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  • Partidos políticos han recibido al menos $174.7 millones en financiamiento desde 2014

    Partidos políticos han recibido al menos $174.7 millones en financiamiento desde 2014

    Los partidos políticos salvadoreños recibieron al menos $174,794,833.76 en financiamiento desde 2014 hasta 2024 según los datos del último «Informe sobre financiamiento 2024 y la transparencia de los partidos políticos en 2024» de la organización Acción Ciudadana (AC).

    En 11 años de datos, los institutos políticos salvadoreños registran un financiamiento público de al menos $89,907,601.57 o deuda política y otros $84,887,232.19 en financiamiento privado, es decir, donaciones de personas naturales y jurídicas.

    Los datos indican que, si bien el financiamiento público ha sido ligeramente predominante, también el apoyo privado ha tenido un papel relevante, especialmente durante los años electorales en los que los partidos aumentan sus gastos.

    Los registros muestran que una mayor cantidad de dinero fue reportada en 2014 con $42,275,027.11  y 2018, con $29,373,729.29.

    Acción Ciudadana consideró en el informe que los «datos evidencian una dependencia del financiamiento respecto al ciclo electoral» y la capacidad de hacer fluir recursos en esos períodos.

    La AC recalcó que los montos de financiamiento podrían incluso ser mayores a los reportados en el informe, porque «no todos los partidos han presentado información completa» sobre sus donantes y los montos recibidos de financiamiento.

    Los años con más financiamiento según reportes de Acción Ciudadana fueron:

    • $42,275,027.11 en 2014.
    • $29,373,729.29 en 2018.
    • $23,470,857.85 en 2021.
    • $19,883,611.80 en 2015.
    • $19,572,763.98 en 2019.

    Los partidos Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) y el Partido de Concertación Nacional (PCN) no entregaron la información de sus estados financieros a AC para el estudio.

    Mientras, el Ministerio de Hacienda no ha divulgado el detalle completo de los montos exactos que recibió cada partido como deuda política en los años 2021 y 2024, por lo que el total reportado podría ser superior al registrado por Acción Ciudadana.

    ¿Quiénes han recibido mayor financiamiento?

    Acción Ciudadana enfatizó que los datos no incluyen los montos individuales recibidos por los partidos, porque desde 20214 el Ministerio de Hacienda no desglosa la cantidad que recibió cada instituto.

    Según las estimaciones de Acción Ciudadana, solo Nuevas Ideas por la cantidad de votos reportada debió recibir al menos $39,730,771.77 en deuda política.

    Sin embargo, los datos disponibles muestran que cuatro partidos concentrarían la mayor cantidad de fondos.

    El informe señala que desde 2014, el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) recibió $74,501,266.13 en financiamiento público y privado. Le sigue el FMLN con $40,586,219.60. Luego, se reporta deuda política no especificada a su destinatario por un monto de $30,459,208.20.

    Después, se encuentra Gana con $12,405,821.25 de fondos privados y públicos. Le sigue el PCN con $7,380,370.42 y Democracia Salvadoreña con $3,360,522.69. Aún más abajo se encuentra Nuevas Ideas con $1,407,297.57; y Vamos, con $231,376.13.

    A partir de 2027, los partidos ya no recibirán la deuda política porque fue eliminada por la Asamblea Legislativa.

  • Ingresos del fisco crecen $554 millones en los primeros 10 meses del año

    Ingresos del fisco crecen $554 millones en los primeros 10 meses del año

    El fisco salvadoreño recibió $554.7 millones adicionales en los primeros 10 meses del año en comparación con 2024, según el Ministerio de Hacienda.

    De enero a noviembre, los ingresos tributarios y contribuciones —reflejo de la dinámica económica— rebasaron los $7,352.4 millones, equivalente a un crecimiento interanual de 8.2 % frente a los $6,797.7 millones registrados en igual período de 2024.

    Frente a la proyección presupuestaria, Hacienda reporta un incremento de $226.9 millones, un 3.2 %.

    Un 89.5 % de los ingresos tributarios procedió del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto sobre la Renta (ISR), uno cargado al consumo y otro a los ingresos de asalariados y a las ganancias de las empresas.

    De acuerdo con Hacienda, el IVA dejó al tesoro salvadoreño $3,480.8 millones, equivalente a $288.8 millones (9 %) más en comparación con los resultados de 2024, mientras que, frente al presupuesto, el crecimiento fue más moderado, de $91 millones (2.7 %).

    Los ingresos por renta, en tanto, experimentaron un crecimiento interanual de 6.7 % luego de sumar $3,104.1 millones, al menos $194.7 millones adicionales respecto a 2024, o $94.1 millones (3.1 %) en relación con la proyección presupuestaria.

    Rubros de mayor crecimiento

    Hacienda reporta que los ingresos por derechos arancelarios a la importación mostraron un fuerte crecimiento interanual de 14.1 %, mientras que el rubro de otros impuestos y gravámenes diversos repuntó 16.9 %.

    Los derechos arancelarios sumaron $351.5 millones y otros impuestos representaron $117.7 millones. En esta última categoría se incluyen los ingresos por transferencias de bienes raíces, impuesto por la primera matrícula, primas de seguros y transferencias (Ley de Agentes Extranjeros).

    Entretanto, los impuestos selectivos al consumo crecieron 3.4 %. De enero a noviembre, el fisco salvadoreño recaudó $221.8 millones por la venta de productos alcohólicos, cervezas, cigarrillos, gaseosas y armas.

    Las contribuciones especiales totalizaron $76.5 millones, un crecimiento de 4.7 % frente a 2024.

    De acuerdo con Hacienda, los ingresos tributarios más los no tributarios —tasas y derechos— superaron los $7,638.4 millones, lo que significó $581.4 millones (8.2 %) más que en 2024; sin embargo, en relación con el presupuesto se redujeron $21.6 millones (0.3 %).

  • Hacienda proyecta reducción gradual de la deuda pública hasta 82 % del PIB en 2029

    Hacienda proyecta reducción gradual de la deuda pública hasta 82 % del PIB en 2029

    El Ministerio de Hacienda prevé un descenso de la deuda a partir de 2026 hasta que llegue a un 82 % del producto interno bruto (PIB) en 2029, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2029, publicado en Transparencia Fiscal.

    Este informe es uno de los compromisos asumidos por el gobierno salvadoreño ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte del acuerdo por $1,400 millones, cuyo principal fin es ordenar las cuentas fiscales. Además, se enmarca en los parámetros definidos en la Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

    De acuerdo con las proyecciones, la deuda del sector público no financiero (SPNF) se mantendrá con una “trayectoria estable y decreciente” entre 2025 y 2029, a través de la implementación de medidas de corrección fiscal que implicarán un ajuste de 3.5 puntos porcentuales del PIB.

    El documento plantea como meta una reducción de 5.4 puntos porcentuales en relación con el PIB entre 2024 y 2029, que pasaría de un 87.4 % a 82 %.

    Con dicha reducción se cumpliría la meta establecida en la Ley de Sostenibilidad Fiscal, aprobada en junio de 2025, que fija un límite de endeudamiento no mayor del 80 % del PIB para 2030.


    Hacienda propone esa reducción del peso de la deuda mediante un ajuste en el superávit primario —más ingresos que gastos— y un crecimiento económico sostenido.

    Para este período se prevé un superávit primario promedio de 3.3 % del PIB, menor en relación con la tasa de 4.2 % registrada al cierre de 2024, mientras que el déficit fiscal —más gastos que ingresos— llegaría a 2.6 % en 2029.

    En cuanto al crecimiento económico, Hacienda considera que las medidas económicas y fiscales permitirán “mejorar la capacidad estructural de la economía, logrando crecer sin crear presiones inflacionarias, aumentando en el mediano plazo el crecimiento del PIB potencial y una mayor resiliencia ante choques externos”.

     

    Indicadores fiscales 2025-2029:
    – Reducción de 5.4 puntos porcentuales de la relación de la deuda con el PIB entre 2024 y 2029, que pasaría de 87.4 % a 82 %.
    – El déficit fiscal se reduciría gradualmente hasta llegar a 2.9 % en 2029.
    – El balance primario —más ingresos que gastos sin incluir intereses— sería de 1.9 % en 2025 y aumentaría hasta 3.7 % en 2027 y 4.2 % en 2029.
    – La inversión pública alcanzaría un promedio de 4.2 % del PIB.
    – El gasto público total pasaría de 29.4 % del PIB en 2025 a 29.2 % en 2029. El gasto corriente llegaría a 25.2 % del PIB en 2029.

     

    Riesgos: ¿qué podría frenar el cumplimiento de esta meta?

    Sin embargo, el informe advierte que el costo de la deuda es el principal “factor de presión al alza”. Si bien el superávit fiscal reduciría la deuda en 16.6 % del PIB y el crecimiento económico en 12 %, las altas tasas de interés la incrementarían en 24 %.

    También señala los riesgos asociados a los desastres medioambientales como uno de los mayores obstáculos, según una medición realizada con la herramienta para la evaluación de riesgos fiscales (FRAT), desarrollada por el FMI.

    “Estos podrían generar un impacto fiscal alto y tienen una probabilidad de materialización alta”, agrega, al ejemplificar que la ocurrencia de dos desastres —como un sismo o exceso de lluvias— podría reducir el crecimiento del PIB en 2 %, aumentar el déficit fiscal en 4.2 % y elevar la deuda en 6.6 %.

    Además, menciona “riesgos específicos” derivados de las empresas públicas, los asocios público-privados (APP), los gobiernos locales y las garantías soberanas, aunque aclara que generarían un “impacto fiscal bajo y una probabilidad de materialización media o baja”.

    En el informe, Hacienda también destaca “incrementos sostenidos” de la recaudación tributaria —al menos $2,858 millones entre 2020 y 2024— debido a medidas administrativas para mejorar y modernizar la administración tributaria, ampliar la base de contribuyentes y promover la equidad del sistema, sin aumentar impuestos.

  • TSE aún no define dónde instalará las nuevas 112 JRV que tiene previsto agregar para elecciones 2027

    TSE aún no define dónde instalará las nuevas 112 JRV que tiene previsto agregar para elecciones 2027

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no ha definido dónde exactamente ubicará las nuevas 112 Juntas Receptoras de Votos (JRV) que planea aumentar para las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2027.

    Diario El Mundo consultó a través de la Dirección de Comunicaciones de la institución electoral sobre las circunscripciones dónde se instalarían las nuevas JRV, sin embargo, las autoridades informaron que «la ubicación de las nuevas JRV aún se encuentra en fase de consolidación interna».

    En 2024, el Tribunal instaló 8,821 Juntas en 1,595 centros de votación distribuidos en todo el país. Para el 2027, la presidenta del TSE, Roxana Soriano, dijo que las aumentarían a 8,933, es decir, que la cifra aumentaría en 112, lo que representa un 1 %.

    Soriano presentó este dato ante los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, en el estudio del presupuesto solicitado por el Ministerio de Hacienda para los comicios generales de 2027.

    Por otro lado, el Tribunal aseguró a El Mundo que la información sobre «la conformación, distribución y ubicación de las JRV será publicada oportunamente» en los canales oficiales de la entidad hasta que se haya concluido el proceso técnico correspondiente.

    «La información sobre la ubicación de las nuevas Juntas Receptoras de Votos aún se encuentra en fase de consolidación interna. Toda la información relacionada con la conformación, distribución y ubicación de las JRV será publicada oportunamente». Tribunal Supremo Electoral.

    Para las JRV, la máxima autoridad electoral prevé contratar a 89,334 personas entre propietarios y suplentes, lo que requeriría un desembolso de $6.7 millones en salarios porque esperan aumentar el pago a $75 según expuso Soriano a los legisladores.

    Para las JRV se ha presupuesto la compra de nuevos kits tecnológicos para el procesamiento y transmisión de resultados, lo que requeriría la erogación de $18.4 millones.

    El TSE prevé adquirir los servicios de 363,391 empleados temporales por $36.5 millones para la próxima jornada electoral de 2027. La Asamblea Legislativa ya aprobó $172.1 millones para las elecciones: $125.3 para el voto nacional y $46.7 para el voto en el exterior.

  • TSE se reúne con la Junta de Vigilancia Electoral sobre organización de elecciones 2027

    TSE se reúne con la Junta de Vigilancia Electoral sobre organización de elecciones 2027

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunió este lunes con la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) sobre la organización interinstitucional para las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del 28 de febrero de 2027.

    La entidad electoral informó que los magistrados del organismo colegiado se reunieron con al menos 11 directores de la Junta, integrada por representantes de los partidos políticos legalmente inscritos. La reunión habría estado orientada a la coordinación interinstitucional para el próximo evento.

    Una fuente de la Junta dijo que en el encuentro hablaron sobre temas administrativos y sobre el presupuesto 2026 aprobado por la Asamblea Legislativa. Otra fuente agregó que la reunión es realizada cada cierto tiempo para que la Junta pida necesidades a los magistrados.

    Aunque no estaba planificado en la agenda, ambas partes también abordaron el tema de la deuda de dietas de tres institutos políticos. Hasta octubre, la deuda en dietas sumaba $181,335.68 con los directores de Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), el Partido Independiente Salvadoreño (Pais), Fuerza Solidaria y los partidos en liquidación Nuestro Tiempo y Cambio Democrático (CD).

    La deuda se desglosa así:

    • PAIS: $49,899.36.
    • Cambio Democrático: $46,521.24.
    • Nuestro Tiempo: $44,491.20.
    • Fraternidad Patriota Salvadoreña: $30,565.80.
    • Fuerza Solidaria: $9,857.68.

    Una fuente del Tribunal dijo que la falta de pagos a tiempo de las dietas es «más un tema» del Ministerio de Hacienda porque la entidad electoral realizó los trámites para gestionar los fondos para el pago de las dietas retrasadas pero les indicaron que era la Junta la que debía reorganizarse para liberar esos fondos.

    «Se quedó en nada» dijo la fuente. De 2023 a 2025 la Junta funcionó con $812,615 anualmente como presupuesto ordinario, pero para 2026 tendría $865,010. Varias fuentes explicaron que el aumento se debe al incremento del salario mínimo.

  • Amnistía fiscal concluye este domingo con atención de Hacienda hasta la medianoche

    Amnistía fiscal concluye este domingo con atención de Hacienda hasta la medianoche

    Este domingo finaliza la amnistía fiscal, que permite a los contribuyentes ponerse al día con el fisco salvadoreño sin pagar intereses.

    El Ministerio de Hacienda amplió el horario de servicios desde el 1 de diciembre pasado en todos los Centros de Atención Exprés para facilitar el pago.

    Según un comunicado publicado en su portal, este sábado se atendió de 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m., mientras que el domingo el horario se extenderá hasta la medianoche.

    «Con esta ampliación de horario, buscamos que todos los contribuyentes tengan la oportunidad de realizar sus trámites con comodidad y aprovechar los beneficios de la amnistía fiscal», indicó Hacienda.

    Dicha amnistía fue aprobada en octubre pasado por la Asamblea Legislativa, que cedió un plazo de 60 días a los contribuyentes con deuda pendiente ante Hacienda y Aduanas; sin embargo, excluye las multas impuestas por municipalidades.

    Según la institución, en la amnistía fiscal de 2024 se logró una recaudación de $105 millones de 59,493 contribuyentes.

    Hacienda reporta que los ingresos tributarios crecieron un 8.6 % y superaron los $6,700 millones entre enero y octubre. Esta cifra aumentó en $537.6 millones (8.6 %) en relación con igual período de 2024, mientras que, frente a las proyecciones del presupuesto, se recibieron $246.4 millones adicionales, un crecimiento de un 3.8 %.

  • CCR no auditó partidos políticos ni proceso electoral 2024 por priorizar fiscalización municipal, según AC

    CCR no auditó partidos políticos ni proceso electoral 2024 por priorizar fiscalización municipal, según AC

    La Corte de Cuentas de la República (CCR) habría cerrado el 2024 sin auditar a los partidos políticos salvadoreños ni el proceso electoral 2024 por haber priorizado su Plan de fiscalización municipal del año pasado según informó a través de una solicitud de información a la organización Acción Ciudadana (AC).

    La AC informó que envió una solicitud de información a la CCR para solicitar información sobre los partidos políticos auditados en 2024 y el proceso electoral de ese año, pero la institución fiscalizadora le respondió que «para el año 2024 era prioridad el cumplimiento del Plan de fiscalización municipal 2024, por lo que, la mayoría de esfuerzos se enfocaron en dicho plan».

    Por ello, Acción Ciudadana concluye que la Corte no realizó «auditorías especificas a partidos políticos ni al proceso electoral». En el portal de transparencia de la entidad no están publicadas los informes de auditorías de 2023 y 2024, mientras que el año pasado, dijo que presuntamente estaba auditando «en tiempo real» las elecciones, pero el informe respectivo no se conoció. En ese entonces, la CCR era dirigida por la ahora presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano.

    «La Corte de Cuentas de la República informó que durante 2024 su prioridad fue el plan de fiscalización municipal, por lo que, no se realizaron auditorías especificas a partidos políticos ni al proceso electoral… Esto debilita los mecanismos de control». Acción Ciudadana en su informe sobre transparencia de partidos políticos.

    La organización aseguró en el «Informe sobre el financiamiento 2024 y la transparencia de los partidos políticos en 2025» que esta falta de fiscalización evidencia que la opacidad en la transparencia del financiamiento de los institutos políticos no solo es partidaria sino institucional.

    Además, considera que esta falta de auditoría debilita los mecanismos de control sobre los partidos y dificulta la fiscalización, por lo que, se abren «espacios para riesgos de financiamiento irregular». Para el proceso electoral de 2027, los partidos solo podrán recibir fondos de privados, debido a la eliminación de la deuda política.

    Por otro lado, la AC dijo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negó a entregar reportes sobre el financiamiento de los partidos, a pesar que el año pasado se inauguró la Unidad de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos (UFFPP) para controlar los fondos que reciben los institutos políticos.

    En la resolución, el Tribunal alegó que no es la entidad competente de divulgar datos financieros de los partidos. Lo que impediría «conocer si se llevaron a cabo procedimientos de verificación o si se aplicaron sanciones ante posibles incumplimientos».

    Mientras, que el Ministerio de Hacienda no entregó a Acción Ciudadana los listados de donantes de los partidos políticos y solo se limitó a publicar los montos generales que entregó en deuda política, sin detallar el monto para cada partido, limitando así «la capacidad de seguimiento sobre cómo se asignan estos recursos públicos».

    El artículo 22 de la Ley de partidos políticos establece que los institutos deben llegar contabilidad formal y tener auditorías internas en los períodos que señalan los estatutos sobre el uso de su patrimonio y de los fondos de financiamiento privado y público.

  • Asamblea tiene 23 días para aprobar la Ley del Presupuesto general 2026

    Asamblea tiene 23 días para aprobar la Ley del Presupuesto general 2026

    La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto cerró el ciclo de audiencias públicas con instituciones del Estado que acudieron a explicar sus requerimientos financieros para el próximo año fiscal. Durante ocho jornadas consecutivas, los diputados escucharon a distintos titulares justificar sus gastos y planes proyectados para 2026.

    Durante las entrevistas, los diputados de la Comisión se enfocaron en evaluar la eficiencia del gasto público, la ejecución de proyectos y la planificación financiera de las entidades del Ejecutivo. Sin embargo, algunas instituciones claves quedaron fuera del proceso, como el Ministerio de Trabajo, que no fue convocado, y la propia Asamblea Legislativa, cuyo presupuesto sigue sin ser público.

    El proyecto de presupuesto general de El Salvador para 2026 contempla un monto total de $10,555.5 millones, lo que representa un incremento de $892.5 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025, que fue de $9,663 millones. No obstante, ese monto ya sufrió modificaciones a lo largo del año.

    Hasta octubre de 2025, el presupuesto modificado ascendía a $10,395 millones, tras incorporaciones adicionales destinadas, principalmente, a proyectos estratégicos. Según el portal de Transparencia Fiscal, ya se han comprometido $8,473.4 millones y devengado $7,897.4 millones, reflejando un avance del 76% en la ejecución presupuestaria.

    La falta de discusión sobre el presupuesto del Órgano Legislativo ha generado cuestionamientos desde sectores de sociedad civil que demandan mayor transparencia. En años anteriores, la Asamblea ha recibido críticas por aumentos en gastos operativos sin justificación clara ante la ciudadanía.

    El Ministerio de Hacienda ha justificado el aumento del presupuesto para 2026 en la necesidad de impulsar proyectos de desarrollo social, infraestructura y seguridad, sin embargo, no se han detallado públicamente todos los rubros que explican el crecimiento de casi $900 millones respecto al año anterior.

    Se espera que, como en años anteriores, la aprobación del presupuesto se concrete en diciembre, posiblemente cerca del 17 de ese mes, fecha en la que en 2024 se autorizó el plan de gastos con una modificación de última hora para incluir $10 millones dirigidos a escalafones salariales de Salud y Educación.

    El proyecto de ley tiene que ser aprobado por mayoría calificada antes del 31 de diciembre para evitar un cierre del ejercicio fiscal sin un nuevo presupuesto aprobado. En ese caso, la ley vigente prevé una prórroga automática del presupuesto anterior, lo cual podría limitar la implementación de nuevas políticas públicas.

    De momento, el Ejecutivo y la Asamblea continúan en fase de ajustes técnicos. Aunque el proceso se mantiene con bajo perfil mediático, las decisiones tomadas en estas semanas serán clave para la ejecución de programas sociales, inversión pública y estabilidad fiscal en 2026.

     

  • ISBM tendría reducción de $4.7 millones y Bases Magisteriales dice el sistema “está quebrado”

    ISBM tendría reducción de $4.7 millones y Bases Magisteriales dice el sistema “está quebrado”

    El Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) experimentaría una baja de $4,771,390 en su presupuesto del próximo año según el proyecto de presupuesto 2026 presentado por el Ministerio de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Bases Magisteriales ya califica el sistema de salud docente como «quebrado» por carencias.

    El ISBM dispuso de $71,244,685 para prestación de servicios médicos, infraestructura física y administración, sin embargo, para el próximo año el monto se reduciría a $66,472,755, lo que significa una reducción de $4.7 millones equivalente al 7 %.

    El área de servicios médicos hospitalarios tendría una reducción de $5,546,335 para el próximo año. En 2025 este rubro recibió un financiamiento de $64,247,210 pero para el próximo fiscal podría bajar a $58,700,875 de ser aprobada esta propuesta por los diputados de la Asamblea Legislativa.

    En ese sentido, en un foro realizado por Bases Magisteriales, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss), Rafael Aguirre, explicó a los docentes que la reducción de esos fondos se traduciría en menos especialistas y subespecialistas para atenderlos.

    El presupuesto para la administración también se reduciría en $415,155 sin embargo, los fondos destinados para infraestructura aumentarían en un 1,983 % porque pasaría de $60,000 de este año a $1,249,560 para el próximo año para construcciones y mejoras en los bienes inmuebles de la institución.

    Mientras tanto, la gremial de maestros Bases Magisteriales Salvadoreñas asegura en el comunicado de cierre del año escolar que el sistema del ISBM «está quebrado» porque los docentes y sus familiares sufren diariamente la falta de medicamentos, «la imposibilidad» de pasar consulta con especialistas y la carencia de fondos para exámenes.

    «Este abandono pone en riesgo por completo la salud de los pilares de la educación salvadoreña» dice el comunicado publicado el fin de semana. Además, se refirieron al sistema de pensiones y «las pensiones de hambre» que califican como «una injusticia dolorosa» para los docentes.

    Indicó que la pensión que reciben los docentes pensionados desde 2018 son tan bajas que los «condena a una vejez de pobreza y desamparo».

    La Asamblea Legislativa ya concluyó las entrevistas previstas con funcionarios para el estudio de sus presupuestos para así decretar los fondos finales que serán distribuidos para cada institución para el 2026. La nueva Ley de presupuesto tendría que ser aprobada antes de que termine este año.

  • Las carreteras Troncal del Norte, Los Toles y Ruta de Paz serán intervenidas por el Fovial en 2026

    Las carreteras Troncal del Norte, Los Toles y Ruta de Paz serán intervenidas por el Fovial en 2026

    Las carreteras Troncal del Norte, en San Salvador; Los Toles en Ahuachapán y Ruta de Paz, en el oriente del país serán tres de las vías que intervendrá el Fondo de Conservación Vial (Fovial) durante las primeras semanas del 2026.

    El director del Fovial, Alex Beltrán, afirmó este viernes que el próximo año trabajarán en el mantenimiento de 7,250 kilómetros de calles, además, de otros 50 kilómetros de carpeta en distintos puntos de carreteras en el país. Algunas de las vías a intervenir están la Troncal del Norte, Los Toles y Ruta de Paz.

    En cuanto a la Troncal del Norte, dijo que la intervención se realizará en tres tramos de la carretera. No detalló cuándo iniciarían los trabajos ni el plan operativo para reorientar el tránsito por la zona. Por otro lado, en el caso de Los Toles, se intervendrán 12 kilómetros en enero. En estas semanas han iniciado con tareas de medición e instalación de derechos de vía.

    «Son 7,250 kilómetros a los cuales vamos a seguir realizándoles el mantenimiento, pero también tenemos proyección de realizar poco más de 50 kilómetros de carpeta en distintos puntos de carretera. Vamos con proyectos importantes como Los Toles en Ahuachapán». Alex Beltrán, director del Fovial.

    Aseguró que el otro año también seguirán con la intervención en pavimentación y rehabilitación de la Ruta de Paz en el oriente del país. Asimismo, en febrero de 2026 esperan entregar los trabajos de la carretera del Coco, que conecta con la frontera con Guatemala.

    Por otro lado, la institución también prevé para el próximo año la reconstrucción de los puentes La Gallina, El Rebalse y San Antonio Silva ubicados entre San Miguel y La Union sobre la carretera Panamericana.

    Para el año fiscal 2026, el Ministerio de Hacienda ha planificado destinar al Fovial $220.2 millones. La institución prevé destinar $60 millones para planes de bacheos a través de 43 contratos que se ejecutarían el próximo año para recuperar las vías afectadas por el impacto de las lluvias de este año.