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  • Gobierno boliviano acusa a Evo Morales de ser el jefe de un cártel del narcotráfico

    Gobierno boliviano acusa a Evo Morales de ser el jefe de un cártel del narcotráfico

    El Gobierno de Bolivia acusó este miércoles al expresidente Evo Morales de dirigir una organización vinculada al narcotráfico que operaría desde el Trópico de Cochabamba, en el centro del país, y de utilizar recursos provenientes de esa región para financiar las protestas contra el presidente Rodrigo Paz, registradas entre mayo y junio de 2026.

    El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró durante una entrevista con la radio Erbol que Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, controla la producción de drogas procedente del Trópico de Cochabamba, una de las principales regiones productoras de hoja de coca y bastión político del exmandatario.

    «¿Quién mandó a hacer los bloqueos?, ¿quién mandaba el dinero desde el Trópico? En el Trópico no se mueve ni una mosca si no lo ordena Evo Morales», afirmó Oviedo, al responsabilizar al exgobernante de la organización y el financiamiento de las movilizaciones.

    El funcionario sostuvo que durante los operativos policiales realizados en medio de los bloqueos de carreteras, las autoridades identificaron movimientos de más de ocho millones de bolivianos procedentes de esa región. Según Oviedo, esos recursos habrían sido utilizados para sostener las protestas que exigían la salida del mandatario boliviano.

    «Los bloqueos criminales y salvajes que se dieron durante 53 días venían financiados de ese sector», declaró el ministro, quien también señaló a organizaciones campesinas, entre ellas la federación Tupac Katari de La Paz, de contribuir económicamente a las manifestaciones.

    Entre mayo y junio, organizaciones campesinas, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines a Morales protagonizaron manifestaciones y bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Rodrigo Paz, a quien responsabilizaban de no resolver la crisis económica del país. Los enfrentamientos y las restricciones de circulación durante el conflicto dejaron 16 personas fallecidas, la mayoría por falta de atención médica debido al cierre de las rutas.

    Durante las movilizaciones, Morales advirtió que el presidente tenía «dos caminos»: «militarizar» el país o convocar a elecciones en noventa días «para evitar conflictos con muertos y heridos». Posteriormente, la Fiscalía abrió una investigación penal contra el exmandatario por los delitos de alzamiento armado y terrorismo, al atribuirle la conducción de las protestas. En ese proceso se emitió una orden de captura en su contra.

    Morales enfrenta otra orden de detención

    El expresidente también tiene una orden de detención relacionada con una investigación por trata agravada de personas, en la que se le acusa de haber mantenido presuntamente una relación con una menor de edad durante su mandato y de haber tenido un hijo con ella en 2016.

    Debido a ese proceso, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, mientras sus seguidores mantienen una vigilia para impedir su captura. Las nuevas acusaciones del Gobierno se suman a los procesos judiciales que enfrenta el exmandatario.

     

     

  • Bolivia acusa a fiscal general de liderar organización criminal de protección a los narcos

    Bolivia acusa a fiscal general de liderar organización criminal de protección a los narcos

    El Gobierno de Bolivia acusó este jueves al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, de supuestamente encabezar una “organización criminal” dentro del Ministerio Público destinada a proteger al “narcoterrorismo” en el país, luego de que fuera detenido la víspera en la región oriental de Santa Cruz.

    El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró en una rueda de prensa en La Paz que durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves “se ha desmontado una organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración” del Ministerio Público y que estaba supuestamente “encabezada por Roger Mariaca”.

    Oviedo, acompañado por los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de la Presidencia, Fernando Aramayo, además de altos jefes policiales, afirmó que esta “organización criminal” estaba “destinada a incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.

    Las autoridades reportaron la detención de 14 personas en diferentes operaciones, entre ellas cuatro funcionarios de nivel jerárquico de la Fiscalía General y de las fiscalías de Santa Cruz y La Paz.

    El Gobierno acusa a Mariaca de los supuestos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

    Oviedo sostuvo que el fiscal general fue detenido “porque el delito que ha cometido esta narcoestructura en la Fiscalía ha sido continuo y permanente” y afirmó que “era una organización criminal que protegía, participaba y se enriquecía por el tráfico de sustancias controladas”.

    El ministro mencionó como parte de sus señalamientos el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en marzo pasado en Bolivia y enviado a Estados Unidos, donde permanece detenido. Según Oviedo, Marset había sido detenido por primera vez en 2023, cuando Mariaca ejercía como fiscal departamental de Santa Cruz, pero fue liberado rápidamente.

    “Ese es el tipo y el modelo del narcoterrorismo que se apoderó del Ministerio Público en Bolivia”, agregó.

    Entre los otros detenidos figuran el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; un fiscal superior; un mayor de la Policía; cuatro personas interceptadas en el condominio donde residía Mariaca con “ingentes cantidades de dinero”, y seis funcionarios de la Fiscalía señalados de intentar retirar documentación de la vivienda del fiscal general.

    Oviedo negó que el exministro de Gobierno y excandidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo, hubiera sido detenido, aunque confirmó que “se lo está buscando”. Según medios locales, los fiscales arrestados en Santa Cruz fueron trasladados a La Paz y permanecen en instalaciones de la fuerza antidrogas en la ciudad vecina de El Alto.

    Las detenciones se produjeron después de que el Gobierno de Estados Unidos informara el lunes que decidió revocar las visas de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de “corruptos” y de “socavar gobiernos elegidos democráticamente”.

    Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense, en la que aparecen Mariaca y Zeballos.

    Mariaca rechazó las acusaciones en su contra y vinculó la decisión estadounidense con las “implicaciones” que tuvieron dentro y fuera de Bolivia algunas investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público. Entre ellas figuran procesos penales contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros señalamientos, de presunta tentativa de feminicidio contra su expareja.