Cuando la migración inundó su pequeño pueblo en la costa del Caribe colombiano, a Luis Fernando Carrascal le bastaba trabajar una semana al mes. Ganaba hasta $260 al día cargando las mochilas de los migrantes que cruzaban la peligrosa selva del Darién rumbo a Estados Unidos.
Con lo que ganó de mochilero, Carrascal, de 32 años, compró un bote con motor y redes. Siempre vivió de la pesca en su natal Acandí, un pueblo de playas de ensueño en la frontera con Panamá, que en los últimos años fue la puerta de salida de Sudamérica en la travesía hacia el norte.
El auge migratorio transformó este pueblo de 16,000 habitantes del Chocó, uno de los departamentos más pobres y olvidados de Colombia. La economía local se revolucionó y dolarizó. Muchos invirtieron en casas o negocios, y la comunidad reunió suficiente dinero para abrir la única trocha que hoy cruza la espesura del Darién y conecta con el caserío vecino de Capurganá, antes accesible solo por mar o a pie.
Pero la bonanza se esfumó. Tras el pico de 2022 y 2023, el flujo de personas hacia el norte se redujo en 2024 y este año, con las políticas antiimigratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, casi se secó: cayó un 97 %, según Naciones Unidas.
En sentido contrario, unas 14,000 personas regresaron al sur en el primer semestre del año, una cifra ínfima frente a los cientos de miles de personas que subían antes y que vació los bolsillos de los pobladores.
«Ha sido bastante difícil», dice Carrascal, «ya las cantinas no se llenan como se llenaban, las tiendas no venden como vendían».
Un amigo suyo, que pide reserva de su nombre, se dedicó a transportar migrantes en moto del puerto a los albergues. Hacía de diez a doce viajes al día y con eso empezó a levantar su casa, que hoy quedó a medias.
En los días buenos ahora gana el equivalente a unos 25 dólares, diez veces menos que antes. «No hay punto de comparación», dice.
Golpeados y abandonados
En el pico migratorio, los mochileros de Acandí se organizaron en grupos y se turnaban por semanas. Los transportistas estaban repartidos en 11 asociaciones y cada día trabajaba una. El dinero alcanzaba para todos.
Ahora «ya cada quien se buscó su lugar», dice Carrascal. Él volvió a la pesca y a veces también trabaja en construcción, aunque la obra ha bajado mucho, dice. Solo hay algunos «arreglos que la administración municipal le está haciendo» al pueblo.
Ese bajón también golpeó a Rogelio Ramos, líder comunitario y dueño de una ferretería en la esquina más movida de Acandí, donde decenas de hombres beben en mesas de plástico, ensordecidos de música vallenata.
Ramos, de 64 años, llegó a emplear a seis trabajadores en la ferretería: «Hoy tengo uno solo y yo mismo; yo antes administraba, pero hoy tengo que estar aquí», explica. También tuvo que dividir su local en dos y al lado montaron una tienda de bicicletas.
«Estamos golpeados y abandonados», dice. Acandí está marcado como ‘zona roja’ por la presencia de los paramilitares del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, y no cuenta con energía y agua las 24 horas del día, recuerda.
«Pensábamos que el gobierno o cualquier otra entidad iba a mirar para donde nosotros por todo lo que nos estaba pasando», dice Ramos, «pero no, la carretera que hoy tenemos no fue hecha por el gobierno, sino por la comunidad», resalta.
Turismo al rescate
Al otro lado del golfo de Urabá, el gobierno municipal de Necoclí está organizando festivales de poesía, vallenato y coco para revivir el turismo, sustento que desapareció cuando hasta 20.000 migrantes levantaron carpas en las playas de este pueblo de 25,000 habitantes.
Con la migración, «el turismo de grandes hoteles se acabó», cuenta el alcalde, Guillermo José Cardona, pero «la gente común se lucró mucho. Mucho, mucho, mucho».
Luis Javier Medrano, de 20 años, trabajó con su tío electricista arreglando las casas que los vecinos de Necoclí acondicionaban para alquilar camas a los migrantes, y ganaba una comisión por cada persona que llevaba a dormir en la casa de su abuelo.
Hoy atiende la recepción de un hostal en el paseo marítimo del municipio, una avenida de palmeras y chiringuitos que luce casi desierta frente al mar turquesa donde se zambullen unos pocos bañistas.
En la arena, unos carteles advierten que está prohibido acampar en la playa, y otros promocionan tours turísticos hacia el Darién, la misma selva donde el año pasado murieron más de 170 migrantes, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En primera línea del mar, obreros levantan lo que el alcalde presenta como «las torres más altas de Urabá»: tres bloques de trece pisos que funcionarán como apartahoteles.
El turismo empieza a dar señales de vida, afirma Medrano, pero si la marea migratoria vuelve, el joven tiene claro que regresará a sus negocios de antes «al día siguiente».
