La Sala Primera de la Corte Suprema de Brasil reunió mayoría este lunes para refrendar la orden de detención preventiva dictada el sábado contra el expresidente Jair Bolsonaro y mantenerlo preso en la sede de la Policía Federal en Brasilia.
Los tres primeros magistrados en votar, de entre los cuatro miembros de la Sala Primera, respaldaron la orden de detención preventiva dictada el sábado por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso por el que el líder de la ultraderecha fue condenado por golpismo.
El juicio, que se realiza de forma virtua cuando termina el plazo para que la magistrada que falta por votar, Cármen Lúcia Antunes, divulgue su decisión.
El primero en votar fue el propio Moraes, que el sábado convirtió la prisión domiciliar en prisión preventiva y ordenó el traslado del expresidente a una celda en la sede de la Policía Federal.
Enseguida se pronunciaron, también con voto favorable, los magistrados Flávio Dino y Cristiano Zanin, ambos postulados al Supremo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quien el primero era ministro de Justicia y el segundo abogado personal.
En su voto de este lunes, Moraes destacó que, en el interrogatorio al que fue sometido el domingo, Bolsonaro nuevamente confesó que «inutilizó la tobillera electrónica», usada para controlar sus movimientos, con lo que cometió «una falta grave» e incumplió claramente una medida cautelar «y le faltó al respeto a la Justicia».
Para el juez instructor, esa violación, con la intención de obstruir la fiscalización de la detención domiciliar, confirma un «riesgo inminente de fuga».
Igualmente, alegó que la convocatoria de sus seguidores a una vigilia en las proximidades de la residencia de Bolsonaro, que en su interpretación, podía ser utilizada para generar confusión, también constituye una demostración del riesgo de fuga.
El ex jefe de Estado (2019-2022), condenado a 27 años de prisión por golpismo, confesó el mismo sábado haber quemado con un soldador la tobillera electrónica impuesta por el Supremo para controlar sus movimientos.
En una audiencia con un juez el domingo, sin embargo, negó que su intención fuera fugarse y achacó su comportamiento a un episodio de «paranoia» y «alucinaciones» producido por la mezcla de medicamentos.
El exgobernante, de 70 años, arrastra problemas de salud, como crisis de ansiedad, episodios de hipo y vómitos, trastornos que atribuye a la grave puñalada que sufrió en la campaña electoral de 2018 y que le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.
