El joven hondureño por el que fue detenido el predicador Santiago “Chago” Zúñiga junto a una mujer en la frontera de El Amatillo, negó que se tratara de un intento de tráfico ilegal de personas y aseguró que el incidente fue producto de una confusión migratoria.
Zúñiga fue interceptado en el Puente Goascorán, en la frontera entre Honduras y El Salvador, el pasado jueves, cuando supuestamente intentaba ingresar al país a un menor de edad sin pasar por los controles migratorios establecidos. Junto a él fue arrestada Lidia Sarahay Maldonado Matute, de 38 años, también de nacionalidad hondureña.
El joven, identificado como “El Chino”, declaró en un video difundido en TikTok que el viaje tenía como fin grabar contenido publicitario en San Salvador junto a los creadores Santiago Zúñiga y Giovanni Márquez.
“El plan era grabar un contenido audiovisual como parte de un anuncio, no participar en un juego de TikTok”, afirmó.
Explicó que, al no contar con pasaporte ni autorización legal para cruzar la frontera y aún figurar como menor de edad en los registros hondureños, se le impidió el paso. Según relató, al recibir la negativa de migración, “la motorista me dijo: metete al baúl Chino, y yo confiado dije: está bien”.
Durante el control fronterizo, agentes de Migración salvadoreños ordenaron abrir el baúl del vehículo donde estaba oculto. El joven fue encontrado debajo de unas sábanas y junto a maletas. “Nunca habían hecho eso de llevar a una persona en el baúl. A mí me llevan por primera vez”, comentó.
El joven insistió en que Zúñiga no actuó como “coyote” ni tenía intención de llevarlo a Estados Unidos. “Solo íbamos a El Salvador”, reiteró. También aseguró que las imágenes viralizadas en redes sociales no reflejan fielmente lo ocurrido.
Santiago Zúñiga no portaba documentación legal ni permisos firmados por familiares del joven, lo que habría agravado la situación frente a las autoridades migratorias salvadoreñas.
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó este jueves que su futuro gobierno prepara reformas a la legislación penitenciaria con el objetivo de “recuperar el control en las cárceles”, y puso como uno de sus referentes el modelo impulsado en El Salvador, país que visitó recientemente.
Tras reunirse en Roma con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, Kast explicó que ha conocido diversas estrategias penitenciarias en sus viajes a El Salvador, Hungría e Italia, enfocadas en el combate al crimen organizado desde el sistema carcelario.
«Una condición que es distinta a la que pudimos apreciar en El Salvador pero que apunta en el mismo sentido, que es aislar a los líderes de las organizaciones criminales que no puedan tener ningún contacto tanto con sus organizaciones como con sus familias», declaró Kast, al referirse también al régimen italiano del 41 Bis, que impone aislamiento total a líderes mafiosos.
El presidente electo, quien asumirá el cargo el 11 de marzo, valoró el enfoque implementado por el gobierno salvadoreño para restringir la comunicación de líderes criminales detenidos, una de las principales características del Régimen de Excepción que ha sido clave en la política de seguridad pública en El Salvador.
Aunque evitó comprometerse con una aplicación exacta del modelo salvadoreño, Kast afirmó que su equipo analiza cambios a los decretos penitenciarios chilenos para mejorar la seguridad interna en los centros penales.
“Necesitamos recuperar el control de las cárceles, evitar las amenazas de las mafias y del crimen organizado a nuestros gendarmes, y también ir cortando y vigilando las rutas del dinero”, dijo el líder chileno, quien representa a la derecha política y ha promovido una política de seguridad más estricta.
Cooperación internacional contra el crimen
Kast hizo un llamado a la cooperación regional e internacional para enfrentar al crimen organizado de manera coordinada, advirtiendo que si no existe una estrategia compartida, las organizaciones criminales simplemente se desplazan entre países.
«Si se combate en Chile es preciso que los otros países, tanto de nuestro continente como de otros, avancen en la misma línea», dijo. «Porque si no, el crimen organizado se retira de un país, se fortalece en otro y cuando ve la oportunidad vuelve con más fuerza. Ellos no respetan fronteras, ni leyes ni banderas», subrayó.
En cuanto a la inmigración, otro de los ejes de su campaña electoral, Kast adelantó que en su gobierno entrar al país de forma irregular dejará de ser una falta administrativa y pasará a ser un delito penal, reforzando así su postura de línea dura en materia migratoria.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que el país no permitirá injerencias de gobiernos extranjeros ni aceptará convertirse en “protectorado” de ninguna nación, en respuesta a las recientes tensiones con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.
Durante la ceremonia del 109 aniversario de la Constitución de 1917, celebrada en el estado de Querétaro, Sheinbaum defendió el principio de soberanía consagrado en el artículo 40 de la Carta Magna, el cual leyó de manera íntegra frente a representantes de los tres poderes del Estado.
“El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo, desintegración, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”, manifestó.
En su discurso, la mandataria enfatizó que “México no entregará nunca sus recursos naturales”, y subrayó que “la soberanía nacional no se negocia, se defiende”, ante crecientes presiones por parte de Washington en temas de migración, seguridad y comercio.
Las fricciones con Estados Unidos se han intensificado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente estadounidense impuso aranceles del 25 % a autopartes mexicanas en 2025 y ha presionado por una mayor intervención militar contra los carteles de droga, incluso insinuando posibles incursiones en territorio mexicano si no se intensifica la lucha contra el crimen organizado.
Sheinbaum remarcó que el país tiene una historia marcada por la resistencia y la dignidad: “La historia de México no es la historia de la obediencia, es la historia de un pueblo que ha luchado siempre por la soberanía, por la libertad, por la democracia, por la justicia social y por su dignidad”.
La jefa del Ejecutivo federal también defendió las reformas emprendidas durante su gestión, al afirmar que “México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, y reivindicó el legado de la Constitución de 1917 como fundamento de un proyecto nacional “social, soberano y democrático”.
El Gobierno colombiano acordó con Estados Unidos que seguirá haciendo vuelos para traer a ciudadanos deportados de ese país, dijo este viernes la canciller Rosa Villavicencio, al explicar la política integral de retorno de la Administración del presidente Gustavo Petro.
«Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas, que cuentan ya con una resolución de expulsión por esta vía, y por ahora mantendremos unos veinte vuelos, uno semanal, para ir trayendo a estas personas», manifestó la ministra.
El anuncio se produce horas después de que Bogotá y Washington retomaran este mecanismo de cooperación que permitió el regreso de varios colombianos la noche del jueves, cuatro días antes de la reunión que el presidente Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostendrán la próxima semana en la Casa Blanca.
Villavicencio explicó que este esquema se desarrolla en coordinación con Estados Unidos, un año después de la crisis entre ambos Gobiernos, luego de que el presidente colombiano se negara, el 26 de enero de 2025, a recibir un vuelo con deportados al considerar que no estaban recibiendo un trato digno.
Trump respondió de inmediato con la imposición de aranceles del 25 % a los productos colombianos mientras que el Departamento de Estado suspendió por unos días la atención al público en Bogotá para la expedición de visados, pero la crisis se contuvo con gestiones diplomáticas.
Como parte del arreglo Colombia asumió la repatriación de sus ciudadanos, para lo cual envió días después dos aviones a San Diego (California) y Houston (Texas), pero esa operación no continuó debido a varios factores, entre ellos el alto coste de cada vuelo.
Este viernes, Villavicencio reiteró que Colombia no acepta que sus ciudadanos regresen esposados, al tratarse de personas con «una situación migratoria irregular y no de delincuentes».
En esa línea, la jefa de la diplomacia colombiana reveló que durante 2025 se realizaron 54 vuelos operados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que trajeron al país a cerca de 115 colombianos cada semana, «en condiciones de dignidad».
Son retornados
La ministra explicó que, por la excepcionalidad contemplada en la Ley 2136 de política integral migratoria, los deportados «son considerados retornados», lo que les permite acceder a medidas de acompañamiento del Estado.
«Para estas personas ha habido unas políticas y unas medidas de apoyo a su inclusión social, sea porque han querido estudiar, sea porque han querido emprender, o sea porque han querido encontrar un puesto de trabajo», señaló.
La ministra agregó que este esquema se complementa con mecanismos existentes en Estados Unidos y recordó que ese país «tiene un programa de retorno voluntario al que pueden acogerse las personas que todavía no están en estos centros de internamiento, pero que no tienen posibilidad de contar con un permiso de trabajo».
Villavicencio explicó que la política de retorno y la atención a la movilidad humana estarán ahora articuladas en el nuevo Viceministerio de Migraciones y Protección Internacional para responder a una nueva realidad migratoria del país.
«Colombia ya no es un país solamente de salida, sino también de llegada y de retorno», afirmó la canciller, al destacar el incremento del retorno de ciudadanos, tanto por deportación como por decisión voluntaria.
El escritor Salman Rushdie afirmó este jueves que la época actual está marcada por “el movimiento y la migración”, y que muchas personas —como él— viven la experiencia de “perder un hogar y encontrar otro”, en referencia al fenómeno de las múltiples identidades y pertenencias.
Durante un encuentro telemático con medios de comunicación para presentar su nuevo libro, La penúltima hora (Random House), Rushdie defendió que “el sentido del hogar cambia” y que es posible tener raíces en más de un lugar.
“Estamos en la era del movimiento. Muchas personas no están donde comenzaron. Y eso da lugar a una identidad múltiple. Me gusta eso”, expresó el autor, quien ha vivido en India, Reino Unido y actualmente reside en Estados Unidos.
La obra marca su regreso a la ficción luego del atentado que sufrió en 2022 y que relató en su libro anterior Cuchillo. En esta nueva colección de relatos, Rushdie explora escenarios inspirados en los países donde ha vivido y rinde homenaje a sus inicios literarios con referencias a Hijos de la medianoche.
En el mismo espacio, el escritor expresó su preocupación por las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Todo el mundo está preocupado. Es un momento oscuro para la vida pública estadounidense. No solo por las políticas, sino por el clima social que estas generan”, advirtió.
Rushdie también criticó el auge de la censura en las bibliotecas y escuelas estadounidenses. “Es un crimen contra la Primera Enmienda. La censura ocurre de forma aleatoria. En algunas escuelas, basta con que un padre se queje para que retiren un libro sin mayor análisis”, denunció. Señaló que las obras más afectadas suelen ser clásicos de la literatura, como Cien años de soledad o Matar a un ruiseñor.
El escritor considera que la juventud debe tener acceso a estas obras para fomentar el pensamiento crítico. “Es terrible que se les impida leerlas. Deberían estar disponibles para todos”, sostuvo.
Rushdie calificó este tramo del siglo XXI como una época “oscura”, y lamentó la pérdida del optimismo que marcó las décadas de los sesenta y setenta.
“Es triste que la rueda esté girando en esa dirección. Pero nada es permanente. Si cambió a mal, también puede cambiar a bien”, afirmó con esperanza.
Uno de los relatos de La penúltima hora está dedicado al pintor español Francisco de Goya, a quien considera una figura inspiradora. Rushdie recordó su última visita al Museo del Prado, donde observó El jardín de las delicias, y señaló que las pinturas negras del artista aragonés “tienen resonancia contemporánea” por su vínculo con la oscuridad del mundo actual.
Nuevos videos que recogen la muerte de un hombre a manos de agentes federales de inmigración en la ciudad estadounidense de Mineápolis este sábado muestran que la víctima trató de proteger a dos personas de los envites de los funcionarios, que le atacaron entonces con gas y, tras forcejear con él, le dispararon.
En un primer video se ve a la víctima, Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, encarándose con agentes en plena calle durante un operativo mientras graba con su teléfono, aunque el hombre retrocede al ser empujado por uno de los oficiales.
En otro, se le ve -siempre grabando con el teléfono en la mano derecha- indicando a un conductor que proceda a circular, mientras otros dos ciudadanos se encaran con agentes de inmigración y tocan el silbato, algo que se ha vuelto común en la ciudad para alertar a los vecinos sobre las redadas contra migrantes a gran escala ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump.
En un momento dado, un agente empuja a uno de esos dos ciudadanos, que cae al suelo, y Pretti trata de interponerse para proteger a esta persona de los empellones.
En ese momento el agente gasea a Pretti y a los otros dos civiles y el enfermero trata de escudar a la persona caída en el suelo.
Es entonces cuando varios agentes rodean al Pretti y forcejean con él antes de dispararle en más de una ocasión cuando está en el suelo.
El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores y la propia secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró en rueda de prensa que la víctima «atacó a los agentes» con «la intención de causar daño» y que estaba «blandiendo» el arma.
Sin embargo, ninguno de los videos publicados hasta ahora en internet muestran a Pretti en ninguna de las distintas tomas con ningún arma.
En uno de los videos parece apreciarse que uno de los agentes de inmigración arrebata un arma muy similar a la que el Departamento de Seguridad Nacional dijo haber requisado a Pretti (una Sig Sauer semiautomática de 9 milímetros) segundos antes de que comiencen los disparos.
La secretaria de Seguridad Nacional dijo además que la víctima «cometió un acto de terrorismo doméstico».
Su nombre era Alex Jeffrey Pretti. Tenía 37 años. Era enfermero titulado. Estaba grabando a los agentes de ICE y defendiendo a una manifestante de su agresión.
«Este individuo que llegó con armas y municiones para detener una operación policial de agentes federales cometió un acto de terrorismo doméstico; esos son los hechos», apuntó.
Noem aseguró que el Gobierno Federal está investigando lo sucedido y que no colaborará con las autoridades del estado de Minesota (donde se encuentra Mineápolis) ni su gobernador, Tim Walz, del que dijo que no es de fiar.
Horas antes, Walz aseguró que no permitiría que los federales investiguen en exclusiva lo sucedido, al igual que sucedió con la muerte hace menos de tres semanas en Mineápolis de una mujer, Renee Good, por disparos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las redadas a gran escala en Mineápolis -que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad- fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un ‘youtuber’ conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.
CBS publicó otro video del momento en que le hicieron varios disparos al enfermero estadounidense y aseveró que la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, dijo que los agentes hicieron disparos defensivos ya que llevaba una pistola semiautomática de 9 mm., aunque el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, indicó tenía permiso para portar armas pero que en los videos no se muestra que portaba el arma.
Video shows another angle of the moment federal agents shot and killed 37-year-old Alex Jeffrey Pretti in south Minneapolis at about 9 a.m. local time on Saturday.
DHS spokesperson Tricia McLaughlin said in a statement that agents fired “defensive shots” after “an individual… pic.twitter.com/zh3gHapdQU
La detención de inmigrantes latinos sin antecedentes penales en Estados Unidos se multiplicó por seis desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, según un informe de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) publicado esta semana.
El estudio, basado en datos oficiales de Immigration and Customs Enforcement (ICE) entre febrero de 2025 y septiembre de 2025, muestra que un promedio mensual de 6,000 latinos sin historial criminal ingresaron a centros de detención en ese periodo, frente a cerca de 900 al mes en el mismo lapso de 2024, durante la administración de Joe Biden.
Este notable aumento en arrestos también ha cambiado la composición de las detenciones: ahora más de uno de cada tres migrantes detenidos no tiene antecedentes penales, mientras que en 2024 esa proporción era inferior a una de cada ocho.
El informe identifica a cinco nacionalidades que concentran tres cuartas partes de estas detenciones no criminales: México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador. Bajo la gestión de Trump, los arrestos de mexicanos sin antecedentes crecieron casi ocho veces, llegando a 13,300; los de venezolanos se multiplicaron por 14, alcanzando 5,600. También se reportaron 8,600 guatemaltecos detenidos (8 ×), 6,000 hondureños (casi 10 ×) y 2,800 ecuatorianos(más del doble) sin historial penal.
La investigación detalla además que casi siete de cada 10 de estos inmigrantes permanecieron detenidos 15 días o más y que alrededor del 60 % fue trasladado a centros fuera del estado donde vivían.
Según los autores del reporte, este cambio en la política migratoria ha coincidido con un incremento de objetivos de detención en el país, con la meta de la administración de Trump de mantener un promedio diario de 100,000 personas en centros de detención, casi el doble del récord establecido en gobiernos anteriores.
En cuanto a las deportaciones, el mismo estudio muestra que la administración Trump expulsó a casi nueve de cada 10 latinos detenidos sin antecedentes penales, dejando en libertad solo a una pequeña fracción.
Un año después de regresar a la Casa Blanca con el respaldo de casi la mitad del voto hispano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un alto nivel de desaprobación entre la comunidad latina, debido a su política migratoria y al manejo de la economía, según denunciaron este martes varias organizaciones civiles.
La presidenta de UnidosUS, Janet Murguía, citó una encuesta que muestra que el 64 % de los latinos desaprueba la gestión del mandatario. “Según la encuesta, los latinos sienten que están en riesgo los derechos civiles, libertades y su seguridad personal y la de sus seres queridos. Y, como la mayoría de ciudadanos estadounidenses, los hispanos culpan a la Administración Trump y congresistas republicanos por no enfocarse lo suficiente en la economía”, afirmó.
De acuerdo con el Pew Research Center, Trump obtuvo el 48 % del voto hispano en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, frente al 51 % que apoyó a la demócrata Kamala Harris. Sin embargo, ese respaldo ha ido en picada durante su primer año de gobierno.
Katharine Pichardo, presidenta del Latino Victory Fund, organización cercana al Partido Demócrata, acusó al presidente de “aterrorizar” a las comunidades latinas mientras ignora la crisis económica. “No es sorpresa que una mayoría de estadounidenses piense que el primer año de Trump es un fracaso, y que el apoyo de cada demografía, incluyendo latinos, se ha desplomado. Además, una mayoría de los estadounidenses no se está creyendo lo que Trump está vendiendo”, declaró.
Donald Trump cumple su primer año de gobierno. EFE
La asociación Voto Latino apuntó al endurecimiento de las políticas migratorias como una de las principales causas de rechazo al presidente. Según la organización, estas medidas incluyen el aumento del despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el uso de la Guardia Nacional y deportaciones que “violan el debido proceso”, como la del salvadoreño Kilmar Ábrego García.
“En vez de combatir la crisis de asequibilidad o hacer más seguras a las comunidades, la Administración ha perseguido una agresiva y desproporcionada agenda migratoria que depende del perfilamiento caótico y una autoridad desenfrenada”, indicó Voto Latino en un comunicado.
Datos del Instituto de Política Migratoria (MPI) indican que el presidente Trump implementó más de 500 medidas migratorias en su primer año de su segundo mandato, que resultaron en 622,000 deportaciones, una cifra superior a la de todo su primer período entre 2017 y 2021.
El retorno de Trump a la presidencia ha elevado el promedio diario de aprehensiones a 1,200 migrantes por parte de ICE, que ha arrestado cerca de 595,000 personas entre enero de 2025 y diciembre de ese mismo año, según el MPI.
El primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria en Estados Unidos. Con más de 622,000 deportaciones, niveles récord de detenciones y una ofensiva legal contra los programas humanitarios, el Gobierno ha sido señalado por organismos internacionales por el deterioro de las condiciones humanitarias y el uso intensivo de la acción ejecutiva para imponer restricciones.
Si bien la cifra de deportaciones está por debajo de las 778,000 registradas en el último año fiscal completo del gobierno de Joe Biden, expertos advierten que las consecuencias humanas y legales de las nuevas políticas migratorias podrían sentirse durante años.
Para aumentar las cifras de repatriaciones, la Administración expulsó a cientos de migrantes a al menos 14 países distintos al de su origen, entre ellos Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur, una estrategia que ha sido duramente cuestionada en tribunales.
Detenciones históricas y denuncias de abusos
Las detenciones alcanzaron un promedio de más de 73,000 personas bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. Según el American Immigration Council, “el Gobierno está encarcelando a cientos de miles de personas —la mayoría sin antecedentes penales— en un sistema de detención severo que hace casi imposible pelear sus casos o lograr la libertad”.
Organismos como Amnistía Internacional y la ACLU han denunciado condiciones inhumanas, hacinamiento y abusos físicos y psicológicos en los centros de detención. El año 2025 fue el más mortífero en al menos dos décadas, con más de 30 fallecidos bajo custodia del ICE.
Fotografía de archivo de agentes de inmigración en una redada. EFE
ICE duplicó su fuerza y cambió tácticas
El número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó de 10,000 a 22,000 efectivos, muchos desplegados en ciudades demócratas como Chicago y Mineápolis, donde han sido señalados por tácticas violentas y operativos sin identificación.
Desde que Trump regresó al poder, ICE ha realizado al menos 30 redadas con uso de armas de fuego, según el portal especializado The Trace. Además, agentes comenzaron a ocultar su rostro con pasamontañas y utilizar vehículos sin distintivos.
Organizaciones civiles también alertan sobre el arresto de más de 170 ciudadanos estadounidenses detenidos por error en redadas migratorias. ICE ha extendido las detenciones a cortes de inmigración y oficinas del USCIS, afectando incluso a personas que acudían a trámites de naturalización o eran cónyuges de ciudadanos.
Fin de programas humanitarios y amenaza al TPS
El Gobierno lanzó una ofensiva para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 11 países, incluyendo Venezuela, Haití y Honduras, así como para anular el programa de ‘parole’ humanitario implementado por la administración Biden.
Como resultado, más de un millón de personas que ingresaron legalmente al país han quedado en riesgo de deportación.
“Inconscientemente están premiando al que fue ilegal y nunca intentó legalizar su estatus; esa gente tiene más beneficios que la persona que trató de hacerlo de la manera correcta”, lamentó el abogado de inmigración Juan Molina, con sede en Houston.
La frontera sur estadounidense reporta menos encuentros de migrantes este año. / archivo.
Frontera más cerrada y caída en los cruces
La eliminación del derecho a solicitar asilo —tanto en puertos como tras cruces irregulares— provocó un desplome en los cruces fronterizos, con un promedio de apenas 9,700 ingresos mensuales, la cifra más baja en cinco décadas.
Las restricciones también alcanzaron la migración legal: se suspendieron visados en 75 países, se paralizó el programa de refugiados y se eliminó la lotería de visas de diversidad y mecanismos de reunificación familiar.
Molina también criticó el lenguaje utilizado por las autoridades: “Cuando entras a la página de USCIS o sus redes sociales, hay un énfasis en ‘defender la nación’, en la idea de invasión y de una cultura homogénea, como si esa fuera la realidad del país”.
El Migration Policy Institute (MPI) registró 38 órdenes ejecutivas firmadas por Trump relacionadas con migración hasta el 7 de enero de este año, lo que representa el 17 % del total emitido en su primer año. En total, el Gobierno ha ejecutado más de 500 acciones migratorias, la mayoría sin pasar por el Congreso.
“El Gobierno impulsó cambios radicales en la política migratoria, sin precedentes por su amplitud y alcance, que han vuelto a EE.UU. más hostil no solo con los indocumentados, sino con migrantes de todos los estatus legales”, concluyó el MPI.
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió este miércoles el procesamiento de visados para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Rusia e Irán.
«El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables. La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense», anunció en su cuenta de la red social X.
The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people.
De acuerdo con la candena Fox News, el listado de países a los que se le suspendió el procesamiento de visas es:
Afghanistan
Albania
Algeria
Antigua and Barbuda
Armenia
Azerbaijan
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belice
Bután
Bosnia
Brasil,
Burma,
Cambodia,
Camerún
Cabo Verde
Colombia
Costa de Marfil
Cuba
RepúblicaDemocrática del Congo
Dominica
Egipto
Eritrea
Etiopía
Fiji
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Guatemala,
Guinea
Haití
Irán
Iraq
Jamaica
Jordania
Kazajistán
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Líbano
Liberia
Libia
Macedonia
Moldavia
Mongolia
Montenegro,
Marruecos
Nepal
Nicaragua,
Nigeria
Pakistán
Congo,
Rusia
Ruanda
San Cristobal y Nieves,
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Senegal,
Sierra Leona
Somalia,
Sudán del Sur
Sudán
Siria
Tanzania
Tailandia
Togo,
Túnez
Uganda
Uruguay
Uzbekistan
Yemen.
Fox News Digital informó sobre la decisión este miércoles, señalando que la suspensión cerrará el acceso a nuevos viajeros procedentes de más de un tercio de los casi 200 países del mundo.
La decisión se produce tras amenazas del expresidente Donald Trump de endurecer aún más las restricciones migratorias, luego de que un ciudadano afgano atacara a balazos a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington a finales del año pasado. En ese contexto, el gobierno también puso fin a las protecciones contra la deportación de ciudadanos somalíes, como parte de una ofensiva migratoria más amplia en Minnesota, donde reside una numerosa comunidad de ese país, aseguró el medio estadounidense Bloomberg.
“El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar inelegibles a potenciales inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”, dijo el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado difundido el miércoles.
De acuerdo con Fox News, los funcionarios consulares recibieron instrucciones de rechazar nuevas solicitudes de visa hasta que se complete una revisión de los procesos de control y verificación. La medida entrará en vigor el próximo 21 de enero.
