El Gobierno de Bolivia acusó este miércoles al expresidente Evo Morales de dirigir una organización vinculada al narcotráfico que operaría desde el Trópico de Cochabamba, en el centro del país, y de utilizar recursos provenientes de esa región para financiar las protestas contra el presidente Rodrigo Paz, registradas entre mayo y junio de 2026.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró durante una entrevista con la radio Erbol que Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, controla la producción de drogas procedente del Trópico de Cochabamba, una de las principales regiones productoras de hoja de coca y bastión político del exmandatario.
«¿Quién mandó a hacer los bloqueos?, ¿quién mandaba el dinero desde el Trópico? En el Trópico no se mueve ni una mosca si no lo ordena Evo Morales», afirmó Oviedo, al responsabilizar al exgobernante de la organización y el financiamiento de las movilizaciones.
El funcionario sostuvo que durante los operativos policiales realizados en medio de los bloqueos de carreteras, las autoridades identificaron movimientos de más de ocho millones de bolivianos procedentes de esa región. Según Oviedo, esos recursos habrían sido utilizados para sostener las protestas que exigían la salida del mandatario boliviano.
«Los bloqueos criminales y salvajes que se dieron durante 53 días venían financiados de ese sector», declaró el ministro, quien también señaló a organizaciones campesinas, entre ellas la federación Tupac Katari de La Paz, de contribuir económicamente a las manifestaciones.
Entre mayo y junio, organizaciones campesinas, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines a Morales protagonizaron manifestaciones y bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Rodrigo Paz, a quien responsabilizaban de no resolver la crisis económica del país. Los enfrentamientos y las restricciones de circulación durante el conflicto dejaron 16 personas fallecidas, la mayoría por falta de atención médica debido al cierre de las rutas.
Durante las movilizaciones, Morales advirtió que el presidente tenía «dos caminos»: «militarizar» el país o convocar a elecciones en noventa días «para evitar conflictos con muertos y heridos». Posteriormente, la Fiscalía abrió una investigación penal contra el exmandatario por los delitos de alzamiento armado y terrorismo, al atribuirle la conducción de las protestas. En ese proceso se emitió una orden de captura en su contra.
Morales enfrenta otra orden de detención
El expresidente también tiene una orden de detención relacionada con una investigación por trata agravada de personas, en la que se le acusa de haber mantenido presuntamente una relación con una menor de edad durante su mandato y de haber tenido un hijo con ella en 2016.
Debido a ese proceso, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, mientras sus seguidores mantienen una vigilia para impedir su captura. Las nuevas acusaciones del Gobierno se suman a los procesos judiciales que enfrenta el exmandatario.
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