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  • La inversión pública ejecutada sumó $1,032.8 millones a septiembre, un 83 % más que en 2024

    La inversión pública ejecutada sumó $1,032.8 millones a septiembre, un 83 % más que en 2024

    La inversión pública ejecutada sumó $1,032.81 millones entre enero y septiembre, equivalente a un crecimiento interanual de 83 %, según el último Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2025.

    El informe, publicado por el Ministerio de Hacienda, reporta que la inversión programada vigente a septiembre ascendió a $2,984.18 millones, conformada por 304 programas y que representa un 8.2 % del producto interno bruto (PIB).

    De ese paquete, se tenía programado ejecutar $1,800.5 millones y, de estos, se ejecutaron $1,032.81 millones, un avance del 57.3 %.

    Según el informe, el saldo de la inversión pública ejecutada creció en $468.2 millones (82.9 %) en comparación con los $564.6 millones registrados en igual período de 2024.

    Del monto ejecutado, $722.07 millones corresponden a proyectos de desarrollo social, mientras que $280.69 millones a desarrollo económico y $30.05 millones a seguridad y justicia.

    El reporte también señala que, a septiembre, se tenía un portafolio de $499.37 millones en proceso administrativo, de los cuales un 56 % se encuentra en etapa de evaluación de ofertas y adjudicación.

    Avances de los cinco proyectos más grandes

    Hacienda reporta que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) tiene a su cargo el proyecto más grande de inversión pública para 2025, correspondiente al programa de obras municipales de infraestructura con $287.7 millones. De estos, se tenía programado ejecutar $242.20 millones, una cifra que fue superada con $252.19 millones ejecutados.

    El Ministerio de Obras Públicas tiene $229.47 millones para la construcción del viaducto y ampliación de la carretera de Los Chorros, de los cuales se habían programado $29.37 millones para septiembre y se ejecutaron $33.90 millones.

    El programa Crecer y Aprender Juntos tiene una programación anual de $200 millones y Mi Nueva Escuela, de $183.27 millones, pero a septiembre solo se ejecutaron $17.98 millones y $16.40 millones, respectivamente.

    Aunque el informe no lo precisa, la DOM tiene a su cargo varios centros educativos intervenidos a través del programa Dos Escuelas al Día, del cual el presidente Nayib Bukele inauguró las primeras 70 el 2 de noviembre, con una inversión de $61 millones.

    La construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, en La Unión, tiene una asignación de $155.14 millones, con $45.23 millones ejecutados a septiembre.

  • El Gobierno propone disolver el CONAIPD y tendrá un plazo de seis meses para liquidarlo

    El Gobierno propone disolver el CONAIPD y tendrá un plazo de seis meses para liquidarlo

    El gobierno ha enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta para disolver el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd), institución creada por Decreto Legislativo No. 672 en junio de 2020, cuya publicación oficial se realizó el 3 de septiembre de ese mismo año.

    La iniciativa, denominada “Ley de disolución, liquidación y traslado de funciones del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, establece que todas las atribuciones de la institución pasarán al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN (INABVE).

    El proyecto contempla la creación de una Comisión Liquidadora, que asumirá la administración y representación legal del Conaipd durante el proceso de cierre institucional, el cual se extenderá por seis meses una vez aprobado y publicado el decreto en el Diario Oficial.

    Dicha comisión estará compuesta por el presidente del Conaipd o su delegado, el presidente de la Junta Directiva del INABVE o su delegado, y un representante del Ministerio de Hacienda. Este equipo podrá recibir apoyo técnico de ambas instituciones para ejecutar el proceso de liquidación.

    Entre sus funciones, la Comisión deberá realizar un inventario general de derechos, obligaciones, activos tecnológicos, financieros e informativos, bienes muebles e inmuebles, personal y pasivos laborales, además de presentar un plan de liquidación y de traspaso de funciones al INABVE.

    También deberá asumir todos los procesos judiciales y administrativos en curso, así como transferir su gestión y seguimiento al INABVE, el cual podrá hacer uso de los recursos y bienes disponibles durante el procedimiento.

    Sobre las obligaciones derivadas del proceso, como indemnizaciones, contratos pendientes o arrendamientos, estas serán responsabilidad del Conaipd. En caso de no poder cubrirlas dentro del plazo, el Ministerio de Hacienda deberá asumirlas, previa solicitud de refuerzo presupuestario. El decreto establece que ninguna obligación incumplida será transferida al INABVE.

    La iniciativa también aclara que el INABVE no tendrá la obligación de continuar relaciones laborales existentes ni asumir compromisos colectivos del Conaipd. Asimismo, el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad será transferido, incluyendo sus expedientes e información correspondiente.

    El INABVE estará exento del pago de derechos registrales y del impuesto por transferencia de bienes raíces, tanto muebles como inmuebles, tangibles e intangibles, durante el proceso de traspaso.

    Esta propuesta será analizada por la Comisión de Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa, la cual ha sido convocada para el lunes 17 de noviembre a las 2:00 p.m.

     

  • TSE gestionó extensión de plazo para liquidar presupuesto 2024 por pagos pendientes a personal temporal

    TSE gestionó extensión de plazo para liquidar presupuesto 2024 por pagos pendientes a personal temporal

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) gestionó ante el Ministerio de Hacienda la extensión del plazo legal para liquidar el presupuesto de las elecciones generales de 2024 debido a pagos pendientes de personal temporal contratado para las dos jornadas electorales del año pasado.

    Dos fuentes internas del Tribunal dijeron a Diario El Mundo que la entidad electoral decidió solicitar la extensión del plazo porque aún tienen pendientes «unos pocos» pagos a trabajadores temporales que «no llegaron en su momento al banco a cobrar».

    En la sesión plenaria del martes de la Asamblea Legislativa ingresó una pieza de Hacienda en la que pide que el plazo de liquidación del presupuesto se extienda hasta el 31 de diciembre de 2025 porque hay «actividades del presupuesto electoral que aún no han sido ejecutadas en su totalidad».

    «(Lo pendiente) son unos pagos para personal temporal que trabajó en las elecciones de 2024 y no llegaron en su momento al banco». Fuente interna del Tribunal Supremo Electoral.

    Hacienda propone a la Asamblea que la extensión del plazo sea hasta el 31 de diciembre de 2025. En ese sentido, las fuentes dijeron que los fondos pasarán al Ministerio Hacienda para su custodia, por lo que el Tribunal ya no podría hacer desembolsos para pagos.

    A mediados de marzo de este año, el Tribunal informó que pagaría salarios retrasados a 26,991 salvadoreños que trabajaron como empleados temporales para las elecciones. Estos pagos requirieron un desembolso de $948,322.50. Los fondos ya habían sido enviados una vez a Hacienda, pero se retomaron para esos pagos.

    En ese momento, la mayoría de empleados que no habían cobrado sus salarios eran del área que apoyo durante el recuento de votos legislativos en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en San Salvador cuando el TSE ordenó que se abrieran las cajas de papeletas.

    El año pasado la institución sufrió una crisis porque empleados temporales denunciaron haber trabajado, pero no haber recibido sus salarios, por lo que, el Ministerio de Trabajo realizó inspecciones y emitió un informe en el que recomendó completar los pagos en los próximos cinco días.

    Ese mismo año, la exjefa de Talento Humano del TSE María Ofelia Landaverde aseguró en la Asamblea Legislativa que uno de los problemas en el impago fue que no se siguieron los procedimientos de contratación establecidos en la Dirección de Talento Humano, lo que, provocó que aparecieran «listados por un lado, listados por otro» y «al final, nadie se responsabilizaba de ellos».

    La memoria especial de elecciones 2024 indicó que el Tribunal contrató a 144,480 empleados temporales para los comicios que se realizaron el 4 de febrero y el 3 de marzo. De esos empleados, al menos 5,241 fueron contratados por planilla y otros 139,239 por honorarios.

  • El saldo de Letes llegó a su mínimo desde 2020 en medio de mayores depósitos del gobierno

    El saldo de Letes llegó a su mínimo desde 2020 en medio de mayores depósitos del gobierno

    El saldo de la deuda en Letras del Tesoro (Letes) cerró en septiembre en su cifra mínima desde febrero de 2020, con $1,064.92 millones, en medio de un aumento en los depósitos del gobierno en el sistema financiero, según estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).

    Las Letes se consideran la “tarjeta de crédito” del gobierno, ya que permiten acceder a financiamiento inmediato cuando enfrenta problemas de liquidez. Estos títulos se colocan en el mercado local, donde los principales compradores son los bancos privados y las administradoras de fondos de pensiones.

    Estas obligaciones superaron el umbral de los $1,000 millones en febrero de 2020, cuando sumaron $1,049.86 millones, y se mantuvieron por encima de ese nivel durante los últimos seis años, con picos de hasta $1,557 millones en julio de 2023.

    Esta deuda es una de las mayores preocupaciones, ya que usualmente las Letes se emitían a un año plazo y el Ministerio de Hacienda realizaba un “roll over”, es decir, emitía nuevos títulos para pagar los que vencían. Estas presiones tuvieron un alivio en septiembre de 2023, cuando el gobierno y la banca acordaron un reperfilamiento de $1,431.3 millones, de los cuales un 73 % quedó estructurado para pagos en dos y siete años.

    De acuerdo con el BCR, la deuda en Letes disminuyó en $157.7 millones frente al saldo de agosto, o en $114.48 millones en comparación con el mismo mes de 2024.

    La cifra del BCR difiere de la publicada por el Ministerio de Hacienda, que reporta un saldo de $985.8 millones, aunque este corresponde al valor precio.

    ¿Efecto temporal?

    El historial disponible en el BCR muestra que el saldo de las Letes fluctúa, pero la cifra coincide con dos variables: el aumento en los depósitos del gobierno y el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir las obligaciones con la banca, lo que permitiría dar oxígeno a la cartera de créditos productivos.

    El BCR reporta que los depósitos del gobierno central sumaron $1,586.7 millones en septiembre, $667.7 millones más en comparación con los $919 millones registrados en enero de 2025.

    Además, es el doble respecto a los $787.9 millones reportados en septiembre de 2024.

    Para Rommel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía y Desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), este aumento en los depósitos está vinculado con una “mayor cantidad de desembolso en préstamos” y el incremento en la recaudación tributaria, que a septiembre creció un 8.6 % frente a 2024.

    “Hay bastante liquidez, por lo pronto, en caja, y eso ha favorecido el pago del adelanto del aguinaldo, así como destinar recursos para pagar las Letras del Tesoro”, añadió.

    El economista recordó que el acuerdo con el FMI también contempla metas para estabilizar la deuda pública como proporción del producto interno bruto (PIB), que incluye las Letes debido a la presión que ejercen sobre la caja fiscal.

    De los depósitos del gobierno central a septiembre, $752.3 millones se encuentran en las sociedades de depósitos y $834.3 millones en el Banco Central de Reserva.

  • Gobierno pagó más de $1,300 millones en intereses de la deuda pública hasta septiembre

    Gobierno pagó más de $1,300 millones en intereses de la deuda pública hasta septiembre

    El gobierno salvadoreño pagó $1,307.7 millones por los intereses de la deuda pública entre enero y septiembre de 2025, de acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR).

    Dicha cifra creció un 6 % en relación con los $1,233.7 millones reportados en igual período de 2024, equivalente a $74 millones adicionales.

    Al igual que en un crédito personal, el gobierno tiene la obligación de pagar los intereses y las amortizaciones de la deuda pública. Esta es una de las erogaciones que más presionan las cuentas fiscales, con un monto que incluso supera lo destinado a la inversión pública, que alcanzó $1,180 millones en los primeros nueve meses del año.

    Según el BCR, el pago de intereses representó un 17.9 % de todos los ingresos y donaciones recibidos por el tesoro salvadoreño en los primeros nueve meses del año, los cuales superaron los $7,193.4 millones.

    Además, este pago equivale a un 3.5 % del producto interno bruto (PIB), estimado en $36,602.1 millones para 2025.

    De acuerdo con el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2026, el servicio de la deuda para el próximo año superará los $2,433.6 millones, de los cuales $926.1 millones corresponden a obligaciones internas y $1,507.4 millones a externas.

    El anteproyecto contempla $1,504.2 millones en intereses y $929.3 millones en amortizaciones.

    Costo de la deuda

    El perfil de la deuda del sector público no financiero (SPNF) señala que el saldo superó los $32,280.1 millones en septiembre, equivalente al 88.2 % del PIB.

    Este saldo incorpora las obligaciones derivadas del sistema de pensiones, pero no refleja la deuda de las empresas financieras. Para ello, el BCR publica la deuda pública total del país, que a septiembre rebasó los $33,533.4 millones.

    De las obligaciones del SPNF, Hacienda reporta que un 57 % de la deuda pública se encuentra colocada a tasas de interés que van del 3 % al 8 %.

    Además, un 19 % tiene un cupón de entre 8 % y 9 %, mientras que un 24 % devenga un interés superior al 9 %.

    Un 48 % de la deuda se pagará en los próximos 10 años, frente a un 34 % que tiene una estructura de vencimiento de 11 a 20 años, y un 18 % fue contratada a más de 20 años.

  • BCIE y El Salvador oficializan préstamo por $65 millones para “Surf City fase II”

    BCIE y El Salvador oficializan préstamo por $65 millones para “Surf City fase II”

    El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de El Salvador oficializaron un préstamo de $65 millones destinado para el desarrollo de “Surf City II”.

    A través de un comunicado, el BCIE señaló que el programa mejorará las condiciones de movilidad urbana, turística y logística en la zona de La Libertad.

    Entre los firmantes del convenio de préstamo estuvo el ministro de Hacienda, Jerson Posada, y el director del BCIE en El Salvador, Alejandro Zelaya.

    Las autoridades prevén que la iniciativa impacte a más de 69,000 personas.

    El financiamiento fue previamente autorizado por la Asamblea Legislativa el 6 de octubre, con un plazo de 20 años y cuatro años de gracias ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Mopt).

    El BCIE recordó que el dinero será destinado en la ampliación de 8.2 kilómetros de la carretera CA-2 a cuatro carriles, comprendido desde la residencial Xanadú a la playa El Zonte.

    El programa financiará un puente que pasará sobre el río Huiza, en el cantón Melara, así como la instalación de dos plantas de tratamiento de aguas residuales que beneficiarán a las playas El Majahual, San Blas , El Cocal, Conchalío, San Diego y Cangrejera, todas en el departamento de La Libertad.

    La ficha del financiamiento, divulgada por el BCIE en su portal, apunta a que con el préstamo se prevé generar al menos 241 empleos, de los cuales 22 serán para mujeres.

    El BCIE se define a sí mismo como “socio estratégico” de la iniciativa que se ejecuta por etapas en El Salvador.

    En su comunicado, el organismo multilateral remembró que en diciembre de 2023 se aprobó una cooperación técnica no reembolsa por $52,500 para apoyar a la formulación del programa de Surf City.

     

    Financiamiento

    Posteriormente, en septiembre de 2024, la institución financiera autorizó $113.9 millones para arrancar con el programa, enfocado en la mejora de las condiciones de movilidad urbana, turística y logística.

    Sin embargo, el portal del BCIE revela que aún no se ha desembolsado ningún monto de este primer préstamo.

    A través de ambas aprobaciones, el financiamiento del BCIE ya asciende a $178.9 millones.

    Esto sin contar los $70 millones que el fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) aprobó en concepto de préstamo.

    Sobre este último aporte, la Opep indicó que se buscará fortalecer la infraestructura y resiliencia climática en el corredor costero de La Libertad, así como rehabilitar 23 kilómetros de carreteras al mismo tiempo que se impulsa el turismo sostenible.

  • La deuda pública representó el 88 % del PIB y superó los $32,200 millones a septiembre

    La deuda pública representó el 88 % del PIB y superó los $32,200 millones a septiembre

    La deuda pública total, con pensiones, superó los $32,280.1 millones a septiembre de 2025 y representó el 88.2 % del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

    El perfil de la deuda, publicado en Transparencia Fiscal, confirma que el endeudamiento público continúa en crecimiento, luego de subir $1,382 millones en comparación con los $30,898.1 millones registrados en diciembre de 2024, cuando representó un 87.4 % del PIB.

    La cifra representa la deuda del gobierno central, empresas públicas financieras y no financieras, y pensiones.

    Hacienda reporta que la deuda del sector público no financiero (SPNF) suma $21,209.5 millones, equivalente al 55.9 % del PIB. Esta cifra aumentó en $837.3 millones frente a los $20,371.2 millones registrados a finales del año pasado.

    Las obligaciones del sistema de pensiones ejercen fuerte presión sobre las finanzas públicas, con una participación del 30.2 % del PIB, al rebasar los $11,070.6 millones a septiembre.

    Este saldo aumentó en $544.7 millones desde diciembre de 2024, y la mayor carga recae en los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que suman $8,394.8 millones, mientras que los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) totalizaron $2,675.8 millones.

    Dentro de las obligaciones, la deuda flotante fue la única que registró una reducción de $244.6 millones en relación con diciembre de 2024 y se situó en $1,113.2 millones, equivalente al 3 % del PIB. Este saldo incluye los Certificados y las Letras del Tesoro (Cetes y Letes), con $127.4 millones y $985.8 millones, respectivamente.

    Vencimientos

    Según Hacienda, el 25 % de la deuda pública tiene un período de vencimiento de uno a cinco años, mientras que un 23 % va de seis a 10 años.

    Un 34 % de las obligaciones se deberá pagar entre 11 y 20 años, y un 18 % tiene vencimientos mayores a 20 años.

    Hacienda registra que un 24.8 % de la deuda corresponde a eurobonos, que sumaron $8,009.7 millones a septiembre, instrumentos que el gobierno emite en el mercado internacional.

    Los préstamos externos sumaron $7,621.9 millones (23.6 %), los bonos internos $4,390.9 millones (13.6 %) y los préstamos internos $73.8 millones (0.22 %).

    El 57 % de la deuda se contrató con tasas de interés menores al 8 %, mientras que un 19 % va de 8 % a 9 %, y un 24 % se colocó con un cupón superior al 9 %.

  • Ya está vigente la amnistía fiscal para recuperar deudas tributarias

    Ya está vigente la amnistía fiscal para recuperar deudas tributarias

    La ley especial y transitoria que da paso a la amnistía fiscal para recuperar deudas tributarias está vigente desde el 16 de octubre de 2025 y permanecerá activa por 60 días, según el documento aprobado por la Asamblea Legislativa.

    Es decir que la vigencia de la “Ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, aduaneras, de tránsito y otras multas” tendrá como último día de actividad el 14 de diciembre de 2025.

    El decreto legislativo número 427 establece que el período de amnistía inicia desde su publicación en el Diario Oficial, a efecto que los sujetos pasivos de los tributos administrados por el Ministerio de Hacienda subsanen sus deudas.

    El documento señala que durante este período se incluye a aquellos casos que correspondan de períodos anteriores o declaraciones de mercancías registradas cuya fecha o plazo para liquidar o presentar la declaración haya vencido hasta el 31 de julio de 2025.

    La ley también incluye facilidades para que los ciudadanos que no hayan pagado sus multas de tránsito subsanen los saldos pendientes sin intereses.

    El gobierno señala que los beneficios aplican para sujetos pasivos obligados al pago de tributos bajo competencia de la Dirección General de Tesorería, así como de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas.

    La Ley plantea que las declaraciones que incluye pago, deberán presentarse ante las direcciones o instituciones que fuere autorizadas para tal efecto.

    Sin sentencia

    Hacienda será la responsable de establecer pagos aunque estos estén en tribunales de apelaciones, en la Sala de lo Constitucional o en jurisdicción contencioso administrativa, así como en la Fiscalía General de la República (FGR), mientras no haya sentencia definitiva de un juez.

    Según la ley, la primera cuota será de 10 % y las siguientes ocho deberán ser pagadas mensualmente y sucesivas. Sin embargo, si las cuotas establecidas se incumplen, las multas se reactivarán, así como los intereses.

    “Deberá privilegiarse y darse todas las facilidades para que los contribuyentes que soliciten el acogimiento a sus beneficios, gocen de los mismos”, señala la ley.

    El documento establece que el Ministerio de Hacienda debe presentar un informe sobre los resultados de lo recaudado al final de la vigencia de la ley especial.

  • Salud aplicaría escalafón para salarios hasta de $1,500 con un techo máximo de $3,000

    Salud aplicaría escalafón para salarios hasta de $1,500 con un techo máximo de $3,000

    Los recursos para los escalafones de los empleados de Salud y de Educación para el año de 2026 están contemplados en el proyecto del Presupuesto General del Estado, aseguró el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

    El funcionario se refirió primero al ramo de Salud y reiteró que el escalafón se aplica a todos los salarios iguales o menos a $1,500.

    “En el tema de los escalafones, se mantiene en el ramo de Salud, para todos aquellos salarios mensuales que sean menores o iguales a los $1,500 y que su aplicación al sueldo mensual no podrá exceder el techo máximo. Estamos manteniendo el escalafón conforme se aprobó para el año 2025 y que al aplicarlo al sueldo no exceda el monto”, señaló Posada.

    El artículo 4 del proyecto de ley de presupuesto indica que el “Escalafón Salarial correspondiente al Ramo de Salud se otorgará únicamente a funcionarios y empleados públicos cuyos salarios mensuales sean menores a $1,500” y que “su aplicación al sueldo mensual no podrá exceder al techo máximo”.

    El techo máximo del escalafón salarial en Salud es $3,000 según la reforma a la Ley de creación de escalafón del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, aprobada el 29 de agosto de 2023.

    Para aprobar esa reforma, los diputados argumentaron que el sistema de incentivo salarial tenía “un efecto regresivo”, ya que “beneficia a los funcionarios y empleados que tienen salarios más altos sobre aquellos que tienen salarios bajos”, lo cual contravenía “las reglas de disciplina fiscal”.

    Sin embargo, para 2026, se prevén salarios de hasta $8,500.99 en la Red Nacional de Hospitales pero según el proyecto de ley de salarios esas plazas serían bajo contrato, no por Ley de Salarios.

    En la nueva Red de Hospitales habría al menos 240 empleados con salarios superiores a $3,500 según el proyecto.

    Así, habría 15 plazas con salarios entre $8,001 y $8,500.99, 36 plazas de empleados con salarios entre $6,001 y $8,000.99, 54 plazas con salarios entre $5,001 y $6,000.99, 135 plazas con salarios entre $3,501 y $5,000.99.

    ¿Y en Educación?

    Respecto a Educación, Ciencia y Tecnología prometió que “la aplicación del escalafón continuará efectuándose conforme a los establecido en la Ley General de Educación y Ley de la Carrera Docente”.

    El ministro de Hacienda aseguró que los empleados de ambos ramos no deben preocuparse, ya que el dinero está incluido en el presupuesto.

    “Todos los empleados de Educación y de Salud tienen estar tranquilos que se están incluyendo los recursos para dar cobertura a los escalafones”, prometió.

    Al revisar los presupuestos de ambos ramos, no hay detalle del monto para cubrir el escalafón.

    En el presupuesto para 2025, sí se estableció que para Salud se habían destinado $8 millones y, para Educación, $2 millones.

    En la explicación que dio el ministro ante los diputados de la Comisión de Hacienda, no mencionó el detalle de los montos que se destinan para los escalafones 2026 ni si en el futuro se buscaría que estos  escalafones apliquen también al personal de la Red Nacional de Hospitales.

  • RNPN tendría un presupuesto de $31.6 millones para 2026, un aumento del 50 %, con alzas en salarios

    RNPN tendría un presupuesto de $31.6 millones para 2026, un aumento del 50 %, con alzas en salarios

    El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) tiene asignados $31,608,001 como presupuesto ordinario para el ejercicio fiscal 2026 según el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.

    Lo solicitado por el Ministerio de Hacienda para el RNPN significaría un aumento de más de $10 millones en lo destinado para 2025, es decir, un 50 % de los $21,117,910 que le fueron asignados durante 2025.

    Un total de $24,291,517 los usaría para pago de tasas y derechos; mientras, $774,813 se destinará en venta de bienes y servicios; $200 en ingresos financieros y otros; y $6,541,471 en transferencias corrientes para el próximo año.

    El Registro contempla mantener en $100,000 los recursos dedicados al área de protección de menores.

    El área que aumentaría en recursos el RNPN es el de «registro e identificación de personas naturales» cuya asignación presupuestaria este año fue $20,413,655 y, para 2026, se está pidiendo que el monto sea de $30,875,801, es decir, $10,462,146 más.

    Mantendrá plazas, pero aumentará salarios

    El proyecto de presupuesto del RNPN mantiene una plaza por ley de salarios del presidente del RNPN, Fernando Velasco, y 458 plazas por contratos.

    Así, en el rango $551-$600.99 había 63 plazas en 2025 y habrá solo seis en 2026.

    Mientras, en el rango salarial entre $601 y $650.99 pasará de haber 34 a 37 empleados; mientras que los que perciben entre $651 a $700.99 pasarán de ser 1 a 44.

    Los empleados del RNPN tienen beneficios a raíz sde un contrato colectivo vigente desde 2019.

    Así, el monto destinado al pago de salarios de cinco ejecutivos aumentaría en $24,000, de $159,600 a $183,600.

    El monto destinado al salario de los 201 técnicos aumentaría $177,025, de $2,185,105 a $2,362,130.

    El monto destinado a los salarios del personal administrativo incrementaría $109,715, de $3,965,475 a $4,075,190.

    También, en pago de salarios de trabajadores de obra se aumentaría $5,520 y de servicios requeriría otros $18,695.

    La partida de salarios indica que el registrador nacional, Fernando Velasco, tiene un salario de $4,500 mensuales, que incluyen $4,000 de sueldo y $500 para gastos de representación. La junta directiva recibe dietas de $400 como máximo.

    El presupuesto 2026 inició su estudio en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto el viernes con la intervención del ministro de Hacienda, Jerson Posada. La Ley de presupuesto 2026 debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa antes de que termine este año.