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Etiqueta: Ministerio de Hacienda

  • Inversión pública en 2026 superaría los $2,200 millones, según Hacienda

    Inversión pública en 2026 superaría los $2,200 millones, según Hacienda

    El Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) para el 2026 rondará los $2,261 millones, informó el Ministerio de Hacienda tras la presentación del proyecto del presupuesto general de la nación para el próximo año que rondará los $10,555.6 millones.

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada, dijo el martes por la noche que una de las áreas más importantes contempladas dentro del plan anual se centra en las obras de infraestructura.

    Las previsiones para el PAIP 2026 serían superiores en $309.4 millones en comparación con los registros del PAIP 2025.

    “El programa anual de inversión pública que está contemplado en el presupuesto asciende a $2,300 millones y una de las áreas más importantes que incorpora el plan anual de inversión pública es todas las obras de infraestructura”, señaló Posada en una entrevista en la televisión estatal.

    Según el funcionario, hay proyectos “de gran envergadura” a los que el gobierno le dará continuidad el próximo año.

    Proyectos

    Entre estos destaca la construcción y ampliación de la carretera Panamericana en el tramo de Los Chorros con $110.2 millones.

    Por su parte, para el inicio de la construcción del bypass de Apopa se destinarán $75 millones y para la ampliación de la carretera que conecta la playa el Obispo con el Zonte se destinarán $40 millones.

    En la reconstrucción de algunos mercados como el de Santa Ana el presupuesto ronda los $38.63 millones, mientras que en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el río Chilama el aporte será de $18.4 millones.

    “Continuación del proyecto de construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico con asignación de $110 millones”, indicó Posada.

    El funcionario aseguró que las obras generarán empleo y ayudarán a fomentar un mayor crecimiento económico en El Salvador.

    La inversión será un factor “catalizador” para el dinamismo económico en 2026.

    Hasta agosto de 2025, la ejecución de inversión programada rondó un 54.9 %, al rondar los $925.25 millones de los más de $1,684.09 millones que se previeron para ese período.

  • Los ingresos tributarios mantienen un crecimiento de 8.1 % tras superar los $5,500 millones

    Los ingresos tributarios mantienen un crecimiento de 8.1 % tras superar los $5,500 millones

    Los ingresos tributarios mantuvieron un crecimiento pujante de un 8.1 % entre enero y agosto de 2025, luego de alcanzar los $5,546.8 millones, según el Ministerio de Haciendo.

    Los datos divulgados esta semana apuntan a que entre los ingresos tributarios y contribuciones el mayor aporte recayó sobre el impuesto al valor agregado (IVA), tras acumular $2,525.9 millones.

    Según Hacienda, la recaudación de IVA tuvo un incremento de un 9 % en comparación con los primeros ocho meses de 2024, cuando alcanzó los $2,317 millones.

    El segundo mayor aporte se generó a través del impuesto sobre la renta (ISR), tras contabilizar $2,475.9 millones, un 44.6 % del total.

    A nivel interanual, este sector reportó un alza de un 7 %, tras superar los $2,314.9 millones contabilizados al mismo lapso del año pasado.

    Reducción

    Las arcas de la hacienda pública también recibieron $244.6 millones a través de derechos arancelarios de importación y $160.5 millones más por impuestos selectivos de consumo, con aumentos de un 13.2 % y un 2.8 %, respectivamente.

    Sobre este último rubro se observa una reducción en los impuestos que se cobran a los productos alcohólicos y cervezas que se redujeron en más de un 2 % al cerrar agosto con $19.1 millones y $69 millones declarados, correspondientemente.

    El Ministerio de Hacienda también reporta $84.3 millones en otros impuestos y $55.6 millones en contribuciones especiales.

    Por su parte, los ingresos no tributarios -donde se toman en cuenta sectores como la venta de bienes y servicios, y las transferencias corrientes-, sumaron $208.9 millones en ocho meses, un 6 % más que el año pasado.

    El gobierno añadió también los ingresos de capital, que sumaron $30.4 millones al 31 de agosto.

    Según Hacienda, los ingresos totales acumulados ascendieron a $5,786.1 millones, un 8.2 % por encima de los $5,349.3 millones contabilizados en los primeros ocho meses de 2024.

    Superior a previsiones

    Los datos hacendarios confirman que los ingresos tributarios y contribuciones registrados entre enero y agosto de 2025 están un 3.6 % por arriba del presupuesto 2025 designado.

    Hacienda estimó en el documento que a agosto se debían recaudar $5,354.3 millones, pero la cifra que se concretó está $192.5 millones por arriba, al cerrar los primeros ocho meses con $5,546.8 millones.

    El gobierno plantea que durante este período se contabiliza un 3.5 % más de monto en ingresos de renta que lo previsto, mientras que de IVA es un 3.1% y de los derechos arancelarios a la importación un 1.3 %.

  • Gobierno presenta proyecto de presupuesto por $10,555.6 millones para 2026

    Gobierno presenta proyecto de presupuesto por $10,555.6 millones para 2026

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada, entregó este martes a la Asamblea Legislativa el proyecto del presupuesto general del Estado correspondiente al año 2026, que asciende a $10,555.6 millones, con una asignación de $3,886.9 millones para los ramos de Educación, Salud, Seguridad y Defensa.

    El funcionario prometió que el presupuesto está formulado de “manera balanceada” en el cual “los ingresos estimados van a financiar la totalidad del gasto corriente del gobierno, obligaciones locales e internacionales”, lo que les permite “por segundo año consecutivo presentar un presupuesto con cero dólares de brecha presupuestaria”.

    Según Posada, el presupuesto sumará un total de ingresos corrientes por $8,950 millones, un cálculo que supera un 8.3 % los ingresos que fueron calculados en el proyecto de presupuesto de 2025 o $683 millones.

    Para 2026, Hacienda proyecta que tendrá ingresos tributarios por $8,349 millones, $671 millones adicionales al proyecto presupuestario anterior.

    Aseguró que el aumento de los ingresos se debe a la modernización y digitalización de los procesos de recaudación, a la facturación electrónica y a lucha continua contra la evasión y el contrabando.

    Inversión pública

    El gobierno asignó, en esta ocasión, un total de $2,261 millones al Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2026, un incremento de $309.4 millones respecto al PAIP programado para 2025.

    La inversión pública lleva una ejecución presupuestaria del 54.9 % de los $1,684.09 millones programados hasta agosto, por lo que obras no ejecutadas pasarían al año 2026.

    El proyecto de presupuesto 2026 incluye también obras en la construcción del viaducto de Los Chorros por $110.2 millones, también obras para el bypass de Apopa por $74.12 millones, el mercado Santa Ana por $38.6 millones y el aeropuerto del Pacífico por $110 millones.

    El funcionario aseguró que han tenido una administración “ordenada, eficiente, transparente y con credibilidad”. Y que buscan “construir un país económicamente sólido” con un “plan económico ordenado”.

    Educación, Salud, Seguridad y Defensa

    Algunas asignaciones para 2026 según el ministro de Hacienda son:

    Educación: $1,524,7 millones, incremento de 6.9 % respecto a 2025.

    Salud: $1,325 millones, incremento de 12.3 % respecto a 2025.

    Seguridad y Defensa: $1,037.2 millones, 14.8 % respecto a 2025.

    Solo estas cuatro áreas, dijo, suman 36.8 % del plan de gastos total. También, declaró que se asignan al ramo de Obras Públicas un total de $616.5 millones.

    Por otra parte, detalló que dentro del Ministerio de Educación la Universidad de El Salvador (UES) tendrá un presupuesto de $116.5 millones, $2.3 millones más que en 2025.

    El proyecto de presupuesto aún no ha sido publicado en el Portal de Transparencia Fiscal y en la conferencia de prensa solo permitieron dos preguntas.

    Los cambios del presupuesto 2025

    Como todos los años, el proyecto de presupuesto de 2025 presentado por el Ministerio de Hacienda no es el mismo que se ejecuta. Por ejemplo, el proyecto de 2025 ya sufrió modificaciones por $427.8 millones con datos oficiales hasta julio de 2025.

    Así, Hacienda presentó un proyecto de presupuesto por $9,662.9 millones, $595 millones más que el proyecto presentado para 2024.

    Según el portal de transparencia fiscal, con las modificaciones que ha sufrido hasta julio de 2025, el presupuesto del gobierno central aumentó a $10,085.7 millones, $427.8 millones de lo aprobado inicialmente. Un total de $5,502.03 millones ya han sido devengados o ejecutados.

    Una de las más recientes modificaciones fue la incorporación de $250 millones del préstamo del Banco Mundial a la unidad presupuestaria de “Obligaciones generales del Estado” del Ministerio de Hacienda. Este préstamo busca mantener la sostenibilidad fiscal del Estado y forma parte del acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar las finanzas públicas de El Salvador y que catalizará $3,500 millones adicionales de financiamiento de organismos multilaterales.

    El ministro, sin embargo, afirmó que todos los préstamos incorporados al proyecto de presupuesto de 2026 serán destinados a inversión. Han prometido, como en este año, no usar préstamos para gasto corriente.

  • Gobierno prohíbe plazas nuevas y traslado de plazas en política presupuestaria 2026

    Gobierno prohíbe plazas nuevas y traslado de plazas en política presupuestaria 2026

    En su política para el presupuesto general del Estado 2026 que fue distribuida a diferentes instituciones del Estado, el Ministerio de Hacienda prohíbe programar plazas nuevas, ordena suprimir plazas vacantes durante los últimos dos años, prohíbe gastar en consultorías nacionales, y mantiene la prohibición de contratar nuevos seguros de vida y hospitalarios.

    Las únicas plazas nuevas que se permitirían son las que se consideren «estrictamente necesarias» y que estén «previamente aprobadas por la resolución explícita del Ministerio de Hacienda».

    El gobierno también ha prohibido «el traslado de plazas entre Sistema de Pago (de Ley de Salarios, Contratos y viceversa), que no esté plenamente justificado dentro del marco estipulado por la Ley de Servicio Civil».

    En el documento, se prohíben incrementos y nivelaciones salariales para los funcionarios y empleados públicos por cualquier fuente de financiamiento.

    La prohibición se extendería también para la programación de recursos en bienes de uso y consumo diverso y servicios generales y arrendamientos diversos.

    El Ministerio de Hacienda debe entregar el anteproyecto de presupuesto general del Estado para el año 2026 a más tardar el martes 30 de septiembre.

    El proyecto pasará a estudio a la Comisión de Hacienda y General del Presupuesto y se debe aprobar antes que finalice el año 2025.

    Los diputados han sido convocados para su próxima sesión plenaria el miércoles 1 de octubre, día en el cual aprobarán un pronunciamiento por el mes de la primera infancia, niñez y adolescencia.

    «Racionalización del gasto» como prioridad

    En el área de finanzas, una de las prioridades de la política presupuestaria es la «racionalización del gasto público, principalmente en la contención de aquellos rubros de alto impacto como son las remuneraciones y los bienes y servicios».

    Como parte del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ministerio de Hacienda se ha comprometido con un nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el cual ha fijado proyecciones que se dirigen a una disminución del gasto y que ha sido publicado en el Portal de Transparencia Fiscal.

    «Establecer acciones que fortalezcan la consolidación fiscal, con el objetivo de mejorar el saldo primario –la diferencia entre ingresos y los gastos– en aproximadamente 3.5 % del PIB en un período de tres años», es una de las metas.

    En el documento, el gobierno plantea que le apuesta a incrementar la recaudación y reducir la evasión fiscal, racionalizar el gasto en remuneraciones y en bienes y servicios, priorizar recursos para prioridades estratégicas del gobierno, invertir en infraestructura turística, vial, aduanera; «diversificar las opciones de financiamiento» y reducir su costo.

    Con ello, espera que los gastos corrientes del Sector Público No Financiero -Gobierno Central más instituciones descentralizadas– con el gasto del pago de las pensiones del sistema público, se reduzcan al pasar de un nivel de 26.1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 al 24.7% en 2027.

    La reducción sería de 1.4 puntos porcentuales respecto al PIB entre 2025 y 2027, destacándose las reducciones del gasto en remuneraciones y en bienes y servicios.

  • Gobierno ejecutó un 54 % de la inversión pública programada a agosto de 2025

    Gobierno ejecutó un 54 % de la inversión pública programada a agosto de 2025

    El Gobierno de El Salvador ha ejecutado un 54.9 % de la inversión pública programada para agosto, revela el último informe divulgado por el Ministerio de Hacienda.

    Los documentos hacendarios, divulgados este mes, señalan que para este 2025 el programa anual de inversiones públicas vigente ronda los $2,910.75 millones conformado por 298 proyectos a cargo de 43 entidades ejecutorias.

    De esta porción, se pactó que se ejecutarían $1,684.09 millones; sin embargo, el gobierno concretó la utilización de $925.25 millones.

    Pese a la porción que representa, las cifras no están lejos de períodos anteriores y, en los últimos tres años, la tasa de ejecución en 2025 es la más alta frente al acumulado de agosto de otros años.

    Según el Ministerio de Hacienda, para ese mismo período en 2023 el gobierno ejecutó un 51.2 % de su inversión programada, mientras que el año pasado fue de 47.5 %.

    Instituciones con menos ejecución

    El gobierno confirma que el cuerpo de Bomberos de El Salvador es la institución que menos ha cumplido con su presupuesto programado.

    De los $6.71 millones programados, solo se utilizaron $60,000, un 0.9 % del total.

    En la escala sigue la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tenía programado invertir $47.86 millones en los primeros ocho meses del año, pero utilizó solo $2.53 millones, un 5.3 % del total.

    Entre enero y agosto, el Centro Nacional de Registros (CNR) fue asignado con $12 millones, de estos solo 910,000 fueron ejecutados, un 7.6 % del total.

    La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ejecutó sólo un 11.6 % de su presupuesto programado hasta agosto, mientras la Asamblea legislativa usó 13.9 % y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) un 14.8 %.

    Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Mopt) ejecutó un 34.4 % de su presupuesto programado a agosto de 2025, equivalente a $286.77 millones, esta institución es la que más financiamiento tuvo durante este período.

    En peso de inversión pública programada le sigue el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (Mineducyt), el cual ejecutó un 62.1 % de los $242.66 millones previstos entre enero y agosto.

    Mayores tasas

    Al otro extremo se encuentran instituciones como la Secretaría de Prensa de la Presidencia de Casa Presidencial, que de los $2.39 millones asignados, $2.33 millones ya fueron ejecutados, un 97.5 %.

    Mientras tanto, el Ministerio de Economía (Minec) ejecutó un 98.2 % de los $8.75 millones programados, y la Dirección de Obras Municipales (DOM) usó un 99.9 % de los $368.53 millones pautados.

    El Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) junto a la Fiscalía General de la República ejecutaron su presupuesto en un 100 %.

    La Escuela Nacional de Agricultura (ENA) fue la única que superó sus proyecciones, pues la institución tenía programado ejecutar $20,000 entre enero y agosto, pero utilizó $230,000 de los $500,000 que fueron asignados para todo el año.

  • Vendedores del San Miguelito empiezan a inscribirse en Hacienda mientras esperan instalarse en mercado

    Vendedores del San Miguelito empiezan a inscribirse en Hacienda mientras esperan instalarse en mercado

    Los vendedores del Mercado San Miguelito han empezado a  registrarse en el Ministerio de Hacienda para tener un puesto en el nuevo edificio, pero aún están a la espera de que la Dirección de Mercados les dé la fecha para poder instalarse.

    «Mire el mercado está bonito, pero todavía tenemos que esperar para poder instalarnos, nos mandaron a registrarnos a Hacienda, porque teníamos que mostrar los papeles, no nos han dicho cuándo vamos a entrar, los del sistema de mercados nos dijeron que nos esperemos», explicó  Patricia Rubio, quien tiene 40 años de vender atoles en el Mercado San Miguelito.

    Patricia Rubio tiene 40 años de vender atoles en el Mercado San Miguelito.

    La comerciante de atoles dijo que los ya inscritos en Hacienda ya firmaron un contrato para tener derecho a un puesto en el mercado y pagaron la primera mensualidad.

    «Hay de varios montos, porque los puestos hay pequeños, medianos y grandes, hay de $60, $90 y $180, pero ahí va incluida la videovigilancia, uso de los baños y la limpieza, ya no lo vamos a pagar aparte, sino que va incluido en la mensualidad», comentó.

    Por su parte, Janeth de Paz, quien tiene 30 años de vender en el San Miguelito ropa, bisutería, y diversidad de accesorios explicó que ella sabe que le están haciendo algunas modificaciones al mercado, de seguridad, a solicitud de vendedoras que tienen niños pequeños.

    «Todavía estamos en el mercado transitorio, por que no hemos podido entrar a las instalaciones nuevas porque están haciendo algunas modificaciones, personal de la Dirección de Mercados pasó hace 15 días par decirnos que nos íbamos a esperar, porque a solicitud de algunas compañeras, que tienen niños chiquitos, han medido algunas medidas se seguridad en barandales en cada piso. Así que cuando ya ellos tengan ya todo listo me imagino que nos van a venir a decir», relató.

    De Paz explicó que también les dijeron que están en la etapa de instalar contadores de energía eléctrica en cada puesto «personalizándonos  para cada usuario», comentó.

    La comerciante de ropa también señaló que pagar la primera cuota era «condición para tener puesto en el mercado», y que ella sabe que ese pago empezará a correr a partir del día que se instalen. «No es que ya pagamos septiembre, y viene octubre y lo vamos a pagar, y seguimos aquí, no, la cuota que pagamos va a correr a partir del día que nos instalemos en el edificio, si entramos en diciembre, esta cuota que pagamos en septiembre va a servir como pago de diciembre», añadió.

    La comerciante  agregó que «en lo personal», las cuotas son accesibles, dependiendo del tamaño del puesto. «Es que ahí depende del puesto que yo quiera, hay cuotas de $54.50 que es el pequeño, el que yo agarré vale $84.50 de ahí más arriba no sé, pero si soy mayorista tengo derecho a tener una bodega que hay de $200».

    Sobre el pago de las mensualidades, Rubio agregó que varias vendedoras que llegan con ventas menores desde otros distritos como San Martín no van a poder pagar las mensualidad de un puesto.

    «Mire si hay gente que viene de afuera de San Salvador a vender cosas poquitas que no van a alcanzar a pagar esa cantidad, porque esa gente viene y vende sus $8 o $10 y con eso se van, cómo van a alcanzar a pagar, dicen ella», expresó la vendedora.

    Otro comerciante de pan especial, quien dijo que tiene 13 años de vender en el San Miguelito, quien pidió anonimato, señaló que mucha gente no va a poder estar adentro del mercado porque no podrán pagar.

    «Mire ahorita ya nos registramos en Hacienda, firmamos contrato y pagamos la primera mensualidad, pero hay gente que no puede, porque no vende lo suficiente para poder pagar, pero lo que pasa que hay gente que no le gusta hablar, por temor», comentó.

    Ha pasado un mes, desde que el presidente Nayib Bukele inauguró el nuevo mercado San Miguelito, el 26 de agosto, luego de cuatro años desde que un voraz incendio consumiera el edificio viejo del mercado el 22 de septiembre de 2021.

    Desde entonces los comerciantes han estado en la calle en los alrededores del mercado ofreciendo sus productos. Si bien, muchos ya firmaron contrato y pagaron su primera mensualidad, desconocen cuándo podrán instalarse en el nuevo edificio.

     

  • Reducción del gasto público podría empujar a una “normalización” a la burbuja inmobiliaria en El Salvador, indica Zumma Ratings

    Reducción del gasto público podría empujar a una “normalización” a la burbuja inmobiliaria en El Salvador, indica Zumma Ratings

    La reducción del gasto público, en cumplimiento con acuerdos pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), podrían empujar a El Salvador a percibir una normalización de la burbuja inmobiliaria, apuntó el presidente de Zumma Ratings, Carlos Pastor, quien sostuvo que los grandes motores del crecimiento salvadoreño están relacionados con el gasto público.

    El Salvador y el FMI firmaron un programa de financiamiento en febrero de 2025 por $1,400 millones. La aprobación implicó para el país, entre varios aspectos, un compromiso de realizar un ajuste fiscal de 3.5 % de producto interno bruto (PIB) en un plazo de tres años.

    Es decir, que El Salvador debe incrementar los ingresos y reducir el gasto sin perjudicar los recursos de carácter social y de infraestructura.

    “El estado ha gastado e invertido en muchos proyectos que el dinero acaba en las manos de los ciudadanos, y eso genera la construcción y compra de vivienda”, puntualizó Pastor durante un evento relacionado con el orden económico organizado por Almacenes de Desarrollo (ALDESA).

    El experto explicó que si no existe un mayor gasto público, como antes, por las restricciones del FMI, va a haber menos flujo de dinero que circule en la economía local por parte del gobierno salvadoreño.

    Por ende, “eso que llamamos burbujas van a ir normalizando por el menor influjo de dinero proveniente de proyectos públicos del estado”, añadió.

    Los únicos que tendrán un “poder de compra” serán las personas que no dependen directamente de los proyectos de inversión pública, puntualizó Pastor.

    A nivel general, Pastor indicó que negociar con el FMI fue lo mejor que pudo hacer el gobierno salvadoreño, porque eso significa flexibilizar la caja del estado y la presión fiscal. Además, añade liquidez a la banca y le quita presión al sistema financiero.

    Riesgo país

    Sobre la prima de riesgo, o indicador de bonos de mercados emergentes (EMBI), Pastor destacó la reducción que El Salvador tuvo entre septiembre de 2023 y el mismo mes de 2025, al pasar de 6.92 puntos porcentuales a 3.69

    “Es decir, la percepción del extranjero hacia el país dice que su riesgo ha mejorado, pero es suficiente, no, sigue siendo muy alto”, añadió el presidente de Zumma.

    A los inversionistas a nivel mundial también podría preocuparles las decisiones que Estados Unidos tome, por ser el mayor comprador del mundo y manejar la economía global.

    Sobre la deuda del país, Pastor indicó que ya no hay mucho piso para seguir creciendo, por lo que el país debe buscar el desarrollo de mercados, refinanciar pasivos y reestructurar el sistema de pensiones.

    Hasta julio de 2025, el Ministerio de Hacienda reportó que la deuda del sector público no financiero (SPNF) rondó los $32,461.7 millones, un 88.7 % del producto interno bruto (PIB) salvadoreño.

    Tasas de interés

    La influencia de Estados Unidos sobre el continente es tan fuerte que, como ocurre con los niveles de tasas de interés, termina impactando o beneficiando a los hogares.

    La última actualización, por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), la hizo a mediados de este mes, cuando redujo en 25 puntos básicos el precio del dinero, situando la tasa en un rango de 4 % a un 4.25 %.

    Pastor aseguró que si la Fed continúa reduciendo las tasas de interés, se beneficiará al mercado local.

    “Nos beneficia porque las tasas de interés tal cual se endeudan los bancos para pedir líneas de crédito van a ser más baratos y eso tendería a trasladarse al mercado local”, indicó el presidente de Zumma Ratings.

    El efecto en el mercado salvadoreño no será inmediato, pues deberán pasar varios meses para que las tasas bajen.

    La repercusión, indicó Pastor, depende de lo mucho que bajen las tasas de interés de referencia y el impacto de la misma sobre el costo de las empresas bancarias.

  • Deuda pública sube más de $1,000 millones en primeros ocho meses de 2025

    Deuda pública sube más de $1,000 millones en primeros ocho meses de 2025

    La deuda del Sector Público no Financiero (SPNF) y pensiones subió más de $1,000 millones en los primeros ocho meses de 2025, según un documento publicado por el Ministerio de Hacienda.

    El gobierno indicó que al 31 de agosto de 2025 se contabilizaron $31,932.7 millones en saldo de deuda SPNF de corto mediano y largo plazo más pensiones, un 3.3 % por arriba de los $30,898.1 millones que se reportaron durante el mismo período de 2024.

    A nivel general, el saldo de deuda del SPNF rondó los $20,862.10 millones al cierre de agosto de 2025.

    La SNPF está dividida entre los saldos de mediano y largo plazo, junto con la deuda del Gobierno de El Salvador a corto plazo, este último conformado por las Letras y los Certificados del Tesoro (Letes y Cetes).

    Después de la reforma de pensiones de 2023, Hacienda sacó de los informes los reportes de obligaciones del sistema previsional, sin embargo, los incorporó nuevamente desde noviembre de 2024, cuando buscaba concretar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Según Hacienda, la deuda SPNF a mediano y largo plazo ascendió a $19,540.2 millones a agosto pasado, un 2.8 % por arriba de los $19,014.4 millones contabilizados al 31 de diciembre de 2024.

    Por su parte, en Cetes y Letes el Gobierno salvadoreño acumuló una deuda de $1,321.9 millones, con una baja de $35.9 millones menos que los $1,357.8 millones que se tenían en deuda a diciembre del año pasado.

    Las Letes tienen como fin cubrir parte de las deficiencias de ingreso del gobierno, mientras que los Cetes funcionan a través de aprobaciones de deuda de parte de la Asamblea Legislativa.

    Ambos tipos de instrumentos se emiten en la plaza local, donde buena parte de los compradores son bancos.

    Pensiones

    En el caso de las pensiones, el gobierno confirmó que el saldo adeudado en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) y Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) incrementó un 5.2 % en lo que va de este 2025, al pasar de $10,525.9 millones al 31 de diciembre de 2024, a $11,070.6 millones para el 31 de agosto de 2025.

    Los reportes hacendarios confirman que la deuda de pensiones se mantuvo inmóvil en los últimos dos meses.

    Sin embargo, la deuda SPNF a corto, mediano y largo plazo, sin tomar en cuenta las pensiones, se redujo un 2.5 % en el último mes, luego de que el saldo se redujera $529 millones en comparación con los $21,391.1 millones contabilizados en julio pasado.

    Al ampliar el período de análisis, se descubre que el saldo de deuda SPNF tuvo un incremento interanual de un 6.1 %, empujado por las operaciones a mediano y largo plazo.

    Según el gobierno, hasta agosto de 2024 un 24 % de la deuda SPNF a mediano y largo plazo vencerá entre uno a cinco años, mientras que un 23 % lo hará en un período de seis a 10 años.

    El gobierno también evidencia que el 35 % de la deuda vencerá entre 11 y 20 años, y un 18 % deberá saldarse dentro de 20 años.

  • TSE aún sin definir monto adicional que requerirá para la elección presidencial en 2027

    TSE aún sin definir monto adicional que requerirá para la elección presidencial en 2027

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no ha definido el monto adicional que solicitará para complementar el presupuesto extraordinario de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del 28 de febrero de 2027.

    Más de $130 millones fueron solicitados inicialmente por la institución electoral sin tomar en cuenta que, con las reformas constitucionales que habilitaron la reelección presidencial indefinida, el 31 de julio, también se adelantó la elección de presidente a 2027.

    Una fuente interna de la institución electoral dijo a Diario El Mundo que aún no han definido el monto adicional o extra que pedirá al Ministerio de Hacienda para las elecciones presidenciales, que estaban programadas para 2029, año en que se cumple el segundo quinquenio del presidente Nayib Bukele.

    La fuente explicó que los técnicos de la comisión encargada de diseñar el presupuesto aún no le han presentado al organismo colegiado la cantidad adicional requerida.

    En las elecciones de 2027 se contemplaría el voto tradicional con papeleta.

    Al término del primer semestre de 2025, el TSE solicitó a Hacienda más de $130 millones, de los cuales $100 millones serían utilizados en el voto nacional (70 %) y $40 millones para el voto electrónico de los salvadoreños en el extranjero.

    Esta solicitud ya superaba los $70 millones solicitados para el voto nacional en 2024.

    En ese momento, una fuente explicó que el incremento de fondos correspondía a la compra de kits tecnológicos para más de 8,000 Juntas Receptoras de Votos (JRV) instaladas en los distintos centros de votación.

    Los cambios por las reformas

    A finales de julio, la Asamblea Legislativa aprobó varias reformas a la Constitución de la República para permitir la reelección presidencial indefinida, la eliminación de la segunda vuelta presidencial, la extensión del periodo presidencial de cinco a seis años, y medidas transitorias sincronizar elecciones adelantando las presidenciales a 2027.

    Esto provocó que la entidad electoral tenga que incluir nuevos gastos para ejecutar los comicios presidenciales, incluyendo la compra de papeletas.

    Por ello, la institución reactivó la Comisión coordinadora de elecciones y la Comisión de Creación del Plan general de Elecciones (Plagel) para que presentarán al Tribunal los cambios que debían realizar al programa electoral e incorporar la propaganda, solicitud inscripción y presentación de recursos en el calendario electoral.

    La fuente indicó que los magistrados habrían tomando en cuenta, para incluir en el presupuesto extraordinario, la solicitud de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) para incorporar $1.5 millones; el presupuesto actual de la Junta es de $815,000. Esta instancia tiene una función de fiscalización de los procesos electorales.

  • Diputados aprueban $10 millones para alimentación en Centros Penales por el «incremento de la población reclusa»

    Diputados aprueban $10 millones para alimentación en Centros Penales por el «incremento de la población reclusa»

    Los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobaron este martes un dictamen favorable para incorporar $10 millones adicionales al presupuesto del ramo de Seguridad Pública y Justicia, con el objetivo de fortalecer el servicio de alimentación en centros penitenciarios del país.

    La solicitud fue presentada por el Ministerio de Hacienda, que explicó que el incremento de privados de libertad en el sistema penitenciario ha generado nuevas demandas presupuestarias que requieren atención inmediata.

    “El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, a través de la Dirección de Centros Penales, ha transformado el sistema penitenciario, convirtiendo los reclusorios en espacios de reinserción social y productiva… No obstante, el incremento de la población reclusa ha generado necesidades adicionales de recursos para cubrir el servicio de alimentación”, explicó Laura Arce, subdirectora general de Presupuesto.

    El gobierno salvadoreño solicitó modificar la Ley del Presupuesto 2025 para realizar la incorporación de fondos.

    La iniciativa detalla que los recursos se destinarán a “financiar obligaciones ineludibles e impostergables del servicio de alimentación de privados de libertad”, dentro del sistema carcelario nacional.

    El refuerzo financiero será cubierto con recursos disponibles del presupuesto vigente del ramo de Hacienda, con cargo al Fondo General de la Nación.

    La propuesta fue respaldada sin objeciones por los legisladores de la comisión, quienes votaron por unanimidad a favor del dictamen. Se espera que el documento sea ratificado durante la sesión plenaria ordinaria de este miércoles 17 de septiembre.