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  • Tribunal reprograma hasta noviembre entrega de sentencia escrita de caso Santa Marta

    Tribunal reprograma hasta noviembre entrega de sentencia escrita de caso Santa Marta

    El Tribunal de Sentencia de San Vicente reprogramó hasta el próximo mes de noviembre la entrega de la sentencia escrita, en la que ocho personas de la comunidad Santa Marta, en Victoria, departamento de Cabañas, procesadas por el asesinato de una mujer en agosto de 1989, fueran absueltos de las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

    La entrega de la sentencia escrita estaba prevista para el 8 de octubre de 2025, luego que el pasado 24 de septiembre se realizará la lectura del fallo, donde los procesados fueron exonerados del delito de asesinato y asociaciones ilícitas. Sin embargo, el referido tribunal cambió la fecha de entrega de la resolución para el próximo mes, debido a que aún se encuentran en proceso de redacción, confirmó el abogado de la defensa, Pedro Cruz a Diario El Mundo.

    En la lectura de la resolución, los jueces del tribunal ordenaron levantar las órdenes de captura, luego que durante el desarrollo del juicio la Fiscalía no pudo quebrar la hipótesis de acusación en contra de los procesados, debido a que no comprobó la vinculación de los acusados con los hechos señalados.

    Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda, Alejandro Laínez García, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Arturo Serrano Ascencio fueron acusados por el asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional, una las organizaciones que conformaba el FMLN.

    La Fiscalía sostenía que los acusados, exguerrilleros del FMLN, sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron. El caso inició el 11 de enero de 2023, cuando los seis fueron detenidos en el cantón Santa Marta y Guacotecti, en Cabañas.

    Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.

    Sin embargo, los jueces determinaron que las declaraciones del testigo clave «Soriano» no probaron que los acusados participaron en el delito de asesinato, debido a que se contradice con un documento de certificación de defunción emitida por el Juzgado de Familia de Sensuntepeque, que establecía que María Alvarenga murió el 22 de agosto de 1989, en el cantón Santa Marta, razón por la que dicho documento no concuerda lo expuesto por «Soriano», quien aseguró que la víctima fue sacada de su vivienda y 15 días después fue asesinada por un disparo.

    A raíz de estas contradicciones, el tribunal consideró que no se podía establecer la participación directa de los acusados en los hechos, por lo que decidió absolver a los procesados del caso.

    Los acusados del caso Santa Marta fueron absueltos por segunda vez, luego que la Cámara Penal de Cojutepeque ordenara repetir el juicio, donde en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declarara libre de delitos por el mismo caso.

  • Aplazan juicio contra Ana Ligia de Saca hasta enero 2026 por trámites de procedimiento abreviado

    Aplazan juicio contra Ana Ligia de Saca hasta enero 2026 por trámites de procedimiento abreviado

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador reprogramó otra vez el juicio en contra de la exprimera dama de la República, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, acusada del delito de lavado de dinero y activos por más de $17.6 millones.

    La vista pública estaba prevista dar inicio el lunes 29 de septiembre, sin embargo, fue pospuesta hasta enero de 2026, debido a la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

    De acuerdo con el documento al cual Diario El Mundo tuvo acceso, la nueva suspensión se debe a que aún están pendientes trámites de un procedimiento abreviado “ligado al tema de la responsabilidad civil”, con respecto a los imputados Ana Ligia Mixco Sol de Saca, Óscar Edgardo Mixco Sol, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán y Milton Romeo Avilés Cruz.

    “Los hechos, objeto del juicio, son complejísimos, tomando en cuenta los elevados montos de dinero que refiere la parte fiscal en su acusación tanto respecto al delito base como los relativo al supuesto lavado de dinero que es el delito acusado, que lo relativo al resarcimiento civil, como la disponibilidad de bienes tienen sus complicaciones, resulta comprensible que hasta este momento no se hayan concluido, por lo que es razonable acceder a lo solicitado y programar el juicio”.
    Tribunal Sexto de Sentencia.

    La vista pública estaba agendada primeramente para el 11 de agosto de 2025 y posteriormente se notificó el cambio para el día 18 del mismo mes. Sin embargo, dicha fecha se modificó nuevamente y se pospuso para el 29 de septiembre y ahora, el tribunal resolvió que el caso se conozca hasta el próximo año.

    En ese sentido, la nueva fecha para que se desarrolle el juicio quedó del 12 al 16 de enero de 2026, según lo estipula el tribunal en la resolución escrita.

    A los dos imputados de apellido Mixco Sol junto a Lemus Zelaya y Funes Durán se les imputa el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico, y en el caso de Avilés Cruz se le atribuye el delito de casos especiales del delito de encubrimiento en perjuicio de la administración de justicia.

    Al proceso también se suma los imputados José Antonio Lemus Zelaya y José Antonio Lemus Zaldívar, a quienes también se les atribuye el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.

    La Fiscalía acusó a Ana Ligia de Saca de haber utilizado $17 millones de Casa Presidencial para pago de beneficios directos y hasta sus tarjetas de crédito, durante la gestión del expresidente Antonio Saca.

    Por este caso, Mixco Sol de Saca fue condenada a 10 años de cárcel en junio de 2021, en un fallo dado por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. Sin embargo, la sentencia fue anulada en octubre del año 2022 por la Cámara Primera de lo Penal y ordenó repetir el juicio.

    En octubre de 2023, la defensa de la exprimera dama solicitó un procedimiento abreviado, donde la exprimera dama aceptaría los cargos imputados a cambio de una reducción de pena, sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

  • Declaran culpable a hombre que intentó asesinar a Trump en Florida

    Declaran culpable a hombre que intentó asesinar a Trump en Florida

    Un jurado estadounidense declaró culpable a Ryan Routh, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras jugaba golf en su campo privado de West Palm Beach, Florida en septiembre de 2024.

    Routh, de 59 años y residente en Hawái, enfrentó cargos por intento de asesinato, agresión a un agente federal y tres delitos adicionales relacionados con armas de fuego. Tras conocer el veredicto, el acusado intentó apuñalarse el cuello con un bolígrafo en plena sala del tribunal. Ahora podría ser condenado a cadena perpetua.

    Durante el juicio, Routh no contó con defensa legal y se declaró inocente. El jurado deliberó durante cerca de tres horas antes de emitir su decisión, según informó NBC News.

    “El veredicto de culpabilidad contra Ryan Routh, el presunto asesino de Trump, ilustra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar a quienes participan en la violencia política”, declaró la fiscal general Pam Bondi. Añadió que el ataque no solo fue contra el presidente, sino “una afrenta a toda la nación”.

    El propio presidente Trump reaccionó al fallo a través de Truth Social, calificando el veredicto como “un momento crucial para la Justicia en Estados Unidos”.

    “Era un hombre malvado con malas intenciones”, escribió, y felicitó al Departamento de Justicia por la “meticulosa” conducción del proceso judicial.

    El caso fue llevado por la jueza de distrito Aileen Cannon, nombrada por el presidente Trump. Según los reportes, un agente del Servicio Secreto detectó la amenaza mientras realizaba una inspección perimetral y observó el rostro de Routh y el cañón de un rifle apuntando hacia el mandatario desde la maleza. El agente abrió fuego antes de dar la alerta.

    Routh huyó del lugar en su vehículo, pero fue capturado 45 minutos después, gracias a testigos que lo identificaron. En su automóvil se encontraron un rifle cargado con once balas, una cámara digital y placas antibalas capaces de resistir disparos de alto calibre.

    El atentado frustrado ocurrió poco después de otro intento de asesinato contra el presidente Trump durante un mitin político en Butler, Pensilvania, donde resultó herido en una oreja. En esa ocasión, el atacante fue abatido por las fuerzas de seguridad.

     

  • Reprograman fallo del juicio contra exalcalde Muyshondt por caso de negociaciones con pandillas

    Reprograman fallo del juicio contra exalcalde Muyshondt por caso de negociaciones con pandillas

    El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador reprogramó para el próximo 30 de septiembre a las 11:00 de la mañana, la lectura del fallo del juicio en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y cuatro personas más acusadas de negociar votos electorales de los comicios de 2014 y 2015, a cambio de beneficios para las pandillas.

    La lectura del fallo estaba prevista para este viernes 19 de septiembre, sin embargo, la diligencia fue suspendida debido a la agenda saturada del referido Tribunal que conoce el caso, confirmó uno de los abogados de la defensa a Diario El Mundo.

    El exalcalde Muyshondt es acusado junto al exministro de Justicia y Seguridad Benito Lara, el exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como al periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado de negociar votos electorales de los comicios de 2014 y 2015, a cambio de beneficios para las pandillas. Por estos presuntos hechos se le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    Las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que los imputados pertenecían a los partidos políticos del FMLN y Arena, cuando presuntamente sostuvieron al menos 17 reuniones con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, para las elecciones presidenciales y de alcaldes en 2014 y 2015.

    En dichas reuniones se habría acordado, según la Fiscalía, que los pandilleros y sus familiares votaran a su favor y así asegurar su victoria en los comicios. Además de coaccionar a la población de diferentes comunidades para votar por un partido definido.

    De acuerdo con la representación fiscal, las negociaciones se realizaron cuando Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén eran candidatos a la presidencia de la República.

    Durante la fase del juicio, Muyshondt admitió haber sostenido reuniones con miembros de estructuras criminales en nombre del partido Arena, pero rechazó haber concretado algún pacto o entrega de dinero a favor de los grupos delincuenciales. Según argumentó, el objetivo de las reuniones era para facilitar que la población salvadoreña fuera a votar en las elecciones presidenciales de 2014 y legislativas y municipales en 2015 sin ser acosados por las pandillas.

    De igual forma, el Ministerio Público alegó sobre la presunta participación de los acusados en dichas reuniones con estructuras criminales, y solicitó ante el Tribunal Primero de Sentencia una pena entre 18 y 24 años de cárcel para todos los acusados.

    Específicamente, para el exdil Muyshondt la Fiscalía pidió una condena de 24 años, 12 por el delito de agrupaciones con pandillas y 12 por fraude procesal. Misma pena se solicitó para el periodista Paolo Lüers y para Wilson Alvarado por los mismos delitos. Mientras que para el exministro de Seguridad Benito Lara y el exministro de Gobernación Aristides Valencia, la Fiscalía pidió 18 años de prisión, 10 por fraude procesal y 8 por agrupaciones ilícitas, por cada uno.

    El exministro Lara se encuentra en detención provisional en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez, luego que fuera revocada las medidas sustitutivas a su favor.

  • Bolsonaro sale de la prisión domiciliaria tras condena para un procedimiento ambulatorio

    Bolsonaro sale de la prisión domiciliaria tras condena para un procedimiento ambulatorio

    El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abandonó temporalmente este domingo la residencia donde cumple una orden de prisión domiciliaria para realizarse un procedimiento médico ambulatorio, en la que fue su primera salida tras ser condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo.

    Tres días después de que fuera dictada la condena y bajo un fuerte esquema de seguridad, el líder ultraderechista salió de su residencia donde permanece recluido desde el 4 de agosto por temores de fuga y por incumplir medidas cautelares impuestas por el Supremo.

    El ex jefe de Estado partió escoltado por una caravana de carros y motos de la Policía Federal y llegó a un hospital privado en Brasilia hacia donde era esperado por un grupo de seguidores.

    El magistrado Alexandre de Moraes, juez instructor del caso de Bolsonaro, otorgó la semana pasada el permiso de salida para el exmandatario quien tendrá que permanecer bajo custodia policial permanente durante la salida, por riesgo de fuga, y presentar un parte médico máximo 48 horas después de realizado el procedimiento.

    De acuerdo con la solicitud enviada por los abogados del líder ultraderechista a la Corte, Bolsonaro tendrá que ingresar a un hospital particular en Brasilia para retirar dos lesiones cutáneas.

    Los médicos le extraerán un «nevo melanocítico en el torso» que es una especie de lunar, benigno, y piel de una «neoplasia de comportamiento incierto o desconocido», un crecimiento anormal en el tejido cutáneo que requiere de biopsia.

    El procedimiento es considerado sencillo y de carácter ambulatorio.

    Esta fue la segunda salida médica del expresidente (2019-2022) desde que está en prisión domiciliaria. El 16 de agosto abandonó su residencia para realizarse una batería de exámenes tras ser diagnosticado con «síntomas de reflujo e hipo» crónicos, secuelas de una puñalada que recibió en 2018, cuando era candidato.

    El jueves pasado, por cuatro votos a uno, la Sala Primera del Supremo Tribunal de Brasil condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de cárcel por «liderar» un complot golpista para «perpetuarse en el poder», tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

    Es la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado.

    En el juicio la Corte Suprema también declaró la culpabilidad de otros siete reos, entre ellos exministros y antiguos jefes militares.

  • Reprograman veredicto del segundo juicio del caso Santa Marta para el 24 de septiembre

    Reprograman veredicto del segundo juicio del caso Santa Marta para el 24 de septiembre

    La resolución del segundo juicio contra los cinco exguerrilleros del FMLN, acusados del asesinato de María Inés Alvarenga en 1989, durante el conflicto armado salvadoreño, en el caso conocido como Santa Marta, prevista originalmente para hoy, fue reprogramada para el 24 de septiembre, informaron fuentes de la defensa.

    La resolución habría sido pospuesta debido a que uno de los abogados defensores tiene prevista una audiencia de otro caso que coincidía con la del proceso de Santa Marta.

    Los procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco y Saúl Rivas, quienes ya habían sido absueltos en 2024 junto a otros tres excomandantes por delitos de asesinato y agrupaciones ilícitas. En este nuevo proceso también fueron señalados en ausencia Fidel Recinos, Eduardo Sancho (alias Fermán Cienfuegos, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992) y Arturo Serrano Ascencio.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados, vinculados a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), habrían ordenado y ejecutado el secuestro de Alvarenga en su vivienda del cantón Santa Marta, en Cabañas, para trasladarla a un campamento donde fue torturada y asesinada. Según la acusación, todos tenían algún grado de mando en la estructura insurgente.

    María Inés Alvarenga, asesinada en 1989.

    La defensa de los acusados y organizaciones sociales sostienen que ellos son cinco líderes comunitarios ambientalistas de la remota comunidad de Santa Marta, en  Cabañas, perseguidos injustamente por su oposición a la minería metálica.

    Los señalados fueron capturados el 11 de enero de 2023, pero pasaron a arresto domiciliario en agosto de ese año. En octubre de 2024 enfrentaron un primer juicio que concluyó con un sobreseimiento definitivo, decisión que fue revertida en noviembre por una corte de apelaciones, que ordenó repetir la vista pública.

    El nuevo proceso se realizó entre el 29 y el 31 de julio de 2025, aunque los acusados no se presentaron y fueron declarados rebeldes, por lo que fueron juzgados en ausencia. El Tribunal de Sentencia de San Vicente ordenó su captura, aunque la medida no se ha ejecutado.

    En un comunicado, los líderes comunitarios aseguraron que no asistieron porque “no existen garantías de un juicio justo” y denunciaron que el caso es “una maniobra política para silenciar sus voces”.

     

  • Costa Rica ofrece refugio a salvadoreño Kilmar Ábrego tras juicio en EE.UU.

    Costa Rica ofrece refugio a salvadoreño Kilmar Ábrego tras juicio en EE.UU.

    El Gobierno de Costa Rica manifestó su disposición de recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego García, acusado en Estados Unidos por presunto tráfico de personas, una vez concluya cualquier condena penal en ese país, según informó la cadena ABC News este viernes.

    La decisión fue comunicada en una carta enviada por el ministro costarricense de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, a la Embajada de Estados Unidos en San José. 

    En el documento, Costa Rica se compromete a otorgarle residencia o estatus de refugiado y a no trasladarlo a un tercer país, incluyendo El Salvador.

    “El Gobierno de Costa Rica (…) desea expresar su disposición a aceptar la transferencia desde Estados Unidos del señor Kilmar Armando Ábrego García al concluir cualquier condena penal que pueda cumplir”, indicó Zamora en la carta citada.

    El ministro también aseguró que, en línea con los convenios internacionales de protección de refugiados, Costa Rica no someterá a Ábrego a tortura ni persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por opinión política.

    La medida abre la puerta a que el salvadoreño, de 30 años, pueda permanecer en territorio costarricense bajo protección humanitaria al término de su proceso judicial en Estados Unidos.

    Juicio en EE.UU. y liberación en Tennessee

    Ábrego fue liberado el viernes de una cárcel en Tennessee y viajó a Maryland, donde reside su familia. Actualmente enfrenta un proceso en Estados Unidos por presunto tráfico de personas, cuyo juicio está programado para el 27 de enero de 2027.

    La libertad condicional de Ábrego García marca un nuevo capítulo en la saga que comenzó en marzo pasado cuando el Gobierno del presidente Donald Trump lo deportó a pesar de que un juez de inmigración le había permitido quedarse en el país, mientras revisaba su caso.

    El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) presentó cargos de tráfico humano contra Ábrego García, luego de que una orden judicial obligara a su regreso al país. Por su parte, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) había amenazado con detenerlo nuevamente para deportarlo si se le concedía la libertad condicional mientras enfrenta su proceso penal.

    En el caso penal por tráfico de indocumentados, los abogados de Ábrego García solicitaron a principios de esta semana a un tribunal de Tennessee que desestimara la acusación, alegando que su defendido está siendo objeto de persecución por parte del Departamento de Justicia.

    Los abogados han incorporado una denuncia presentada por el exfiscal del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, quien afirma haber sido despedido tras negarse a presentar un escrito engañoso en el caso.

    “Este caso es el resultado del esfuerzo concertado del gobierno para castigarlo por tener la audacia de defenderse, en lugar de aceptar una brutal injusticia”, escribió su equipo en la moción citada por la televisora WUSA9.

    La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho sobre el salvadoreño: “Tiene un historial de toda una vida de tráfico de personas y de aprovecharse de menores, solicitándoles pornografía, fotos de ellos desnudos, abusando de su esposa, abusando de otros inmigrantes ilegales, extranjeros que estaban en este país, mujeres que estaban bajo su cuidado mientras él las traficaba”. 

    «Es un ser humano horrible y un monstruo, y nunca debería ser liberado», añadió la secretaria.

    Otros funcionarios de la Administración también han tachado al inmigrante salvadoreño de “criminal peligroso”.
    Los abogados de Abrego García en el caso penal afirmaron que esos comentarios tenían el potencial de “manchar el jurado” y poner en peligro a Abrego García y a su familia.

     

  • Abogado de empresario periodístico defiende libertad de expresión en juicio en Hong Kong

    Abogado de empresario periodístico defiende libertad de expresión en juicio en Hong Kong

    Robert Pang, abogado del empresario y opositor hongkonés Jimmy Lai, defendió este miércoles la libertad de expresión durante los alegatos finales de su juicio por presunta conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso.

    Ante el tribunal de West Kowloon, Pang afirmó que “no se puede obligar a nadie a pensar de una forma u otra” y subrayó que tampoco es un error llamar a un gobierno a cambiar sus políticas, ya sea desde dentro o fuera del territorio. Su declaración se enmarca en un proceso judicial que ha sido duramente cuestionado por organizaciones internacionales de derechos humanos.

    El fiscal Anthony Chau citó como prueba un editorial del desaparecido periódico Apple Daily, fundado por Lai, en el que se pedían sanciones contra Pekín y las autoridades de Hong Kong. Chau aseguró que este tipo de publicaciones exceden la crítica política y constituyen conductas “sediciosas”.

    No obstante, la jueza del Tribunal Superior, Esther Toh, mostró reservas sobre la acusación y cuestionó: “¿Se puede escribir un artículo crítico sobre el problema del agua, pero hay que aventurarse a ofrecer soluciones?”.

    Durante el juicio, Lai reconoció que en julio de 2019 se reunió con el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para solicitar apoyo a Hong Kong en el contexto de las protestas prodemocráticas. Sin embargo, recalcó que “nunca” pidió represalias directas contra China ni contra las autoridades locales.

    Los fiscales aseguran que el empresario mantuvo un “enfoque calculado y estratégico” para promover sanciones internacionales, lo que justificaría su acusación bajo la ley de seguridad nacional que Pekín impuso en 2020.

    Un símbolo de las protestas prodemocráticas de 2019

    Jimmy Lai, considerado uno de los principales opositores a la creciente influencia de China sobre la autonomía de Hong Kong, fue uno de los organizadores de las multitudinarias protestas de 2019. Permanece bajo custodia desde diciembre de 2020 y cumple otra condena por un caso de fraude que denuncia como persecución política.

    El proceso judicial contra Lai es visto como un caso emblemático de la represión en Hong Kong y ha encendido las alarmas sobre el futuro de la libertad de prensa y la disidencia política en el territorio.

  • Corte Suprema de Brasil afirma que hay "indicios graves" contra Bolsonaro y garantiza un "juicio justo"

    Corte Suprema de Brasil afirma que hay «indicios graves» contra Bolsonaro y garantiza un «juicio justo»

    La Corte Suprema de Brasil reafirmó el miércoles que el expresidente Jair Bolsonaro enfrentará un juicio justo, luego de confirmar la existencia de «indicios graves» en su contra por su presunta participación en un intento de golpe de Estado. La declaración llega en respuesta a las recientes sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidoscontra el magistrado Alexandre de Moraes, quien lidera el proceso judicial.

    “El Supremo Tribunal Federal no se apartará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes del país, que garantizan a todos los implicados el debido proceso legal y un juicio justo”, señaló el alto tribunal en un comunicado oficial.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó la Ley Magnitsky al magistrado De Moraes, acusándolo de liderar una campaña de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Entre los supuestos afectados se encuentra el propio Bolsonaro, uno de los líderes de derecha más influyentes de América Latina.

    Sin embargo, el Supremo brasileño respondió que los delitos imputados —como la conspiración para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva— deben ser juzgados exclusivamente por las autoridades nacionales. El tribunal recordó que la Fiscalía brasileña ha acusado a Bolsonaro y a 33 personas más, basándose en audios, documentos y testimonios, donde incluso se menciona un plan para asesinar autoridades públicas.

    Las medidas adoptadas por De Moraes contra Bolsonaro, como la imposición de una tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales, han sido confirmadas por decisión colegiada del Supremo Tribunal Federal. La Corte recalcó que estas acciones se ajustan al marco legal brasileño y no constituyen persecución política.

    EE. UU. congela bienes del magistrado, pero sin impacto aparente

    Las sanciones impuestas por EE. UU. bloquean cualquier activo que De Moraes pudiera tener en territorio estadounidense y prohíben transacciones con ciudadanos norteamericanos. Aun así, medios brasileños reportaron que el magistrado no posee cuentas ni propiedades en Estados Unidos. La semana pasada, también se le revocó la visa a él y a sus familiares cercanos.

    Este nuevo roce diplomático entre Brasil y Estados Unidos ocurre mientras se intensifica la presión internacional sobre el proceso judicial contra Bolsonaro. El caso se ha convertido en uno de los más relevantes del continente, al implicar temas como democracia, Estado de derecho y relaciones bilaterales. Observadores regionales, incluidos sectores en Panamá, El Salvador y Costa Rica, siguen con atención su desarrollo, dada la influencia política y económica que Brasil ejerce en América Latina.

     

     

     

  • Condena a Álvaro Uribe agita política colombiana a meses de elecciones

    Condena a Álvaro Uribe agita política colombiana a meses de elecciones

    La condena en primera instancia al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, remeció el escenario político colombiano justo en vísperas de un año electoral clave, en el que se renovará el Congreso y se elegirá al nuevo presidente del país.

    La sentencia, leída por la jueza Sandra Heredia, convierte a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, y podría representar un golpe significativo para su partido, el Centro Democrático, aunque también podría reavivar su base de apoyo más fiel. Figuras como la senadora Paloma Valencia aseguraron que esta es “una batalla que ganaremos en 2026 con la ayuda de los colombianos y de Dios”.

    Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y las presidenciales el 31 de mayo. En caso de ser necesaria, la segunda vuelta se desarrollará el 21 de junio.

    Según el analista político Yann Basset, el impacto electoral de la condena será limitado. A pesar de su relevancia histórica y simbólica, Uribe ya no ocupa el centro del debate público como lo hacía en décadas anteriores, y la derecha colombiana ha diversificado sus liderazgos más allá del Centro Democrático.

    Uribe enfrenta una posible sentencia de entre cuatro y ocho años de prisión, probablemente en modalidad de detención domiciliaria, aunque la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, ha solicitado que la pena sea mayor: nueve años. La defensa apelará el fallo el próximo 11 de agosto y el Tribunal Superior de Bogotá tiene hasta el 16 de octubre para pronunciarse en segunda instancia.

    Por otro lado, la condena ha puesto en el foco al senador de izquierda Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso y señalado como posible aspirante presidencial por sectores que celebran la decisión judicial. Cepeda, sin embargo, afirmó que una eventual candidatura suya sería independiente del fallo: “El juicio fue una decisión en derecho y debe analizarse como tal”, indicó en entrevista.

    El proceso judicial contra Uribe se remonta a 2012, cuando él mismo denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, el caso se volvió en su contra, en un efecto búmeran que terminó por involucrarlo en delitos relacionados con el intento de manipulación de testigos y el uso indebido del sistema judicial.