El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este martes una nueva misión internacional en Haití, luego del fracaso de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), que concluye esta semana. Pese a su objetivo de combatir la violencia armada, la MSS no logró frenar a las pandillas, responsables de más de 16,000 muertes desde 2022, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.
La resolución, impulsada por Estados Unidos y Panamá, autoriza el despliegue de hasta 5,500 agentes bajo la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), con la finalidad de contener a los grupos criminales que controlan vastas zonas del país.
Marie Rosy Auguste Ducéna, directora de programas de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), lamentó la falta de resultados de la MSS.
“No es una sorpresa que la MSS no tuviera éxito. Nos preocupaba la forma en que se decidió llevarla a cabo”, declaró Auguste Ducéna a EFE.
También criticó que la misión llegara sin equipamiento adecuado para enfrentar a las bandas armadas.
La activista apuntó que la MSS tenía como objetivo inicial asegurar las carreteras y proteger infraestructuras críticas, pero en la práctica “ni siquiera se les ve”. Mencionó el caso del departamento de Artibonite, donde “más del 50 % de los 15 municipios han sido atacados o están bajo control de pandillas”.
Un integrante de la Policía haitiana patrullando, en Liancourt, Haití, frente a una patrulla baleada por pandilleros. EFE
En cuanto a la GSF, Ducéna reconoció que hay un diseño distinto que podría jugar a su favor, con más apoyo internacional y mejor preparación para ejecutar operaciones.
“Estará mejor equipada y tendrá mayor autonomía que la MSS”, indicó. Sin embargo, subrayó que el problema de fondo sigue sin resolverse.
“Cuando hablamos de seguridad a mediano y largo plazo, se trata ante todo de una cuestión de gobernanza. La seguridad va de la mano del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción. Si no se hace nada al respecto, la llegada de más fuerzas extranjeras no cambiará la situación estructural”, explicó Ducéna.
Desde 1990, Haití ha sido escenario de más de diez misiones internacionales, ninguna con resultados duraderos. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), activa entre 2004 y 2017, dejó un recuerdo amargo: provocó un brote de cólera que mató a unas 10,000 personas y fue acusada de casos de explotación sexual y represión civil.
Para Ducéna, “son las autoridades haitianas las que deben decidir qué quieren hacer con este país”, advirtiendo que, sin voluntad política y fortalecimiento institucional, Haití continuará atrapado en el ciclo de inseguridad, dependencia y violencia.
Más de mil personas han sido ejecutadas en Irán en lo que va del año, un incremento dramático que representa una grave violación del derecho internacional, advirtieron varios expertos de Naciones Unidas en un comunicado.
«En las últimas semanas, se han registrado más de nueve ahorcamientos diarios», destacaron los relatores, acusando al régimen de los ayatolás de llevar a cabo ejecuciones a «una escala industrial que desafía todos los estándares aceptados de protección de los derechos humanos».
Además, señalaron que el millar de ejecuciones verificadas podría ser solo una fracción de la cifra real, debido a la falta de transparencia de las autoridades iraníes sobre la aplicación de la pena capital.
Los expertos consideraron particularmente preocupante el uso de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas, con al menos 499 ejecuciones registradas en los primeros nueve meses de 2025, marcando un aumento considerable en comparación con años anteriores, donde las cifras variaban entre 20 y 30.
Instaron a Irán a establecer de inmediato una moratoria oficial sobre todas las ejecuciones y a garantizar el cumplimiento del derecho a un juicio justo, al tiempo que se trabaja hacia la abolición total de la pena capital.
El comunicado fue firmado por los relatores de la ONU sobre Irán y Afganistán, Mai Sato y Richard Bennett, así como por sus homólogos sobre ejecuciones judiciales (Morris Tidball-Binz), tortura (Alice Jill Edwards) y cuestiones de las minorías (Nicolas Levrat).
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió el miércoles al gobierno de Rusia tomar “medidas significativas” para avanzar hacia una solución duradera del conflicto en Ucrania, durante una reunión privada sostenida con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.
“El secretario ha reiterado el llamamiento del presidente Donald Trump para que cesen las muertes (en Ucrania) y la necesidad de que Moscú tome medidas significativas hacia una solución duradera sobre la guerra”, afirmó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado oficial.
El encuentro entre ambos diplomáticos se realizó a puerta cerrada y tuvo una duración de aproximadamente una hora. A su salida, Lavrov hizo un gesto de aprobación con el pulgar, aunque ninguno de los funcionarios emitió declaraciones públicas.
Desde Moscú, el Ministerio de Exteriores ruso confirmó que Rubio y Lavrov reafirmaron su “interés mutuo en encontrar una solución pacífica” al conflicto, aunque también señaló que el canciller ruso rechazó las estrategias promovidas por Kiev y por algunas capitales europeas, a las que acusó de prolongar innecesariamente la guerra.
Asimismo, el gobierno ruso detalló que durante el encuentro se intercambiaron puntos de vista sobre una salida a la crisis ucraniana, basándose en los entendimientos alcanzados en la cumbre bilateral celebrada en Alaska.
Un día antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en redes sociales donde expresó que “con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (que Ucrania recupere) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable”.
Ese cambio en el discurso de Trump llega después de una reunión privada con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también en el contexto de la Asamblea General de la ONU. Según fuentes cercanas, Zelenski habría compartido con el mandatario estadounidense informes actualizados sobre la situación en el frente de batalla.
El lunes 24 de julio de 1944, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador le envió una nota al embajador estadounidense Walter Clarence Thurston (1894-1974). En ella le expresaba que “la opinión del Gobierno de El Salvador es la de que el Nuevo Orden que surja después de esta tremenda conflagración debe estar basado en la solidaridad e interdependencia de las Naciones todas, sin distinción de fuerza material ni territorial para lo cual será necesario extinguir todo espíritu imperialista, sea de orden político, económico y comercial, pues considera que sólo a base de respeto irrestricto a las soberanías, por débiles y raquíticas que sean, debe levantarse la futura estructura internacional. Opina, asimismo, el Gobierno de El Salvador, que tal estructura internacional debe asemejarse a la Sociedad de las Naciones, sin las deficiencias que ésta acusó en su existencia”.
El Salvador perteneció durante casi 25 años (1923-1937) a la Sociedad de Naciones, surgida tras la Primera Guerra Mundial, conflicto global en el que la más pequeña de las repúblicas centroamericanas adoptó una posición neutral. El 7 de septiembre de 1929, en la localidad suiza de Ginebra, el abogado y diplomático salvadoreño Dr. José Gustavo Guerrero fue el encargado de colocar la piedra fundacional del Palacio de las Naciones, futura sede de ese organismo internacional que cinco años más tarde sufriría un sobresalto con el reconocimiento salvadoreño al Imperio de Manchukuo fundado por las tropas japonesas en Manchuria (China).
El abogado y diplomático salvadoreño Dr. José Gustavo Guerrero en la colocación de la piedra fundacional del Palacio de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, 7 de septiembre de 1929.
Aquella carta del gobierno salvadoreño al embajador Thurston obedecía a una consulta hecha por Estados Unidos respecto a los intereses salvadoreños en cuanto a lo que se esperaba como resultado de las conversaciones diplomáticas que Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y China desarrollarían entre agosto y octubre de 1944 en los jardines de Dumbarton Oaks, en la capital estadounidense, cuyos resultados formaron las bases para el la convocatoria y desarrollo de la Conferencia de Paz en el puerto californiano de San Francisco. En ese sentido, el gobierno salvadoreño presidido por el general Andrés Ignacio Menéndez le daba continuidad a lo fijado por la dictadura del brigadier Maximiliano Hernández Martínez, cuando en enero de 1942 se adhirió a los principios fijados en la Declaración de las Naciones Unidas. En ese momento, las Naciones Unidas eran sinónimos de las decenas de países aliados en contra del Eje Berlín-Roma-Tokio.
Entre 1941 y 1943, el régimen martinista no dudaría en aceptar dos millonarios préstamos estadounidenses, orientados a la adquisición de nuevos armamentos y a la construcción del tramo nacional de la Carretera Interamericana o Panamericana, proyectada para que llegara desde Alaska hasta la Patagonia. Ambas iniciativas cumplían con los intereses de la defensa continental frente a los potenciales ataques del Eje y sus quintacolumnistas contra submarinos, barcos de guerra y mercantes e instalaciones estratégicas como el Canal de Panamá, aeropuertos, refinerías, puertos, etc.
En la madrugada del viernes 20 de octubre de 1944, ocurrió algo en San Salvador que dejó a la República de El Salvador en suspenso internacional. Un día antes, los gobiernos aliados firmaron un tratado de paz con Italia, pero la república salvadoreña no envió delegado y no suscribió ese instrumento internacional, por lo que el estado de guerra decretado por la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre de 1941 aún persiste en su sentido legal. En esa madrugada del 21, un golpe de estado encabezado por el coronel Osmín Aguirre y Salinas derrocó al gobierno provisional del general Menéndez. Estados Unidos retiró al embajador Thurston -llegado al cargo en enero de 1943- y se negó a reconocer a ese régimen de facto, que se mancharía de sangre con la masacre de estudiantes en Ahuachapán en diciembre.
La situación de alejamiento de El Salvador de la esfera de las naciones aliadas concluyó el miércoles 21 de febrero de 1945, cuando el nuevo embajador estadounidense John Farr Simmons (1892-1968) le entregó sus cartas credenciales al coronel Aguirre y Salinas, en una ceremonia efectuada en el Salón de Honor de Casa Presidencial, en el barrio capitalino de San Jacinto. Aquel gesto no era un reconocimiento al gobierno golpista, sino a las elecciones presidenciales, en las que resultaron electos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República el general Salvador Castaneda Castro y el médico Dr. Manuel Adriano Vilanova, ratificados en sus cargos mediante el decreto legislativo no. 2 del jueves 15 de febrero. Esos nuevos mandatarios tomaron posesión de sus cargos el primer día de marzo, con la aprobación estadounidense y el reconocimiento creciente de muchos países. Con la urgencia del caso, había que designar a las nuevas autoridades del gabinete y, además, atender una invitación hecha por el embajador Simmons.
El presidente y general salvadoreño Salvador Castaneda Castro, con uno de sus caballos en la Casa Presidencial del barrio capitalino de San Jacinto.
El viernes 2 y lunes 5 de marzo de 1945, sendos decretos del Poder Ejecutivo designaron al abogado Dr. Arturo Argüello Loucel como ministro de Relaciones Exteriores y al escritor y abogado Lic. Miguel Ángel Espino Najarro como subsecretario del ramo, con el veterano diplomático y jurisconsulto Dr. Vicente Reyes Arrieta Rossi como consultor del despacho y del Poder Ejecutivo en general. Una de las primeras acciones fue designar que los titulares, junto con el abogado Dr. Héctor Escobar Serrano, Carlos Adalberto Alfaro y Manuel Francisco Chavarría, fueran los delegados nacionales con plenos poderes en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz reunida en la capital mexicana. El Lic. Espino Najarro sería removido de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores a fines de ese mismo mes.
Fotografía del abogado y diplomático salvadoreño Dr. Héctor Francisco David Castro Gomar, suministrada por el sistema de archivos y bibliotecas de la ONU, New York-Ginebra.
El acuerdo del Poder Ejecutivo no. 52 del lunes 19 de marzo de 1945 designó al abogado y diplomático Dr. Héctor Francisco David Castro Gomar (San Salvador, 24/4/1894-San Salvador, 01/4/1973) como embajador extraordinario y enviado plenipotenciario de El Salvador en los Estados Unidos. Con una experimentada hoja de trabajo en el servicio exterior salvadoreño, el Dr. Castro Gomar había renunciado a ese alto cargo el 6 de noviembre del año anterior, como una forma de silente protesta ante el golpe de estado liderado por el coronel Aguirre y Salinas. Como una de sus primeras designaciones en el cargo, el acuerdo del Poder Ejecutivo no. 61 del 3 de abril le ordenó al Dr. Castro Gomar que se incorporara como representante salvadoreño en la junta del Comité de Jurisconsultos de las Naciones Unidas (entiéndase, países aliados) que iniciaría reuniones el 9 de ese mes en la capital estadounidense, para desarrollar un anteproyecto de Corte Internacional de Justicia para someterlo el 25 de ese mismo mes ante el pleno de la Conferencia Internacional en San Francisco. En ese marco se produjo el fallecimiento de Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), 32º Presidente de los Estados Unidos de América y uno de los principales líderes de la lucha contra el Eje y sus quintacolumnistas en América Latina, que lo llevó a ordenar la intervención de bienes y la captura y concentración de alemanes, italianos y japoneses en campos de detención en el sur estadounidense, algo que el régimen martinista salvadoreño cumplió a cabalidad en febrero de 1942, como unas de sus primeras acciones como parte de las naciones aliadas contra el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán y el expansionismo japonés.
Acuerdo del Poder Ejecutivo que nombró a la delegación salvadoreña a la Conferencia Internacional del puerto californiano de San Francisco.
Ese mismo 3 de abril, el acuerdo ejecutivo no. 62 dio un paso trascendental al designar a la representación de El Salvador que debía asistir a la Conferencia Internacional en San Francisco. Como delegados con plenos poderes fueron designados los abogados Dr. Castro Gomar y José Antonio Quirós (San Miguel, 28/4/1888-San Miguel, 22/10/1969), así como al médico Carlos Leiva, un experto en tuberculosis y quien ya había fungido como ministro plenipotenciario y enviado extraordinario de El Salvador en los Estados Unidos a fines de la década de 1920 e inicios de la siguiente.
Como asistentes de esa delegación fueron nombrados José Valle en su carácter de encargado de Prensa y José Francisco Mixco, Director General de Presupuesto del gobierno salvadoreño, a quien se le otorgó una licencia con goce de sueldo para que pudiera cumplir con esa designación, en la que delegaciones de 50 países se reunirían entre el miércoles 25 de abril y el histórico martes 26 de junio de 1945 para trazar las líneas del futuro planetario cuando finalizaran los recios combates en los teatros de operaciones de los frentes europeo, africano y surasiático de la Segunda Guerra Mundial.
Para entonces, el gobierno del general Castaneda Castro ya había aceptado la renuncia interpuesta en octubre de 1944 por el coronel José Arturo Castellanos como cónsul general salvadoreño en Ginebra. Durante dos años y sin darle mayor información a los sucesivos gobiernos de Hernández Martínez y Menéndez, ese militar y diplomático había conducido una operación para suministrar unos inventados certificados salvadoreños nacimiento a más de 50,000 personas perseguidas en diversas partes de la Europa ocupada por los nazis, cientos de las cuales acabaron sus vidas en campos de detención y exterminio. Algunos de esos documentos salvadores llegaron tan lejos como Macao, una antigua posesión portuguesa en China. Ese tipo de gestos solidarios no sería olvidado a la hora de discutir el futuro del mundo en San Francisco, donde el derecho internacional humanitario tendría mucho que decir tras los exterminios masivos de carácter genocida, los bombardeos indiscriminados contra población civil y otros crímenes violatorios de los Tratados de Ginebra para la humanización de las guerras.
La Asamblea General de las Naciones Unidas inaugurará este martes su 80 periodo de sesiones con la participación confirmada de 89 jefes de Estado, cinco vicepresidentes, 43 jefes de Gobierno y un príncipe heredero, informó el portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric. No ha habido información de la Presidencia salvadoreña si el presidente Nayib Bukele asistirá a la Asamblea General de la ONU.
Del total de los 193 países con asiento en la ONU, el resto estará representado por sus ministros de Exteriores o por funcionarios de menor rango. La cita anual es considerada el mayor foro de la diplomacia global.
Durante la semana se han programado 1,642 reuniones bilaterales entre delegaciones. Como es habitual, el secretario general António Guterres sostendrá encuentros con la mayoría de líderes presentes, aunque la atención se centra en su próxima reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien no conversa desde hace más de diez meses.
Trump se ha caracterizado en sus primeros meses de gestión por sus críticas a las Naciones Unidas, lo que añade expectativa a su encuentro con Guterres. En contraste, con quien es improbable que el secretario general dialogue es con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que no ha respondido a sus llamadas desde el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque de Hamás que desencadenó la guerra en Gaza.
Netanyahu, también crítico con la ONU y sus agencias, tiene previsto intervenir el viernes con un discurso considerado entre los más esperados de la semana diplomática en Nueva York.
Ser ucraniano hoy significa elegir entre una supervivencia precaria lejos de casa o volver a zonas cercanas al frente, arriesgando la vida. En algunos casos, los desplazados incluso regresan a territorios ocupados por Rusia, renunciando a su identidad nacional para sobrevivir.
Ucrania continúa siendo una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo. Desde febrero de 2022, 6.8 millones de personas huyeron del país y otras 3.6 millones permanecen desplazadas internamente. Según organismos internacionales, el 40 % de la población necesita ayuda humanitaria urgente.
Más del 80 % de los desplazados dependen de asistencia externa, pero el acceso a servicios se redujo drásticamente: de 2.5 millones de beneficiados en 2023 a solo 1 millón en agosto de 2024. Además, más de 200,000 personas tuvieron que huir de sus hogares en la segunda mitad de 2024 debido a la intensificación de los combates.
El panorama económico agrava la crisis. Nueve millones de ucranianos viven en la pobreza y en regiones cercanas al frente, como Jersón, Járkov, Mikolaiv, Sumi y Donetsk, el desempleo registrado llega al 22 %. La falta de empleo y el alza en los precios dificultan la alimentación adecuada: un 15 % de la población necesita ayuda inmediata para comer.
Los ataques a la infraestructura energética afectan hospitales, acceso a medicamentos, agua y calefacción. Los más vulnerables son los adultos mayores, enfermos crónicos y personas con discapacidad. La educación también colapsó: escuelas destruidas, centros convertidos en refugios y clases virtuales interrumpidas por cortes de electricidad dejaron a miles de niños sin acceso a la enseñanza.
El impacto psicológico es devastador. La Organización Mundial de la Salud estima que 10 millones de personas podrían sufrir trastornos mentales a corto y mediano plazo.
“La atención a la salud mental, especialmente de niños y adolescentes, es una prioridad”, indicó Acción contra el Hambre, que desde 2022 brinda apoyo en salud, seguridad alimentaria, agua y saneamiento en regiones como Dnipro, Donetsk, Zaporiia, Járkov y Sumi, llegando en 2023 a más de 675,000 personas.
Sin embargo, la reducción de fondos internacionales amenaza la asistencia. La suspensión de $2,600 millones en financiamiento estadounidense podría empeorar la crisis.
A pesar de los riesgos de ataques, drones, minas terrestres y restos explosivos, trabajadores humanitarios continúan arriesgando sus vidas para llevar ayuda, pero advierten que solo podrán hacerlo si cuentan con el respaldo de la comunidad internacional.
Un 45.4 % de los estudiantes inscritos en la Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT) busca empleo, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en conjunto con la Secretaría de Innovación de la Presidencia.
El documento diseña un perfil de los estudiantes activos en diferentes programas de educación superior.
Según el informe, hasta junio de 2025, el ESIT contó con 3,720 estudiantes activos distribuidos en las carreras de ciberseguridad, desarrollo de software en código abierto, operación de centros de datos y servicios en la nube.
El PNUD destaca un 37.9 % de los alumnos son empleados del sector privado que tomaron la decisión de continuar formándose en el área de innovación y tecnología.
El ESIT también registra que un 16.7 % de sus estudiantes son empleados del sector público.
El perfil de los alumnos refleja que un 69.2 % son hombres y un 30.8 % son mujeres.
La oficina de las Naciones Unidas considera un “logro” de los más “significativos” la ESIT para el fortalecimiento del talento digital de la mano con la oferta educativa especializada.
“La institución ha ampliado su alcance a la diáspora salvadoreña, con más de 1,000 personas formándose desde el exterior”, añadió el PNUD.
Estudiantes
En el documento se aseguró que la ESIT ha formado a más de 38,000 estudiantes en cursos especializados y gratuitos.
La Escuela Superior tiene habilitados 21 webinars sobre temáticas relacionadas con inteligencia artificial, seguridad en la nube, realidad virtual y automatización, los cuales son ejecutados en asocio con las empresas Google Cloud, Fortinet, Cisco, GBM Academia y Huawei.
También se suman 188 cursos activos en ciencias de datos e inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad, redes, tecnologías emergentes, alfabetización digital, gobernanza y metodologías ágiles.
El PNUD recordó que los programas y la oferta educativa de la ESIT son gratuitos, y que las personas pueden acceder a los mismos desde cualquier parte del mundo.
Otros programas
Tanto los organismos internacionales como los empresarios han recalcado la importancia de formar al talento humano en competencias más especializadas como el ámbito digital.
Según el PNUD, un 40 % de los hogares en el país no cuentan con una computadora, por lo que se destaca que en el país existen desigualdades estructurales que limitan el desarrollo de competencias.
La oficina de la ONU ve positiva la implementación del proyecto Lamarr, financiado por la Unión Europea (UE), con el que se apoya a mujeres y niñas en los rubros de las ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (Steam, por sus siglas en inglés).
Un grupo de expertos, entre miembros del gobierno, academia, organizaciones sin fines de lucro (ONG) y negocios aseguró que el país posee las competencias digitales básicas de estudio en las escuelas públicas.
Por su parte, un 30 % de estos encuestados aseguró que solo en algunas instituciones se tienen este tipo de pláticas en rubros como robótica, tecnologías interactivas y ciudades digitales.
Dentro del rubro formativo también mencionan los programas gubernamentales en alianza con empresas privadas de Talento Tech, Expand Academy, Habilidades técnicas en la nube y English to Connect.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, informó este miércoles que escribió al gobierno de El Salvador porque está “profundamente preocupada por el caso de Ruth Eleonora López Alfaro”, capturada en El Salvador desde el 18 de mayo de 2025, trasladada a un centro penitenciario y contra quien Probidad «habría iniciado una revisión patrimonial» nueve años después.
“La detención prolongada de Ruth López refleja una alarmante erosión del Estado de derecho en El Salvador”, señaló.
En un hilo publicado en X, la representante señaló que López Alfaro está bajo detención en un “régimen de incomunicación” y que parece que se están violando “los principios más básicos del debido proceso y la independencia judicial”.
Indicó que la detención sin orden judicial y el incumplimiento del plazo constitucional de 72 horas para presentar cargos es “detención arbitraria conforme al derecho internacional”, y señaló la reserva total del caso.
“Me alarma saber que el 6 de julio fue trasladada al penal de máxima seguridad de Izalco, nuevamente incomunicada y a pesar de una orden judicial que citaba preocupaciones médicas”, indicó.
La relatora señaló que es preocupante que el 21 de julio la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia “habría iniciado una revisión patrimonial de sus declaraciones de 2016”, “nueve años después de haberse presentado”.
“Parece ser una táctica para fabricar legitimidad administrativa a fin de sustentar cargos penales, lo cual podría constituir una violación del principio de legalidad”, reclamó.
La relatora manifestó el pasado 6 de junio su preocupación por la captura de la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la asociación Cristosal. En esa ocasión, manifestó que las normas internacionales exigen que los juicios sean públicos como garantía contra el abuso, la represalia y la instrumentalización del sistema judicial. “Seguiré de cerca este caso”, indicó.
López fue acusada formalmente el 2 de junio del delito de enriquecimiento ilícito, aunque las autoridades informaron en X que la acusarían del delito de peculado. Fue trasladada de la delegación de Tránsito a la granja penitenciaria de Izalco, en Sonsonate, el 4 de julio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó el martes el «Proyecto para la protección de personas en movilidad» que busca ampliar la asistencia, programas de protección y servicios para los migrantes salvadoreños. Expertos migratorios han pedido la implementación de un plan integral que aborde el área psicosocial de los retornados.
La Cancillería salvadoreña afirmó que el proyecto será implementado durante dos años y contará un con financiamiento de $3.4 millones, proveídos por el Fondo Multidonante para la Migración y será ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, aseguró durante la presentación del proyecto que el proyecto busca:
Fortalecer la capacidad institucional para brindar asistencia diferenciada y humanitaria.
Implementar estrategias de comunicación y sensibilización sobre derechos humanos y migración irregular.
Fortalecer los mecanismos de reintegración económica a través del empleo, formación, certificación profesional y fomento de emprendimientos.
El proyecto será implementado en San Salvador, San Miguel y Santa Ana, por haber sido identificados como territorios «con alta presencia de personas en condiciones de movilidad» y que requieren de «atención prioritaria».
“Este nuevo esfuerzo también busca generar conciencia sobre los riesgos asociados a la migración irregular en municipios priorizados, mediante un enfoque intersectorial e inclusivo. Con un enfoque basado en derechos humanos y sostenibilidad, el proyecto contará con un presupuesto de 3.4 millones de dólares y se desarrollará durante un período de 24 meses». Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.
Portal aseguró durante su discurso que el proyecto contempla también «un enfoque multifactor» que incorporará a gobiernos locales, organizaciones de sociedad civil, asociaciones de migrantes retornados y sector privado. «Esta articulación permitirá ofrecer una respuesta contextualizada, cercana y efectiva en los territorios priorizados», indicó.
Por otro lado, el jefe de misión para El Salvador de la OIM, Nicola Graviano, aseguró que este proyecto será muy importante para el «fortalecimiento de las capacidades institucionales» para atender a los migrantes deportados y así brindar respuestas para que estos «puedan tomar decisiones acertadas» en cuanto a movilidad.
En el evento participó el representante adjunto y oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFA), Mario Iraheta; la director junta del Programa Mundial de Alimentos en El Salvador, Carolina Barreto; representantes del cuerpo diplomático en El Salvador y funcionarios del gobierno salvadoreño.
La viceministra de Diáspora, Cindy Portal, aseguró que el proyecto contempla el apoyo de organizaciones de sociedad civil, gobiernos locales y asociaciones de migrantes. / Cancillería de El Salvador.
Medrano aseguró que la atención brindada a los migrantes debe ser diferenciada en cuanto a género y derechos humanos, además, de considerar atención psicosocial y facilitar «medios de vida» para los deportados que en su mayoría son hombres adultos, de baja escolaridad.
Desde enero hasta junio de 2025, Estados Unidos ha enviado a El Salvador 85 vuelos con deportados según los datos del informe de la organización Witness at the Border, que recolecta la información del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El gobierno salvadoreño ha ejecutado diferentes estrategias de ciberseguridad en los últimos dos años, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El documento, elaborado en conjunto con la Secretaría de Innovación de la Presidencia, señaló que el país tiene un equipo de respuestas a incidentes (SalCERT). La estrategia apunta a que el gobierno cuenta con una gobernanza definida y lineamientos actualizados de ciberseguridad.
Según una publicación de 2020 del gobierno salvadoreño, el proyecto se ampara en el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), relacionado con la reducción de las desigualdades y la paz.
Para 2024, se incorporó la plataforma de CrowdStrike, con la que se monitorean los servidores denominados como “críticos” en el gobierno.
El informe planteó que esta herramienta permite detectar y mitigar amenazas antes de que ocurra un ciberataque a instituciones estatales. El portal de CrowdStrike señala que ofrecen servicios de consultoría, así como de plataforma, este último enfocado en proteger los datos de las empresas.
Un año después, en 2025, el gobierno desplegó Cloudflare en las entidades estatales, para protegerse contra los ataques de denegación de servicio distribuida (DDoS), los cuales buscan ralentizar los servicios de los servidores, según la misma empresa.
El portal de Cloudflare indica que la plataforma detiene dichos ataques sin volver lento el rendimiento de los clientes.
La oficina de las Naciones Unidas dijo que la contratación de Cloudflare también busca proteger ante la vulnerabilidad en sitios públicos.
“Todos los correos institucionales del gobierno fueron migrados a Google Workspace para mejorar la seguridad, trazabilidad y control de accesos”, añadió el informe.
Según el PNUD, el reforzamiento de los correos institucionales se complementa con un acuerdo estratégico con Google LLC, con el que el país accede a servicios de Google Cloud Platform como una “infraestructura confiable” para operar de forma digital.
Formación
A nivel formativo, la Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT) dispone la carrera de Técnico en Seguridad Informática, así como otros programas de capacitación.
El PNUD indicó que la aprobación de la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, aprobada en 2024, establece lineamientos para proteger la infraestructura y gestionar riesgos digitales.
En sintonía, destacó las reformas a la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos de junio de 2025, donde se busca reforzar riesgos por el uso indebido de tecnologías de la información.
La oficina de las Naciones Unidas aseveró que este tipo de modificaciones legales “refuerzan” el compromiso del país con la protección de los derechos digitales, integridad de datos y “confianza” en el mundo digital.
Ciberataques
Los ataques de ciberseguridad es un tema que también atañe a las empresas. En marzo de este año el Comité de Tecnología de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) aseguró que cada 30 segundos se reporta un intento de vulneración a nivel mundial.
De esta porción, alrededor de un 50 % le sucede a pequeñas empresas, provocando altos costos que pueden implicar pérdidas de información valiosa.
El problema también perjudica al gobierno, en abril pasado el Ministerio de Hacienda confirmó que recibe ciberataques a diario por personas “malintencionadas” que intentan ingresar al sistema de la institución.
La Dirección Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda dijo en ese momento que se encontraban a la “vanguardia” con actualizaciones para evitar que los atacantes ingresen a la rama tecnológica.
