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  • Familias mexicanas lideran detenciones migratorias en Estados Unidos

    Familias mexicanas lideran detenciones migratorias en Estados Unidos

    Las familias mexicanas concentraron el mayor número de detenciones de migrantes en Estados Unidos durante 2025, en el marco de las políticas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se registraron 39,034 familias mexicanas detenidas, superando a otras nacionalidades de la región.

    En segundo lugar se ubicaron las familias venezolanas con 27,953 detenciones, seguidas por Honduras con 13,209 y Guatemala con 9,643, lo que confirma el predominio de migrantes latinoamericanos en los registros.

    El informe también señala que los mexicanos se mantuvieron como el principal grupo nacional detenido por las autoridades fronterizas durante ese año, con una proporción significativamente superior al resto.

    Este comportamiento ocurre en un contexto de endurecimiento de las medidas migratorias, que han sido cuestionadas por organizaciones defensoras de derechos humanos.

    Human Rights Watch denunció que el Gobierno estadounidense impulsa una campaña de redadas y detenciones a nivel nacional orientada a promover deportaciones masivas.

    «Esta campaña comenzó, en su forma más agresiva, en Los Ángeles durante el pasado verano, sentando las bases para que tácticas similares se apliquen en otras ciudades de Estados Unidos y se basa en gran medida en detener a personas debido a su raza, etnia u origen nacional percibidos».

    La organización también advirtió que agentes migratorios realizan operativos que derivan en la separación de familias y generan un clima de temor en comunidades migrantes.

    «Estas redadas, dirigidas en gran medida contra comunidades latinas, han causado un daño devastador a la población de Los Ángeles y se han extendido a otras ciudades del país».

    El incremento de detenciones refleja el impacto de las políticas migratorias más estrictas y mantiene el debate sobre sus consecuencias sociales y humanitarias en Estados Unidos.

     

  • Jueza estadounidense bloquea nuevamente deportación de salvadoreño Kilmar Ábrego a Liberia

    Jueza estadounidense bloquea nuevamente deportación de salvadoreño Kilmar Ábrego a Liberia

    Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó este lunes de forma temporal la deportación del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García hacia un tercer país, frenando por ahora la intención del gobierno de trasladarlo a Liberia, en África Occidental.

    La orden fue emitida por la jueza de distrito Paula Xinis, quien decidió mantener vigentes dos resoluciones previas que impedían una segunda deportación del salvadoreño fuera del territorio estadounidense.

    La decisión se conoce días después de que el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, solicitó anular la medida judicial. El funcionario argumentó que el Gobierno planeaba acelerar el traslado de Abrego García hacia Liberia.

    Lyons informó además al tribunal que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió desestimar la petición del migrante de ser enviado a Costa Rica, al señalar que no lo elegido como destino durante una audiencia migratoria realizada en 2019.

    “Ni el estatuto ni las regulaciones permiten a un extranjero designar un país de expulsión más allá de la oportunidad inicial otorgada en el proceso de expulsión”, dijo Lyons.

    «Si, como en este caso, a un extranjero se le permitiera designar un país de expulsión años después de la conclusión del procedimiento de expulsión, un extranjero podría evitar ser expulsado designando incesantemente nuevos países de expulsión», añadió.

    El funcionario también señaló que existen negociaciones entre Estados Unidos y Liberia para concretar la expulsión, y advirtió que cancelarlas podría afectar la autoridad diplomática del país.

    El caso de Ábrego García se mantiene en el centro de una disputa legal desde marzo, cuando fue deportado a El Salvador pese a una orden judicial de 2019 que lo protegía, en lo que las autoridades del gobierno reconocieron como un “error administrativo”.

    Posteriormente, la jueza ordenó su retorno inmediato a Estados Unidos, lo que dio paso a un proceso judicial que se ha extendido por un año, con acciones en distintos tribunales y repercusión internacional.

    En una resolución emitida el mes pasado, Xinis también bloqueó un intento del DHS de detener nuevamente al salvadoreño y enviarlo a otros países como Uganda, Ghana, Esuatini o Liberia, al considerar que no existían garantías claras sobre su recepción ni sobre la posibilidad de que fuera reenviado a El Salvador, donde enfrenta riesgos por violencia de pandillas.

    Por su parte, los abogados del migrante criticaron el nuevo intento de deportación hacia Liberia y cuestionaron la postura del gobierno estadounidense.

    “Por un lado, el señor Ábrego García perdió su derecho a designar a Costa Rica como país de expulsión hace siete años, pero por otro lado, reclaman el derecho de designar a Liberia como país de expulsión siete años después”, dijo Sandoval-Moshenberg.

     

  • Expertos alertan de posible crisis migratoria a gran escala por la crisis en Oriente Medio

    Expertos alertan de posible crisis migratoria a gran escala por la crisis en Oriente Medio

    La evolución del conflicto en Oriente Medio ha vuelto a poner la cuestión migratoria en el centro de las preocupaciones de la Unión Europea (UE), ante el riesgo de que un deterioro prolongado de la situación en Irán provoque desplazamientos masivos de población.

    Irán cuenta con cerca de 92 millones de habitantes, una cifra aproximadamente cuatro veces mayor que la población de Siria al inicio de su guerra civil en 2011. Además, el país tiene un nivel de ingresos per cápita más elevado y una amplia diáspora en Europa y Estados Unidos, factores que podrían influir en posibles movimientos migratorios.

    Según Warner ten Kate, experto en migración del Instituto Clingendael en Países Bajos, si el conflicto se intensifica y la región se desestabiliza, el impacto migratorio en Europa podría superar la crisis de refugiados sirios registrada hace una década.

    No obstante, el analista explicó que, en una primera fase, es probable que los desplazamientos sean principalmente internos.

    “Mientras los ataques se mantengan en un nivel limitado, es probable que la población se desplace dentro del país, hacia otras provincias o con familiares, en lugar de salir de Irán”, señaló.

    La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) indicó en un balance preliminar que al menos 100,000 personas han abandonado sus hogares en Irán, principalmente en Teherán, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Además, decenas de miles han sido desplazadas en otros focos de tensión en la región.

    La crisis también afecta a países vecinos. Entre 58,000 y 65,000 personas han abandonado sus viviendas en el Líbano debido a la reanudación de enfrentamientos entre Israel y Hizbulá, mientras que en Pakistán miles de personas han dejado sus hogares en zonas afectadas por la violencia.

    Por el momento, la Comisión Europea aseguró que no ha detectado un aumento significativo de migrantes hacia el bloque comunitario vinculado a esta crisis, aunque mantiene un monitoreo constante de la situación.

    “Por desgracia, sabemos que es típico que cuando hay conflictos en ciertas regiones se generen flujos migratorios”, afirmó la portavoz jefe de la Comisión Europea, Paula Pinho.

    El portavoz comunitario Markus Lammert recordó que la respuesta de la UE ante posibles presiones migratorias se basa en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que incluye mecanismos reforzados de preparación y coordinación entre los países miembros.

    Los expertos advierten que, aunque varios países de la región han reforzado sus fronteras —como Turquía, que construyó un muro fronterizo—, un cierre generalizado podría provocar graves crisis humanitarias y debilitar el sistema internacional de protección de refugiados.

    En este contexto, analistas consideran que una de las medidas más efectivas sería reforzar la cooperación con los países vecinos de Irán para que puedan acoger a los desplazados con apoyo financiero internacional.

    La Agencia de Asilo de la Unión Europea advirtió que incluso una desestabilización parcial de Irán podría generar movimientos de refugiados de gran magnitud.

    Un desplazamiento equivalente al 10 % de la población iraní representaría uno de los mayores flujos de refugiados de las últimas décadas, aunque ese escenario todavía se considera altamente especulativo.

     

  • La migración redujo el número de tiendas detallistas en San Miguel, La Unión y Chalatenango

    La migración redujo el número de tiendas detallistas en San Miguel, La Unión y Chalatenango

    La migración y el establecimiento de grandes tiendas redujeron en los últimos años la cantidad de tiendas detallistas en los departamentos de San Miguel, La Unión y Chalatenango, reveló un estudio de Distribución Dinámica (DD).

    La investigación encontró que las tiendas detallistas crecieron a nivel nacional, impulsadas sobre todo por las mejoras en las condiciones de seguridad tras la implementación del régimen de excepción desde 2022, ya que los pequeños negocios en las colonias eran uno de los principales blancos de las pandillas para el cobro de extorsión.

    En un comparativo de datos entre 2018 y 2024, Distribución Dinámica identificó que el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) mostró un crecimiento de 64 %, al pasar de 9,486 a 15,513 establecimientos.

    En esta zona hubo distritos que antes eran asediados por pandillas y que mostraron expansiones diferenciadas. En Apopa aumentaron 227 %, en San Martín 118 % y en Nejapa 102 %. El informe también destaca resultados notorios en colonias como Popotlán y Valle Verde, en Apopa, donde las tiendas detallistas incrementaron 316 %.

    En contraste, en Antiguo Cuscatlán el crecimiento fue de 6 %, un distrito con alto desarrollo industrial y exclusivas zonas residenciales.

    Migración

    En la zona paracentral se registró un crecimiento de 25.7 %, al pasar de 15,465 a 19,434 establecimientos. Dentro de esta región, La Libertad mostró el mayor incremento, de 58.9 %, mientras que Chalatenango registró una reducción de 14.8 %.

    En el oriente del país, por el contrario, hubo una disminución de 10.1 %, y en 2024 sumaron 9,655 establecimientos. El estudio señala que San Miguel y La Unión reportaron reducciones de 15 % y 29.5 %, respectivamente, mientras que en Morazán el crecimiento fue de 0.1 % y en Usulután de 11.4 %.

    Roberto Santiváñez, director de Distribución Dinámica (DD), explicó que detrás de la reducción en las tiendas minoristas en Chalatenango, La Unión y San Miguel está la migración, así como el establecimiento de mayoristas que “vieron la oportunidad”.

    A partir de información proporcionada por vecinos de las tiendas, el estudio identificó casos en los que el propietario cerró su negocio y migró.

    Según el estudio, entre 2018 y 2024 hubo una reducción de 10.5 % en el distrito de San Miguel; en Usulután fue de 4.6 % y en Santa Rosa de Lima de 9.1 %.

    Por el contrario, en el resto del país se registró un aumento de las tiendas detallistas, impulsado por la reducción de los índices de delincuencia y extorsión, así como por el incremento en el flujo de las zonas turísticas.

  • Juez estadounidense bloquea deportaciones a terceros países

    Juez estadounidense bloquea deportaciones a terceros países

    Un juez federal dictaminó el miércoles que es ilegal la política del Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que autoriza a las autoridades migratorias deportar a extranjeros a terceros países sin informarles previamente ni brindarles la oportunidad de objetar la decisión. El fallo representa un nuevo revés judicial para la Administración en materia migratoria.

    El juez Brian Murphy, del Distrito federal en Massachusetts, resolvió en contra de la normativa emitida el año pasado, la cual establecía que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no estaba obligado a notificar a los migrantes si serían enviados a países distintos al señalado en su orden de deportación, siempre que las naciones receptoras ofrecieran garantías de que no serían perseguidos ni torturados.

    Murphy ordenó anular la medida, aunque concedió un plazo de 15 días antes de que el fallo entre en vigor, para dar oportunidad a que la Administración Trump presente una apelación.

    En su resolución, el juez concluyó que la política vulnera la ley federal de inmigración y el derecho al debido proceso de los migrantes. Además, cuestionó la falta de transparencia sobre las supuestas garantías ofrecidas por los países receptores y afirmó: “nadie sabe realmente nada sobre estas supuestas ‘garantías’”. También enfatizó: “No está bien, ni es legal”.

    El fallo se produce luego de varios litigios relacionados con deportaciones hacia terceros países. El año pasado, el Ejecutivo deportó a más de 200 salvadoreños a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, invocando una antigua ley de guerra. Asimismo, la Casa Blanca sostuvo conversaciones con Costa Rica, Panamá y Ruanda para recibir migrantes que no son ciudadanos de esas naciones.

    En mayo pasado, el mismo juez determinó que el Gobierno violó una orden judicial al intentar expulsar a un grupo de inmigrantes con antecedentes penales hacia Sudán del Sur sin previo aviso ni posibilidad de presentar reclamos por temor a persecución.

    Aunque el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó el caso ante el Tribunal Supremo, que permitió reanudar temporalmente las expulsiones mientras se emitía un fallo definitivo, se prevé que la Casa Blanca recurra nuevamente a las instancias superiores para revertir esta nueva decisión judicial.

     

  • Trump presume de una frontera más sólida y menos fentanilo en EE.UU.

    Trump presume de una frontera más sólida y menos fentanilo en EE.UU.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes al iniciar su discurso sobre el Estado de la Unión, ante el Capitolio y en sesión conjunta del Congreso, que el país tiene ahora “la frontera más sólida con diferencia” de su historia.

    El mandatario defendió que, desde su retorno a la Casa Blanca en enero del año pasado, los cruces fronterizos han “caído a cero” y que su política migratoria ha fortalecido la seguridad nacional.

    Trump afirmó que en los últimos nueve meses no se ha admitido a ningún extranjero en condición irregular y subrayó que su administración mantiene una política de puertas abiertas únicamente para quienes ingresen conforme a la ley.

    “En los últimos nueve meses, han sido admitidos a Estados Unidos cero extranjeros ilegales. Pero siempre vamos a permitir personas que ingreses legalmente, gente que amará nuestro país y trabajará duro para mantener nuestra nación”, indicó el mandatario ante legisladores y autoridades federales.

    En materia de combate al narcotráfico, el presidente sostuvo que el tráfico transfronterizo de fentanilo se redujo en 56 % en el último año.

    “El flujo de fentanilo letal a través de nuestra frontera se ha reducido en un récord del 56 % en un año”, afirmó, al destacar que la disminución responde a los controles reforzados en la frontera y a mayores operativos contra redes criminales.

    El gobernante también resaltó avances en economía, al asegurar que su administración logró contener la inflación y reducir el precio del galón de gasolina por debajo de $2.

    Según dijo, estas medidas han contribuido a aliviar el costo de vida de los estadounidenses, en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones legislativas de medio mandato previstas para noviembre.

    El discurso ocurre en medio de tensiones políticas tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas contra redadas migratorias en Mineápolis, hecho que derivó en una crisis que llevó al cierre temporal del Departamento Nacional de Seguridad (DHS).

     

     

  • EE.UU. planea suspender los permisos de trabajo para solicitantes de asilo durante «años»

    EE.UU. planea suspender los permisos de trabajo para solicitantes de asilo durante «años»

    El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) propuso este viernes una norma que suspendería temporalmente la adjudicación de permisos de trabajo a solicitantes de asilo, una pausa que podría extenderse por años.

    El proyecto de regulación, presentado hoy a comentarios públicos, pondría en pausa la aceptación de solicitudes de permisos de trabajo cuando el tiempo promedio de procesamiento en la agencia supere los 180 días.

    USCIS prevé que de aprobarse el plan las nuevas solicitudes de permisos de trabajo para solicitantes de asilo «se pausarán por un período prolongado, posiblemente muchos años».

    La agencia argumentó que el plan pretende reducir el «incentivo» para que los extranjeros presenten solicitudes de asilo fraudulentas para obtener permisos de trabajo.

    Un portavoz del USCIS dijo en un comunicado que las solicitudes de asilo se convirtieron en una «vía fácil» para que los inmigrantes puedan trabajar en EE.UU. legalmente, lo que ha saturado el sistema.

    «Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo», indicó sobre el plan publicado en el Registro Federal.

    USCIS argumenta que las solicitudes de permiso de empleo basadas en una solicitud de asilo pendiente han alcanzado un «máximo histórico», sobrecargando los recursos de la agencia, sin permitirle evaluar las peticiones.

    La propuesta también amplía a 365 días el tiempo que los solicitantes de asilo deben esperar antes de ser elegibles para solicitar un permiso de trabajo.

    De no aprobarse el plan, USCIS asegura que podría tomar entre 14 y 173 años para alcanzar un tiempo de procesamiento de 180 días para tramitar las solicitudes de asilo.

  • Vicepresidente Ulloa defiende régimen de excepción en Madrid por tener respaldo popular

    Vicepresidente Ulloa defiende régimen de excepción en Madrid por tener respaldo popular

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió el martes en Madrid la continuidad del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, al asegurar que el “96 % del pueblo salvadoreño pide que continúe”.

    Durante una conferencia organizada por la World Law Foundation, sostuvo que la medida responde al clamor ciudadano y negó afectaciones a libertades públicas.

    Ulloa aseguró que bajo el régimen “no hay ninguna libertad pública que se haya afectado” y reiteró que, aunque las medidas excepcionales no deben ser permanentes, su mantenimiento responde a la necesidad de consolidar la seguridad.

    La normativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, a solicitud del presidente Nayib Bukele, inicialmente por 30 días, pero ha sido prorrogada de forma mensual. Según cifras citadas por el funcionario, 91,000 personas han sido enviadas a prisión bajo esta disposición.

    En su intervención, el vicepresidente cuestionó los llamados de organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para levantar la medida. “¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuando lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”, expresó, al referirse a una encuesta que respalda su continuidad con un 96 %.

    Ulloa defendió lo que calificó como “el milagro de la seguridad” alcanzado por el gobierno salvadoreño, aunque admitió fallos en la aplicación del régimen.

    “No hay una obra humana que sea perfecta, se han cometido errores, se han capturado inocentes, pero cuando se han capturado inocentes han sido liberados”, afirmó, destacando que 8,000 personas ya recuperaron su libertad.

    Además, justificó que “absolutamente todas las acciones, decisiones, medidas” implementadas “en esta guerra han tenido como base la ley, la norma y la disposición legal”: “No estamos haciendo nada que no tenga un respaldo legal”.

    Por su parte, la CIDH ha documentado 7,000 denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, torturas, la muerte de más de 400 personas bajo custodia estatal y limitaciones en el acceso a la justicia. Ulloa desestimó estos señalamientos, aseguró que los informes no son verificados en el terreno y afirmó que algunas denuncias buscan “recibir fondos”.

    Asimismo, respaldó las políticas migratorias de Estados Unidos y negó reportes de torturas o malos tratos a migrantes deportados hacia El Salvador.

     

  • Organizaciones piden juicio político contra Secretaria de Seguridad de EEUU por abusos migratorios

    Organizaciones piden juicio político contra Secretaria de Seguridad de EEUU por abusos migratorios

    Más de 50 organizaciones civiles, incluyendo colectivos latinos y defensores de migrantes, exigieron este día a la Cámara de Representantes de Estados Unidos iniciar un juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por lo que calificaron como una gestión migratoria «violenta, imprudente y violatoria de la Constitución».

    La petición fue formalizada mediante una carta enviada al presidente de la Cámara, Mike Johnson, y otros líderes legislativos, en la que acusan a Noem de incentivar prácticas represivas que han dejado múltiples víctimas y de “socavar intencionalmente la misión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.

    Entre los grupos firmantes figuran Voto Latino, Freedom for Immigrants (FFI), Hispanic Federation, UnidosUS y Latino Victory Project, quienes destacaron que al menos 187 congresistas ya respaldan la iniciativa de juicio político presentada en enero por la legisladora Robin Kelly por “altos crímenes y faltas menores”.

    Las denuncias contra Noem incluyen la obstrucción del acceso del Congreso a centros de detención migratoria, el uso excesivo de la fuerza —con al menos 14 personas baleadas desde julio de 2025—, y tres muertes documentadas, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti.

    También criticaron la detención de menores migrantes, como Liam Conejo Ramos, de cinco años, arrestado en Minnesota el mes pasado, lo que desató una fuerte controversia a nivel nacional.

    Las agrupaciones señalaron además que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han resultado en violaciones al debido proceso, detenciones ilegales de ciudadanos indígenas y desacato a órdenes judiciales. Aseguran que Noem ha “desmantelado” las garantías de derechos civiles dentro del DHS y que ha mostrado desconocimiento de principios constitucionales, como el “habeas corpus”.

    “Demandamos que hagan que la secretaria Noem rinda cuentas por sus violaciones sistemáticas a las protecciones constitucionales y su ataque directo a la autoridad del Congreso. El Congreso debe actuar ahora para removerla de su puesto antes de que más vidas se pierdan”, expresaron las organizaciones en el cierre de la carta.

     

  • La administración Trump ha arrestado a 379,000 migrantes en un año, según ICE

    La administración Trump ha arrestado a 379,000 migrantes en un año, según ICE

    Un total de 379,000 inmigrantes fueron arrestados entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026 por la administración del presidente Donald Trump, según reveló este martes el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, en una comparecencia ante el Congreso estadounidense.

    Lyons detalló que entre los arrestados figuran “más de 7,000 presuntos pandilleros y más de 1,400 terroristas conocidos o sospechosos”. El funcionario aseguró que ICE “mantiene su compromiso con los principios fundamentales de que quienes ingresan ilegalmente a nuestro país deben rendir cuentas”.

    La comparecencia ante la Cámara de Representantes ocurre en medio de crecientes tensiones por la política migratoria del gobierno de Trump, especialmente tras las redadas realizadas en Minnesota, que generaron rechazo ciudadano luego de la muerte de dos estadounidenses por disparos de agentes federales.

    El episodio ha obligado a la Casa Blanca a moderar su discurso migratorio, justo cuando los demócratas mantienen su oposición a financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras no se reformen aspectos clave de sus operaciones.

    Entre las exigencias del bloque demócrata se encuentran restricciones al ingreso de agentes a viviendas sin una orden judicial firmada, así como la prohibición o limitación del uso de máscaras por parte de los funcionarios en operativos.

    Si no se alcanza un acuerdo presupuestario antes del fin de semana, el DHS podría enfrentar un cierre administrativo, lo que paralizaría sus funciones esenciales a nivel nacional.