El salvadoreño Kilmar Ábrego García fue liberado este viernes de una cárcel en Tennessee, en espera a que se desarrolle un juicio por cargos federales de tráfico de personas y un proceso de deportación, después que el Gobierno del presidente Donald Trump se viera obligado a regresarlo a EE.UU, informaron sus abogados.
Ábrego García, quien pasó casi tres meses en una prisión en El Salvador tras ser enviado allí «por error» y fue traído de regreso a EE.UU., se encontraba detenido en Nashville, Tennessee, donde el Gobierno lo llevó para que enfrentara un proceso por presuntamente transportar a personas indocumentadas dentro de EE.UU.
“Hoy, Kilmar Ábrego García es un hombre libre”, declaró en un comunicado Sean Hecker, abogado defensor del inmigrante.
El salvadoreño se encuentra camino a Maryland para reunirse con su familia, tras ser arrestado, deportado y posteriormente encarcelado, “ilegalmente”, remarcó el jurista.
Nuevo capítulo del caso
La libertad condicional de Ábrego García marca un nuevo capítulo en la saga que comenzó en marzo pasado cuando el Gobierno del presidente Donald Trump lo deportó a pesar de que un juez de inmigración le había permitido quedarse en el país, mientras revisaba su caso.
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) presentó cargos de tráfico humano contra Ábrego García, luego de que una orden judicial obligara a su regreso al país. Por su parte, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) había amenazado con detenerlo nuevamente para deportarlo si se le concedía la libertad condicional mientras enfrenta su proceso penal.
“Todo (esto) debido al ataque vengativo del gobierno contra un hombre que tuvo el coraje de luchar contra los continuos ataques de la administración al Estado de derecho”, valoró Hecker, que agradeció a los tribunales estadounidenses que le hayan brindado el debido proceso a su cliente.
Ábrego García deberá enfrentar en libertad dos procesos en dos corte federales.
En el caso penal por tráfico de indocumentados, los abogados de Ábrego García solicitaron a principios de esta semana a un tribunal de Tennessee que desestimara la acusación, alegando que su defendido está siendo objeto de persecución por parte del Departamento de Justicia.
Los abogados han incorporado una denuncia presentada por el exfiscal del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, quien afirma haber sido despedido tras negarse a presentar un escrito engañoso en el caso.
“Este caso es el resultado del esfuerzo concertado del gobierno para castigarlo por tener la audacia de defenderse, en lugar de aceptar una brutal injusticia”, escribió su equipo en la moción citada por la televisora WUSA9.
El tono del proceso judicial penal ha subido tanto de tono que el juez Waverly Crenshaw, encargado del caso, ordenó el mes pasado al Gobierno Trump moderar los comentarios públicos contra el migrante salvadoreño para garantizar un juicio justo.
Los abogados de Ábrego, quien ha vivido por más de una década en Maryland (EE.UU.) junto a su esposa e hijos, se quejaron ante el juez por los comentarios «incendiarios» que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho sobre el salvadoreño.
«Tiene un historial de toda una vida de tráfico de personas y de aprovecharse de menores, solicitándoles pornografía, fotos de ellos desnudos, abusando de su esposa, abusando de otros inmigrantes ilegales, extranjeros que estaban en este país, mujeres que estaban bajo su cuidado mientras él las traficaba», dijo Noem en una conferencia de prensa en Nashville a mediados de julio.
«Es un ser humano horrible y un monstruo, y nunca debería ser liberado», añadió la secretaria.
Otros funcionarios de la Administración también han tachado al inmigrante salvadoreño de “criminal peligroso”.
Los abogados de Abrego García en el caso penal afirmaron que esos comentarios tenían el potencial de “manchar el jurado” y poner en peligro a Abrego García y a su familia.
Lucha contra la deportación
El equipo de abogados que representa al salvadoreño en un tribunal de Maryland también ha combatido los intentos del Gobierno de Trump de deportarlo, a pesar de que contaba con un permiso de trabajo válido hasta 2029 y un proceso migratorio abierto ante una corte de inmigración.
El Ejecutivo emprendió una campaña mediática para vincularlo con la pandilla MS-13, a pesar de que no había sido acusado -hasta entonces- de delitos en Estados Unidos.
El caso de Ábrego consiguió notoriedad entre los opositores al Gobierno de Trump y grupos en defensa de los derechos humanos, tras ser enviado a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador junto a cientos de venezolanos.
Su expediente se convirtió en un ejemplo de los «abusos» por parte de la Administración republicana a migrantes en medio de su plan de deportaciones masivas, según han denunciado organizaciones defensoras de los derechos humanos.
