El Gobierno salvadoreño pidió a la Asamblea Legislativa ratificar dos convenios de financiamiento por un total de $61.3 millones, suscritos previamente, que serán destinados al “Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural)”.
El primero de los convenios corresponde a un contrato de préstamo suscrito con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, por un monto de hasta $30 millones, firmado el 9 de octubre de 2025 por el ministro de Hacienda, Gerson Posada. Este financiamiento busca apoyar a agricultores con prácticas agrícolas sostenibles y mayor acceso a mercados, con el objetivo de mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria de familias rurales.
El segundo financiamiento fue pactado con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) por un total de hasta $31.3 millones. Este acuerdo fue suscrito por Hacienda el 20 de octubre y por el FIDA el 3 de noviembre de 2025, y se divide en tres componentes: un primer préstamo por $11.8 millones, un segundo por $4.5 millones y un tercero por $15 millones.
De acuerdo con la propuesta enviada al Congreso, la finalidad del segundo financiamiento es focalizar la inversión en zonas rurales según criterios socioeconómicos, demográficos y ambientales, a fin de fortalecer la resiliencia y elevar los niveles de ingreso y nutrición de las comunidades agrícolas más vulnerables.
Ambas solicitudes serán analizadas el lunes 8 de diciembre, a las 10:00 a.m., en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, como parte del proceso requerido para la aprobación legislativa de los préstamos.
La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, con 56 votos a favor, disposiciones especiales y transitorias que otorgan al Ministerio de Obras Públicas (MOP) las facultades legales para ejecutar, suscribir y administrar los actos y contratos del “Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador”, que incluye la construcción del bypass de Apopa.
Este proyecto cuenta con dos fuentes de financiamiento ya aprobadas por el Congreso. El primero fue aprobado el 9 de abril de 2024 por $150 millones, y el segundo, el 10 de julio del mismo año, por un monto adicional de $120 millones. Ambos créditos fueron otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entidad del Banco Mundial.
Según el Ministerio de Hacienda, el segundo préstamo busca ampliar el alcance del puente atirantado, desarrollar obras complementarias y fortalecer la capacidad institucional del MOP para la ejecución del proyecto.
La normativa también faculta al MOP para realizar compensaciones y restituciones de bienes inmuebles, así como brindar soluciones habitacionales a las familias que resulten afectadas por las obras. “Como sabemos, la construcción de dichas obras, tanto viales como puentes, requiere derechos de vía. Esto significa que en algún momento se deberá compensar a familias que están dentro de las zonas donde se ejecutarán las obras”, explicó un funcionario durante la sesión legislativa.
56 diputados votaron a favor de que el MOP administre recursos y suscriba contratos para construcción de bypass de Apopa
Como parte del plan de reasentamiento, se estableció que las familias beneficiadas con un nuevo título de propiedad no podrán vender, transferir ni constituir gravámenes sobre sus viviendas durante los 20 años posteriores a la fecha de entrega de la escritura pública.
Además, los proyectos habitacionales vinculados a este reasentamiento fueron declarados de interés social. Por ello, los trámites para la inscripción de derechos de propiedad en estos casos estarán exentos del pago de derechos registrales y catastrales.
La Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria de este 2 de diciembre incorporar $40 millones al presupuesto 2025 para voto en el exterior de 2027, a petición del Ministerio de Hacienda. La incorporación de estos fondos contó con 54 votos a favor de Nuevas Ideas y aliados. Vamos votó en contra y Arena no votó.
El monto total aprobado, también en este plenaria, de presupuesto para el voto en el exterior es de $46.7 millones, de ello se están incorporando al ejercicio fiscal 2025 los $40 millones
Con los $40 millones se pretende garantizar la contratación de la empresa que ejecutará el sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial, incluyendo la transmisión de resultados electorales; el desarrollo del software para el programa de creación y cierre del registro electoral; así como, para financiar la contratación de las auditorías que van a realizar a la empresa que implementará los sistemas de votación antes referidos.
También la puesta en marcha de las campañas publicitarias para motivar la participación masiva en los comicios y la información de las modalidades de votación y los diferentes centros de votación en el exterior.
El decreto explica que el presupuesto de los $46.7 millones tendrá una vigencia de tres ejercicios fiscales 2025-2027 y сon una distribución de recursos, así: para los gastos pre- electorales en el año 2025 los $40 millones.
Para el año 2026 por $4.6 millones además, y para los gastos electorales en el año 2027 $2.1 millones, con los cuales se financiarán 22 programas del plan general de elecciones.
El Ministerio de Hacienda destacó los avances en las condiciones fiscales y la aprobación de leyes “adecuadas” con incentivos para atraer más inversiones en El Salvador, país anfitrión del Foro Global de Emprendimiento y Tecnología para América Latina y el Caribe (GET Forum), con ponentes de 25 países.
En la inauguración de la jornada de este lunes, Jerson Posada, ministro de Hacienda, elaboró un rosario de factores que, según él, han contribuido a mejorar la imagen de El Salvador a nivel internacional y encaminarlo a convertirse en un hub de innovación.
Según Posada, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) respalda las políticas fiscales que implementa la Administración de Nayib Bukele, lo que ha permitido aliviar las finanzas públicas e incluso mejorar la percepción de riesgo de El Salvador, medida por el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), desde el máximo reportado de julio de 2022 de 35.12 puntos, hasta 3.57 a finales de noviembre.
“Estamos cada día mejorando más”, señaló Posada, al tiempo que indicó que se ha pasado de tener déficit fiscal a superávit primario (gastar menos de lo recaudado). Para 2025, Hacienda prevé que este sea de 1.5 % como relación del producto interno bruto (PIB).
Posada consideró que el crecimiento económico será más “agresivo” a partir de los indicadores registrados hasta la fecha y superará las proyecciones de los multilaterales, que oscilan entre 2.5 % y 3.5 %.
A la lista se suma la mejora regulatoria, agregó, porque “El Salvador ha sabido pasar las leyes adecuadas que generen este ambiente de certidumbre y seguridad jurídica a las empresas”.
Entre las últimas leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa se encuentra una para atraer bancos de inversión, que podrán operar en bitcoin o activos de fácil liquidación; un régimen especial para incentivar las inversiones de alto valor con exoneración de impuestos; e incentivos fiscales a salarios de técnicos de nuevas inversiones o a la contratación de salvadoreños retornados.
James P. Scriven, del BID Invest, durante una jornada el lunes como parte del GET Forum. /DEM
Posada mencionó ante un panel de líderes empresariales el acuerdo con Google por $500 millones para proyectos de innovación y educación, así como el lanzamiento de DoctorSV, como muestras de los avances de El Salvador en materia tecnológica.
“Son más que cifras técnicas”, zanjó el funcionario durante un conversatorio compartido con Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, y Ricardo Augspurg, de Agrisal y presidente del hub de innovación SNBX.
Adaptación del sector privado
“El Salvador está demostrando que puede competir como un hub emergente de innovación en la región”, agregó la representante del BID, mientras que Augspurg aseguró que Agrisal, que tiene 120 años de operaciones, se encuentra en una “etapa de crecimiento sin precedentes” que es apalancada, en parte, por las condiciones económicas.
“Algo fundamental es que los esfuerzos de país están convergiendo hoy más que nunca”, indicó Augspurg, quien consideró que el sector privado y el público, junto con emprendedores y organismos internacionales, “están alineando sus prioridades y estamos trabajando de manera coordinada”.
Para el líder empresarial, El Salvador avanza en convertirse en un hub tecnológico basado en tres “razones”, que abarcan el “entorno habilitante que genera confianza” mediante la seguridad.
En segundo lugar, añadió, la adopción de tecnología que da “pasos importantes y reales” en todos los sectores de la economía, mientras que la tercera razón es un ecosistema que “comienza a consolidarse cada día con mayor fortaleza”, con aceleradoras de empresas emergentes e iniciativas privadas.
“Una empresa con 120 años de historia, para nosotros, este es un momento extraordinario, trascendental. Creemos más que nunca en El Salvador, en lo que cada uno de nosotros hace por nuestro país y estamos invirtiendo para que esta transformación sea sostenible, competitiva y, sin duda, de largo plazo”, sostuvo.
Los ingresos tributarios experimentaron un crecimiento interanual de un 8.6 % y superaron los $6,700 millones entre enero y octubre, informó el Ministerio de Hacienda.
El último informe publicado en Transparencia Fiscal confirma que los ingresos avanzan más en la comparación interanual —frente a los resultados de 2024—, mientras que, en la relación con las proyecciones presupuestarias, se quedan con un crecimiento más lento.
De enero a octubre, el fisco salvadoreño recibió $6,762.7 millones en ingresos tributarios y contribuciones. Esta cifra aumentó en $537.6 millones (8.6 %) en relación con igual período de 2024, mientras que, frente a las proyecciones del presupuesto, se recibieron $246.4 millones adicionales, un crecimiento de un 3.8 %.
Usualmente se incluyen los resultados frente al presupuesto, pues los ingresos tributarios son la principal fuente de financiamiento de la gestión pública y cada ejercicio presupuestario se basa en cuánto se prevé recaudar, más otros aportes que recibe el fisco, como colocación de deuda y de capital.
IVA lidera crecimiento
Según Hacienda, los ingresos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) son los que más crecen, con una variación interanual de un 9.4 %. El tesoro salvadoreño recibió $3,162.3 millones a octubre, al menos $271.8 millones más que hace un año.
Frente al presupuesto, aumentaron $95.7 millones, un 3.1 %.
El Impuesto sobre la Renta (ISR) generó al fisco $2,903.4 millones, $196.7 millones más que en 2024, un crecimiento de un 7.3 %, y en relación con el presupuesto aumentó $105.1 millones, un 3.8 %.
Los ingresos de IVA e ISR suman $6,065.7 millones, un 89.6 % del total. El IVA se cobra al consumo, desde pequeños productos como golosinas hasta la adquisición de bienes, mientras que el ISR se carga a los asalariados y a los ingresos de las empresas.
Hacienda reporta que los derechos arancelarios a la importación dejaron $318.7 millones, con un crecimiento interanual de un 15.5 %, mientras que otros impuestos y gravámenes diversos sumaron $106.9 millones, un 17.2 %.
El grupo de impuestos selectivos al consumo generó $201.7 millones, $7.3 millones (3.8 %) más que en igual período de 2024, pero en la comparación interanual fue el único que mostró una contracción de -1.2 %. Esto se debe a menores ingresos por la venta de productos alcohólicos y cervezas.
Las contribuciones especiales dejaron $69.6 millones, un crecimiento interanual de un 5.1 %.
Hacienda señala que los ingresos no tributarios sumaron $257.4 millones (8.2 %) y los ingresos de capital rebasaron $65.7 millones (76.6 %).
Esta categoría no se incluía antes en el informe y corresponde a la venta de activos, transferencias de capital y recuperación de inversiones financieras.
Entre ingresos tributarios e ingresos corrientes, el fisco recibió $7,085.8 millones, al menos $585.7 millones (9 %) y $89.1 millones (1.3 %), respectivamente.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó al Ministerio de Hacienda más de $8 millones extra para el diseño y la ejecución de las elecciones presidenciales del 28 de febrero de 2027.
La institución tuvo que readecuar el programa electoral para incorporar la elección presidencial que originalmente correspondía en 2029.
Dos fuentes internas del Tribunal dijeron a Diario El Mundo que el organismo colegiado acordó pedir unos $8 millones para incorporar la elección presidencial en los comicios en el territorio nacional y en el extranjero para 2027. Inicialmente, la entidad ya había mandado el presupuesto requerido para los comicios municipales y legislativos.
Una de las fuentes detalló que casi $8 millones serían destinados para la elección en territorio nacional y al menos $600,000 para el sufragio en el exterior por medio de voto electrónico en las modalidad remota por internet y electrónica presencial en centros de votación.
A mediados de año, la entidad electoral había acordado solicitar más de $100 millones para el voto nacional y cerca de $40 millones para el voto en el exterior como presupuesto extraordinario, sumando unos $140 millones. Con los montos extra solicitados, la cifra presupuestaria de las elecciones generales 2027 ascendería a casi $150 millones.
En la elección presidencial se debe contemplar el gasto en impresiones de papeletas. En la elección nacional, se tiene previsto la compra de kits tecnológicos para más de 8,000 Juntas Receptoras de Votos (JRV) que son instaladas en los centros de votación.
La institución tuvo que modificar el programa electoral conformado por el calendario, el presupuesto y el Plan General de Elecciones (Plagel) para incorporar la elección presidencial, luego que la Asamblea Legislativa acortara el actual período presidencial a 2027, así el mandato no concluirá en 2029.
El nuevo calendario electoral fue publicado la semana pasada por la entidad electoral y establece que desde l 1 de octubre hasta el 19 de noviembre de 2026 podrán solicitar formalmente la inscripción como candidatos presidenciales para competir en la contienda de 2027.
Los requisitos de los candidatos presidenciales son:
Certificación de partida de nacimiento.
Fotocopia ampliada del Documento Único de Identidad vigente.
Certificación de acta de escrutinio que haga constar que los candidatos fueron elegidos en elecciones internas.
Solvencia del Impuesto sobre la Renta y finiquito, certificación o constancia de la Corte de Cuentas sobre no
sentencias ejecutoriadas.
Certificación de la partida de nacimiento o defunción del padre o la madre del candidato.
Declaración jurada del candidato de no estar inhabilitado para el cargo.
Declaración jurada de estar solvente del pago de cuotas alimenticias.
Una vez solicitado el presupuesto por el TSE, es el Ministerio de Hacienda quien lo presenta ante la Asamblea Legislativa para que estudie la asignación y posteriormente apruebe el monto final que será destinado para las elecciones de 2027.
El exorganismo colegiado pidió para las elecciones de 2024 al menos $159 millones para las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y de Parlamento Centroamericano (Parlacen). De ese monto, $70,699,979.74 eran para la elección en el exterior y $89,040,535 millones para el voto nacional. Finalmente, les entregaron $129 millones.
La inversión pública ejecutada sumó $1,032.81 millones entre enero y septiembre, equivalente a un crecimiento interanual de 83 %, según el último Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2025.
El informe, publicado por el Ministerio de Hacienda, reporta que la inversión programada vigente a septiembre ascendió a $2,984.18 millones, conformada por 304 programas y que representa un 8.2 % del producto interno bruto (PIB).
De ese paquete, se tenía programado ejecutar $1,800.5 millones y, de estos, se ejecutaron $1,032.81 millones, un avance del 57.3 %.
Según el informe, el saldo de la inversión pública ejecutada creció en $468.2 millones (82.9 %) en comparación con los $564.6 millones registrados en igual período de 2024.
Del monto ejecutado, $722.07 millones corresponden a proyectos de desarrollo social, mientras que $280.69 millones a desarrollo económico y $30.05 millones a seguridad y justicia.
El reporte también señala que, a septiembre, se tenía un portafolio de $499.37 millones en proceso administrativo, de los cuales un 56 % se encuentra en etapa de evaluación de ofertas y adjudicación.
Avances de los cinco proyectos más grandes
Hacienda reporta que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) tiene a su cargo el proyecto más grande de inversión pública para 2025, correspondiente al programa de obras municipales de infraestructura con $287.7 millones. De estos, se tenía programado ejecutar $242.20 millones, una cifra que fue superada con $252.19 millones ejecutados.
El Ministerio de Obras Públicas tiene $229.47 millones para la construcción del viaducto y ampliación de la carretera de Los Chorros, de los cuales se habían programado $29.37 millones para septiembre y se ejecutaron $33.90 millones.
El programa Crecer y Aprender Juntos tiene una programación anual de $200 millones y Mi Nueva Escuela, de $183.27 millones, pero a septiembre solo se ejecutaron $17.98 millones y $16.40 millones, respectivamente.
Aunque el informe no lo precisa, la DOM tiene a su cargo varios centros educativos intervenidos a través del programa Dos Escuelas al Día, del cual el presidente Nayib Bukele inauguró las primeras 70 el 2 de noviembre, con una inversión de $61 millones.
La construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, en La Unión, tiene una asignación de $155.14 millones, con $45.23 millones ejecutados a septiembre.
El gobierno ha enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta para disolver el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd), institución creada por Decreto Legislativo No. 672 en junio de 2020, cuya publicación oficial se realizó el 3 de septiembre de ese mismo año.
La iniciativa, denominada “Ley de disolución, liquidación y traslado de funciones del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, establece que todas las atribuciones de la institución pasarán al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN (INABVE).
El proyecto contempla la creación de una Comisión Liquidadora, que asumirá la administración y representación legal del Conaipd durante el proceso de cierre institucional, el cual se extenderá por seis meses una vez aprobado y publicado el decreto en el Diario Oficial.
Dicha comisión estará compuesta por el presidente del Conaipd o su delegado, el presidente de la Junta Directiva del INABVE o su delegado, y un representante del Ministerio de Hacienda. Este equipo podrá recibir apoyo técnico de ambas instituciones para ejecutar el proceso de liquidación.
Entre sus funciones, la Comisión deberá realizar un inventario general de derechos, obligaciones, activos tecnológicos, financieros e informativos, bienes muebles e inmuebles, personal y pasivos laborales, además de presentar un plan de liquidación y de traspaso de funciones al INABVE.
También deberá asumir todos los procesos judiciales y administrativos en curso, así como transferir su gestión y seguimiento al INABVE, el cual podrá hacer uso de los recursos y bienes disponibles durante el procedimiento.
Sobre las obligaciones derivadas del proceso, como indemnizaciones, contratos pendientes o arrendamientos, estas serán responsabilidad del Conaipd. En caso de no poder cubrirlas dentro del plazo, el Ministerio de Hacienda deberá asumirlas, previa solicitud de refuerzo presupuestario. El decreto establece que ninguna obligación incumplida será transferida al INABVE.
La iniciativa también aclara que el INABVE no tendrá la obligación de continuar relaciones laborales existentes ni asumir compromisos colectivos del Conaipd. Asimismo, el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad será transferido, incluyendo sus expedientes e información correspondiente.
El INABVE estará exento del pago de derechos registrales y del impuesto por transferencia de bienes raíces, tanto muebles como inmuebles, tangibles e intangibles, durante el proceso de traspaso.
Esta propuesta será analizada por la Comisión de Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa, la cual ha sido convocada para el lunes 17 de noviembre a las 2:00 p.m.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) gestionó ante el Ministerio de Hacienda la extensión del plazo legal para liquidar el presupuesto de las elecciones generales de 2024 debido a pagos pendientes de personal temporal contratado para las dos jornadas electorales del año pasado.
Dos fuentes internas del Tribunal dijeron a Diario El Mundo que la entidad electoral decidió solicitar la extensión del plazo porque aún tienen pendientes «unos pocos» pagos a trabajadores temporales que «no llegaron en su momento al banco a cobrar».
En la sesión plenaria del martes de la Asamblea Legislativa ingresó una pieza de Hacienda en la que pide que el plazo de liquidación del presupuesto se extienda hasta el 31 de diciembre de 2025 porque hay «actividades del presupuesto electoral que aún no han sido ejecutadas en su totalidad».
«(Lo pendiente) son unos pagos para personal temporal que trabajó en las elecciones de 2024 y no llegaron en su momento al banco». Fuente interna del Tribunal Supremo Electoral.
Hacienda propone a la Asamblea que la extensión del plazo sea hasta el 31 de diciembre de 2025. En ese sentido, las fuentes dijeron que los fondos pasarán al Ministerio Hacienda para su custodia, por lo que el Tribunal ya no podría hacer desembolsos para pagos.
A mediados de marzo de este año, el Tribunal informó que pagaría salarios retrasados a 26,991 salvadoreños que trabajaron como empleados temporales para las elecciones. Estos pagos requirieron un desembolso de $948,322.50. Los fondos ya habían sido enviados una vez a Hacienda, pero se retomaron para esos pagos.
En ese momento, la mayoría de empleados que no habían cobrado sus salarios eran del área que apoyo durante el recuento de votos legislativos en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en San Salvador cuando el TSE ordenó que se abrieran las cajas de papeletas.
El año pasado la institución sufrió una crisis porque empleados temporales denunciaron haber trabajado, pero no haber recibido sus salarios, por lo que, el Ministerio de Trabajo realizó inspecciones y emitió un informe en el que recomendó completar los pagos en los próximos cinco días.
Ese mismo año, la exjefa de Talento Humano del TSE María Ofelia Landaverde aseguró en la Asamblea Legislativa que uno de los problemas en el impago fue que no se siguieron los procedimientos de contratación establecidos en la Dirección de Talento Humano, lo que, provocó que aparecieran «listados por un lado, listados por otro» y «al final, nadie se responsabilizaba de ellos».
La memoria especial de elecciones 2024 indicó que el Tribunal contrató a 144,480 empleados temporales para los comicios que se realizaron el 4 de febrero y el 3 de marzo. De esos empleados, al menos 5,241 fueron contratados por planilla y otros 139,239 por honorarios.
El saldo de la deuda en Letras del Tesoro (Letes) cerró en septiembre en su cifra mínima desde febrero de 2020, con $1,064.92 millones, en medio de un aumento en los depósitos del gobierno en el sistema financiero, según estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).
Las Letes se consideran la “tarjeta de crédito” del gobierno, ya que permiten acceder a financiamiento inmediato cuando enfrenta problemas de liquidez. Estos títulos se colocan en el mercado local, donde los principales compradores son los bancos privados y las administradoras de fondos de pensiones.
Estas obligaciones superaron el umbral de los $1,000 millones en febrero de 2020, cuando sumaron $1,049.86 millones, y se mantuvieron por encima de ese nivel durante los últimos seis años, con picos de hasta $1,557 millones en julio de 2023.
Esta deuda es una de las mayores preocupaciones, ya que usualmente las Letes se emitían a un año plazo y el Ministerio de Hacienda realizaba un “roll over”, es decir, emitía nuevos títulos para pagar los que vencían. Estas presiones tuvieron un alivio en septiembre de 2023, cuando el gobierno y la banca acordaron un reperfilamiento de $1,431.3 millones, de los cuales un 73 % quedó estructurado para pagos en dos y siete años.
De acuerdo con el BCR, la deuda en Letes disminuyó en $157.7 millones frente al saldo de agosto, o en $114.48 millones en comparación con el mismo mes de 2024.
La cifra del BCR difiere de la publicada por el Ministerio de Hacienda, que reporta un saldo de $985.8 millones, aunque este corresponde al valor precio.
¿Efecto temporal?
El historial disponible en el BCR muestra que el saldo de las Letes fluctúa, pero la cifra coincide con dos variables: el aumento en los depósitos del gobierno y el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir las obligaciones con la banca, lo que permitiría dar oxígeno a la cartera de créditos productivos.
El BCR reporta que los depósitos del gobierno central sumaron $1,586.7 millones en septiembre, $667.7 millones más en comparación con los $919 millones registrados en enero de 2025.
Además, es el doble respecto a los $787.9 millones reportados en septiembre de 2024.
Para Rommel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía y Desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), este aumento en los depósitos está vinculado con una “mayor cantidad de desembolso en préstamos” y el incremento en la recaudación tributaria, que a septiembre creció un 8.6 % frente a 2024.
“Hay bastante liquidez, por lo pronto, en caja, y eso ha favorecido el pago del adelanto del aguinaldo, así como destinar recursos para pagar las Letras del Tesoro”, añadió.
El economista recordó que el acuerdo con el FMI también contempla metas para estabilizar la deuda pública como proporción del producto interno bruto (PIB), que incluye las Letes debido a la presión que ejercen sobre la caja fiscal.
De los depósitos del gobierno central a septiembre, $752.3 millones se encuentran en las sociedades de depósitos y $834.3 millones en el Banco Central de Reserva.
