lo Baido, quien en abril llevó su escultura “Deep Fried Luigi” a las escalinatas del tribunal para demandar que Mangione reciba la pena capital.

    Mientras tanto, el proceso judicial continúa. Mangione se declaró inocente del homicidio y busca evitar que se acepten como evidencia el arma, el cargador y los escritos hallados en una mochila que presuntamente escondió en Central Park. Su defensa también pide anular declaraciones hechas entre el 9 y el 19 de diciembre, antes de su extradición a Nueva York.

    La audiencia coincide con un caso judicial complejo y un fenómeno cultural que coloca a Mangione en un lugar inesperado: no solo en la mira de la justicia, sino también en el centro de un movimiento fan que, lejos de disminuir, sigue creciendo.

  • Presidente del Nápoles irá a juicio por fraude contable en fichaje del delantero Víctor Osimhen

    Presidente del Nápoles irá a juicio por fraude contable en fichaje del delantero Víctor Osimhen

    Un tribunal de Roma ordenó este jueves que el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, sea juzgado por falsedad contable en relación con el fichaje del delantero nigeriano Victor Osimhen y otras transferencias realizadas en los últimos años. La decisión fue tomada por la jueza Rosamaria De Lellis, quien acogió la petición formal de la Fiscalía presentada en febrero pasado.

    La investigación se centra en posibles fraudes financieros cometidos durante los ejercicios económicos de 2019, 2020 y 2021, especialmente en operaciones como la compra del griego Kostas Manolas y el traspaso de Osimhen en 2020, procedente del Lille de Francia.

    De Laurentiis no será el único en sentarse en el banquillo de los acusados. También irán a juicio su colaborador Andrea Chiavelli y el propio club Nápoles como entidad jurídica. Los tres están imputados por irregularidades contables detectadas durante la revisión de los libros financieros del equipo.

    La Guardia di Finanza, cuerpo encargado de delitos fiscales, allanó las oficinas del club en junio de 2023 por orden de la Fiscalía de Nápoles. Durante el operativo, los agentes incautaron documentación vinculada al fichaje de Osimhen, operación que según los investigadores podría haber incluido valoraciones infladas y maniobras contables para maquillar balances.

    Victor Osimhen, considerado uno de los delanteros más valiosos del club, fue presentado en 2020 como uno de los fichajes estrella del Nápoles. No obstante, su llegada ha quedado envuelta en sospechas que ahora escalarán a juicio.

  • Herederos de O.J. Simpson pagarán $58 millones al padre de Ron Goldman

    Herederos de O.J. Simpson pagarán $58 millones al padre de Ron Goldman

    El administrador de la herencia de O.J. Simpson acordó pagar cerca de $58 millones al padre de Ron Goldman, joven asesinado junto a Nicole Brown Simpson en 1994, según informó este martes el diario Los Angeles Times.

    El albacea Malcolm LaVergne presentó el documento ante el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Nevada, confirmando que la herencia de Simpson acepta la reclamación por esa cantidad, incluyendo los intereses acumulados durante más de dos décadas.

    Aunque O.J. Simpson fue absuelto de los cargos penales por los homicidios de Goldman y su exesposa, Nicole Brown, en 1995, un jurado civil lo declaró responsable en 1997 de homicidio culposo, ordenándole pagar $33 millones a las familias de las víctimas. Sin embargo, hasta ahora, Fred Goldman, padre de Ron, solo había recibido una pequeña parte de esa indemnización.

    Simpson, fallecido en abril de 2024, alegó durante años que no tenía recursos suficientes para cubrir la deuda, ya que su fortuna se redujo drásticamente tras los procesos judiciales. Se sabe que vivía de pensiones de la NFL, que legalmente estaban protegidas de embargos.

    Documentos judiciales valoraron su patrimonio en $328,000 en marzo, además de otros $268,486 obtenidos en una subasta. A pesar del acuerdo, aún no está claro cómo se financiará el pago completo de los $58 millones, ya que el valor real de la herencia es significativamente menor a la suma establecida.

    Según medios locales como CBS, una audiencia de sucesiones está prevista para enero, donde podrían definirse los mecanismos de pago y la disponibilidad real de activos.

     

  • Se reactiva juicio contra exmilitares acusados por ser parte de Escuadrones de la Muerte

    Se reactiva juicio contra exmilitares acusados por ser parte de Escuadrones de la Muerte

    El Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel ordenó el lunes que cuatro exmilitares acusados de pertenecer a los Escuadrones de la Muerte enfrenten juicio por su presunta participación en crímenes cometidos durante el conflicto armado salvadoreño.

    La Fiscalía General de la República les imputa los delitos de asesinato, privación de libertad, asociaciones ilícitas y violaciones a las leyes o costumbres de guerra.

    Los acusados han sido identificados como José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez, actualmente detenidos; y José Inés Benavides Martínez y Luis Alonso Benavides Polio, quienes enfrentan el proceso en libertad, bajo medidas sustitutivas.

    Las víctimas fueron identificadas como Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña.

    El proceso fue retomado luego de que el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel anulara parcialmente la audiencia preliminar celebrada el 30 de mayo de 2025. Como resultado, el caso regresó al Juzgado Primero de Instrucción, donde se celebró una audiencia especial que concluyó con la decisión de enviar a los exmilitares a juicio.

    El comienzo de este juicio -que en principio estaba programado para mayo de 2023- ha sido suspendido en cuatro ocasiones.

    Según la Fiscalía, Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón, residían en el cantón San Andrés de San Miguel, en 1981, y en la noche fueron sacadas de su vivienda violentamente por sujetos con uniformes y vehículos militares.

    Una de las víctimas era el presidente de una cooperativa local, la esposa era una maestra y ambos eran catequistas del cantón San Andrés. Las otras dos víctimas eran estudiantes, jornaleros y otro miembro de la cooperativa “pero ninguno tenía relación con las actividades subversivas de aquel entonces, ni mucho menos con el conflicto armado”, indicó la Fiscalía en su momento.

    Supuestamente un «oreja» dio información sobre ellos al S2, una estructura paramilitar que ha sido relacionada con los escuadrones de la muerte. Las cinco personas fueron secuestradas y torturadas, antes de su asesinato, el 7 de abril de 1981.

    Fueron encontradas en el municipio El Carmen, a un costado de la carretera a San Alejo, La Unión y algunas estaban mutiladas. Sus cuerpos tenían lesiones de bala y de tortura, según la investigación.

     

  • Hombre es condenado a 14 años de cárcel por agresión sexual a menor en Chalatenango

    Hombre es condenado a 14 años de cárcel por agresión sexual a menor en Chalatenango

    El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 14 años de cárcel a un hombre identificado como Salvador Vivas Maldonado, tras ser declarado culpable del delito de agresión sexual en contra de una niña de 10 años de edad, ocurrido en el año 2024.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las investigaciones comprobaron que Maldonado agredió a la menor en el mes de diciembre de 2024, cuando estaba al cuidado de ella. El imputado había amenazado a la niña para que guardara silencio.

    «Cuando llegó su familiar a casa, observó a la menor asustada y al indagar, ella confesó lo que le había hecho el sujeto», indicó la FGR.

    Durante el juicio, la representación fiscal presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que fueron clave para determinar la participación del imputado en los hechos de agresión sexual en menor e incapaz agravada.

    La condena de cárcel fue impuesta en ausencia del imputado en cumplimiento a las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar y condenar a prófugos de la justicia.

    Por otra parte, el referido tribunal de sentencia condenó a 13 años de cárcel a Lennin Ernesto Menéndez Osorio por el delito de abuso sexual de una adolescente, en el departamento de Chalatenango, durante septiembre de 2023.

    Las investigaciones de la FGR detallaron que, Osorio contactó a la joven por medio de la red social Facebook y manipuló a la menor para verse, «luego la llevó a un motel del sector y utilizando la fuerza la violó».

    Las pruebas comprobaron la culpabilidad del imputado, por lo que fue condenado en ausencia por el delito de violación agravada.

    A estos, se sumó un hombre identificado como José Silvio Quijada Landaverde, quien fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango a 14 años de prisión por abusar sexualmente de una mujer con discapacidad intelectual en Chalatenango.

    Según consta en las investigaciones, Landaverde abusó sexualmente de la mujer de 27 años y en el 2018 la embarazó. Los abusos se cometieron en el cantón San José El Carao, La Reina, jurisdicción del municipio de Chalatenango Centro.

    La fiscalía señaló que fue notificada de los abusos mediante aviso hospitalario y el imputado fue capturado durante el régimen de excepción.

    La condena fue impuesta tras valorar la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio por el delito de violación en menor o incapaz.

  • Instalan juicio contra exmotorista del MOPT y otros cinco sujetos por tráfico ilícito de drogas

    Instalan juicio contra exmotorista del MOPT y otros cinco sujetos por tráfico ilícito de drogas

    El Tribunal Primero de Sentencia de San Tecla instaló el martes un juicio contra seis sujetos, uno de ellos exmotorista del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), por los delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a los seis sujetos se les decomisó 319 kilogramos de cocaína valorados en $8,019,660.00. Los acusados fueron detenidos el 7 de abril de 2023 durante varios decomisos.

    Los primeros 100 kilos fueron incautados en el bulevar Orden de Malta, en Sana Elena; otros 74 kilos en la colonia Quezaltepeque, en Santa Tecla. Además, el grupo ha sido vinculados con 145 kilos abandonados en una embarcación encontrada en la playa Las Hojas, en La Paz.

    Los detenidos son:

    • José Carlos Beltrán Torres.
    • Luis Roberto Ayala Serrano, ex motorista del (MOPT).
    • Mercedes Eugenia Flores Soriana.
    • Henry Antonio Umaña Lovos.
    • Josué Rigoberto Flores Girón.
    • Marvin Antonio Vásquez Alvarado.

    Según los fiscales, en este casos cuentan «con abundante prueba: documental, pericial y testimonial» para pedir que se amplíe la condena en su contra. El exmotorista del MOPT también es acusado de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.

    Los acusados se han mantenido en detención provisional durante el proceso. El proceso de imposición de medidas fue llevado por el Juzgado Especializado de Instrucción «B».