El gobierno busca facilitar la formación técnica para salvadoreños deportados o en riesgo de migrar irregularmente a través de un acuerdo suscrito en el marco de la vigencia de la Ley de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores firmó el martes un convenio con el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF) para facilitar que los retornados o en riesgo de migrar puedan acceder a formación técnica, para su reintegración.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, explicó que las oportunidades de tecnificación permitirán generar recursos humanos calificados para mejorar la empleabilidad, el emprendimiento y la inserción laboral.
“Este esfuerzo que estamos impulsando con el INCAF fortalecerá la formación de salvadoreños en movilidad, generando recurso humano calificado para mejorar la empleabilidad, el emprendimiento y la inserción laboral, especialmente de quienes retornan al país”. Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.
La presidenta del INCAF, Rhina Paola Machuca, aseguró que este acuerdo es un «paso estratégico» que permitirá que los deportados «se fortalezcan y se adapten a las necesidades del mundo laboral».
Aseveró también que, luego de la firma del documento, el personal del INCAF brindaría la primera jornada de orientación laboral a unos 60 salvadoreños que forman parte del proyecto «Semillas».
Los fondos del INCAF provienen, entre otros, de la recaudación de las cotizaciones obligatorias pagadas por los patronos del sector privado y por las instituciones oficiales autónomas con 10 o más trabajadores: un 20 % de estos fondos le quedan al INCAF y el 80 % restante, 40 % se transfiere a la Dirección de Integración que dirige Alejandro Gutman y el otro 40 % se destina a “gastos para cerrar la brecha digital”.
Para este año 2025, el INCAF inició con un presupuesto programado de $25.68 millones, de los cuales ya tiene comprometidos $20.32 millones. Sin embargo, el presupuesto se modificó para aumentarlo a $30.6 millones: $7.5 millones del Fondo General del Estado y $23.8 millones de recursos propios del INCAF.
La Cancillería salvadoreña estima que al menos 124 jóvenes salvadoreños han cursado técnicos en el ITCA-Fepade. Los jóvenes son originarios de departamentos como Santa Ana, Ahuachapán, La Libertad, La Paz y La Unión.
La nueva ley de beneficios para la diáspora fue aprobada en agosto por la Asamblea Legislativa y está orientada a salvadoreños en el extranjero, deportados y quienes forman parte de los programas de trabajo temporal en el exterior.
Entre sus regulaciones, la normativa establece incentivos para las empresas que contraten deportados, quienes serán registrados en «empleos para salvadoreños retornados» y podrán deducirse rentas imponibles que vayan desde los tres hasta los cinco salarios mínimos.
