Al menos 409 migrantes murieron o desaparecieron en las rutas migratorias de América en 2025, la cifra más baja desde que en 2014 comenzara a hacerse un seguimiento global de las víctimas de estas travesías, según indicó este jueves la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM).
El fuerte descenso con respecto a 2024, cuando se registraron más de 1,200 víctimas, se debió probablemente a una bajada del número de personas que transitó por las rutas más peligrosas, como la que atraviesa la selva de Darién entre Colombia y Panamá o la de la frontera entre México y Estados Unidos, analizó la OIM.
En Darién sólo se confirmaron por ahora diez muertes el año pasado, frente a 160 en la frontera septentrional mexicana, mientras que 18 se registraron entre Haití y República Dominicana y siete entre Venezuela y el Caribe.
La agencia aclaró que la cifra definitiva para el año pasado no podrá conocerse hasta mediados de 2026, ya que todavía no tiene cifras completas de algunas autoridades.
A nivel global, al menos 7,667 personas murieron o desaparecieron en rutas migratorias en 2025, siendo Asia y el Mediterráneo las más letales.
La cifra global supone un descenso del 16 % con respecto a 2024, aunque la OIM advierte que esa bajada podría deberse en realidad a problemas para elaborar estadísticas cada vez más completas, por la falta de financiación de la agencia y otros actores humanitarios que llevan a cabo un seguimiento de estas peligrosas rutas.
Venezolanos exiliados en Estados Unidos acusaron este viernes a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de «mentir» sobre el rol de México en la recepción de migrantes deportados por el Gobierno estadounidense y las condiciones que afrontan en el país.
La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, aseveró en un pronunciamiento que «México ha recibido a miles de venezolanos deportados de territorio estadounidense en los últimos meses» bajo «acuerdos informales o coordinaciones humanitarias» sin garantías para los migrantes.
«Hemos constatado con profunda indignación que la mandataria mexicana incurre en mentiras flagrantes al negar o minimizar el rol de México como receptor de venezolanos deportados desde Estados Unidos, presentando al país como un destino ‘humanitario’ o de tránsito seguro, cuando la realidad es de abandono total», sostuvo.
Veppex denunció que Estados Unidos expulsa venezolanos a México, donde el Gobierno no les otorga ningún tipo de documento migratorio, como refugio, asilo, visa humanitaria, o permiso temporal de permanencia, lo que contrasta con las promesas de la presidenta de acoger a migrantes que deseen quedarse en el país.
Los venezolanos «quedan en condición irregular absoluta, sin acceso legal al trabajo, a la salud pública ni a movilidad interna segura», según la agrupación.
Aunque la presidenta también ha prometido ayudar a migrantes a retornar a sus países de origen, los exiliados venezolanos sostuvieron que sus compatriotas quedan «forzados a salir por su cuenta, exponiendo sus vidas en rutas extremadamente peligrosas», como cruzar México por tierra o en embarcaciones privadas.
Como ejemplo, citaron un accidente del martes pasado en el que una embarcación con 16 migrantes, en su mayoría venezolanos que habían quedado varados en México, naufragó en el Caribe panameño, donde murieron dos venezolanas y un colombiano.
Por ello, Veppex denunció que estas acciones y omisiones violan los principios de no devolución (non-refoulement) y protección a refugiados de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, de los que México es firmante.
«La presidenta Sheinbaum ha priorizado intereses políticos y migratorios con Estados Unidos por encima de la vida y la dignidad de miles de venezolanos que buscan salvación», manifestó.
Un juez federal de Estados Unidos ordenó este jueves a la administración del presidente Donald Trump facilitar el regreso de decenas de venezolanos que fueron deportados en marzo de 2025 a la prisión de máxima seguridad Cecot en El Salvador, permitiéndoles continuar sus procesos de inmigración si así lo desean.
El fallo del magistrado James Boasberg representa un revés significativo para la política de deportaciones masivas de la Administración y se aplica a un grupo de al menos 137 venezolanos que fueron enviados al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot) bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Boasberg determinó que estas personas fueron privadas de su derecho al debido proceso al ser deportadas sin notificación ni oportunidad de impugnar esa decisión antes de ser sacadas de Estados Unidos, en clara violación de sus garantías constitucionales, y por ello el gobierno debe costear sus pasajes de regreso o aceptarlos en un puerto de entrada estadounidense.
La orden aclara que quienes regresen serán puestos bajo custodia al llegar a Estados Unidos para que sus casos migratorios, incluida la posibilidad de impugnar las acusaciones de pertenecer a la banda Tren de Aragua, puedan ser revisados ante los tribunales.
Boasberg ya había dictaminado en diciembre pasado que el Gobierno negó el debido proceso a este grupo de migrantes y debía ofrecerles una audiencia, y ahora amplió esa decisión al exigir que se les permita regresar para ejercer plenamente esos derechos.
El caso fue impulsado por organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, que argumentaron que la deportación fue ilegal y se ejecutó sin procedimientos judiciales adecuados. La sentencia también allana el camino para que los migrantes impugnen su designación como “enemigos extranjeros” bajo la ley invocada por Trump.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso una condena de ocho años de prisión a Carlos Alberto Sandoval Catalán, tras encontrarlo culpable del delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de tres adultos y dos menores de edad.
El hecho ocurrió el 9 de septiembre de 2021, cuando agentes policiales realizaban un retén sobre el kilómetro 92 de la carretera Panamericana, frente al puesto policial Paraje Galán, en el distrito de Candelaria de la Frontera, en el municipio de Santa Ana Oeste.
Durante la inspección, Sandoval presentó sus documentos personales, pero al revisar el vehículo se descubrió que transportaba a cinco personas más. Al ser entrevistadas por separado, las víctimas afirmaron que su destino era Estados Unidos, y que Sandoval era el encargado de guiarlas hacia Guatemala por un punto fronterizo no habilitado.
Con base en estas declaraciones y otras pruebas documentales, el tribunal resolvió dictar la condena, considerando que el acusado actuó como parte de una red de tráfico de personas que pone en riesgo la vida y seguridad de migrantes, especialmente de menores.
La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que la influencia política y retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deteriorado las condiciones de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. En su Informe Mundial 2026, HRW señaló que diversos gobiernos han cometido abusos contra migrantes y ciudadanos, o han usado las políticas estadounidenses como excusa para endurecer medidas represivas.
Durante el primer año del nuevo mandato del presidente estadounidense, HRW observó cómo varios países de la región violaron derechos de personas extranjeras bajo presión directa de Washington. Otros Estados profundizaron estrategias de seguridad basadas en la militarización, detenciones masivas y uso excesivo de la fuerza, según el informe.
“El impacto de la administración Trump ha sido indudablemente negativo en América Latina y el Caribe”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. No obstante, recalcó que “los gobiernos de la región siguen siendo responsables de defender la democracia y los derechos fundamentales, independientemente de quién gobierne en Washington”.
HRW denunció que Estados Unidos redujo significativamente los fondos de cooperación dirigidos a organizaciones de derechos humanos y medios independientes. Paralelamente, países como El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que habilitan el cierre arbitrario de organizaciones civiles y medios, debilitando el sistema democrático y los contrapesos institucionales.
La organización también cuestionó la “doble vara” de la política exterior de Washington, que condena las violaciones en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero ignora graves abusos cometidos por aliados como El Salvador, Perú y Ecuador. El informe incluyó críticas al ataque militar de EE.UU. contra Venezuela a inicios de 2026, el cual, advirtió HRW, podría fortalecer al régimen de Nicolás Maduro y responder a intereses políticos y comerciales de Estados Unidos.
En materia de seguridad regional, HRW urgió a los gobiernos latinoamericanos a oponerse a los ataques marítimos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que dejaron más de 120 personas fallecidas y podrían constituir ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional.
El informe también documentó graves abusos contra migrantes deportados desde Estados Unidos. Panamá y Costa Rica detuvieron arbitrariamente a ciudadanos de terceros países, mientras que El Salvador sometió a venezolanos repatriados a desapariciones forzadas, torturas y arrestos arbitrarios. En tanto, la República Dominicana intensificó deportaciones de haitianos a zonas de alto riesgo, en aparente violación del derecho internacional.
HRW alertó sobre el avance del crimen organizado como una de las principales amenazas a los derechos humanos. En Haití, por ejemplo, grupos criminales dominan el 90 % de Puerto Príncipe. En naciones como Brasil, México, Colombia y Ecuador, las respuestas estatales han incluido operativos letales, ampliación de atribuciones de inteligencia y restricciones a derechos fundamentales.
En México, el informe destaca la combinación entre refuerzo de capacidades de inteligencia y medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la ampliación de la prisión preventiva obligatoria. En Brasil, una redada en Río de Janeiro dejó 122 personas muertas; y en Colombia, durante la ejecución de la estrategia de “paz total”, los grupos armados expandieron su control territorial.
Pese a este entorno adverso, HRW resaltó el papel esencial que cumplen periodistas y organizaciones de derechos humanos en la defensa de la democracia. No obstante, advirtió que su labor se ve amenazada por entornos cada vez más hostiles. La organización hizo un llamado a los gobiernos a garantizar su trabajo y cesar su criminalización o restricción.
El Gobierno de Estados Unidos inició el proceso para comprar más de 20 bodegas en todo el país y usarlas para detener a miles de migrantes, según confirmó este viernes la agencia Bloomberg.
Las instalaciones, algunas de las cuales servían como almacenes para comercio en línea, serán transformadas en centros de detención gigantes. El de mayor tamaño, ubicado en Hutchins (Texas), tendrá capacidad para encarcelar hasta a 9.500 migrantes.
El Gobierno no ha confirmado de manera oficial estos planes, pero en noviembre de este año el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobó un contrato de casi 30 millones de dólares a una empresa con sede en Kansas para el diseño de «centros de procesamiento y megacentros de detención».
A su vez, funcionarios municipales en Virginia y Texas confirmaron a medios locales la existencia de los planes del Gobierno en sus jurisdicciones.
Los planes del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para abrir estos nuevos centros llegaron en medio de fuertes protestas en Mineápolis en rechazo a las políticas antimigratorias y al despliegue de agentes federales en las comunidades.
De acuerdo con una lista publicada por Bloomberg, además del centro en Hutchins, el Gobierno planea abrir otros tres más en Texas: uno en El Paso, con 8.500 camas, otro a las afueras de San Antonio, con 1.500 camas y otro en McAllen, con capacidad para 500 migrantes.
El DHS también tiene planes para combatir bodegas en cárceles en Georgia, Misisipi, Utah, Pensilvania, Misouri, Maryland, Arizona, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Luisiana , Oklahoma, Minesota, Michigan e Indiana.
Para cumplir su promesa de llevar a cabo la «mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos», Trump se ha apresurado a abrir más cárceles para migrantes en todo el país, incluidos centros señalados por denuncias de abusos a los derechos humanos, como Alligator Alcatraz, en Florida, o Camp East Montana, en El Paso (Texas), que actualmente cuenta con la mayor capacidad de cualquier centro de detención del país, con unos 5.000 internos.
En abril del año pasado el director encargado del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, aseguró querer que el proceso de deportaciones en el país funcionara como «Amazon (empresa multinacional estadounidense de tecnología y comercio electrónico) para seres humanos».
Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. alcanzaron nivel récord: en promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.
El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos y en lo que va de 2026, ya se han reportado al menos 3 muertes dentro de los centros de detención para migrantes.
Todos los muertos que se han reportado este año han sido en Camp East Montana: uno de ellos por suicidio, otro tras una falla renal y el tercero por «homicidio» en un enfrentamiento con el personal del centro, según las versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.
En diciembre, una coalición de organizaciones en defensa de los derechos humanos, incluyendo Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y Human Rights Watch, envió una carta exigiendo a ICE la clausura de Camp East Montana, citando denuncias de condiciones «inhumanas», agresiones físicas y abusos sexuales contra las personas detenidas allí.
Los ciudadanos de 39 países considerados de alto riesgo tienen restricciones de viaje vigentes desde el 1 de enero de 2026 debido a una orden ejecutiva de la Casa Blanca que busca impedir el ingreso de extranjeros a Estados Unidos por considerar que se “carece de información suficiente para evaluar los riestos que plantean”.
Las restricciones son aplicables a nacionales que están fuera de los Estados Unidos sin una visa válida a partir del 1 de enero de 2026. Tanto las restricciones completas y parciales se aplican a inmigrantes y no inmigrantes.
Estados Unidos señala que muchos de los países restringidos “sufren de corrupción generalizada, documentos civiles y antecedentes penales fraudulentos o poco confiables”, así como sistemas de registro de nacimientos inexistentes, y algunas naciones se niegan a compartir ejemplos de pasaportes o datos de aplicación de la ley. También señalan que la “presencia terrorista, actividad criminal y extremista en varios países enumerados”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió dos proclamaciones, una el 4 de junio y otra el 16 de diciembre, para restringir la entrada a extranjeros de ciertos países.
Esta lista no incluye a El Salvador ni a países centroamericanos. Pero sí incluye a Cuba, Venezuela y Haití.
Las proclamaciones tienen excepciones como residentes permanentes legales, atletas, entrenadores, que viajen para la Copa del Mundo, Juegos Olímpicos o eventos deportivos, asilados, refugiados o por intereses nacionales de Estados Unidos.
Un memorándum del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), del 1 de enero de 2026, ordena a todo su personal suspender todas las solicitudes pendientes para los extranjeros de dichos países.
El 1 de enero de 2026, el personal de la USCIS recibió órdenes de suspender solicitudes a nacionales de países de riesgo.
Restricción total a estos países
Originalmente, la Proclamación 10949, emitida el 4 de junio de 2025, restringe completamente la entrada a nacionales de 12 países considerados de “alto riesgo”: Haití, Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, según la hoja informativa de la Casa Blanca del 16 de diciembre pasado, sobre la Proclamación 10998.
Haití fue incluido, según la proclamación del 4 de junio de 2024, porque Estados Unidos consideró que tenía una tasa de superación de la visa B-1/B-2 del 31.38 % y que “cientos de miles de extranjeros haitianos inundaron los Estados Unidos durante la Administración Biden”, lo que señaló que “perjudica a las comunidades estadounidenses al crear riesgos agudos de aumento de las tasas de estadías excesivas, el establecimiento de redes criminales y otras amenazas a la seguridad nacional”.
Además, consideró que Haití “carece de una autoridad central con suficiente disponibilidad y difusión de la información policial necesaria para garantizar que sus nacionales no socaven la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
La nueva proclamación 10998, del 16 de diciembre de 2025 y vigente desde el 1 de enero de 2026, agregó en este listado de restricciones completas a: Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria; personas que tienen documentos emitidos por la Autoridad Palestina; y a Laos y Sierra Leona, que tenían restricciones parciales.
Estados Unidos incluyó entre las restriciones completas a personas con documentos emitidos por la Autoridad Palestina, porque argumentó que “varios grupos terroristas designados por Estados Unidos operan activamente en Cisjordania o la Franja de Gaza y han asesinado a ciudadanos estadounidenses”, además de considerar un “control débil” en estas áreas.
Trump emitió una proclamación el 16 de diciembre, aumentando la lista a 39 países con restricciones de viaje.
Restricciones parciales
Para incluir en la suspensión parcial –que afecta a inmigrantes y no inmigrantes en visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J)– a Antigua y Barbuda, y Dominica, EE.UU. señala que “históricamente ha tenido la Ciudadanía por Inversión (CBI) sin residencia, un programa legal que permite a extranjeros obtener un pasaporte a cambio de inversiones.
La nueva proclamación 10998 continuó las restricciones parciales a nacionales de Cuba, Venezuela, Burundi y Togo vigentes desde junio de 2025 con la proclamación 10949.
Estados Unidos fundamentó la inclusión de Venezuela en que “carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes o documentos civiles y no tiene medidas de detección y verificación apropiadas”, además de que “Venezuela se ha negado a aceptar a sus ciudadanos removibles” y tenía una tasa de estadía de exceso de visa B-1/B-2 del 9.83 %.
La inclusión de Cuba en las restricciones parciales, según la proclamación del 4 de junio, se fundamentó en que “Cuba es un Estado patrocinador del terrorismo” y que el gobierno de Cuba “no coopera ni comparte suficiente información policial con los Estados Unidos” y “se ha negado a aceptar sus nacionales removibles”, además de tasas de exceso de estadía de visas.
Tanto para Venezuela y Cuba, la medida suspende la entrada a los Estados Unidos a inmigrantes y no inmigrantes en visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J, y señala que los funcionarios consulares reducirán la validez de otras visas de no inmigrantes “en la medida permitida por la ley”.
En este listado de restricciones parciales, agregó restricciones parciales y limitaciones de entrada a 15 países adicionales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabwe.
Excepciones
Según la Casa Blanca, la Proclamación incluye excepciones para cualquier residente permanente legal de los Estados Unidos, con dos nacionalidades si viaja con un pasaporte expedido por un país no designado, “cualquier extranjero que viaje con un visado de no inmigrante válido en las siguientes clasificaciones: A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, OTAN-1, OTAN‐2, OTAN-3, OTAN-4, OTAN-5 o OTAN-6”.
También, se excluye de las medidas a: “cualquier atleta o miembro de un equipo atlético, incluidos los entrenadores, las personas que desempeñan un papel de apoyo necesario y los familiares inmediatos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante según lo determine el Secretario de Estado”.
Exceptúa también a “visados de inmigrante familiar inmediato (IR-1/CR-1, IR-2/CR-2, IR-5) con pruebas claras y convincentes de la identidad y la relación familiar (por ejemplo, ADN)”, adopciones, visas especiales de inmigrante afgano, para empleados del gobierno de los Estados Unidos o para minorías étnicas y religiosas que se enfrentan a la persecución en Irán.
También excluyen a personas que se considere que su viaje promueve el interés nacional crítico para Estados Unidos, como testigos.
Las agencias encargadas de la inmigración en EE.UU. han dejado de publicar datos específicos sobre sus operaciones, lo que ha sembrado la duda sobre si más de 2,5 millones de indocumentados han salido del país gracias a la política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump, como reclama la Casa Blanca.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) destacó que 2025 ha sido “un año de logros sin precedentes” con la salida de 605.000 personas que han sido deportadas y 1,9 millones de indocumentados que salieron voluntariamente del país desde el pasado 20 de enero.
La mayoría de los interrogantes se concentran en los 1,9 millones de indocumentados que supuestamente habrían abandonado el país por su propia cuenta.
La Casa Blanca no ha aportado datos que respalden esta cifra ni a la prensa ni a las organizaciones.
El analista del Instituto de Política de Migración (MPI), Ariel Ruiz Soto, dijo a EFE que el problema radica en que el Gobierno de Trump se basó en el Current Population Survey (CPS), un sondeo que realiza mensualmente la Oficina del Censo para determinar cuántos indocumentados se han marchado del país.
La encuesta CPS ha sufrido varios cambios desde finales de 2024, incluida la reducción de la muestra de personas que contestan las preguntas.
A esto se suma que la campaña de deportaciones masivas impuesta por el presidente Donald Trump probablemente ha hecho que los indocumentados dejen de contestar el sondeo.
“Este dato de 1,9 millones es mucho más difícil de verificar y va mucho más allá de lo que hemos visto en otras áreas de la misma encuesta”, explicó Ruiz Soto.
El analista insiste en que aunque se haya reportado una disminución en el número de inmigrantes que contestaron la encuesta, no significa que esto sea una prueba real de que se están yendo voluntariamente, algo en lo que coinciden los mismos inmigrantes.
“Eso son exageraciones del Gobierno para meterle a uno miedo”, afirmó a EFE R. Hernández, un mexicano radicado en Los Ángeles desde hace más de 20 años.
El inmigrante asegura que si en el futuro es deportado, buscaría la forma de regresar con su esposa y sus tres hijos ciudadanos estadounidenses.
“En vez de estar amenazando con sacarnos, debería ver cómo nos da papeles”, agregó.
La campaña de la autodeportación
Lejos de probar los datos, el Gobierno de Trump prefiere celebrar el éxito de su política migratoria.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo recientemente que los indocumentados “están recibiendo nuestro mensaje de que deben irse ahora”.
El DHS destinó 200 millones de dólares en una campaña para impulsar la “autodeportación” de extranjeros, a los que les prometen un pago de 1.000 dólares y la posibilidad de que regresen de forma legal, si registran su salida en la aplicación CBP Home.
Unas 35.000 personas han notificado su salida en la promocionada aplicación, según dijeron dos funcionarios que supervisan el programa a The Atlantic, un registró muy alejado de los 1,9 millones de indocumentados que supuestamente se han marchado por cuenta propia.
Menos deportaciones que Biden
El DHS también ha dejado de publicar el desglose de las cifras de deportación, lo que ha hecho más complicado para organizaciones como MPI hacer un seguimiento.
Según las últimas cifras, bajo el segundo mandato de Trump se ha deportado a 605.000 extranjeros, un número que se encuentra dentro de un rango que la Casa Blanca podría probar, según Ruiz Soto.
No obstante, entre estos “deportados” están contabilizados aquellos extranjeros que fueron regresados en los aeropuertos sin haber ingresado a EE.UU. También se encuentran los inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que optan por una salida voluntaria.
Esta cifra es menor que los 685.000 deportados del último año del Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025).
“Creo que el Gobierno Trump se quedará corto para alcanzar ese número”, pronosticó el analista.
Pero seguramente la Casa Blanca seguirá promocionando que ha sacado a cientos de miles de “los peores de los peores
criminales” del país, con datos que también han sido puestos en duda.
El más reciente informe del Instituto Cato encontró que el 73% de personas detenidas por el ICE no tenía antecedentes penales ni cargos penales pendientes. La mayoría de los condenados tenían sentencias por delitos menores, infracciones de inmigración o de tránsito.
Familias inmigrantes en Estados Unidos enfrentan una Navidad marcada por el miedo, la separación y la incertidumbre, ante el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha incrementado las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos puntos del país.
En la ciudad de Tucson, Arizona, la inmigrante mexicana María Ramos pasará las fiestas sin su esposo y su hijo mayor, ambos arrestados por agentes migratorios cuando salieron a trabajar en jardinería. “Sabíamos que de un momento a otro podrían ser detenidos, pero tenían que salir a trabajar, para pagar los gastos”, relató a EFE.
“Mi esposo y mi hijo no son criminales, nunca han hecho nada a nadie, ahora están en un centro de detenciones”, agregó Ramos, quien vive con temor de que la situación empeore para su familia.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, más de 220,000 migrantes han sido arrestados por ICE, según datos del Deportation Data Project. El inicio de su segundo mandato estuvo acompañado de redadas masivas y despliegues federales en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Washington.
Aunque Arizona, gobernada por la demócrata Katie Hobbs, no ha recibido grandes contingentes militares, los operativos migratorios son constantes. “Estas fiestas serán muy tristes, estoy pensando inclusive en quitar todos los adornos antes del día de Navidad”, confesó Ramos, quien se enteró del arresto de sus familiares cuando un amigo le dijo: “Se los llevaron”.
La familia llevaba 25 años viviendo de forma irregular en EE.UU. y tiene dos hijos ciudadanos estadounidenses, quienes ahora temen que la detención del padre derive en el arresto de su madre.
Una situación similar enfrenta la venezolana Ana Moran, de 29 años, residente en Arizona, cuyo esposo permanece detenido desde agosto en la cárcel del condado de Pima, acusado sin pruebas de un robo mientras realizaba entregas de comida. “No entiendo en qué momento dicen que mi esposo cometió este delito si yo siempre iba con él”, afirmó.
La pareja ingresó a Estados Unidos hace dos años y medio tras solicitar asilo mediante la aplicación CBP One, implementada durante la administración de Joe Biden. Actualmente, esa misma plataforma es promovida por el Gobierno Trump para incentivar la autodeportación, ofreciendo $1,000 y la promesa de un eventual retorno legal.
Ante el riesgo de que su esposo sea deportado, Moran admite que contempla salir voluntariamente del país, pese a tener permiso de trabajo y una solicitud de asilo en trámite. La falta de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas agrava su situación. “No tenemos un consulado donde pedir ayuda, si ICE nos deporta no sabemos a qué país nos mandarían”, dijo.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde el 20 de enero casi dos millones de migrantes se han autodeportado, mientras que más de 600,000 han sido expulsados por la fuerza.
Moran y su familia deben presentarse ante una corte migratoria en mayo, pero teme que los problemas legales de su esposo afecten su caso. “Cuando salgo a la calle le pido a Dios: hazme invisible, hazme invisible, para regresar con mis hijos”, concluyó.
Desde abril de 2018 hasta noviembre de 2025, al menos 800.000 nicaragüenses —equivalente al 11,6 % de la población total— han abandonado su país a raíz de la crisis política y social, según datos del Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, difundidos en el marco del Día Internacional del Migrante.
La organización, integrada principalmente por activistas nicaragüenses y con sede en Costa Rica, advirtió que este éxodo masivo no es producto de una decisión libre, sino una consecuencia directa de la represión, hostigamiento y persecución política por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“La migración nicaragüense no es una elección voluntaria, sino una forma de supervivencia frente a la violencia estatal”, denunció el colectivo en un comunicado.
Migración forzada y empobrecimiento del país
El organismo afirmó que la salida masiva de ciudadanos empobrece el futuro del país, ya que implica la pérdida de capital humano capaz de contribuir al desarrollo nacional.
“Nicaragua pierde así su recurso primordial: el valor humano”, enfatizó.
En el contexto de esta crisis, la ONG también documentó la confiscación y cierre de 5.651 organizaciones de la sociedad civil y 41 universidades, la desnacionalización de 492 personas, y el exilio forzado de más de 307 periodistas y religiosos desde 2018.
Asimismo, señaló que las políticas de destierro, confiscación y represión han afectado severamente a familias y comunidades, con más de 250 millones de dólares en pérdidas asociadas a bienes y activos incautados.
Llamado a la comunidad internacional
El colectivo pidió a la comunidad internacional reconocer y denunciar el destierro como política de Estado en Nicaragua y continuar ejerciendo presión por las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad registrados en el país.
También urgió a los países receptores a reforzar los mecanismos de protección y refugio para los nicaragüenses desplazados por motivos políticos.
La crisis actual ha generado el mayor éxodo en la historia de Nicaragua, superando incluso al registrado en los años 80 durante la guerra civil que dejó decenas de miles de muertos.
