El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunió este lunes con la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) sobre la organización interinstitucional para las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del 28 de febrero de 2027.
La entidad electoral informó que los magistrados del organismo colegiado se reunieron con al menos 11 directores de la Junta, integrada por representantes de los partidos políticos legalmente inscritos. La reunión habría estado orientada a la coordinación interinstitucional para el próximo evento.
Una fuente de la Junta dijo que en el encuentro hablaron sobre temas administrativos y sobre el presupuesto 2026 aprobado por la Asamblea Legislativa. Otra fuente agregó que la reunión es realizada cada cierto tiempo para que la Junta pida necesidades a los magistrados.
Aunque no estaba planificado en la agenda, ambas partes también abordaron el tema de la deuda de dietas de tres institutos políticos. Hasta octubre, la deuda en dietas sumaba $181,335.68 con los directores de Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), el Partido Independiente Salvadoreño (Pais), Fuerza Solidaria y los partidos en liquidación Nuestro Tiempo y Cambio Democrático (CD).
La deuda se desglosa así:
PAIS: $49,899.36.
Cambio Democrático: $46,521.24.
Nuestro Tiempo: $44,491.20.
Fraternidad Patriota Salvadoreña: $30,565.80.
Fuerza Solidaria: $9,857.68.
Una fuente del Tribunal dijo que la falta de pagos a tiempo de las dietas es «más un tema» del Ministerio de Hacienda porque la entidad electoral realizó los trámites para gestionar los fondos para el pago de las dietas retrasadas pero les indicaron que era la Junta la que debía reorganizarse para liberar esos fondos.
«Se quedó en nada» dijo la fuente. De 2023 a 2025 la Junta funcionó con $812,615 anualmente como presupuesto ordinario, pero para 2026 tendría $865,010. Varias fuentes explicaron que el aumento se debe al incremento del salario mínimo.
Este domingo finaliza la amnistía fiscal, que permite a los contribuyentes ponerse al día con el fisco salvadoreño sin pagar intereses.
El Ministerio de Hacienda amplió el horario de servicios desde el 1 de diciembre pasado en todos los Centros de Atención Exprés para facilitar el pago.
Según un comunicado publicado en su portal, este sábado se atendió de 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m., mientras que el domingo el horario se extenderá hasta la medianoche.
«Con esta ampliación de horario, buscamos que todos los contribuyentes tengan la oportunidad de realizar sus trámites con comodidad y aprovechar los beneficios de la amnistía fiscal», indicó Hacienda.
Dicha amnistía fue aprobada en octubre pasado por la Asamblea Legislativa, que cedió un plazo de 60 días a los contribuyentes con deuda pendiente ante Hacienda y Aduanas; sin embargo, excluye las multas impuestas por municipalidades.
Según la institución, en la amnistía fiscal de 2024 se logró una recaudación de $105 millones de 59,493 contribuyentes.
Hacienda reporta que los ingresos tributarios crecieron un 8.6 % y superaron los $6,700 millones entre enero y octubre. Esta cifra aumentó en $537.6 millones (8.6 %) en relación con igual período de 2024, mientras que, frente a las proyecciones del presupuesto, se recibieron $246.4 millones adicionales, un crecimiento de un 3.8 %.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) habría cerrado el 2024 sin auditar a los partidos políticos salvadoreños ni el proceso electoral 2024 por haber priorizado su Plan de fiscalización municipal del año pasado según informó a través de una solicitud de información a la organización Acción Ciudadana (AC).
La AC informó que envió una solicitud de información a la CCR para solicitar información sobre los partidos políticos auditados en 2024 y el proceso electoral de ese año, pero la institución fiscalizadora le respondió que «para el año 2024 era prioridad el cumplimiento del Plan de fiscalización municipal 2024, por lo que, la mayoría de esfuerzos se enfocaron en dicho plan».
Por ello, Acción Ciudadana concluye que la Corte no realizó «auditorías especificas a partidos políticos ni al proceso electoral». En el portal de transparencia de la entidad no están publicadas los informes de auditorías de 2023 y 2024, mientras que el año pasado, dijo que presuntamente estaba auditando «en tiempo real» las elecciones, pero el informe respectivo no se conoció. En ese entonces, la CCR era dirigida por la ahora presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano.
«La Corte de Cuentas de la República informó que durante 2024 su prioridad fue el plan de fiscalización municipal, por lo que, no se realizaron auditorías especificas a partidos políticos ni al proceso electoral… Esto debilita los mecanismos de control». Acción Ciudadana en su informe sobre transparencia de partidos políticos.
La organización aseguró en el «Informe sobre el financiamiento 2024 y la transparencia de los partidos políticos en 2025» que esta falta de fiscalización evidencia que la opacidad en la transparencia del financiamiento de los institutos políticos no solo es partidaria sino institucional.
Además, considera que esta falta de auditoría debilita los mecanismos de control sobre los partidos y dificulta la fiscalización, por lo que, se abren «espacios para riesgos de financiamiento irregular». Para el proceso electoral de 2027, los partidos solo podrán recibir fondos de privados, debido a la eliminación de la deuda política.
Por otro lado, la AC dijo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negó a entregar reportes sobre el financiamiento de los partidos, a pesar que el año pasado se inauguró la Unidad de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos (UFFPP) para controlar los fondos que reciben los institutos políticos.
En la resolución, el Tribunal alegó que no es la entidad competente de divulgar datos financieros de los partidos. Lo que impediría «conocer si se llevaron a cabo procedimientos de verificación o si se aplicaron sanciones ante posibles incumplimientos».
Mientras, que el Ministerio de Hacienda no entregó a Acción Ciudadana los listados de donantes de los partidos políticos y solo se limitó a publicar los montos generales que entregó en deuda política, sin detallar el monto para cada partido, limitando así «la capacidad de seguimiento sobre cómo se asignan estos recursos públicos».
El artículo 22 de la Ley de partidos políticos establece que los institutos deben llegar contabilidad formal y tener auditorías internas en los períodos que señalan los estatutos sobre el uso de su patrimonio y de los fondos de financiamiento privado y público.
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto cerró el ciclo de audiencias públicas con instituciones del Estado que acudieron a explicar sus requerimientos financieros para el próximo año fiscal. Durante ocho jornadas consecutivas, los diputados escucharon a distintos titulares justificar sus gastos y planes proyectados para 2026.
Durante las entrevistas, los diputados de la Comisión se enfocaron en evaluar la eficiencia del gasto público, la ejecución de proyectos y la planificación financiera de las entidades del Ejecutivo. Sin embargo, algunas instituciones claves quedaron fuera del proceso, como el Ministerio de Trabajo, que no fue convocado, y la propia Asamblea Legislativa, cuyo presupuesto sigue sin ser público.
El proyecto de presupuesto general de El Salvador para 2026 contempla un monto total de $10,555.5 millones, lo que representa un incremento de $892.5 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025, que fue de $9,663 millones. No obstante, ese monto ya sufrió modificaciones a lo largo del año.
Hasta octubre de 2025, el presupuesto modificado ascendía a $10,395 millones, tras incorporaciones adicionales destinadas, principalmente, a proyectos estratégicos. Según el portal de Transparencia Fiscal, ya se han comprometido $8,473.4 millones y devengado $7,897.4 millones, reflejando un avance del 76% en la ejecución presupuestaria.
La falta de discusión sobre el presupuesto del Órgano Legislativo ha generado cuestionamientos desde sectores de sociedad civil que demandan mayor transparencia. En años anteriores, la Asamblea ha recibido críticas por aumentos en gastos operativos sin justificación clara ante la ciudadanía.
El Ministerio de Hacienda ha justificado el aumento del presupuesto para 2026 en la necesidad de impulsar proyectos de desarrollo social, infraestructura y seguridad, sin embargo, no se han detallado públicamente todos los rubros que explican el crecimiento de casi $900 millones respecto al año anterior.
Se espera que, como en años anteriores, la aprobación del presupuesto se concrete en diciembre, posiblemente cerca del 17 de ese mes, fecha en la que en 2024 se autorizó el plan de gastos con una modificación de última hora para incluir $10 millones dirigidos a escalafones salariales de Salud y Educación.
El proyecto de ley tiene que ser aprobado por mayoría calificada antes del 31 de diciembre para evitar un cierre del ejercicio fiscal sin un nuevo presupuesto aprobado. En ese caso, la ley vigente prevé una prórroga automática del presupuesto anterior, lo cual podría limitar la implementación de nuevas políticas públicas.
De momento, el Ejecutivo y la Asamblea continúan en fase de ajustes técnicos. Aunque el proceso se mantiene con bajo perfil mediático, las decisiones tomadas en estas semanas serán clave para la ejecución de programas sociales, inversión pública y estabilidad fiscal en 2026.
El Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) experimentaría una baja de $4,771,390 en su presupuesto del próximo año según el proyecto de presupuesto 2026 presentado por el Ministerio de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Bases Magisteriales ya califica el sistema de salud docente como «quebrado» por carencias.
El ISBM dispuso de $71,244,685 para prestación de servicios médicos, infraestructura física y administración, sin embargo, para el próximo año el monto se reduciría a $66,472,755, lo que significa una reducción de $4.7 millones equivalente al 7 %.
El área de servicios médicos hospitalarios tendría una reducción de $5,546,335 para el próximo año. En 2025 este rubro recibió un financiamiento de $64,247,210 pero para el próximo fiscal podría bajar a $58,700,875 de ser aprobada esta propuesta por los diputados de la Asamblea Legislativa.
En ese sentido, en un foro realizado por Bases Magisteriales, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss), Rafael Aguirre, explicó a los docentes que la reducción de esos fondos se traduciría en menos especialistas y subespecialistas para atenderlos.
El presupuesto para la administración también se reduciría en $415,155 sin embargo, los fondos destinados para infraestructura aumentarían en un 1,983 % porque pasaría de $60,000 de este año a $1,249,560 para el próximo año para construcciones y mejoras en los bienes inmuebles de la institución.
Mientras tanto, la gremial de maestros Bases Magisteriales Salvadoreñas asegura en el comunicado de cierre del año escolar que el sistema del ISBM «está quebrado» porque los docentes y sus familiares sufren diariamente la falta de medicamentos, «la imposibilidad» de pasar consulta con especialistas y la carencia de fondos para exámenes.
«Este abandono pone en riesgo por completo la salud de los pilares de la educación salvadoreña» dice el comunicado publicado el fin de semana. Además, se refirieron al sistema de pensiones y «las pensiones de hambre» que califican como «una injusticia dolorosa» para los docentes.
Indicó que la pensión que reciben los docentes pensionados desde 2018 son tan bajas que los «condena a una vejez de pobreza y desamparo».
La Asamblea Legislativa ya concluyó las entrevistas previstas con funcionarios para el estudio de sus presupuestos para así decretar los fondos finales que serán distribuidos para cada institución para el 2026. La nueva Ley de presupuesto tendría que ser aprobada antes de que termine este año.
Las carreteras Troncal del Norte, en San Salvador; Los Toles en Ahuachapán y Ruta de Paz, en el oriente del país serán tres de las vías que intervendrá el Fondo de Conservación Vial (Fovial) durante las primeras semanas del 2026.
El director del Fovial, Alex Beltrán, afirmó este viernes que el próximo año trabajarán en el mantenimiento de 7,250 kilómetros de calles, además, de otros 50 kilómetros de carpeta en distintos puntos de carreteras en el país. Algunas de las vías a intervenir están la Troncal del Norte, Los Toles y Ruta de Paz.
En cuanto a la Troncal del Norte, dijo que la intervención se realizará en tres tramos de la carretera. No detalló cuándo iniciarían los trabajos ni el plan operativo para reorientar el tránsito por la zona. Por otro lado, en el caso de Los Toles, se intervendrán 12 kilómetros en enero. En estas semanas han iniciado con tareas de medición e instalación de derechos de vía.
«Son 7,250 kilómetros a los cuales vamos a seguir realizándoles el mantenimiento, pero también tenemos proyección de realizar poco más de 50 kilómetros de carpeta en distintos puntos de carretera. Vamos con proyectos importantes como Los Toles en Ahuachapán». Alex Beltrán, director del Fovial.
Aseguró que el otro año también seguirán con la intervención en pavimentación y rehabilitación de la Ruta de Paz en el oriente del país. Asimismo, en febrero de 2026 esperan entregar los trabajos de la carretera del Coco, que conecta con la frontera con Guatemala.
Por otro lado, la institución también prevé para el próximo año la reconstrucción de los puentes La Gallina, El Rebalse y San Antonio Silva ubicados entre San Miguel y La Union sobre la carretera Panamericana.
Para el año fiscal 2026, el Ministerio de Hacienda ha planificado destinar al Fovial $220.2 millones. La institución prevé destinar $60 millones para planes de bacheos a través de 43 contratos que se ejecutarían el próximo año para recuperar las vías afectadas por el impacto de las lluvias de este año.
El Gobierno salvadoreño pidió a la Asamblea Legislativa ratificar dos convenios de financiamiento por un total de $61.3 millones, suscritos previamente, que serán destinados al “Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural)”.
El primero de los convenios corresponde a un contrato de préstamo suscrito con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, por un monto de hasta $30 millones, firmado el 9 de octubre de 2025 por el ministro de Hacienda, Gerson Posada. Este financiamiento busca apoyar a agricultores con prácticas agrícolas sostenibles y mayor acceso a mercados, con el objetivo de mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria de familias rurales.
El segundo financiamiento fue pactado con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) por un total de hasta $31.3 millones. Este acuerdo fue suscrito por Hacienda el 20 de octubre y por el FIDA el 3 de noviembre de 2025, y se divide en tres componentes: un primer préstamo por $11.8 millones, un segundo por $4.5 millones y un tercero por $15 millones.
De acuerdo con la propuesta enviada al Congreso, la finalidad del segundo financiamiento es focalizar la inversión en zonas rurales según criterios socioeconómicos, demográficos y ambientales, a fin de fortalecer la resiliencia y elevar los niveles de ingreso y nutrición de las comunidades agrícolas más vulnerables.
Ambas solicitudes serán analizadas el lunes 8 de diciembre, a las 10:00 a.m., en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, como parte del proceso requerido para la aprobación legislativa de los préstamos.
La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, con 56 votos a favor, disposiciones especiales y transitorias que otorgan al Ministerio de Obras Públicas (MOP) las facultades legales para ejecutar, suscribir y administrar los actos y contratos del “Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador”, que incluye la construcción del bypass de Apopa.
Este proyecto cuenta con dos fuentes de financiamiento ya aprobadas por el Congreso. El primero fue aprobado el 9 de abril de 2024 por $150 millones, y el segundo, el 10 de julio del mismo año, por un monto adicional de $120 millones. Ambos créditos fueron otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entidad del Banco Mundial.
Según el Ministerio de Hacienda, el segundo préstamo busca ampliar el alcance del puente atirantado, desarrollar obras complementarias y fortalecer la capacidad institucional del MOP para la ejecución del proyecto.
La normativa también faculta al MOP para realizar compensaciones y restituciones de bienes inmuebles, así como brindar soluciones habitacionales a las familias que resulten afectadas por las obras. “Como sabemos, la construcción de dichas obras, tanto viales como puentes, requiere derechos de vía. Esto significa que en algún momento se deberá compensar a familias que están dentro de las zonas donde se ejecutarán las obras”, explicó un funcionario durante la sesión legislativa.
56 diputados votaron a favor de que el MOP administre recursos y suscriba contratos para construcción de bypass de Apopa
Como parte del plan de reasentamiento, se estableció que las familias beneficiadas con un nuevo título de propiedad no podrán vender, transferir ni constituir gravámenes sobre sus viviendas durante los 20 años posteriores a la fecha de entrega de la escritura pública.
Además, los proyectos habitacionales vinculados a este reasentamiento fueron declarados de interés social. Por ello, los trámites para la inscripción de derechos de propiedad en estos casos estarán exentos del pago de derechos registrales y catastrales.
La Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria de este 2 de diciembre incorporar $40 millones al presupuesto 2025 para voto en el exterior de 2027, a petición del Ministerio de Hacienda. La incorporación de estos fondos contó con 54 votos a favor de Nuevas Ideas y aliados. Vamos votó en contra y Arena no votó.
El monto total aprobado, también en este plenaria, de presupuesto para el voto en el exterior es de $46.7 millones, de ello se están incorporando al ejercicio fiscal 2025 los $40 millones
Con los $40 millones se pretende garantizar la contratación de la empresa que ejecutará el sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial, incluyendo la transmisión de resultados electorales; el desarrollo del software para el programa de creación y cierre del registro electoral; así como, para financiar la contratación de las auditorías que van a realizar a la empresa que implementará los sistemas de votación antes referidos.
También la puesta en marcha de las campañas publicitarias para motivar la participación masiva en los comicios y la información de las modalidades de votación y los diferentes centros de votación en el exterior.
El decreto explica que el presupuesto de los $46.7 millones tendrá una vigencia de tres ejercicios fiscales 2025-2027 y сon una distribución de recursos, así: para los gastos pre- electorales en el año 2025 los $40 millones.
Para el año 2026 por $4.6 millones además, y para los gastos electorales en el año 2027 $2.1 millones, con los cuales se financiarán 22 programas del plan general de elecciones.
El Ministerio de Hacienda destacó los avances en las condiciones fiscales y la aprobación de leyes “adecuadas” con incentivos para atraer más inversiones en El Salvador, país anfitrión del Foro Global de Emprendimiento y Tecnología para América Latina y el Caribe (GET Forum), con ponentes de 25 países.
En la inauguración de la jornada de este lunes, Jerson Posada, ministro de Hacienda, elaboró un rosario de factores que, según él, han contribuido a mejorar la imagen de El Salvador a nivel internacional y encaminarlo a convertirse en un hub de innovación.
Según Posada, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) respalda las políticas fiscales que implementa la Administración de Nayib Bukele, lo que ha permitido aliviar las finanzas públicas e incluso mejorar la percepción de riesgo de El Salvador, medida por el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), desde el máximo reportado de julio de 2022 de 35.12 puntos, hasta 3.57 a finales de noviembre.
“Estamos cada día mejorando más”, señaló Posada, al tiempo que indicó que se ha pasado de tener déficit fiscal a superávit primario (gastar menos de lo recaudado). Para 2025, Hacienda prevé que este sea de 1.5 % como relación del producto interno bruto (PIB).
Posada consideró que el crecimiento económico será más “agresivo” a partir de los indicadores registrados hasta la fecha y superará las proyecciones de los multilaterales, que oscilan entre 2.5 % y 3.5 %.
A la lista se suma la mejora regulatoria, agregó, porque “El Salvador ha sabido pasar las leyes adecuadas que generen este ambiente de certidumbre y seguridad jurídica a las empresas”.
Entre las últimas leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa se encuentra una para atraer bancos de inversión, que podrán operar en bitcoin o activos de fácil liquidación; un régimen especial para incentivar las inversiones de alto valor con exoneración de impuestos; e incentivos fiscales a salarios de técnicos de nuevas inversiones o a la contratación de salvadoreños retornados.
James P. Scriven, del BID Invest, durante una jornada el lunes como parte del GET Forum. /DEM
Posada mencionó ante un panel de líderes empresariales el acuerdo con Google por $500 millones para proyectos de innovación y educación, así como el lanzamiento de DoctorSV, como muestras de los avances de El Salvador en materia tecnológica.
“Son más que cifras técnicas”, zanjó el funcionario durante un conversatorio compartido con Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, y Ricardo Augspurg, de Agrisal y presidente del hub de innovación SNBX.
Adaptación del sector privado
“El Salvador está demostrando que puede competir como un hub emergente de innovación en la región”, agregó la representante del BID, mientras que Augspurg aseguró que Agrisal, que tiene 120 años de operaciones, se encuentra en una “etapa de crecimiento sin precedentes” que es apalancada, en parte, por las condiciones económicas.
“Algo fundamental es que los esfuerzos de país están convergiendo hoy más que nunca”, indicó Augspurg, quien consideró que el sector privado y el público, junto con emprendedores y organismos internacionales, “están alineando sus prioridades y estamos trabajando de manera coordinada”.
Para el líder empresarial, El Salvador avanza en convertirse en un hub tecnológico basado en tres “razones”, que abarcan el “entorno habilitante que genera confianza” mediante la seguridad.
En segundo lugar, añadió, la adopción de tecnología que da “pasos importantes y reales” en todos los sectores de la economía, mientras que la tercera razón es un ecosistema que “comienza a consolidarse cada día con mayor fortaleza”, con aceleradoras de empresas emergentes e iniciativas privadas.
“Una empresa con 120 años de historia, para nosotros, este es un momento extraordinario, trascendental. Creemos más que nunca en El Salvador, en lo que cada uno de nosotros hace por nuestro país y estamos invirtiendo para que esta transformación sea sostenible, competitiva y, sin duda, de largo plazo”, sostuvo.
