El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el domingo una guerra contra Venezuela, pese a la creciente tensión militar en el Caribe por ataques de su gobierno a supuestas narcolanchas, que ya han dejado al menos 64 fallecidos desde septiembre.
En una entrevista con la cadena CBS, el mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de una intervención directa en el país sudamericano. “Lo dudo, no lo creo”, respondió Trump, refiriéndose al posible conflicto, mientras se espera la llegada del portaaviones USS Gerald Ford a aguas del Caribe.
Consultado sobre si Estados Unidos planea una intervención terrestre en Venezuela, el presidente evitó confirmar o negar cualquier acción.
“No me inclinaría a decir que haría eso porque no hablo con los periodistas sobre si voy a atacar o no… no le voy a decir qué voy a hacer con Venezuela, si es que lo voy a hacer o no”, sostuvo Trump, agregando que el gobierno de Caracas “nos ha tratado muy mal, no solo con las drogas”.
El presidente reiteró su acusación de que las autoridades venezolanas han enviado a miles de criminales a Estados Unidos. “Han traído a nuestro país a… a 11,888 asesinos”, declaró, responsabilizando de esta situación a las políticas migratorias del expresidente Joe Biden. “Venezuela vació sus cárceles en Estados Unidos. Dejaron entrar a gente que jamás debió haber entrado”.
Trump defendió los bombardeos a embarcaciones como una acción contra el narcotráfico, asegurando que cada lancha destruida representa un golpe al crimen transnacional. “Cada uno de esos barcos que ven derribados —y estoy de acuerdo, es algo terrible— mata a 25,000 estadounidenses”, dijo, en referencia al daño causado por las drogas que ingresan desde Sudamérica.
Donald Trump (i) presidente de Estados Unidos y Nicolás Maduro, gobernante venezolano. EFE
La caída de Maduro está cerca
Al ser cuestionado sobre si estas operaciones buscan derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense respondió con ambigüedad, pero dejando entrever sus intenciones.
“Yo diría que sí. Creo que sí”, afirmó, sugiriendo que el tiempo de Maduro al frente de Venezuela estaría llegando a su fin.
Las recientes declaraciones del presidente se dan tras un nuevo ataque del Ejército estadounidense en el Caribe, donde murieron tres personas, provocando fuertes críticas del gobierno de Venezuela y de Colombia, encabezado por Gustavo Petro. Ambos mandatarios denunciaron la operación como una violación a la soberanía regional.
Organizaciones no gubernamentales han calificado las ofensivas como “ilegales” y han pedido una rendición de cuentas. Naciones Unidas también expresó preocupación, señalando que “ninguno de los individuos en los barcos atacados representaba una amenaza inminente”, y llamó a una investigación “rápida, independiente y transparente”.
Según reportes de la CBS, las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico han dejado al menos 64 personas muertas desde septiembre, en un contexto de creciente presión internacional contra las acciones unilaterales del gobierno de Trump.
El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, mantuvieron una reunión este viernes en la ciudad surcoreana de Gyeongju, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la que Xi abogó por «esforzarse conjuntamente» para encauzar los lazos bilaterales.
Xi subrayó que este año se cumple el 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y el 20 de su asociación estratégica, y destacó que, con los esfuerzos de ambas partes, los lazos entre Pekín y Ottawa muestran «una tendencia de restablecimiento y desarrollo positivo».
El mandatario chino señaló que su país valora la disposición de Canadá a impulsar los vínculos «de manera pragmática y constructiva» y expresó su voluntad de que el encuentro sirva como punto de partida para devolver las relaciones bilaterales a una senda «saludable, estable y sostenible».
También pidió fortalecer los intercambios culturales, apoyar los contactos entre sus sociedades y reforzar la coordinación en marcos multilaterales como Naciones Unidas para promover un sistema de gobernanza global «más justo y razonable» y defender la equidad internacional.
Por su parte, Carney afirmó que Canadá y China han mantenido «buenas relaciones» desde el establecimiento de sus lazos diplomáticos hace 55 años, y recalcó que el nuevo Gobierno canadiense concede gran importancia a su relación con Pekín.
Según Xinhua, el primer ministro manifestó su deseo de «recuperar el tiempo perdido» y relanzar la cooperación bilateral «con un enfoque pragmático y constructivo».
Carney expresó el interés de su país en reforzar los contactos de alto nivel y ampliar la colaboración en áreas como la agricultura, la energía y la lucha contra el cambio climático.
Añadió que Ottawa y Pekín comparten visiones similares en los asuntos internacionales y pueden cooperar «para defender el multilateralismo, mantener el libre comercio y promover la reforma del orden económico global».
Se anticipaba que ambos mandatarios abordasen cuestiones comerciales, incluida la posible eliminación de los aranceles del 100 % que Canadá impuso en 2024 a los vehículos eléctricos chinos, una medida adoptada entonces en sintonía con EE.UU.
Pekín había sugerido que podría levantar las restricciones al aceite de colza canadiense si Ottawa da ese paso.
Canadá está tratando de reducir su dependencia económica de Washington, que absorbe el 75 % de sus exportaciones y la semana pasada impuso aranceles adicionales del 10 % en represalia por un anuncio televisivo contra las tarifas de EE.UU. promovido por el Gobierno de la provincia de Ontario.
El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió el jueves con Xi en Gyeongju y partió de vuelta a Washington ese mismo día, sin esperar al arranque de la cumbre de APEC.
El republicano llegó a decir que no vino a Corea del Sur para ver a Canadá y protagonizó una fría interacción con Carney al inicio de una cena de líderes del foro.
Paralelamente, las relaciones bilaterales entre Pekín y Ottawa se han deteriorado desde que en 2018 Canadá arrestó a petición de EE.UU. a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou.
China detuvo por casi tres años a dos ciudadanos canadienses por cargos de espionaje, aunque Pekín alegó que sus casos no estaban conectados al arresto de Meng.
Pekín también ejecutó este año a cuatro canadienses por cargos de drogas, pese a las condenas de Ottawa.
Canadá también ha acusado a Pekín de interferir en sus elecciones de 2019 y 2021, y en 2022 Xi reprendió públicamente al entonces primer ministro Justin Trudeau durante el G-20, en Indonesia, por supuestamente haber filtrado información de una de sus reuniones.
Solo el 31.3 % de los ministerios son dirigidos por mujeres en El Salvador según el informe de “Mujeres en la política: 2025” de la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONUMujeres).
El documento señala de los 16 ministerios solo cinco son dirigidos por mujeres en El Salvador, lo que corresponde al 31.3 %. El organismo internacional indica que el informe del país fue elaborado con base en información pública disponible.
Los datos correspondientes al 1 de enero de 2025 ubican a El Salvador en la posición 58 de todo el mundo, ubicándose en el rango de 30 % a 34.9 %, donde también se encuentran países como Armenia (33.3 %), Costa Rica (33.3 %) y Brasil (32.3 %).
A estos datos se debe sumar el nombramiento de la ministra de Educación, Karla Trigueros, que ocurrió el 14 de agosto. Con este nuevo nombramiento, el porcentaje de ministras mujeres aumentaría al 37.5 %.
Hasta el 1 de enero de 2025, el 31.3 % de los ministerios en El Salvador eran dirigidos solo por mujeres. / ONUMujeres.
Las ministras salvadoreñas son la ministra de Economía, María Luisa Hayem; la ministra de Turismo, Morena Valdez; la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco; la ministra de Vivienda, Michelle Sol; la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco; y la ministra de Educación, Karla Trigueros, nombrada en agosto.
Los datos presentados en el informe fueron recabados por las misiones permanentes ante las Naciones Unidas en cada uno de los países evaluados, donde Arabia Saudita, Azerbaiyán, Hungría, Islas Marshall, Pakistán, Turkmenistán, Tuvalu, Vanuatu y Yemen solo tienen ministros hombres.
El informe sitúa a la cabeza del ranking a Nicaragua, donde el 64.3 % de los ministerios son dirigidos por mujeres. Le sigue Finlandia con 61.1 %, Islandia con el 60 % y Liechtensteins con el 60 %.
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una serie de demandas por parte de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que aseguran haber sido víctimas de abusos y detenciones arbitrarias durante redadas migratorias. Las querellas piden indemnizaciones de hasta $50 millones por violaciones a derechos constitucionales y uso excesivo de la fuerza.
Una de las demandas más recientes fue interpuesta por Leonardo García Venegas, trabajador de la construcción en Alabama, quien alega haber sido arrestado en dos ocasiones pese a ser ciudadano estadounidense. Representado por el Institute for Justice, García denunció que los agentes migratorios actuaron sin orden judicial, lo que calificó como una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución.
El primer arresto ocurrió en mayo, cuando agentes encapuchados irrumpieron en una obra y lo esposaron pese a mostrar su REAL ID, documento emitido solo a residentes legales en ese estado. En junio, fue nuevamente detenido mientras trabajaba en una vivienda, liberado 20 minutos después junto con otros empleados, tras comprobar su estatus legal.
La querella, presentada como una acción colectiva, agrupa 19 casos similares de trabajadores de la construcción que denuncian haber sido arrestados sin causa probable.
“Estas políticas ilegales tienen consecuencias reales para los estadounidenses inocentes y trabajadores”, señala la demanda que busca compensación económica para las víctimas.
Demanda por agresión a un anciano recién operado
Otra demanda fue presentada por Rafie Ollah Shouhed, de 79 años, dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles, quien asegura haber sido golpeado por agentes migratorios el pasado 9 de septiembre. Los videos de seguridad muestran a los agentes entrando sin autorización, empujándolo al suelo y sujetándolo violentamente, pese a que el hombre les advirtió que se recuperaba de una cirugía de corazón.
Shouhed sostiene que fue trasladado esposado al centro de detención de Los Ángeles, donde permaneció casi 12 horas sin atención médica ni derecho a llamadas telefónicas.
Su querella reclama $50 millones y acusa a los agentes de violar la Ley Bane de California, que prohíbe el uso de la fuerza o amenazas para coartar derechos constitucionales.
En agosto, otros cinco ciudadanos y residentes permanentes presentaron demandas por detenciones arbitrarias. Entre ellos figura Cary López Alvarado, quien estaba embarazada y asegura que el estrés de su arresto provocó el nacimiento prematuro de su hijo.
El abogado Luis Carrillo, representante de los demandantes, indicó que en cada caso solicitarán al menos $1 millón de indemnización.
“Las acciones de los agentes migratorios fueron brutales. Esperamos que estas querellas detengan el uso excesivo de la fuerza”, declaró Carrillo a EFE.
Carrillo añadió que la situación es tan grave que, junto con la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta, han presentado una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se investiguen los abusos cometidos contra ciudadanos e inmigrantes durante las redadas.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este martes una nueva misión internacional en Haití, luego del fracaso de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), que concluye esta semana. Pese a su objetivo de combatir la violencia armada, la MSS no logró frenar a las pandillas, responsables de más de 16,000 muertes desde 2022, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.
La resolución, impulsada por Estados Unidos y Panamá, autoriza el despliegue de hasta 5,500 agentes bajo la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), con la finalidad de contener a los grupos criminales que controlan vastas zonas del país.
Marie Rosy Auguste Ducéna, directora de programas de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), lamentó la falta de resultados de la MSS.
“No es una sorpresa que la MSS no tuviera éxito. Nos preocupaba la forma en que se decidió llevarla a cabo”, declaró Auguste Ducéna a EFE.
También criticó que la misión llegara sin equipamiento adecuado para enfrentar a las bandas armadas.
La activista apuntó que la MSS tenía como objetivo inicial asegurar las carreteras y proteger infraestructuras críticas, pero en la práctica “ni siquiera se les ve”. Mencionó el caso del departamento de Artibonite, donde “más del 50 % de los 15 municipios han sido atacados o están bajo control de pandillas”.
Un integrante de la Policía haitiana patrullando, en Liancourt, Haití, frente a una patrulla baleada por pandilleros. EFE
En cuanto a la GSF, Ducéna reconoció que hay un diseño distinto que podría jugar a su favor, con más apoyo internacional y mejor preparación para ejecutar operaciones.
“Estará mejor equipada y tendrá mayor autonomía que la MSS”, indicó. Sin embargo, subrayó que el problema de fondo sigue sin resolverse.
“Cuando hablamos de seguridad a mediano y largo plazo, se trata ante todo de una cuestión de gobernanza. La seguridad va de la mano del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción. Si no se hace nada al respecto, la llegada de más fuerzas extranjeras no cambiará la situación estructural”, explicó Ducéna.
Desde 1990, Haití ha sido escenario de más de diez misiones internacionales, ninguna con resultados duraderos. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), activa entre 2004 y 2017, dejó un recuerdo amargo: provocó un brote de cólera que mató a unas 10,000 personas y fue acusada de casos de explotación sexual y represión civil.
Para Ducéna, “son las autoridades haitianas las que deben decidir qué quieren hacer con este país”, advirtiendo que, sin voluntad política y fortalecimiento institucional, Haití continuará atrapado en el ciclo de inseguridad, dependencia y violencia.
Más de mil personas han sido ejecutadas en Irán en lo que va del año, un incremento dramático que representa una grave violación del derecho internacional, advirtieron varios expertos de Naciones Unidas en un comunicado.
«En las últimas semanas, se han registrado más de nueve ahorcamientos diarios», destacaron los relatores, acusando al régimen de los ayatolás de llevar a cabo ejecuciones a «una escala industrial que desafía todos los estándares aceptados de protección de los derechos humanos».
Además, señalaron que el millar de ejecuciones verificadas podría ser solo una fracción de la cifra real, debido a la falta de transparencia de las autoridades iraníes sobre la aplicación de la pena capital.
Los expertos consideraron particularmente preocupante el uso de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas, con al menos 499 ejecuciones registradas en los primeros nueve meses de 2025, marcando un aumento considerable en comparación con años anteriores, donde las cifras variaban entre 20 y 30.
Instaron a Irán a establecer de inmediato una moratoria oficial sobre todas las ejecuciones y a garantizar el cumplimiento del derecho a un juicio justo, al tiempo que se trabaja hacia la abolición total de la pena capital.
El comunicado fue firmado por los relatores de la ONU sobre Irán y Afganistán, Mai Sato y Richard Bennett, así como por sus homólogos sobre ejecuciones judiciales (Morris Tidball-Binz), tortura (Alice Jill Edwards) y cuestiones de las minorías (Nicolas Levrat).
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió el miércoles al gobierno de Rusia tomar “medidas significativas” para avanzar hacia una solución duradera del conflicto en Ucrania, durante una reunión privada sostenida con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.
“El secretario ha reiterado el llamamiento del presidente Donald Trump para que cesen las muertes (en Ucrania) y la necesidad de que Moscú tome medidas significativas hacia una solución duradera sobre la guerra”, afirmó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado oficial.
El encuentro entre ambos diplomáticos se realizó a puerta cerrada y tuvo una duración de aproximadamente una hora. A su salida, Lavrov hizo un gesto de aprobación con el pulgar, aunque ninguno de los funcionarios emitió declaraciones públicas.
Desde Moscú, el Ministerio de Exteriores ruso confirmó que Rubio y Lavrov reafirmaron su “interés mutuo en encontrar una solución pacífica” al conflicto, aunque también señaló que el canciller ruso rechazó las estrategias promovidas por Kiev y por algunas capitales europeas, a las que acusó de prolongar innecesariamente la guerra.
Asimismo, el gobierno ruso detalló que durante el encuentro se intercambiaron puntos de vista sobre una salida a la crisis ucraniana, basándose en los entendimientos alcanzados en la cumbre bilateral celebrada en Alaska.
Un día antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en redes sociales donde expresó que “con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (que Ucrania recupere) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable”.
Ese cambio en el discurso de Trump llega después de una reunión privada con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también en el contexto de la Asamblea General de la ONU. Según fuentes cercanas, Zelenski habría compartido con el mandatario estadounidense informes actualizados sobre la situación en el frente de batalla.
El lunes 24 de julio de 1944, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador le envió una nota al embajador estadounidense Walter Clarence Thurston (1894-1974). En ella le expresaba que “la opinión del Gobierno de El Salvador es la de que el Nuevo Orden que surja después de esta tremenda conflagración debe estar basado en la solidaridad e interdependencia de las Naciones todas, sin distinción de fuerza material ni territorial para lo cual será necesario extinguir todo espíritu imperialista, sea de orden político, económico y comercial, pues considera que sólo a base de respeto irrestricto a las soberanías, por débiles y raquíticas que sean, debe levantarse la futura estructura internacional. Opina, asimismo, el Gobierno de El Salvador, que tal estructura internacional debe asemejarse a la Sociedad de las Naciones, sin las deficiencias que ésta acusó en su existencia”.
El Salvador perteneció durante casi 25 años (1923-1937) a la Sociedad de Naciones, surgida tras la Primera Guerra Mundial, conflicto global en el que la más pequeña de las repúblicas centroamericanas adoptó una posición neutral. El 7 de septiembre de 1929, en la localidad suiza de Ginebra, el abogado y diplomático salvadoreño Dr. José Gustavo Guerrero fue el encargado de colocar la piedra fundacional del Palacio de las Naciones, futura sede de ese organismo internacional que cinco años más tarde sufriría un sobresalto con el reconocimiento salvadoreño al Imperio de Manchukuo fundado por las tropas japonesas en Manchuria (China).
El abogado y diplomático salvadoreño Dr. José Gustavo Guerrero en la colocación de la piedra fundacional del Palacio de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, 7 de septiembre de 1929.
Aquella carta del gobierno salvadoreño al embajador Thurston obedecía a una consulta hecha por Estados Unidos respecto a los intereses salvadoreños en cuanto a lo que se esperaba como resultado de las conversaciones diplomáticas que Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y China desarrollarían entre agosto y octubre de 1944 en los jardines de Dumbarton Oaks, en la capital estadounidense, cuyos resultados formaron las bases para el la convocatoria y desarrollo de la Conferencia de Paz en el puerto californiano de San Francisco. En ese sentido, el gobierno salvadoreño presidido por el general Andrés Ignacio Menéndez le daba continuidad a lo fijado por la dictadura del brigadier Maximiliano Hernández Martínez, cuando en enero de 1942 se adhirió a los principios fijados en la Declaración de las Naciones Unidas. En ese momento, las Naciones Unidas eran sinónimos de las decenas de países aliados en contra del Eje Berlín-Roma-Tokio.
Entre 1941 y 1943, el régimen martinista no dudaría en aceptar dos millonarios préstamos estadounidenses, orientados a la adquisición de nuevos armamentos y a la construcción del tramo nacional de la Carretera Interamericana o Panamericana, proyectada para que llegara desde Alaska hasta la Patagonia. Ambas iniciativas cumplían con los intereses de la defensa continental frente a los potenciales ataques del Eje y sus quintacolumnistas contra submarinos, barcos de guerra y mercantes e instalaciones estratégicas como el Canal de Panamá, aeropuertos, refinerías, puertos, etc.
En la madrugada del viernes 20 de octubre de 1944, ocurrió algo en San Salvador que dejó a la República de El Salvador en suspenso internacional. Un día antes, los gobiernos aliados firmaron un tratado de paz con Italia, pero la república salvadoreña no envió delegado y no suscribió ese instrumento internacional, por lo que el estado de guerra decretado por la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre de 1941 aún persiste en su sentido legal. En esa madrugada del 21, un golpe de estado encabezado por el coronel Osmín Aguirre y Salinas derrocó al gobierno provisional del general Menéndez. Estados Unidos retiró al embajador Thurston -llegado al cargo en enero de 1943- y se negó a reconocer a ese régimen de facto, que se mancharía de sangre con la masacre de estudiantes en Ahuachapán en diciembre.
La situación de alejamiento de El Salvador de la esfera de las naciones aliadas concluyó el miércoles 21 de febrero de 1945, cuando el nuevo embajador estadounidense John Farr Simmons (1892-1968) le entregó sus cartas credenciales al coronel Aguirre y Salinas, en una ceremonia efectuada en el Salón de Honor de Casa Presidencial, en el barrio capitalino de San Jacinto. Aquel gesto no era un reconocimiento al gobierno golpista, sino a las elecciones presidenciales, en las que resultaron electos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República el general Salvador Castaneda Castro y el médico Dr. Manuel Adriano Vilanova, ratificados en sus cargos mediante el decreto legislativo no. 2 del jueves 15 de febrero. Esos nuevos mandatarios tomaron posesión de sus cargos el primer día de marzo, con la aprobación estadounidense y el reconocimiento creciente de muchos países. Con la urgencia del caso, había que designar a las nuevas autoridades del gabinete y, además, atender una invitación hecha por el embajador Simmons.
El presidente y general salvadoreño Salvador Castaneda Castro, con uno de sus caballos en la Casa Presidencial del barrio capitalino de San Jacinto.
El viernes 2 y lunes 5 de marzo de 1945, sendos decretos del Poder Ejecutivo designaron al abogado Dr. Arturo Argüello Loucel como ministro de Relaciones Exteriores y al escritor y abogado Lic. Miguel Ángel Espino Najarro como subsecretario del ramo, con el veterano diplomático y jurisconsulto Dr. Vicente Reyes Arrieta Rossi como consultor del despacho y del Poder Ejecutivo en general. Una de las primeras acciones fue designar que los titulares, junto con el abogado Dr. Héctor Escobar Serrano, Carlos Adalberto Alfaro y Manuel Francisco Chavarría, fueran los delegados nacionales con plenos poderes en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz reunida en la capital mexicana. El Lic. Espino Najarro sería removido de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores a fines de ese mismo mes.
Fotografía del abogado y diplomático salvadoreño Dr. Héctor Francisco David Castro Gomar, suministrada por el sistema de archivos y bibliotecas de la ONU, New York-Ginebra.
El acuerdo del Poder Ejecutivo no. 52 del lunes 19 de marzo de 1945 designó al abogado y diplomático Dr. Héctor Francisco David Castro Gomar (San Salvador, 24/4/1894-San Salvador, 01/4/1973) como embajador extraordinario y enviado plenipotenciario de El Salvador en los Estados Unidos. Con una experimentada hoja de trabajo en el servicio exterior salvadoreño, el Dr. Castro Gomar había renunciado a ese alto cargo el 6 de noviembre del año anterior, como una forma de silente protesta ante el golpe de estado liderado por el coronel Aguirre y Salinas. Como una de sus primeras designaciones en el cargo, el acuerdo del Poder Ejecutivo no. 61 del 3 de abril le ordenó al Dr. Castro Gomar que se incorporara como representante salvadoreño en la junta del Comité de Jurisconsultos de las Naciones Unidas (entiéndase, países aliados) que iniciaría reuniones el 9 de ese mes en la capital estadounidense, para desarrollar un anteproyecto de Corte Internacional de Justicia para someterlo el 25 de ese mismo mes ante el pleno de la Conferencia Internacional en San Francisco. En ese marco se produjo el fallecimiento de Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), 32º Presidente de los Estados Unidos de América y uno de los principales líderes de la lucha contra el Eje y sus quintacolumnistas en América Latina, que lo llevó a ordenar la intervención de bienes y la captura y concentración de alemanes, italianos y japoneses en campos de detención en el sur estadounidense, algo que el régimen martinista salvadoreño cumplió a cabalidad en febrero de 1942, como unas de sus primeras acciones como parte de las naciones aliadas contra el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán y el expansionismo japonés.
Acuerdo del Poder Ejecutivo que nombró a la delegación salvadoreña a la Conferencia Internacional del puerto californiano de San Francisco.
Ese mismo 3 de abril, el acuerdo ejecutivo no. 62 dio un paso trascendental al designar a la representación de El Salvador que debía asistir a la Conferencia Internacional en San Francisco. Como delegados con plenos poderes fueron designados los abogados Dr. Castro Gomar y José Antonio Quirós (San Miguel, 28/4/1888-San Miguel, 22/10/1969), así como al médico Carlos Leiva, un experto en tuberculosis y quien ya había fungido como ministro plenipotenciario y enviado extraordinario de El Salvador en los Estados Unidos a fines de la década de 1920 e inicios de la siguiente.
Como asistentes de esa delegación fueron nombrados José Valle en su carácter de encargado de Prensa y José Francisco Mixco, Director General de Presupuesto del gobierno salvadoreño, a quien se le otorgó una licencia con goce de sueldo para que pudiera cumplir con esa designación, en la que delegaciones de 50 países se reunirían entre el miércoles 25 de abril y el histórico martes 26 de junio de 1945 para trazar las líneas del futuro planetario cuando finalizaran los recios combates en los teatros de operaciones de los frentes europeo, africano y surasiático de la Segunda Guerra Mundial.
Para entonces, el gobierno del general Castaneda Castro ya había aceptado la renuncia interpuesta en octubre de 1944 por el coronel José Arturo Castellanos como cónsul general salvadoreño en Ginebra. Durante dos años y sin darle mayor información a los sucesivos gobiernos de Hernández Martínez y Menéndez, ese militar y diplomático había conducido una operación para suministrar unos inventados certificados salvadoreños nacimiento a más de 50,000 personas perseguidas en diversas partes de la Europa ocupada por los nazis, cientos de las cuales acabaron sus vidas en campos de detención y exterminio. Algunos de esos documentos salvadores llegaron tan lejos como Macao, una antigua posesión portuguesa en China. Ese tipo de gestos solidarios no sería olvidado a la hora de discutir el futuro del mundo en San Francisco, donde el derecho internacional humanitario tendría mucho que decir tras los exterminios masivos de carácter genocida, los bombardeos indiscriminados contra población civil y otros crímenes violatorios de los Tratados de Ginebra para la humanización de las guerras.
La Asamblea General de las Naciones Unidas inaugurará este martes su 80 periodo de sesiones con la participación confirmada de 89 jefes de Estado, cinco vicepresidentes, 43 jefes de Gobierno y un príncipe heredero, informó el portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric. No ha habido información de la Presidencia salvadoreña si el presidente Nayib Bukele asistirá a la Asamblea General de la ONU.
Del total de los 193 países con asiento en la ONU, el resto estará representado por sus ministros de Exteriores o por funcionarios de menor rango. La cita anual es considerada el mayor foro de la diplomacia global.
Durante la semana se han programado 1,642 reuniones bilaterales entre delegaciones. Como es habitual, el secretario general António Guterres sostendrá encuentros con la mayoría de líderes presentes, aunque la atención se centra en su próxima reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien no conversa desde hace más de diez meses.
Trump se ha caracterizado en sus primeros meses de gestión por sus críticas a las Naciones Unidas, lo que añade expectativa a su encuentro con Guterres. En contraste, con quien es improbable que el secretario general dialogue es con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que no ha respondido a sus llamadas desde el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque de Hamás que desencadenó la guerra en Gaza.
Netanyahu, también crítico con la ONU y sus agencias, tiene previsto intervenir el viernes con un discurso considerado entre los más esperados de la semana diplomática en Nueva York.
Ser ucraniano hoy significa elegir entre una supervivencia precaria lejos de casa o volver a zonas cercanas al frente, arriesgando la vida. En algunos casos, los desplazados incluso regresan a territorios ocupados por Rusia, renunciando a su identidad nacional para sobrevivir.
Ucrania continúa siendo una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo. Desde febrero de 2022, 6.8 millones de personas huyeron del país y otras 3.6 millones permanecen desplazadas internamente. Según organismos internacionales, el 40 % de la población necesita ayuda humanitaria urgente.
Más del 80 % de los desplazados dependen de asistencia externa, pero el acceso a servicios se redujo drásticamente: de 2.5 millones de beneficiados en 2023 a solo 1 millón en agosto de 2024. Además, más de 200,000 personas tuvieron que huir de sus hogares en la segunda mitad de 2024 debido a la intensificación de los combates.
El panorama económico agrava la crisis. Nueve millones de ucranianos viven en la pobreza y en regiones cercanas al frente, como Jersón, Járkov, Mikolaiv, Sumi y Donetsk, el desempleo registrado llega al 22 %. La falta de empleo y el alza en los precios dificultan la alimentación adecuada: un 15 % de la población necesita ayuda inmediata para comer.
Los ataques a la infraestructura energética afectan hospitales, acceso a medicamentos, agua y calefacción. Los más vulnerables son los adultos mayores, enfermos crónicos y personas con discapacidad. La educación también colapsó: escuelas destruidas, centros convertidos en refugios y clases virtuales interrumpidas por cortes de electricidad dejaron a miles de niños sin acceso a la enseñanza.
El impacto psicológico es devastador. La Organización Mundial de la Salud estima que 10 millones de personas podrían sufrir trastornos mentales a corto y mediano plazo.
“La atención a la salud mental, especialmente de niños y adolescentes, es una prioridad”, indicó Acción contra el Hambre, que desde 2022 brinda apoyo en salud, seguridad alimentaria, agua y saneamiento en regiones como Dnipro, Donetsk, Zaporiia, Járkov y Sumi, llegando en 2023 a más de 675,000 personas.
Sin embargo, la reducción de fondos internacionales amenaza la asistencia. La suspensión de $2,600 millones en financiamiento estadounidense podría empeorar la crisis.
A pesar de los riesgos de ataques, drones, minas terrestres y restos explosivos, trabajadores humanitarios continúan arriesgando sus vidas para llevar ayuda, pero advierten que solo podrán hacerlo si cuentan con el respaldo de la comunidad internacional.
